Hoy en día, once millones de hogares están conectados a las redes de distribución de gas natural en Colombia. Aproximadamente 36 millones de personas. De estas, el 84 %, unos 30 millones, pertenecen a familias de estratos 1, 2 y 3. El desabastecimiento de gas natural tendría un impacto social enorme en el país.
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No es algo despreciable. Requiere un tratamiento inmediato, dejando de lado cualquier consideración ideológica. Desde los años ochenta del siglo XX se pusieron en práctica políticas y programas para masificar el uso del gas natural. El beneficio en la lucha contra la pobreza y la desigualdad ha sido gigantesco. El gas no puede ser objeto de racionamientos.
El gas natural no se consume únicamente en los hogares colombianos, en las industrias, los comercios y en los automotores. Cuando no llueve entra en riesgo la generación hidráulica por la reducción del nivel de los embalses –como ocurre en estos días– y la operación de las plantas térmicas se vuelve crítica para evitar apagones de la electricidad. Aunque las centrales térmicas pueden funcionar con carbón y combustibles líquidos, ambiental y económicamente es mucho mejor que utilicen gas natural. Para eso, sin embargo, el gas debe estar disponible y ser suficiente. Si no llueve y no hay gas, los hogares podrían verse doblemente afectados: falta de gas y falta de energía eléctrica.
Para ampliar la oferta de gas se importa gas natural licuado (GNL) que, al llegar a puerto, se gasifica de nuevo. Por fortuna, existe en Cartagena la infraestructura para llevar a cabo ese proceso. Una facilidad que se diseñó para que sirviera de respaldo a las térmicas en las épocas de fenómeno de El Niño. En abril pasado funcionó a plena capacidad.
Es urgente encontrar nuevas fuentes de gas entre 2025 y 2030 y reducir la dependencia del gas importado.
Colombia enfrenta ahora una escasez estructural de gas –aún sin sequías–, y la importación no será de respaldo sino continua. La oferta nacional no alcanza para suplir la demanda. Es urgente, entonces, encontrar nuevas fuentes de gas entre 2025 y 2030 y reducir la dependencia del gas importado. De ahí el daño de la tutela aceptada por el juez en Santa Marta que suspendió la perforación del pozo delimitador del pozo Uchuva-2 (¿Sirius?), mar afuera en La Guajira, que ampliará en forma sustancial las reservas de gas del país.
Vamos a quedar, entonces, a merced de la demanda mundial de gas natural y de la consecuente volatilidad de su precio internacional. Hay incertidumbre sobre la trayectoria de los precios futuros. Un informe de The Economist de la semana pasada dio cuenta de que, en contra de las expectativas optimistas sobre el precio del gas que se tenían para 2025, la demanda de gas importado de Europa y Asia va a aumentar, tanto por el frío como por la utilización en las plantas térmicas de generación eléctrica. Parece que habrá también restricciones en la oferta porque las renovables –solares y eólicas– no son confiables en el invierno. El precio internacional podría elevarse sustancialmente el próximo año.
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Como lo ha advertido la presidenta de Naturgás, el gas natural está en “cuidados intensivos”. A los colombianos se nos acabará el gas barato. En estas circunstancias el Gobierno y las autoridades ambientales deben actuar con pragmatismo. No pueden ser más papistas que el Papa. Deberían autorizar la exploración en búsqueda de hidrocarburos y permitir el desarrollo de los proyectos piloto con base en el fracking para explotar el gas. Es difícil de entender que en un país con gas no haya gas, por un prurito ideológico y ambiental llevado al extremo.
La responsabilidad de los malos tiempos por venir en materia de gas y electricidad será, exclusivamente, del gobierno Petro.
04 de octubre 2024
