La educación promueve la racionalidad, forja el espíritu, ennoblece el carácter, modera la pasión, refrena los impulsos, despierta el emprendimiento, desarrolla las competencias, y hace más productivo el trabajo.

Además, la educación determina la cantidad de desencuentros que surgen en la sociedad y, por ende, incide en el nivel de ocupación de la justicia, al punto que, el hacinamiento judicial y la congestión procesal en juzgados, tribunales y cortes, refleja el bajo nivel de la educación en una sociedad.

En las sociedades civilizadas, la educación es la responsable de la conducta que mayoritariamente observan los ciudadanos, siempre y cuando, la educación que se imparta sea, antes que informativa o enciclopedista, formativa, fundamental e integral.

Con educación fundamental integral, se necesitan menos fiscales, jueces y cárceles, y más bibliotecas, laboratorios, museos y salas de conciertos.

Colombia requiere reconvertir su sistema educativo, de manera que sirva de medio de transformación y avance, y para lograrlo, se necesita promover la iniciativa privada, la libertad económica, la ética, la exigencia, la excelencia y la competencia, la formación para el trabajo productivo, la responsabilidad social empresarial y ambiental, y el respeto por el mercado.

También se requiere que la educación sea inmune a ideologías políticas y doctrinas partidistas, de manera que en ella solo sea admisible, la ciencia, la virtud y la sabiduría, siempre y cuando sean prácticas y aplicables dentro del marco legal y democrático que nos rige. 

Está probado que la libertad que es coetánea a la democracia, tan solo es posible vivificarla, en un modelo económico de libre mercado, en oposición a lo que propende el fallido modelo de Economía Central Planificada, en el que se concentra el poder del mercado en el Estado, mediante la adopción de normas que prohíben o imponen determinadas conductas a los ciudadanos, cercenando o limitando la iniciativa privada, el emprendimiento y la innovación.

Pero peor aún resulta, ver como ese anacrónico modelo estatista, en su afán de intervenir la economía e inmiscuirse en el mercado, termina restringiendo la participación del sector privado, inclusive en la educación, y, asumiendo la ejecución de actividades que desconoce y que sobrepasan sus funciones y capacidades, viéndose abocado a disponer de mayores recursos, lo que lo induce a aumentar la carga contributiva a empresas y ciudadanos, y con ello, causando contracción del mercado, aumento de la informalidad, reducción del empleo, disminución del ingreso, y estímulo a la elusión y la evasión fiscal.

Los parlanchines del Progresismo Regresivo del Decrecimiento, afincan sus retardatarias prédicas, en las falsas promesas de estatizar los servicios públicos bajo el señuelo de hacerlos más eficientes, y de redistribuir la riqueza mediante subsidios, subvenciones y auxilios a los más pobres, negándoles la posibilidad de acceder a trabajos dignos y productivos, como consecuencia de la reducción o estancamiento del sector privado a causa de la carga fiscal expoliatoria que se le impone para mantener el Estado.

Es indispensable que el próximo gobierno haga una reducción sustantiva del gasto público, y sea selectivo en los programas de bienestar social, de manera que quienes se beneficien de ellos, no se acostumbren a la caridad y mejor, que se les ayude a incorporar al mercado en la medida de lo posible, sin que esto implique, eliminar las ayudas para aquellos ciudadanos que no tienen posibilidades de obtener ingresos, bien sea por su edad, incapacidad o falta de educación, capacitación u oportunidades reales.

Debemos volver al modelo del gobierno eficiente y austero, en el que el gasto público sea el mínimo necesario y la inversión la máxima posible. En el que se recorte la frondosa burocracia, y la exigencia y eficiencia sean condición para permanecer en ella.

Debemos elegir un gobernante que, salve y reconstruya la democracia; restituya la seguridad y el orden; reduzca la intervención del Estado; minimice y agilice los trámites; racionalice los impuestos; promueva la expansión del sector productivo; recupere la inversión extranjera; persiga y castigue la elusión y la evasión; disminuya el costo del dinero; extirpe la corrupción, y; que la mayor inversión que se haga en su gobierno sea en educación.

Que nadie olvide que el mejor insumo del desarrollo es la educación, y que la mayor causa de pobreza, corrupción y violencia, es la falta de ella.

Colombia requiere un gobierno honorable, capaz y austero que gaste menos en funcionamiento e invierta más, especialmente, en educación.

En Sala de Espera No. 1: Que la honorable Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del Impuesto al Patrimonio, y de la ley que aprobó la confiscatoria Reforma Pensional.

En Sala de Espera No. 2: Que el honorable Consejo de Estado declare la nulidad del decreto que Prohibió las Exportaciones de Carbón al Estado de Israel, lo que arruinaría a los departamentos de Guajira y César, y destruiría cerca de 4.000 empleos.  

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mag. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.