Si por allá llueve, por acá no escampa. En nuestro país, desde que aparecieron los primeros estatutos penales en el siglo XX, el aborto se ha manejado como un delito, consagrado en el Código Penal para sancionar a la mujer que toma la decisión de interrumpir su embarazo, y los que colaboran en ello, médicos, personal de servicio, etc.

Se trata de un  tema de interés mundial y da lugar a opiniones encontradas: por un lado, están las posiciones de quienes sostienen que prohibiendo el aborto se viola el derecho a la libertad de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sus derechos reproductivos, su salud (que se ve en grave riesgo al tener que hacerse el procedimiento clandestinamente) y, por otro lado, están quienes insisten en mantener la penalización, alegando proteger los derechos de la persona que encarna el producto de la concepción, el derecho a la vida que es sagrado;  incluso se esbozan argumentos de raigambre religioso.

El primer cambio en Colombia se dio en el año 2006, cuando la Corte Constitucional despenalizó en aborto en tres situaciones calamitosas para la mujer, a saber:  malformación del feto, peligro para su salud de la madre o cuando es resultado del acceso carnal violento. Aun así, constantemente las mujeres encuentran dificultades para acceder al procedimiento, en entidades prestadoras de servicios de salud que alegan objeciones de conciencia o credos religiosos para no prestar el servicio.

Ahora, ha regresado el tema a la Corte Constitucional, en una demanda que sostiene que la norma del Código Penal que penaliza el aborto va contra la Constitución Nacional, que consagra los derechos de las personas a la vida, la libertad, la salud, entre otros. La votación quedó cuatro a cuatro, un empate que deberá decidir un conjuez, en razón de haberse aceptado un impedimento.

Se aboga por la despenalización; no por que se esté de acuerdo con el aborto, ello depende de la conciencia de cada cual; sino porque se estima que el tratamiento del problema debe afrontarse en forma diferente; desde la salud pública, la educación, la prevención del embarazo, los programas de control de la natalidad, la divulgación y suministro de métodos anticonceptivos a la población.  La mujer que tiene que enfrentar una situación de esta naturaleza, tiene ya bastante con los traumas que genera una decisión de aborto, para tener que arriesgar, además, su salud y verse en riesgo de terminar en la cárcel.

https://www.elnuevosiglo.com.co/, Bogotá, 26 de enero de 2022.