De todos los componentes de la tarifa eléctrica, el de distribución es el que está bajo el control y la gestión directa de EPM. Curiosamente, el incremento en ese costo coincide con el gran deterioro en la calidad y continuidad del suministro eléctrico que depende del estado de la red de distribución: su renovación y su mantenimiento.

Como lo señaló la Superservicios, en la evaluación integral de 2021, EPM está incumpliendo con la calidad media y la calidad individual del servicio de distribución de electricidad. Cada vez son más frecuentes y más prolongadas las interrupciones del suministro. En la noche del 21 de agosto, un amplio sector de El Poblado, en el que hay un par de clínicas y gran actividad comercial, estuvo sin electricidad durante más de tres horas. Las pérdidas han debido ser millonarias.

El deterioro en la calidad de la gerencia —que con el retiro de la ingeniera Mónica Ruiz alcanza su punto culminante— empieza a manifestarse, pues, en el deterioro de la calidad del servicio. Ese mismo equipo gerencial —que ya logró la ominosa combinación de altas tarifas y mal servicio— está manejando el improvisado proceso para la selección del nuevo contratista de Hidroituango.

Después de tres aplazamientos, algo inédito en la historia de EPM, el gerente Carrillo, con su frivolidad habitual, declara que si el proceso fracasa, se abrirá otra licitación, y que no es grave si las unidades de la 5 a la 8 se atrasan puesto que con ellas no hay obligaciones de energía firme.

Sorprende la impavidez del gobernador Gaviria pues la mayor parte de lucro cesante ocasionado por ese atraso correrá por cuenta del departamento. Una cosa es el atraso causado por una fuerza natural irresistible y otra el causado por negligencia humana remediable.

Entre tanto, a consecuencia de la reforma tributaria, EPM tendrá que pagar, en los próximos tres o cuatro años, por lo menos, un billón de pesos de impuestos adicionales a la nación. Ni Carrillo, ni la fantasmal junta directiva, ni, mucho menos, Quintero han dicho nada frente a u n despojo equivalente a un año de transferencias al municipio.

Tampoco ha dicho nada Quintero de la acusación pública que le hiciera el abogado Abelardo de la Espriella de haber vendido la gerencia de Afinia. Entre tanto, allá, en esa pobre empresa, reina el desgreño administrativo y, parece, la más descarada corrupción en la contratación.

No son buenas las noticias de EPM.

*Economista

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 5 de septiembre de 2022.