a verdad es que nunca había visto al senador Deluque tan exaltado y reclamando con tanta vehemencia. En los últimos días, hemos sido testigos de esa actitud contra la doctora Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por la forma como la entidad lleva a cabo sus funciones en el departamento, a pesar de que todo se lo han robado y los únicos que se han beneficiado son los contratistas, porque los niños y niñas siguen muriendo desnutridos.
El senador ha utilizado los medios de comunicación y las redes sociales para cuestionar públicamente a la doctora Cáceres. Su principal argumento está en que los cambios propuestos por la directora afectarán negativamente a la niñez guajira.
Sin embargo, ¿esta postura está justificada o es simplemente una estrategia política? El ICBF es una entidad crucial para el bienestar de los niños y niñas, básicamente en aspectos relacionados con la nutrición, educación y protección de los derechos de la infancia.
Por eso es que la directora del ICBF ha expresado su disposición de implementar cambios a la forma en que la entidad opera en La Guajira, incluyendo ajustes en los convenios con los operadores encargados de garantizar el cuidado, hidratación y nutrición de la niñez, para mejorar la eficiencia y la efectividad de los programas.
Pero el senador Deluque, por otro lado, parece resistirse a estos cambios. Su insistencia en cuestionar a la directora para mantener el estado de cosas ineficientes podría estar motivada en proteger intereses políticos o defender a ciertos grupos de poder en el departamento, lo cual no prevalece sobre el bienestar de los infantes.
La situación en La Guajira es crítica. La desnutrición y la mortalidad infantil son problemas reales y urgentes. La niñez guajira no puede esperar. Cada día sin acceso a alimentos adecuados es una omisión que atenta contra sus vidas.
El senador Deluque tiene la responsabilidad de representar los intereses de su comunidad sin estar en conflicto con el bienestar de los más vulnerables. Es hora de cambiar las agendas políticas y los intereses personales para trabajar por el bienestar de los niños y niñas.
En todo caso, resulta novedosa la actitud del senador Deluque porque nunca se le había visto pronunciarse con esa misma vehemencia para reclamar por muchos problemas que ha padecido La Guajira como por ejemplo para que se cumpla la sentencia T302 de 2017, o por la calidad y oportunidad de la alimentación y transporte escolar, o cuando el gobierno nacional decidió intervenir por tres años los servicios de salud, educación y agua potable. Tampoco se le escuchó decir algo cuando ejecutaron el fiasco del proyecto Guajira Azul, o el problema de la gasolina en el departamento, o la vigilancia de la gobernación en la ejecución de los recursos del SGP que son trasferidos a resguardos indígenas, o el contubernio de las IPS y EPS indígenas, la liquidación de la EPS Comfaguajira, o la puesta en funcionamiento de la represa del ranchería. Nunca ha dicho una palabra respecto al contrato de rehabilitación de la vía La Florida/Cuestecitas, o la ejecución de cuantiosos recursos de regalías en obras de ornamentación, piscinas, patinódromos, canchas sintéticas en municipios sin servicios públicos, pero con hambre y desempleo. ¿Y qué decir del puente del riito?
Sea serio. La pregunta no debería ser qué hay detrás del cambio de modelo contractual en ICBF de La Guajira, como si fuera su patrimonio familiar; más bien debería explicar lo que hay detrás de su vehemencia respecto al manejo que se le está dando ahora al ICBF.
PUNTOAPARTE. La doctora Astrid Cáceres ya siente algún temor por la actitud del senador, porque en La Guajira se comenta a gritos que el actual director encargado y la lista de aspirantes pertenecen a sus huestes; de los cuales, respecto a la capacidad de gestión tienen más razones para dar explicaciones que para resolver situaciones. Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...
@LColmenaresR
