El registro no incluye, por consiguiente, los que perdieron la vida por la acción de los comunistas en Cuba, Venezuela, Nicaragua y, en lo que a nosotros atañe, Colombia.

Nuestro caso es peculiar. Llevamos mal contados más de 70 años de violencia en la que la participación de comunistas de distinto pelambre ha sido decisiva. No sabemos cuál es el número de víctimas producidas por estas confrontaciones. Se habla de que la guerra civil no declarada entre los partidos políticos tradicionales a mediados del siglo pasado arrojó algo así como 300.000 muertes, aunque es una cifra que todavía suscita discusiones. Pero la paz que durante el Frente Nacional entre 1957 y el presente ha reinado entre liberales y conservadores no puso fin a la violencia, dado que los comunistas no se acogieron a ella y, estimulados por la Revolución Cubana, continuaron alzados en armas a través de distintas agrupaciones: Farc, ELN, EPL, M-19 y otras más. La subversión comunista dio lugar a reacciones diversas. Unas, como es lógico, de origen estatal, por medio de la fuerza pública. Otras, de orden irregular, configuradas por los llamados grupos de autodefensa o paramilitarismo. Y para completar ese funesto cuadro, a fines del siglo apareció la atroz violencia del narcotráfico que aún opera en vastas porciones del territorio nacional.

Los comunistas acusan al Estado, los empresarios de la ciudad y el agro, los partidos políticos y, en general, la clase dirigente colombiana de haber creado condiciones opresivas que impulsaban a los defensores de las causas populares a alzarse en armas para combatir el orden institucional. Insisten en que los responsables de las víctimas de estos años aciagos son aquéllos y que sus propias acciones están amparadas por la legítima defensa. No faltan los que invocan los conceptos de "violencia institucional" y "pecado social", acuñados por la falaz Teología de la Liberación.

Supongamos, en gracia de discusión, que en buena medida de la violencia de las últimas décadas es responsable lo que sin mucha precisión llaman los comunistas y sus secuaces el "establecimiento", contra el que enderezan principalmente sus baterías la JEP y la sedicente Comisión de la Verdad, fuertemente influenciadas por aquéllos.

Pero el prontuario de la subversión colombiana es simple y llanamente aterrador. Ha faltado redactar otro Libro Negro para hacer el inventario de sus numerosísimos crímenes, muchos de ellos perpetrados, no contra el "establecimiento", sino contra la gente humilde de aldeas y campos.

Dentro de esa funesta estructura criminal se destaca el M-19, autor del hecho más execrable de la historia colombiana, el llamado "Holocausto del Palacio de Justicia".  Y ahora sabemos que uno de sus promotores es el que hoy nos desgobierna. No actuó en ello porque días antes fue detenido por porte ilegal de armas, pero su captura dio lugar a que se acelerara el asalto a la sede de las altas Cortes. Así lo acaba de revelar en Semana el coronel César de la Cruz. Vid. Coronel (r) César de la Cruz revela detalles del pasado oscuro de Gustavo Petro (semana.com).

El individuo que le partió la cara al oficial Gabriel Díaz Ortiz, dejándolo desfigurado y al borde de la muerte al no poderlo liquidar porque falló el arma que le había quitado, ocupa hoy el cargo de presidente de Colombia (vid. Coronel (r) dijo que Petro intentó matar a militar cuando era del M-19 | RCN Radio). Y es el mismo que hoy posa de defensor de la vida ante la comunidad internacional.

Quien hace líricos llamados en favor de la vida ante la ONU es un comunista recalcitrante que deplora la caída del Muro de Berlín y apoya cerradamente las dictaduras criminales que oprimen a cubanos y venezolanos.

Es claro que su alegato por la vida no es sincero. Fiel seguidor del Príncipe de la Mentira, trata de engañar al país y al mundo entero sobre sus verdaderos propósitos, que no son otros que instaurar el comunismo en Colombia.

"Guardaos de los falsos profetas", nos encarece el Evangelio (Mt. 7:15).

El que hoy nos desgobierna es uno de ellos.