Hace una semana decíamos que la Justicia Especial para la Paz había lanzado el número de 6.402 supuestos casos de falsos positivos entre 2002 y 2008 solo para enturbiar los resultados de la Seguridad Democrática, pero que no existían los registros que daban fe de estos crímenes en cuanto a sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo que permitía inferir que tal cifra era falsa y solo constituía una invención con fines políticos del tribunal de las Farc.
Pues bien, días después la JEP publicó un listado de 1.938 victimas de falsos positivos con nombre, lugar y fecha de fallecimiento, aunque no todos los casos presentan pruebas fehacientes de haber sido víctimas de fuerzas del Estado o de no haber perecido en combate. Aún así, tenemos una notoria diferencia de más de 4.000 casos entre la cifra con la que se hizo politiquería durante varios años (6.402) y la nueva (1.938), todo con el fin de desprestigiar a las FF. MM. y de Policía, al gobierno de Álvaro Uribe y al pensamiento de derecha en general.
Los falsos positivos no nacieron en la administración Uribe, vienen de muy atrás. En 2009 se publicó un estudio del Cinep (una fundación de ultraizquierda) en el que se informaba que la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 1.708 casos de ‘falsos positivos’ ocurridos entre 1985 y 2009, señalando para el periodo 2001-2009, o sea la era ‘Uribe’, solo 940 víctimas. Muy lejos de las 6.000. Más recientemente, la Fiscalía General de la Nación ha informado de 2.248 víctimas de ‘falsos positivos’, un tercio de lo estimado por la JEP, pero ocurridos entre 1988 y 2014.
Pero, tan importante como la cifra real, es subrayar que los falsos positivos no fueron una política de Estado ni una política del Gobierno Uribe. Basta ver que la cifra de los 6.402 palidece ante las estadísticas que produjo la Seguridad Democrática en otros frentes. Por ejemplo, durante los dos periodos de Álvaro Uribe se desmovilizaron 53.000 combatientes de diversos grupos que se entregaron con sus armas a la Fuerza Pública y se les respetó la vida.
Sin embargo, si lo que importaba era mostrar resultados operacionales por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, privilegiando el ‘body count’ de terroristas caídos en combate, esos 53.000 alzados en armas habrían sido una fuente abundante de sangre enemiga en la que algunos militares, sedientos de venganza, habrían calmado su sed. Pero no fue así. La política que se aplicaba era la vida.
¿Para qué asesinar a unos cuantos jóvenes ‘inocentes’ si los verdaderos bandidos se entregaban por decenas sin oponer resistencia y fácilmente podrían haber sido dados de baja para demostrar la notoria superioridad de los organismos de defensa del Estado y los beneficios de la política de seguridad?
Igualmente, durante el Gobierno Uribe se capturaron 36.363 individuos, entre subversivos, paramilitares y miembros de bandas criminales —sin contar narcotraficantes y delincuentes comunes—, cuyas vidas se respetaron. Si se querían privilegiar las bajas, ¿por qué no se asesinaron también?
Además, durante el gobierno de Álvaro Uribe se abatieron cerca de 14.000 individuos, entre subversivos, paramilitares y miembros de bandas criminales —sin contar narcotraficantes y delincuentes comunes—, por parte de unas FF. MM. y de Policía muy activas que pusieron en retirada a los grupos terroristas. De esas legítimas bajas en combate, muchas se hacen pasar como falsos positivos, pero nadie duda de que las guerrillas se desmantelaron con la Seguridad Democrática y para ello fueron necesarias las desmovilizaciones, las capturas y las bajas, que se cumplieron con honor militar.
Mediante los falsos positivos algunos militares pretendieron demostrar que cumplían su misión, pero esa deformación de un encargo legítimo no puede convertir asesinatos comunes en crímenes de Estado. Que los victimarios paguen y no se haga más política con esa cifra.
@SaulHernandezB
