El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Corporación Pensamiento Siglo XXI le presentaron a la JEP una solicitud de reconocimiento del sector productivo como víctima colectiva de las Farc, que evalúe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que cometieron los actos violatorios de los Derechos Humanos en su contra. El sector productivo está representado por los productores agropecuarios, comerciantes, transportadores y empresarios dentro y fuera de las zonas del conflicto armado.

Asimismo, los centros de pensamiento le piden a la JEP que avalen la participación del sector productivo en la definición de los mecanismos de reparación y restauración, satisfacción y rehabilitación, que garanticen lo no repetición de los hechos victimizantes y los daños producidos por las Farc.

El sector productivo fue victimizado de forma sistemática y recurrente por la guerrilla de las Farc, como resultado de la concepción ideológica de esta guerrilla, que desde la Quinta Conferencia Guerrillera de 1974, promovió la victimización de manera indiscriminada y general de los productores agropecuarios y comerciantes en las zonas bajo su control.

En la Séptima Conferencia Guerrillera de 1983, el sector productivo fue declarado enemigo ideológico y objetivo militar de la guerrilla de las Farc, con el doble propósito de financiar su accionar subversivo y castigarlo como parte de su estrategia de control territorial. Desde entonces, las Farc institucionalizaron el secuestro de los integrantes del sector productivo como fuente de financiación de sus actividades.

Los patrones de victimización de la actividad empresarial por parte de las Farc incluyeron la extorsión, asesinatos, atentados terroristas, amenazas contra la integridad física y desplazamiento forzado. La mitad de las acciones guerrilleras de las Farc que involucraron civiles se concentró en ataques contra el sector productivo. La victimización del sector productivo comprendió la destrucción de la infraestructura energética, empresarial, de transporte, comercial y bancaria.

Los principales hechos violentos incluyeron la quema de vehículos, los ataques guerrilleros contra la propiedad, el sabotaje y la infraestructura pública. Las pérdidas anuales generadas por el conflicto en las décadas de los años ochenta y noventa fluctuaron entre el 2% y el 4% del PIB. Otros autores calculan las pérdidas económicas anuales en este siglo entre el 0,3% y el 0,5% del PIB.

Los actos violentos de las Farc en contra del sector productivo se tradujeron en graves violaciones de los derechos humanos, que elevaron los costos de la actividad económica y afectaron la propiedad privada, el derecho al trabajo, la libertad de empresa, la libre competencia y la libertad de asociación de sus miembros, todo lo cual generó enormes perjuicios colectivos y el empobrecimiento de las comunidades. Considerando que los derechos de las victimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición son los ejes del Acuerdo de Paz, la JEP debería hacer historia y aceptar las fundadas peticiones del sector productivo.

Miembro del Consejo Directivo del ICP

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https://www.portafolio.co/, Bogotá, 30 de marzo de 2022.