Porque cada día amanecemos con una nueva noticia sobre beneficios concedidos a criminales, terroristas, violadores, narcotraficantes, asesinos y lacras inhumanas que rodearon a Petro en su campaña y ya reciben el pago a través del perdón prometido.
Hoy, mediante una ley llamada de “Reconciliación Nacional”, el gobierno dice buscar la generación de nuevas oportunidades a “quienes hayan cometido una ilicitud o en actividades violentas, para que tengan un camino hacia una vida en paz en la nación”, e incluye expresamente a los narcotraficantes a quienes les debe buena parte de su triunfo electoral, según las declaraciones de su propio hijo y directivo de su campaña, Nicolás Petro.
¿Se tratará de una amnistía general que terminará desocupando las cárceles e inundando las calles de delincuentes, para engrosar los ejércitos populares que nos llevarán a la anarquía total? Porque todos los que están en las cárceles (con excepción de los inocentes) han cometido una ilicitud o, en el caso más reciente, los criminales pagados para vandalizar las manifestaciones de la protesta social, han participado en actividades violentas. Es decir, la impunidad que advertimos en campaña y que fue histéricamente negada por las huestes petristas, hoy se da con claridad, peligrosidad y descaro ante el beneplácito de la delincuencia y el temor de los colombianos decentes.
¿Este nuevo decreto estará ligado al de “Jóvenes en Paz” que anuncia el pago de $ 1.000.000 mensuales a los delincuentes para que cesen sus actividades delictivas? Si lo está, se convertirá en el peor mensaje que se le pueda dar a la sociedad, pues quedará demostrado que en Colombia la única forma de garantizar un ingreso estable es mediante la delincuencia; y si no lo está, el problema social que tendremos que afrontar será de dimensiones incalculables, pues amaneceremos con las calles llenas de personas cuya única manera de sobrevivir es el ilícito y, teniendo la garantía de que su actividad antes que ser castigada es recompensada, el incremento de criminalidad se volverá devastador.
A una persona decente y capacitada en busca de trabajo, le toca padecer lo indecible si es en una empresa privada. Y si es en una pública, se tiene que someter a los designios del jefe político quien le viola su fuero íntimo, su privacidad, su libertad y hasta su dignidad personal cuando tiene que acceder a pretensiones y vejámenes sexuales para obtener su puesto.
¿Qué sentirá esa persona al ver que, de la noche a la mañana, el gobierno les asegura a los delincuentes un pago por no cometer actos ilícitos y, a la par, libera de la cárcel a quienes pagan una condena por cometerlos? ¿Habrá justicia social cuando la persona decente tiene que sufrir para subsistir, mientras el delincuente se pavonea orondo, suficiente, altivo y desafiante ante sus víctimas, sabiendo que cumplidamente recibirá un estipendio del Estado? ¿Será justo que mientras las víctimas andan con miedo de ser despojadas de sus pertenencias o muertas en un atentado, el gobierno solo piense en proteger y premiar a los victimarios?
Es realmente desconsoladora esta Colombia de hoy. Porque cada día nos sentimos más impotentes ante la ignominia; más asqueados ante los absurdos y descaros del gobierno; más avergonzados ante la impunidad de la delincuencia; más atemorizados ante la ausencia de autoridad; y más tristes ante la destrucción del país y el derrumbe de sus instituciones.
Pero no todo está perdido. Las elecciones de octubre, que son en verdad un plebiscito, son la oportunidad para manifestarnos en contra de este gobierno y despojarlo del poder regional que se ha caracterizado por ser lo peor en la historia. Un golpe certero en las elecciones de octubre puede ser el primer mensaje de pérdida real de poder de un gobierno con ínfulas de dictador.
