¿Qué tal? Ya los argumentos en contra del aeropuerto no son de inviabilidad técnica, ni financiera, ni económica, ni de sostenibilidad, ni logística, ni geológica, ni presupuestal. Ya el único problema se centra en la supuesta corrupción que aducen, sin pruebas, los contradictores viscerales del gobernador (creyendo que si truncan el aeropuerto lo destruyen a él), y los enemigos sempiternos del proyecto, que lo vienen torpedeando desde todos los frentes y no se cansan de tocar puertas nacionales para frustrarlo.
Porque, si es cierto que hay corrupción en la fiduciaria, el departamento y la aeronáutica, y el ministro tiene las pruebas como para afirmarlo de una manera tan contundente, ¿por qué no atacar la corrupción desvinculando a los implicados, acusarlos y procesarlos, en lugar de arruinar el proyecto y privar al departamento y la región de la obra más importante en su historia? ¿Acaso la Nación no tiene gran injerencia en su administración? Estamos en un Estado de Derecho donde el único ente acusador es la Fiscalía General de la Nación y quienes condenan son los jueces (no los ministros). Si respetamos ese Estado de derecho y acudimos a la justicia, se acaba el problema.
Porque, de hacer carrera esta posición, estaríamos ante la mayor inseguridad jurídica, provocada por el propio gobierno: un proyecto que tiene todos los avales, y que ha pasado todas las pruebas, en todos los estadios, se expone a ser truncado por un ejecutivo que abre sus oídos a los rumores y murmullos y, en lugar de esforzarse por curar la enfermedad, decide matar al enfermo. En lugar de combatir la corrupción (como debería ser) prefiere acabar con el proyecto. ¡Esto carece de lógica y más parece un saboteo cuyo origen es fácil de detectar!
Pero, en gracia de discusión, ubiquémonos en el escenario de ese “gobierno escucha” del cual salga una posición mayoritaria en favor del Aeropuerto: ¿se decide entonces que la obra continúa y, por la sola manifestación de la voluntad popular, se acabará automáticamente la supuesta corrupción? O, en otro escenario, la decisión mayoritaria es en contra de la obra, ¿entonces se termina el proyecto, se dejan enterrados los recursos invertidos, se aísla perpetuamente la región, y los supuestos corruptos entrarán a gozar de impunidad?
¡No! La corrupción no se acaba atrofiando el progreso ni privando a las regiones de las grandes obras. La corrupción se acaba aplicando la ley, investigando a fondo, y produciendo condenas en derecho. Porque, si a eso fuéramos, tendríamos que cerrar el congreso de la República y los ministerios; la policía y el ejército; los colegios, escuelas y universidades; y todos los entes gubernamentales porque en todos hay corrupción. Y si a eso fuéramos, la alcaldía de Manizales hubiera tenido que “cerrarse” desde hace mucho rato para acabar con la mafia que despacha desde el piso 16…
De manera pues que esa declaración del gobierno es tan funesta como improcedente. Porque si el ministro no tiene pruebas, está cometiendo un acto de máximo irrespeto e irresponsabilidad; y si las tiene, no debería estar vapuleando el proyecto en plaza pública, sino actuando ante los entes de control y de justicia para erradicar los vicios y salvaguardar el patrimonio público. El proyecto deber seguir adelante. ¡Y si está penetrado por corrupción, que pague el que tenga que pagar ante los jueces de la república! Acabar con Aerocafé por supuesta corrupción, sería como vender el sofá para acabar con el adulterio.
