El gobierno pretende crear 2.500 Centros de Atención Primaria-CAP. Según Hacienda, los CAPs tendrían un costo de 8 billones, sin embargo, asumen que podrán seguir usando 16 mil hospitales de primer nivel que ya tiene el país. ¿Cuál va ser el costo de contratar esos hospitales? ¿O cuánto costará comprarlos?
Aún no es claro si los CAP son hospitales de primer nivel que requieren unos 100 empleados cada uno, y si son solo un centro de atención de 15 empleados. Las nóminas tendrían 250 mil o 37 mil empleados, y en este óptimo caso el resto estaría en los hospitales de primer nivel.
Hacienda asume que la atención primaria en salud costará cerca de 7 billones de pesos al año. Sin embargo, no tienen en cuenta el costo de los 20 mil Equipos Básicos en Salud que el presidente prometió en todo el país. Cada CAP además tendría cerca de 10 Equipos Básicos de Salud, conformados por más de 10 profesionales (médico, enfermeras auxiliares). Esa nómina de 200 mil personas caminaría hasta la casa de cada colombiano revisando la salud básica y dando recomendaciones. Según nuestros cálculos esto costaría unos 16 billones de pesos al año.
Colombia tiene pocos médicos y muy pocas enfermeras. Los visitadores utilizarían más del 20% del personal médico actual del país. ¿Quién atenderá los hospitales?
Hacienda en su documento confirma que van a liquidar varias EPS y que el gobierno capitalizará la Nueva EPS- EPS del Estado- para que pueda recibir a todos esos afiliados. Según el gobierno la capitalización costará 2,5 billones de pesos. ¿Cuántas EPS se liquidarán? ¿Cuántos usuarios puede recibir la Nueva EPS con 2,5 billones de pesos? ¿Cuánto le costaría recibir los 50 millones de colombianos si es que todas las EPS desaparecen? ¿Cuál es el aumento de costos al año?
Desaparecen las EPS y nacen las gestoras, los verdaderos intermediarios de la salud. Con funciones muy básicas empezarán a ganar más de lo que ganan hoy. Hacienda habla de 2 billones al año. No obstante, nuestros cálculos son de más de 3 billones. Además, el Ministerio acepta que la reforma no asigna quien asumirá el riesgo financiero en salud, hoy a cargo de las EPS, y le proponen al gobierno que lo asuma el ADRES.
Hacienda afirma que no tiene la capacidad de estimar cuánto valdrá el nuevo sistema de información de salud del país que pretenden introducir como mecanismo de control. No pueden calcular la columna vertebral de información de la reforma, porque aún no saben siquiera cómo es.
Asumen que la UPC- El valor del que se dispone para la salud de cada colombiano- se gastará en un 95%. Hoy los estudios revelan que es insuficiente. Se está gastando entre un 102% y un 108% de la misma. Hacienda tendría un desfase en su cálculo por año en este rubro entre 1,1 billones y 4,6 billones de pesos.
El gobierno afirma que las tecnologías en salud crecerán los próximos 10 años con la inflación general, cuando está demostrado que la inflación en salud es mucho más alta que la inflación general. Afirman que el empleo, las cotizaciones en salud y los ingresos del Estado para el sector salud crecerán en los próximos 5 años 8% en promedio, cuándo el país podría estar entrando en una seria desaceleración económica.
El documento no es firmado por el ministro, sino por la viceministra y cierra sin darle viabilidad al proyecto. En la rueda de prensa el ministro optó por dar un balance de lo que costaría el sistema de salud con reforma y sin reforma, para mostrar costos aparentes más bajos.
Suponen que la reforma salvará muchas vidas y que la salud preventiva evita la enfermedad, y por eso el sistema será más barato en un futuro. Pareciera que no ven que la sola vejez así se prevenga exige más salud, y la demografía colombiana irá envejeciendo.
Una mala reforma es un riesgo para la salud de todos. Una crisis sanitaria podría incluso desestabilizar la institucionalidad. El Congreso debe hundir esa mala, muy mala reforma.
El documento de hacienda que no fue aval fiscal sino escenarios, que contiene una tabla balance mostrada en la rueda de prensa, y otra tabla real de costos en el documento, que no firma el ministro sino la viceministra, y que recomienda cambios a la reforma del mismo gobierno, demuestra la presión que han sentido los funcionarios de hacienda para mostrar algo positivo de la reforma.
