Nos estamos devolviendo en el tiempo y llegando a la época de inicios del siglo XXI cuando las Farc dominaban el país, imponían su voluntad a través de decretos en los que fijaban impuestos, y dictaban sus órdenes en vastas regiones colombianas, y en los que viajar entre ciudades vecinas era una aventura suicida. Pero eso no le importa a este gobierno. O, más bien, le importa tanto que es él mismo quien lo provoca. Porque ante las evidencias, la orden presidencial es el repliegue de la fuerza pública para defender los derechos humanos de los terroristas, mientras ellos nos violan todos los derechos a los ciudadanos de bien.
Lo que está procurando el gobierno al cohonestar, provocar o alimentar estas incursiones terroristas disfrazadas de patrullajes es, en la práctica, un secuestro lento de las poblaciones que, en el momento en que se requiera reestablecer la institucionalidad del Estado, pasarán a ser rehenes de estos desalmados. Hoy los ciudadanos admiten su presencia porque, aparte de su impotencia, aparentemente no les representa ningún perjuicio, pues simplemente transitan, se muestran, se pavonean, se imponen y dicen defender a la población; pero mañana, esa misma población será convertida en escudo humano y quedará tendida entre el fuego cruzado.
Y mientras tanto, Petro decide pagarle una mesada a la delincuencia para que no extorsione o secuestre. ¡Dios mío! Los límites de torpeza y vileza de este presidente parecen no existir. Pagarle al extorsionista para evitar que me extorsione, es el pago anticipado de la extorsión. Pagarle al secuestrador para evitar que me secuestre, es el pago anticipado del rescate. Pagarle al delincuente para que no lesione mi integridad o mis bienes, es el pago anticipado al delito. Es decir, estamos legalizando a los terroristas reconociéndoles una mesada por el solo hecho de serlo.
¿Esto no es más bien un llamado a la población para que desista de buscar trabajo y se alineé a las filas de delincuentes donde encontrarán un sustento sin ninguna dificultad? ¡Esto es, en realidad, la conformación de un nuevo ejército de vagos, terroristas y escoria humana, al servicio de un patrón que utiliza nuestros impuestos para fomentar la perversidad y ponerla a su disposición!
Para nadie es un secreto que solo se subsidia lo que se quiere fomentar. Por eso es indignante la decisión de subsidiar el terrorismo y la delincuencia mediante un pago mensual, pues lo que se hará es, precisamente, fomentar el terrorismo y la delincuencia a través del subsidio. ¿Paradójico? ¡No! Real, estudiado, milimétricamente analizado y perversamente montado. Es el direccionamiento de un gobierno malvado a quien poco le importa Colombia, pues por encima de ella ubica su ego, su riqueza individual y la de su familia, y el desfogue de su resentimiento, odio y pasión acumulados durante toda una vida de barbarie.
¿Y qué pasará cuando se acaben los recursos para subsidiar la delincuencia y el terrorismo? ¿Nos alcanzamos a imaginar, por ejemplo, un paro nacional de criminales reclamándole al gobierno su incumplimiento? ¿O pretenderá Petro entonces exculpar el secuestro y la extorsión porque obedecen a los incumplimientos estatales?
Lo vaticinamos desde hace años. Lo escribimos, lo alertamos en todos los medios y de todas las formas y el pueblo, enceguecido por el resentimiento, decidió entregarle las riendas del país a la persona más fatídica, inepta y perversa: Gustavo Petro. Hoy ese mismo pueblo llora su error y padece su miseria. Tenemos un gobierno al servicio de la delincuencia. ¡Pobre Colombia!
