Desconozco, en el momento de escribir esta columna, si habrá un desenlace positivo después de la reunión entre el presidente Iván Duque y el Gobierno ruso, representado por su embajador en Colombia. Lo cierto es que son muchos los temas, y los reclamos, que hay que hacerle a ese país por una injerencia que ha dejado huellas demasiado notorias, imposibles de soslayar.

La cosa no es nueva. El 25 de abril del año pasado, Noticias RCN reveló una serie de fotografías que daban cuenta de una reunión entre personal militar del régimen de Nicolás Maduro y un asesor militar ruso. Con números sobre un mapa, las fuentes de inteligencia colombiana se preguntaron si se trataría de una asignación de estos asesores rusos para cada uno de los destacamentos venezolanos y se pudo observar un mapa al fondo en el que se ve marcada la frontera justo en el departamento de Arauca y el estado Apure. Meses después, los hechos de violencia en esta zona que aún mantienen en zozobra a la población civil se han incrementado de manera notable y la información de fuentes humanas que aseguran haber visto permanentemente ciudadanos rusos en ese lugar no ha parado durante todo este tiempo.

Pero no es lo único que tienen que explicar los rusos. Este periódico reveló el pasado fin de semana información delicada según la cual “cerca de 68 miembros del ejército ruso permanecen en Venezuela y son relevados cada tres meses (...). Se mueven internamente en aviones oficiales, uno de ellos con matrícula 0956”, dice el informe de inteligencia cuyos apartes publica EL TIEMPO.

Lo más grave quizá sea la información relacionada con envíos de dinero desde Rusia hacia Colombia, a través de la modalidad del ‘pitufeo’, alquilando cuentas de gente humilde y de clase media que son luego retiradas en cajeros y llevadas a una casa en Bogotá ubicada a la altura de la carrera 7.ª, entre las calles 66 y 70, según pudimos establecer también en Noticias RCN.

La denuncia está constatada por una reconocida entidad financiera en nuestro país que así se lo hizo saber a las entidades gubernamentales encargadas de este asunto, entre ellas la Uiaf, que debería pronunciarse sobre este sensible tema. ¿Y para dónde iba la plata o qué hicieron y harían con ella? Por una parte, fuentes de inteligencia confirman que algunos de esos recursos se usaron en lo más álgido de la tensión social para financiar a la primera línea y otra parte, que ha venido llegando en las últimas semanas, serviría para ser invertida en época electoral, lo que, de comprobarse, constituiría una interferencia absolutamente indebida en el devenir político de este país.

¿Cómo quedarse callado frente a semejantes evidencias? ¿Cómo no advertirlo públicamente?

Para rematar, la empresa de consultoría especializada en gestión y control de riesgos Control Risks ha lanzado una alerta que no puede ser tampoco pasada por alto: transacciones en criptomonedas provenientes de Rusia, China y desde la misma Venezuela estarían llegando a Colombia, así como otros aportes vía plataformas de pago que tendrían como propósito servir para alimentar campañas políticas o hacerles llegar dineros a “allegados de candidatos”, en los términos en los que se refiere a este tema la consultora. Todo esto aprovechando los vacíos que existen en la normativa en nuestro país.

A semejantes alertas verificadas de distintas maneras hay que pararles bolas. Lo que se juega en Colombia en las próximas elecciones no solo nos afecta a quienes vivimos y sufrimos este país, sino que también se convierte en motivo de interés geopolítico para quienes quieren controlar la región. Pueden ponerse todo lo bravos que quieran, señores diplomáticos rusos, pero es deber del Gobierno colombiano señalarles lo que está ocurriendo y de la prensa, advertir sobre esta delicada información.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 07 de febrero de 2022.