Lo que preocupa de este gobierno es su afán por destruirlo todo. Pareciera que tienen una soberbia que les impide valorar todo aquello que otros colombianos, que no han pertenecido a sus causas políticas, han construido.

La democracia está diseñada para que construyamos sobre lo construido. Los procesos sociales son el discurrir continuo de aportes de diferentes generaciones tendientes a la superación de los problemas y a la consolidación de un proyecto que le permita a cada ciudadano vivir mejor.

Los discursos de odio de clases que han difundido la izquierda extrema, consideran que hay unos gobernantes de mala fe que lo único que pretenden es mantener privilegios. Eso no sólo es falso, sino que desconoce que la política en Colombia ha tenido gran apertura y han llegado a cargos muy importantes personas de origen diverso, de pensamiento diferente y, en general, con buenas intenciones.

La ministra de minas que pretende decrecer económicamente a Colombia y al mundo, también pretende suspender la exploración de petróleo y gas. El asunto no es menor, en el contexto de la transición energética justa sobre la que el mundo dialoga. En los países desarrollados tienen reservas suficientes para enfrentar los retos de hidrocarburos en los próximos años y que, por lo tanto, sostienen que los países en desarrollo - nosotros- debemos suspender exploraciones y explotaciones para aportar al cambio climático. Por supuesto, los líderes de los países en desarrollo consideran justo lo contrario: Los países desarrollados ya han tenido oportunidad de explotar y enriquecerse con los combustibles fósiles, y por lo tanto, los únicos que deberíamos poder explorar y producir somos los países en vía de desarrollo. El gobierno Petro parece estar más alineado con los intereses de grandes naciones, limitando nuestra exposición de posibilidades de explotar esos recursos y cediéndoselas a otros. A eso súmele el daño macroeconómico que generará el freno que impusieron al sector con la tributaria y el discurso de inseguridad jurídica que predomina.

La salud es el bien público más importante que tenemos. Ha sido el fruto del esfuerzo de muchas generaciones de colombianos, y de la reflexión profunda sobre las cosas que durante la historia nos han servido. Y aquellas que han fallado.

Nuestro paso por el sistema público de salud fue costoso e ineficiente. El seguro social era una pesadilla, los ciudadanos con aparente derecho a la salud tenían que pasar días haciendo colas para lograr algún tipo de atención. Y hay que recordar que en ese sistema solamente cubría el 30% de los colombianos. Hoy tenemos una cobertura casi total y los usuarios se encuentran satisfechos. Como en todas las cosas, hay asuntos por mejorar. Existen todavía pésimas EPS que se quedan con los dineros de los colombianos y prestan servicios malos o incluso no los prestan. Las EPS que son buenas hoy están sobrecargadas, pues todos los pacientes con enfermedades graves son maliciosamente dirigidos por las malas EPS hacia aquellas, y además el Estado las obliga a asumir todos los pacientes de EPS liquidadas. Las demoras de los pagos de las EPS a los hospitales están correlacionadas directamente con las demoras del Estado en el pago a las EPS. Así mismo, hay hospitales acostumbrados, como lo hacen con el SOAT, a cobrar por procedimientos innecesarios, que lucran al hospital, pero desfinancian la salud. Finalmente, está el asunto no menor de la población rural dispersa. Ese es el reto más importante de la política pública hoy en Colombia. No somos capaces de proveerles servicios públicos domiciliarios, ni educación ni salud ni seguridad.

En el Gobierno Petro pasan cosas; se destruyen cosas, y se prometen las nuevas. Anuncia mucho, pero sus acciones se parecen más a una bola demoledora. Su gobierno es más una demolición, que una construcción. ¿Cuándo podremos ver alguna ejecutoria?