No se puede concluir de otra manera cuando, por ejemplo, el Consejo de Estado se presta para conceptuar si alguien cumple con los requisitos para ser postulado por la Corte Suprema de Justicia como candidato a procurador. En eso no debe haber duda, sino abrir la convocatoria y elegir al mejor candidato ¡Vergüenza!
Al examinar el comportamiento de los magistrados, uno se pregunta: ¿Dónde está la grandeza que se requiere para ocupar tan altas dignidades? Ya no se distinguen por sus méritos intelectuales o académicos. Y la situación se agrava cada día, conduciendo a que el ciudadano le pierda confianza en las decisiones judiciales. Es preocupante observar cómo la elección de los magistrados de las altas cortes parece depender más de su poder político que de sus capacidades jurídicas. Y esa politización ha degradado la integridad del sistema judicial, llevándolo a un estado de postración que pone en duda su capacidad para administrar justicia de manera imparcial y competente.
Cuando estos ilustres ejercen la magistratura, despliegan sus capacidades burocráticas construyendo roscogramas para beneficiar a su entorno familiar; y cuando terminan su período, contratan servicios por sumas astronómicas en los órganos de control y en la fiscalía. ¿Qué se puede pensar? Que salió a cobrar el apoyo que le dieron al funcionario cuando lo postularon o eligieron: procurador, fiscal o auditor; y hasta en la contraloría tienen participación. ¡Corruptos! Tanto el que peca por la paga como el que paga por pecar.
Los mismos abogados expresan que a las sentencias actuales les falta profundidad y rigor. La falta de análisis crítico es un síntoma de una crisis más profunda: la falta de compromiso con el intelecto y la justicia. No es sorprendente que a muchos de los magistrados no se les vea publicando libros ni al frente de un auditorio exponiendo sus ideas para influir de manera positiva en la evolución del derecho. Pareciera que su único interés es mantener sus inmunidades y privilegios.
Es lamentable que, en lugar de ser viajeros académicos, nuestros magistrados sean viajeros oportunistas, siempre listos para cualquier invitación que les permita escapar de sus responsabilidades judiciales. Este comportamiento no solo es una burla a la función que deben cumplir, sino que también debilita la confianza pública en el sistema judicial.
La crisis moral que atraviesa nuestra justicia es evidente. Son pocos los que, con integridad y esfuerzo, tratan de mantener la dignidad del cargo. La mayoría, lamentablemente, se deja llevar por la vanidad y la ambición, deteriorando aún más la imagen de las altas cortes. Es urgente que los magistrados sean sometidos a un escrutinio riguroso por parte de la ciudadanía, la academia y los entes políticos. La reforma de la justicia debe ir más allá de cambios estructurales; debe enfocarse en recuperar la integridad y el compromiso moral de quienes la administran. Los magistrados tienen en sus manos la oportunidad de redimir el sistema, pero esto solo será posible si abandonan sus intereses personales y asumen con humildad y trabajo duro la noble tarea de juzgar.
Nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de vigilar y exigir que nuestras cortes funcionen de manera justa y eficiente. No podemos permitir que la justicia siga siendo un juego de poder y beneficios personales, y es crucial que quienes están a cargo de las decisiones judiciales actúen con la grandeza que requiere la nación.
Es hora de que los magistrados comprendan que su rol es mucho más que un título honorífico. Deben ser intelectuales comprometidos, juristas dedicados y ciudadanos ejemplares. Solo así podremos tener una justicia que realmente responde a las necesidades y expectativas de nuestro país.
La justicia, como pilar fundamental de la sociedad, no puede seguir postrada ante la mediocridad y la corrupción. La grandeza de nuestra nación depende de la grandeza de su justicia.
Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...”
@LColmenaresR
