Todo el mundo sabe que el negocio de los narcóticos provee los recursos con los que los grupos armados de cualquier orientación hacen la guerra en Colombia.

Todo el mundo sabe – o intuye- además, que esa guerra, que tanto dolor, muertes y destrucción ha causado en Colombia se ha librado, con razón, en nombre de la seguridad nacional, precisamente por la razón que acabo de indicar; a lo que se agrega que en los últimos años el consumo se ha disparado aquí, hasta convertirse en un verdadero problema social.

Y también, todo mundo sabe que dicha guerra llegó a nuestro país de mano del presidente Nixon, que consideró los narcóticos como una amenaza a su propia seguridad, por el impacto que su consumo tenía en la salud pública de su nación y exigió a los estados que producían marihuana y cocaína, precisamente, por la demanda que se generó en Estados Unidos, que combatieran los cultivos y el tráfico en sus territorios. (Posteriormente el narcotráfico fue prohibido y perseguido en el mundo, aunque con énfasis y prioridades no siempre iguales).

Si no hubiese sido por esa demanda, simplemente no existiría el narcotráfico como negocio, ni la violencia de los grupos armados asociados a ella en Colombia (ni en otros lugares del planeta). En efecto, en el caso específico nuestro, no se hubieran dado las condiciones económicas para el surgimiento de la mafia criminal; y la caída del socialismo en los 90 del siglo pasado probablemente hubiese implicado la desaparición de las guerrillas, que no hubieran tenido cómo financiarse, como tampoco hubiese surgido su contraparte, los paramilitares.

El caso es que desde entonces USA ha librado su batalla contra el narcotráfico también en nuestro territorio y Colombia ha estado condicionada por esa política y las fluctuaciones que la potencia del norte ha tenido al respecto.

Y aquí es importante decir que los intereses nacionales de los dos países han coincidido en muchas ocasiones porque a ambos les interesa terminar con el tráfico y a nosotros con la financiación que ese tráfico entrega a las organizaciones armadas que ponen en peligro la subsistencia de nuestro modelo democrático liberal de estado.

Pero también es importante subrayar que la relación con USA no es simétrica. La estrategia antinarcóticos colombiana ha dependido en gran medida de las decisiones que se toman en el país del norte, que varían de gobierno a gobierno.  Cada mandatario tiene su propia manera de evaluar el desempeño de nuestro país, así como las estrategias que deben usarse. Estos cambios han ocurrido en la estrategia de la erradicación de cultivos de coca y marihuana, la fumigación y el uso del glifosato y hasta la manera como el estado colombiano maneja la violencia callejera, algo que sólo tiene que ver con nuestra agenda interna. 

Y dependiendo de su valoración, su política con el gobierno colombiano de turno varía desde el apoyo irrestricto y la entrega de grandes recursos en el inicio del Plan Colombia, hasta la descertificación y el condicionamiento o recorte de dichos apoyos monetarios, si no se cumplen las exigencias en manejo de los derechos humanos o el cumplimiento de las metas de erradicación de cultivos.

En este punto debo decir que la presión norteamericana de adecuar los estándares de derechos humanos en el tratamiento de este flagelo ha sido beneficiosa para la legitimidad de nuestro estado. El problema, en ocasiones surge con las fuentes que algunos funcionarios norteamericanos consultan para recolectar sus informes y las dificultades para transmitir de manera creíble la información por parte del gobierno colombiano.

También hay que decir que durante el gobierno de Santos el tratamiento al desafío del narcotráfico a nuestra seguridad nacional dio un giro de 180 grados, lo que envió informaciones confusas sobre nuestra política antidrogas y señales contrarias a la política sostenida desde el gobierno del presidente Pastrana. La negociación de paz fue un impulso nunca visto al narcotráfico y terminó por favorecer a los grupos armados que persisten en el negocio y su alianza con el Cartel de los Soles en Venezuela.

En el gobierno de Duque se retomó, en términos generales, la anterior política de Pastrana y Uribe, pero ya el avance de los cultivos, fabricación y tráfico de cocaína se había más que triplicado con relación al 2002.

Si no hay una política estable antidrogas en USA, es decir, bipartidista, que defina claramente una estrategia a largo plazo, Colombia estará a merced de los vaivenes que en esta y otras materias, como la política internacional, estrechamente ligada a su política con Venezuela.

Que haya diferencias en el interés nacional de los dos países no sería un problema, si no fuese porque lo que está en juego es la seguridad de nuestro estado. Por eso pienso que deberíamos tener nuestra propia estrategia antinarcóticos -y de seguridad nacional-, que sin enfrentar a USA en la medida de lo posible, nos permita resolver nuestro problema interno.

Para eso debemos explorar la idea de permitir ciertos niveles de legalización, basándonos en la distinción entre cultivos lícitos e ilícitos y entre industrialización de productos lícitos e ilícitos. Esto para incluir en el sistema productivo legal, la base social que tienen los narcotraficantes, proveyéndola de una fuente de ingresos relevante y significativa.

La marihuana es una planta que se está abriendo espacio en el mundo, para uso medicinal y, en muchos lugares, recreativo. Creo que deberíamos avanzar en su siembra legal y en su transformación industrial. Ya se está haciendo, pero debería impulsare más aceleradamente esta actividad para que muchos campesinos puedan obtener recursos importantes que de otra manera no conseguirían Miles que siembran coca para los narcotraficantes podrían producir marihuana para usos legales. Ese consumo es una tendencia global, que simplemente hay que aprovechar más eficientemente de lo que estamos tratando de hacer.

Con la coca es más difícil, pero deberíamos distinguir entre usos medicinales de la hoja y su utilización para la cocaína. La posibilidad de sembrar para fines medicinales y su industrialización legal tiene que ser explorada. En cambio, la producción de cocaína debería seguir siendo ilegal hasta que haya un acuerdo en la comunidad internacional.

Si se procediese con esta apertura, los violentos perderían su soporte social y su fuente de ingresos, el campo se desarrollaría y los campesinos, que no tendrían que depender de los narcotraficantes para construir sus proyectos de vida. Abriría una vía para conseguir la paz verdadera.

Habría que llegar a un consenso nacional al respecto. Y pronto. El actual proceso electoral es una oportunidad de oro para los partidos que defienden la democracia liberal fijen una posición al respecto. Es un tema que está en el corazón de nuestra agenda nacional.