Recuerdo la primera declaración del ministro de Justicia al posesionarse de su cargo, en el sentido de que no se construiría una sola cárcel durante los próximos cuatro años y que ante la alarmante situación de hacinamiento la solución sería la reducción al máximo de la detención intramural mediante detenciones domiciliarias, régimen de entradas y salidas por trabajo y fines de semana, reducción de penas, etc. El hacinamiento, que asciende a 17.500 reclusos, se enfrentaría sacando a los delincuentes de las cárceles. Fácil camino, pero peligroso y con consecuencias impredecibles en materia de seguridad, de justicia, de orden y de comportamiento ciudadano.

Los anuncios se concretaron en el denominado proyecto de humanización de la política criminal y penitenciaria, cuyo trámite se inició ya en el Congreso, por supuesto en sesiones extras para que poco se discuta y se apruebe en el menor tiempo posible.

Veamos las principales perlas del proyecto: las penas máximas se reducen para todas las condenas; la posibilidad de recibir detención domiciliaria se aumenta a condenas hasta de doce años (hoy 8), cuando es evidente que el Inpec jamás ha cumplido cabalmente con su obligación de adelantar una inspección efectiva a quienes gozan de ese beneficio. De 64.000 personas en detención domiciliaria, tan solo 5.800 tienen dispositivo electrónico, y lo grave es que el porcentaje de reincidencia probado de quienes salen de sus residencias a delinquir es de 23.220 delincuentes. ¡Qué tal!

También se gozará del beneficio de domiciliaria aun frente a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, delitos dolosos contra la administración pública, cuando se haya cumplido el 60 % de la pena.

Para ser claros, alguien condenado por peculado, a quien se le imponga la pena máxima de 17 años, podrá regresar a su casa con rebajas y estudio en 7 años. Baste recordar que hoy está prohibido que los actores de estos delitos reciban cualquier beneficio.

Y alguien condenado por acceso carnal violento agravado con menor de 14 años, que debería purgar una pena de 19,5 años, podrá recuperar su libertad en 7 años y seis meses. Buen mensaje para estos violadores y para la sociedad en su conjunto. La libertad condicional procederá en estos mismos casos cumpliendo las 3/5 partes de la pena. La reincidencia dejará de ser un factor para tener en cuenta en la fijación de la pena, al igual que se suprime el concepto de flagrancia, ya que esta última se iguala a la aceptación de cargos, que en el proyecto recibe todos los beneficios penales.

También para descongestionar, y como se había anunciado, se suprimen varios tipos penales. Se elimina el capítulo de injuria y calumnia y los tipos penales de incesto, inasistencia alimentaria, donde baste recordar que el año anterior se lograron conciliar 143.000 denuncias, que me temo, si se destipifica como delito, jamás se podrían lograr. También se eliminan la elección ilícita de candidatos, el abigeato y, cumpliendo compromisos, seguramente adquiridos con la llamada primera línea, el terrorismo y el concurso no se podrán predicar cuando las conductas se realicen en el marco de las protestas sociales.

En este proyecto de ley el único criterio que se impone es el de la descongestión. Se olvida deliberadamente a las víctimas de delitos de gran impacto social. ¿Qué pensarán estas ante el anuncio de esta feria de beneficios y rebajas sin que medie un solo acto de resarcimiento del daño causado? ¿Y qué mensajes estamos enviando como sociedad a la delincuencia? Y me pregunto también qué mensajes a jueces, fiscales, policías y miembros de la Fuerza Pública.

La solución es, sin duda alguna, construir nuevas cárceles, modernas, dignas, con capacidad para resocializar a los detenidos, pero en el plan de desarrollo no hay contemplados recursos para este propósito. Solo se habla de justicia restaurativa, alternatividad penal, sanciones no privativas de la libertad, beneficios administrativos y medidas sustitutivas de la pena de prisión y tratamiento penal diferenciado. Todo, todo en función de los delincuentes y nada en función de las víctimas.

Imposible así contener una criminalidad que está desbordada. A esta iniciativa se suma el proyecto de sometimiento, el cual habrá tiempo de comentar.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 26 de febrero de 2023.