Ha anunciado el presidente Petro que los integrantes de la llamada primera línea pasarán Navidad en sus casas en compañía de sus seres queridos. Sin importar a qué maroma jurídica tenga que acudirse, el Gobierno cumplirá su compromiso con esta horda de delincuentes que mucho contribuyó al posterior éxito de su campaña.

El tema no es para nada menor. Convertir en gestores de paz a estas personas acudiendo a la figura creada por la Ley 418 de 1997 y modificada recientemente por la 2272 del presente año requiere, como mínimo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas normas. El primero y más importante de ellos es pertenecer a un grupo armado ilegal con el cual el Gobierno haya firmado un acuerdo en el marco de un proceso de paz. Que sepamos, estos individuos no pertenecen a ninguna organización al margen de la ley, aunque se especule sobre su pertenencia al Eln y eventualmente también a las disidencias de las Farc. En este caso habría que declararlo así y tampoco sería suficiente, pues todavía no se ha suscrito con ellos ningún acuerdo en el marco de un proceso de paz.

El Gobierno era y es consciente de esta situación y por ello intentó, en el trámite de la ley de perdón social, algunos artículos para permitir una condonación o indulto a personas condenadas por conductas relacionadas con el derecho a la protesta, pero, como sabemos, estas iniciativas fueron negadas por el Legislativo. Ahora bien, aun en el caso de que se otorgaran medidas de excarcelación por conductas relacionadas con las protestas, surgiría la pregunta de cómo hacerlo frente a personas ya condenadas por delitos como el homicidio, el terrorismo y la tortura, que nada tienen que ver con el derecho a la protesta. Como supuestos autores de estas conductas, ya han sido además imputadas más de 168 personas y otras 118 ya tienen escrito de acusación en su contra.

Fracasado el intento por la vía legal, ahora pretenden hacerlo por decreto, pero violentando la propia figura del gestor de paz, que claramente se fundamenta en el interés de liberar personas que puedan colaborar para el desarrollo de acuerdos humanitarios o a avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo ilegal al que pertenecen.

Podrían acudir a las figuras de la amnistía y el indulto, pero estas también tienen un alcance determinado y un tratamiento penal especial, tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el derecho internacional humanitario. En ambos casos para ser aplicados en el marco de un conflicto armado, como está ocurriendo en el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición o en procesos penales relacionados con delitos políticos como la rebelión. Pero aquí no estamos frente a esa figura, pues en los procesos se probó la autoría de estas personas en delitos contra la vida y la integridad personal, así como contra el patrimonio público. Y, por supuesto, gravísimas afectaciones de la movilidad cuyas víctimas principales fueron los propios ciudadanos. No es pertinente entonces intentar aplicar estas figuras a personas condenadas o investigadas por la comisión de esas conductas que nada tienen que ver con el conflicto armando.

Otro aspecto para tener en cuenta es que las víctimas, que incluyen tanto a miembros de la fuerza pública como civiles, no han sido consultadas sobre la puesta en marcha de estas figuras, como sí se ha hecho y con mucho celo en la Jurisdicción Especial para La Paz. Me pregunto si en la liberación anunciada algo se ha pensado en relación con los millones de víctimas de estas acciones de la primera línea. Me temo que nada.

Esta semana también conocimos reacciones de la Judicatura en relación con los anuncios de liberación que equivaldrían a desconocer las decisiones de fiscales y jueces y, de paso, atropellar el principio de la separación de los poderes públicos, fundamento de nuestra arquitectura constitucional y sistema democrático. El Gobierno ha hecho oídos sordos a este llamado.

El presidente Boric, en Chile, también intentó cumplirles a sus aliados de la primera línea, acudiendo a los mismos mecanismos. Tanto el Congreso como las cortes se lo impidieron. Los delincuentes chilenos pasarán Navidad en las cárceles, que es el lugar que también la Constitución y la ley colombiana reserva a los terroristas y delincuentes locales.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 11 de diciembre de 2022.