Primero miremos si las cifras que tenemos ahora son de preocupación o de alarma extrema. Me decanto por lo primero. El Dane reportó el dato de 5,26% anual a noviembre. Sin embargo, para cierre de año los pronósticos promedio no superan 5%, lo cual la ubicaría un punto por encima del rango meta del Banco de la República, establecido en 2%-4%. Comparativamente, no es sustancialmente más alta que la inflación esperada en Estados Unidos de 4,4%, después de aplicar una política fiscal y monetaria inmensamente más expansiva que la nuestra. Incluso es menor que la esperada en México, y solo ligeramente superior a la de Chile y Perú, que pronostican crecimientos del PIB este año incluso mayores al nuestro. Es decir, considerando el entorno inflacionario mundial por los quebrantos en las cadenas de suministros y sus efectos en los precios de los productos y sus fletes, no estamos en un mal lugar.
Tampoco es que no deba hacerse nada. Por el contrario, debemos esperar movidas del Banco Central que lleven este mes la tasa de referencia a 3%, la cual, paradójicamente, será inferior a la inflación causada. Y continuaremos seguramente por este camino durante al menos el primer trimestre de 2022 o hasta que las expectativas a futuro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) empiecen a converger al rango meta. Y está bien…están cumpliendo su misión constitucional.
El problema surge cuando derivado de los actuales datos de inflación se tomen decisiones que impacten su comportamiento en 2022, situación que se agrava cuando atravesamos un calendario electoral, donde la política puede pesar más que la racionalidad. Un ejemplo de esto es la discusión del salario mínimo. Ya argumentan las centrales obreras que el aumento para 2021, decretado en 3,5%, se quedó corto frente a un IPC que puede llegar a ser hasta 1,5% mayor. Incluso hay candidatos a la Presidencia abogando por incrementos para 2022 de dos dígitos. Bajo esta lógica, podría uno argumentar que el incremento de 6% decretado para 2020, superó con creces la inflación de ese año que se situó en 1,61%. Pero más importante es entender que este año fue un año pico y que todos los pronósticos indican que los precios cederán el próximo año y no superarán 4%. De esta manera, un incremento desproporcionado del salario mínimo, por su efecto cascada de referencia, podría indexar para 2022 una dinámica inflacionaria que forzaría una política monetaria más restrictiva, con un impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo.
Dicho esto, creo que, en justicia, la cifra a la que se llegue debe reconocer la inflación generada este año, pero dado el estancamiento del año pasado, y en aras de evitar inducir una inflación mayor en el próximo, no debe superar el rango de 5%-6%. Porque como ya lo he expresado, no es momento de pánico, pero sí de preocupación y cautela. Al final, una inflación desbordada, especialmente en el rubro de alimentos, que es el que más ha aportado recientemente a este fenómeno, afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Y estos no son precisamente los que dependen de un salario formal y sujeto a incremento.
*Expresidente de Asobancaria
https://www.larepublica.co/, Bogotá, 09 de diciembre de 2021.
