Esas dos premisas son falsas: la rebelión de las guerrillas no se justificó, porque Colombia tenía y tiene los mecanismos democráticos y pacíficos para tramitar las diferencias sociales y culturales y para llegar a acuerdos políticos. La Constitución de 1886 y la posterior, de 1991, son una prueba. Con la primera fue posible constituir el Frente Nacional, que puso fin a la violencia partidaria, y la segunda fue producto de un acuerdo amplísimo del que hizo parte el M-19, como el mismo Petro ha dicho. Y no podemos olvidar que durante el gobierno de Uribe se alcanzó a desmovilizar a las autodefensas y a miles de guerrilleros, con las leyes de Justicia y Paz. Con esas dos constituciones se han desarrollado los derechos de las minorías y, específicamente, con la del 91, se instauró el derecho de tutela. Es con esa normatividad que el derecho a la salud -a pesar de todo lo que se diga- cubre a casi la totalidad de los colombianos; que el acceso a la educación ha crecido exponencialmente y que el número de pobres en Colombia se ha reducido ostensiblemente.
Ahora bien, incluso en este momento, la JEP no ha podido vincular institucionalmente al Estado y a las Fuerzas Armadas y de Policía a la violación, como política de estado, de los derechos humanos de civiles y combatientes durante el conflicto. Es evidente que ha habido policías, soldados, suboficiales y oficiales, incluidos alguno de alta graduación, que han sido responsables de violaciones atroces, como los falsos positivos, pero no se ha podido probar que sea, insisto, una política de Estado. En cambio, y eso no lo dice el informe, las Farc sí que tuvieron como doctrina de combate la violación de los derechos humanos de miembros de las fuerzas de seguridad, de civiles y hasta de sus propios militantes.
Y es tal el sesgo del informe frente a los actores del conflicto, que critican a Uribe porque venció militarmente a las Farc, como si esa no fuese su obligación Constitucional.
No es cierto que haya cusas objetivas de la guerra. El origen de las guerrillas debe vincularse a la dependencia de los partidos marxistas colombianos a la antigua Unión Soviética, a Cuba, durante la Guerra Fría, para causar problemas a los norteamericanos, es decir, un conflicto importado, o a China, y no a una reivindicación inaplazable de los pobres del campo y la ciudad. Y su continuación, luego del fracaso de la Unión Soviética (URSS) y el consecuente fin de la Guerra Fría, se debe a la fusión de los grupos armados con el narcotráfico y la minería ilegal, hasta el punto de que algunos siguen activos por el control de territorios sembrados de coca y la comercialización que hacen de la cocaína, en alianza con autoridades venezolanas. Tal es la ligazón, que de hecho se alían y enfrentan entre ellos y con los narcotraficantes del Clan del Golfo. En eso no hay ideología ninguna.
Desde el principio, fue una estrategia perversa de Santos y las Farc, la de crear esta comisión, nombrada por ellos y destinada a contar una versión sesgada de la historia, para lavar los crímenes de la guerrilla y sembrar para siempre un relato retorcido de la historia del conflicto armado en Colombia, para facilitar la toma del poder de la izquierda radical. Ese relato es la versión sistematizada de lo que han venido repitiendo por décadas esa en tendencia, con el apoyo de intelectuales afines a ella. Es la puesta por escrito, a gran escala y para convertirse en paradigma de la interpretación oficial de la historia, como que Petro dijo que acogía el informe. De ahora en adelante, será la historia, ahora legitimada por el informe, que se venderá a los niños y jóvenes en las escuelas, colegios y universidades.
Si antes del Informe, el relato de la izquierda radical ganaba terreno, ahora, repito, este es el relato oficial de la nueva élite, la verdad oficial, la única verdad permitida por la nueva institucionalidad. La repetirán hasta el cansancio por los canales comunicacionales del Estado y por sus redes de apoyo en la prensa formal, que será todavía más copada, como muestra el caso de Venezuela, para no ir más lejos, y en el ciberespacio. Y el que no la acepte, simplemente será cancelado intelectualmente -es decir, sacado de los circuitos de comunicación, aislado y acosado por ser reaccionario, troglodita y enemigo de las clases populares.
Es la verdad única, consecuencia de la estrategia gramscsiana de tomarse la cultura para continuar con la política y la economía. Ya estamos en ella. Será aprovechada al máximo por el nuevo gobierno para consolidar el dominio de las metes de la gente. Si se me permitiera una ecuación, diría que Petro + el Informe de la Comisión de la verdad (como síntesis del relato radical de izquierda) = posverdad como herramienta de control ideológico y político. Este desastroso informe me recuerda los permanentes esfuerzos del Comité Central del Partido Comunista de la URSS para modificar los textos de historia según cambiaban los gobernantes y sus enemigos; o de los funcionarios maoístas de la Revolución Cultural China, para escribir la “verdadera” historia de la revolución china, o la del partido comunista colombiano y los esfuerzos de Vieira para acomodar la historia de su partido a sus intereses y a los dictados de la Unión Soviética.
Pero tal estrategia fracasará, porque la verdad no se puede esconder por mucho tiempo y porque esta no se fija por una comisión de “amigos”, sino por la investigación sistemática y científica, en la que aparecen los documentos y los hechos que dan soporte a las interpretaciones razonables y descarta las que son imposibles de admitir por ir en contra de los hechos históricos, por ser contraevidentes.
Pero, además, porque las víctimas de las Farc, que son mucho más de la mitad de las víctimas del conflicto, -fuerzas armadas y policía, civiles, niños y niñas, víctimas del abuso de sus “camaradas”; despojados de sus tierras, desaparecidos, secuestrados y extorsionados por las Farc, no han sido tomadas en cuenta y su demanda de verdad no podrá ser ahogada por la verdad oficial.
Podrá haber un gran ocultamiento, pero la verdad se abrirá paso por los entresijos de esta sociedad adolorida y, ahora, revictimizada por la posverdad petrista. Pero no hay mal que dure cien años ni mentira que lo resista. Aunque la Comisión esté pidiendo 7 años más para ejercer de censor de la historia.
