Los arbitristas de la época le redactaban memoriales al monarca y, en ellos, le sugerían variadas formas de aumentar los tributos en aras de fortalecer la hacienda pública, prometiendo supuesta prosperidad para el reino y bienestar para la población.

Pronto, estos consejeros, vieron en el comercio una inmejorable oportunidad para aumentar los recaudos del reino y dotar al monarca de mayor capacidad de gasto. Fue así como el Rey, siguiendo los gravosos consejos de estos alcabaleros, intervino de manera deliberada el comercio con extranjeros.

Para la época, España enarbolaba la bandera del mercado libre, siempre y cuando fuera entre el reino y sus colonias, pero la arriaba cuando se trataba de comercio con extranjeros.

Los arbitristas nunca entendieron, que el dinero en sí mismo, no es riqueza por ser tan solo un medio de pago, y que la riqueza solamente aflora, cuando aumenta la demanda o la participación en ella dentro del mercado y se acrecienta el margen que se obtiene en lo que se tranza.

Tampoco los arbitristas lograron advertir, que la expansión monetaria derivada de la emisión y circulación furtiva o excesiva de medios de pago en medio de una precaria oferta de bienes, encarecía los precios, reducía la capacidad de compra del dinero y, por ende, pauperizaba al pueblo.

En esta búsqueda incesante de fuentes de financiamiento, los comerciantes miembros de la realeza apremiaron a Felipe II, para que los protegiera de la competencia foránea que planteaba el arribo de novedosas o mejoradas mercancías procedentes del extranjero y, además, se enriqueciera el tesoro real.

Fue así, como Luis de Ortiz, prestamista del reino y famoso impresor de libros de Burgos, elaboró la primera cuenta de comercio internacional, hoy llamada Balanza Comercial o de Pagos, la que consistía en una memoria escrita y cifrada, que referenciaba la oportunidad y la cantidad del gasto en importaciones y de ingresos producto de las exportaciones.

Ortiz veía complacido el balance de esta cuenta, cuando lo exportado superaba lo importado en cantidad y valor, y, con seria preocupación, cuando sucedía lo contario, sin considerar el bienestar de la población producto de la satisfacción de sus necesidades.

Luis de Ortiz en una audiencia inolvidable en la Historia del Comercio, le presentó a Felipe II un memorial titulado “Sobre cómo quitar de España toda ociosidad e introducir el trabajo”. En ese documento Ortiz le imploraba al Rey, prohibir y, en cuanto fuera posible, limitar la importación de mercancías mediante el pago de un impuesto el que sugirió llamarlo “arancel”, en orden a obtener un saldo positivo en las cuentas de la corona con el exterior.

Ortiz le señaló al Rey, que esta restricción halagaría y protegería a los cortesanos, dueños de las incipientes manufactureras, evitaría la salida de medios de pago, aumentaría la riqueza del reino, así como el recaudo de tributos.

La propuesta conmovió al Rey, quien prontamente la acogió, y con ello, quedó institucionalizado, el cobro del arancel a las Importaciones, como instrumento predilecto para mimar y proteger al productor interno y financiar el erario, sin importar la reducción de la competencia y mucho menos, el perjuicio que ello ocasionaría al pueblo.

Felipe II, para corresponder a tan promisoria propuesta, que supuestamente garantizaba la salud y la prosperidad del reino, exhortó a Ortiz a que le formulará alguna solicitud de ayuda en forma de prebenda, y, éste, sin asomo de vergüenza le pidió al Rey, que prohibiera con toda severidad la importación de libros extranjeros, los que consideraba pecaminosos para el alma, así como causantes de un gasto innecesario que afectaba el equilibrio de la balanza de pagos, y que, además, no eran comparables con los que él elaboraba con tanto esmero en Burgos. A partir de ese momento y como era natural esperarse, la riqueza de Luis de Ortiz se multiplicó.

Este oscuro pasaje de la Historia del Comercio, pareciera vigente, por no ser pocas las restricciones que hoy se imponen al comercio, en favor de pocos y en desmedro de todos, salvo en aquellos casos en que se hace necesario hacerlo, para evitar competencia desleal, distorsiones por subsidios o subvenciones o dumping económico, ambiental o social.

Pero peor aún resulta que, el pago de aranceles sea antecedente a la venta de lo importado, lo que implica, descapitalización o endeudamiento de quien importa y, por ende, mayor demanda de crédito, pago de intereses, encarecimiento de costos y gastos, disminución de rendimientos y, al final, mayor carestía del dinero.

Lo anterior, y de manera elemental demuestra, que el aumento de aranceles antes que estimular la competencia, abaratar precios y desalentar la inflación, provoca y promueve esta última.

Por eso no es comprensible que el actual Gobierno alegue, que con el aumento de los aranceles se combatirá la inflación, y menos aún, se abaratará el costo del dinero por reducción de las tasas de interés.

Francamente sobrecoge el proverbial desconocimiento de Petro de la ciencia, de la historia, de la realidad y de la misma ley, así como su nula preparación para ser presidente, al igual que sus obtusas ocurrencias y disparatadas propuestas, las que, antes que conjurar los problemas que el mismo ha creado con su insuperable torpeza, los agudiza y prolonga.

Pero todo no queda ahí, al parecer Petro no ha leído con atención la Constitución Nacional y no se ha percatado, que en el numeral 25 del artículo 189 se establece, que le corresponde al presidente, entre otras funciones, modificar los aranceles y disposiciones concernientes al régimen de aduanas, por lo que no se entiende, como en sus descuadernado Plan Nacional de Desarrollo incorporó una apartado referido a aranceles, en el que además, se confunden los conceptos de soberanía alimentaria con seguridad alimentaria, y se apela al uso del mal llamado término “aranceles inteligentes”, el que además de ser semánticamente vacío, constituye una autentica desinteligencia.

Es evidente que los escasos conocimientos de Petro, también lo inducen a desconocer que, en Colombia, por mandato del artículo 372 de la Carta, la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia la ejerce el Banco de la República y que, es al emisor a quien le corresponde velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda y no al Gobierno.

No se entiende como la nación pudo elegir a semejante remedo de presidente.

COLOFÓN.

Grotesca, vulgar, desvergonzada y absolutamente ilegal, la manera como la Comisión Séptima de la Cámara aprobó a pupitrazo limpio la perversa y regresiva reforma a la salud, que destruye y politiza el sistema. La nación debe manifestar su rechazo, repudio y condena a los mercaderes de la vida que la aprobaron.

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Profesor de Derecho Comercial, Financiero y de los Negocios Internacionales. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.