Cómo era de esperarse la inseguridad viene avanzando. La coca financia a los grupos ilegales. Las masacres ya suman 64 casos y los líderes asesinados alcanzaron tres dígitos con 100 casos. El secuestro llega a los 131 casos y la extorsión se ha vuelto un pago obligado aún para los campesinos más pobres (5.795 casos).

El informe reveló que en el 2022 el 65% de los cultivos ilícitos en el país se concentraron en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.  Este último con un aumento del 77%. Hace evidente que la coca está en zonas de fácil siembra y sobre todo de sencilla movilización hacia otros mercados. El 21% de los cultivos ilícitos se encuentra en zonas de frontera.

Había dicho el gobierno que no atacaría a los campesinos cultivadores romantizando la idea de que la coca los enriquece. No es cierto, ninguno de los municipios cocaleros ha salido de la pobreza. Por el contrario, se hunden en la violencia. Naciones Unidas menciona que entre 2017 y 2022, los municipios cocaleros tuvieron que enfrentar 2,8 veces más amenazas y 4,3 veces más homicidios que otros municipios. Además, la presencia de los grupos armados ilegales es 3,6 veces mayor en esos municipios.

Decían con la boca llena que la lucha contra las drogas había fracasado. Y quien fuera a creer que el experimento de cesarla mostraría que, pese a los escasos resultados, ESTOS eran MEJORES que los de ahora. Guerra contra las drogas, no la íbamos a ganar y ahora la vamos perdiendo.

La fumigación permitió erradicar en su mejor año (2007) 153 mil hectáreas, y la manual cerca de 97 mil hectáreas (2008). En el 2002 el país tenía 168 mil hectáreas, en el 2011 cayeron a 48 mil. En el 2012, incentivos del Acuerdo de la Habana sumados a la no fumigación aumentaron las hectáreas hasta los niveles de hoy. Para 2022, el 49% de la coca estaba en zonas de manejo especial (21% en parques nacionales,18% en resguardos indígenas, 4% comunidades negras, 2% en reservas forestales).

Todavía no se conoce la política antidrogas del Gobierno (suponiendo que la hay). El ex viceministro de defensa del gobierno Petro mencionó que los recursos y la estrategia de las fuerzas se ha direccionado a la interdicción dejando atrás otros temas. Sin embargo, en lo corrido del 2023 la cocaína incautada ha caído un 9%, la heroína un 44% y los insumos sólidos un 38%.

El panorama de seguridad no es alentador, y no solo por la creciente coca, sino por la política terriblemente inapropiada sobre nuestras fuerzas armadas. Quedé alarmada con las declaraciones del ex viceministro de defensa -que pasaron desapercibidas. Mencionó que la inteligencia de las fuerzas no se está usando para propósitos de seguridad nacional: “la inteligencia se ha debilitado enormemente”. También reconoció una política de brazos caídos:“a las fuerzas militares las tienen maniatadas, asustadas” donde los "comandantes no tienen contacto con él” -ministro-. Y sentenció de manera terrible: “creo que la venganza es del ministro”.

Con los cultivos de coca en aumento, los procesos de negociación con todos los grupos criminales, las fuerzas armadas sin posibilidad de acción, los programas del gobierno para fomentar la criminalidad como “jóvenes en paz”,  “gestores de paz”, y la liberación de criminales se ven tres años muy duros. Temo pensar que este sea el tobogán del tiempo que nos devuelva a los violentos y tenebrosos años 90, de los cuales ningún colombiano quiere ni el recuerdo.