De un tiempo para acá, viene haciendo carrera la toma de espacios públicos de Bogotá por personas que demandan reivindicaciones sociales. Algunas se hacen de forma violenta y desmedida, que atentan no solo contra el patrimonio de la ciudad sino contra la misma ciudadanía. Otras, de forma pacífica. Pero en uno u otro caso, el impacto es el mismo: deterioro del tejido social a nivel local, escaramuzas de orden público, malestar entre los vecinos y una persistente sensación de que el problema se les salió de las manos a las autoridades.

Empecemos por el portal de las Américas, en el sur de la capital. El lugar fue uno de los escenarios de concentración de decenas de jóvenes en las pasadas protestas sociales. Hasta organismos internacionales lo visitaron para constatar lo que estaba pasando en materia de derechos humanos. Sin embargo, en el mismo sitio comenzaron a presentarse hechos que no comulgaban con las demandas exigidas y cada vez fue más claro que el asunto iba derivando en acciones delictivas.

La Policía y la propia Administración denunciaron la presencia de mafias dedicadas al microtráfico y economías ilegales que se enfrentaban a la Fuerza Pública. Estas se mantienen hoy, pues prácticamente todas las semanas hay choques entre un grupo de personas y el Esmad. En el último enfrentamiento resultó gravemente herido un agente que permanece en estado crítico.

Como consecuencia de ello, el sector se ha convertido en tierra de nadie: se incrementó la inseguridad, hay una ‘guerra’ por el control del transporte ilegal, incluyendo bicitaxis; la venta y consumo de alucinógenos está disparada, persiste el daño al mobiliario público, los parques han quedado prohibidos para niños y adultos y, cuentan los vecinos, varios prefieren vender sus casas antes que seguir en esta situación. La Alcaldía habla de mejoras y de una mayor presencia de las entidades del Distrito, pero otra cosa es lo que se percibe y denuncian sus habitantes.

El otro hecho doloroso es la situación de alrededor de mil indígenas emberás que desde hace 60 días permanecen en el parque Nacional. Se tomaron este espacio a la fuerza para exigir mejores condiciones para el retorno a sus lugares de origen. Es una cuestión difícil de abordar, sobre todo por la intransigencia de sus líderes, que han impedido, incluso, la presencia de organismos de atención humanitaria. Hace poco falleció en el lugar un bebé de la comunidad, y otros se encuentran en condición de riesgo.

Un intento por censar a las personas terminó en enfrentamientos entre indígenas y policía. Desde entonces no ha habido mayores avances, no obstante la presencia de organismos de control. La Administración considera que la Unidad de Víctimas debe atender la situación, y esta, a su vez, reclama falta de voluntad.

Dos situaciones complejas cuya solución no solo depende de la Alcaldía, sino de la posible concurrencia de entidades del Gobierno Nacional en un clima de cooperación que los habitantes de la capital han reconocido en otros momentos. El peor escenario es permitir que las cosas sigan igual mientras la ciudadanía se declara indefensa. Dejar pasar el tiempo sin que los vecinos de las Américas encuentren paz o los indígenas una solución a sus demandas solo lleva a alimentar el malestar de las partes y al deterioro de la calidad de vida de la ciudad.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 30 de noviembre de 2021.