Bien temprano en este 2022, el horror de la guerra volvió a mostrar la cara en Arauca, donde no solo no se han visto los efectos de la paz con las Farc, sino que, por el contrario, la violencia ha llegado a los niveles de las más crudas etapas del conflicto armado.

Los nuevos hechos que aterrorizan a los araucanos, y a Colombia entera, están aún bajo investigación. Lo cierto es que desde el pasado 2 de enero empezaron a aparecer en jurisdicción de los municipios de Tame, Saravena, Arauquita y Fortul los cuerpos de 23 personas, en lo que –todo indica– se trata de un nuevo capítulo de la guerra que por el control de las rentas ilegales libran allí el Eln, dos facciones opuestas de las disidencias de las Farc y bandas de narcos venezolanos. Todo ello en el marco de la complicidad, cuando no abierta participación en el crimen, de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro.

La hipótesis más fuerte es que la mayor parte de las víctimas son miembros de las disidencias de alias Gentil Duarte, asesinados en territorio venezolano por fuerzas criminales combinadas de elenos y la disidencia de alias Iván Márquez, que supuestamente fueron traídos a Colombia para enviar un luctuoso mensaje a sus rivales. En algunas veredas se denuncia también que los asesinos sacaron a varias personas de sus casas y se las llevaron en una siniestra caravana de la muerte que se prolongó por varias horas.

La verdad es que esta masacre muestra, una vez más, las deterioradas condiciones de seguridad que se viven a todo lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, en especial en Norte de Santander y Arauca.

Y aquí hay un reto enorme. Entendiendo el desafío que suponen las condiciones naturales de la frontera y la falta de colaboración de las autoridades del otro lado para frenar el crimen, es claro que siguen haciendo falta esfuerzos y estrategias más eficientes de todas las autoridades nacionales, regionales y de la Fuerza Pública en particular para recuperar Arauca de las manos de la criminalidad.

En ese departamento, cuyo gobernador titular está preso bajo cargos de alianzas con el Eln, se dispararon en los últimos años los asesinatos. Solo en 2021, esta cifra ascendió a 141. El cobro del paso hacia uno y otro lado de la frontera –al menos 10 dólares por cabeza– a través de decenas de trochas es un millonario negocio para disidencias, Eln, bandas de narcos purasangre y la Guardia Bolivariana. Todo esto y, sobre todo, el control de las rutas del narcotráfico nutren las arcas de los ilegales.

En Arauca, los cultivos han caído sostenidamente en los últimos 5 años, pero se multiplicaron los caminos de la cocaína que salen de Vichada, el Meta y Casanare hacia las pistas aéreas sin control legal alguno en el estado de Apure. Además, extorsiones y secuestros han regresado a la realidad de los araucanos, que necesitan solidaridad y ayuda real.

El presidente Iván Duque ha ordenado el aumento del ya numeroso pie de fuerza. Un paso necesario, pero se requiere presencia del Estado a todo nivel y de largo aliento para frenar un imperio criminal que azota los dos lados de la frontera, y ante el cual los colombianos todos debemos romper esa vieja indiferencia ante lo que pasa en la periferia.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 04 de enero de 2022.