Y esto no es malo del todo. Porque si bien el escándalo le causa un daño a la imagen de nuestro departamento, este proceso podrá terminar limpiando las relaciones Estado-sociedad ya de por sí deterioradas. El hecho de llegar hasta un núcleo de poder tan grande y con tantos tentáculos, es una demostración de que, a pesar de la escasa credibilidad que tiene nuestro aparato de justicia, la delincuencia tiene que estar preocupada y los actos indecorosos se tendrán que morigerar porque ya empezaron a ser perseguidos y castigados.
Lo que no parece admisible es la actitud de algunas personas en quienes ha aflorado ese “manizaleñismo” nocivo, y se solazan viendo rodar cabezas que quedan expuestas en una picota inclemente. Y no parece admisible por cuanto los medios, en su función de denuncia o noticiosa, han desplegado un cúmulo de información que queda aglomerada en una masa confusa, y termina arrasando con todos en una avalancha mediática sin compasión, que es utilizada en acciones aviesas en algunas ocasiones.
Es el caso de algunos ingenieros de Manizales quienes, al verse alejados de los procesos contractuales o impedidos por razones técnicas a acceder a la contratación pública importante, se han dedicado a lapidar a sus colegas que logran, mediante concurso, licitación o invitación, contratar las obras regionales. Hay que advertir que una cosa es el contratista que hace parte de una organización delictiva y se presta como piñón de un engranaje de corrupción, y otra, muy distinta, aquel que, en ejercicio de su profesión licita inicia, desarrolla y termina a satisfacción los contratos que son necesarios para el desarrollo de la ciudad y región. Una cosa es una empresa contratante que tiene la necesidad y urgencia de desarrollar su objeto mediante la contratación de obras públicas, y otra, muy distinta, que dentro de su administración o staff existan funcionarios corruptos que las desvíen. (Y de esto se está encargando profusamente la Fiscalía General de la Nación y hemos preferido marginarnos para no convertirnos en obstáculo mediático).
En el primero caso, no se puede desprestigiar al contratista ni macular su nombre sin pruebas, pues los contratos se suponen rodeados de transparencia, legalidad, interventorías y controles, y estaríamos sometiendo injustamente a prejuicios lesivos a personas, despojándolas de su presunción de inocencia y del derecho al ejercicio profesional. En el segundo, no podemos arrasar con el prestigio de las empresas por las actuaciones de sus funcionarios, pues entraríamos a causar unas lesiones enormes por atacar el conjunto, cuando el mal está en algunos de sus elementos.
Por otro lado, hemos visto cómo el escándalo de “Las Marionetas” ha sido utilizando con fines politiqueros de donde se desprenden ataques personales irresponsables que siguen contribuyendo a ensuciar la actividad política regional. No es concebible, por ejemplo, que el diputado Camilo Gaviria se ensañe infundadamente en contra del Gobernador Velásquez, tratando de relacionarlo directamente con “Las Marionetas”, sin aportar pruebas o argumentos concretos. Porque el gobernador actual fungió en campaña como rival directo del diputado Gaviria, y también lo fue del senador Mario Castaño, socio, patrocinador y principal aliado del hoy diputado. Siendo así, quien tendría que estar cuestionado por los vínculos con Mario Castaño, y los beneficios directos de sus aportes financieros a la campaña, es el propio diputado y no su entonces contendor. Blandir la espada de honestidad y decoro ante evidencias tan notorias y vínculos tan estrechos entre el diputado Gaviria y los dineros de “Las Marionetas”, puede convertirse en el instrumento inmediato para un harakiri.
Que no sea esta la misma historia del pobre Lara: escupió pa´rriba y le cayó en la cara. Y este no es un panfleto, diputado Gaviria. Es un artículo de prensa fundamentado, serio, concreto y directo.
