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Paloma Valencia     

Petro empieza a dar señales sobre su propósito de legalizar la cocaína en Colombia. El asunto no es menor. Lo hemos dicho: las drogas han sido el mayor factor de violencia en Colombia. Han financiado todas las violencias, de todos los pelambres y con todas las justificaciones. El narcotráfico es un monstruo de varias cabezas, se le corta una y le brota otra. Es cartel, paramilitar, guerrilla maoísta, guerrilla leninista, pseudo guerrilla, grupos ilegales, y hasta estructura criminal.

El peor problema de esta propuesta es que sirve de distractor. Con el discurso de legalizar o regular el gobierno está envolatando la discusión sobre lo que harán ahora con el narcotráfico. Seamos serios; aun aceptando que el discurso de legalizar avance a buena velocidad no será este gobierno quien lo vea. Estados Unidos y Europa están muy lejos de aceptarlo y más lejos aún China y Rusia. La opción de legalizar de manera unilateral es una quimera; equivaldría al cierre de nuestros mercados internacionales y quedarnos con todos nuestros productos de exportación y también con la coca. No habría a quien venderla, salvo que el Gobierno quiera pasarla ilegalmente por las fronteras. Esperar a que el mundo quiera legalizar será lento; y mientras tanto seguirá creciendo en área y en violencia en nuestro país.

Es cierto que la guerra contra el narcotráfico no se gana. Nada puede contener la producción de un producto que se consume y se paga a buen precio. La guerra contra las drogas se limita a buscar reducir su efecto en nuestro territorio y golpear las finanzas de los ilegales que asesinan con y por esos recursos. Me temo que con el discurso legalizador o regulador sólo nos distraen de la dificultad que enfrenta el gobierno de tener que tomar medidas contra el narcotráfico, habiendo pregonado por todas partes de que la guerra contra las drogas fracasó. ¿Qué harán estos 4 años además de hablar sobre el fracaso de la guerra y la necesidad de legalizar? ¿Dejarán que el narcotráfico siga creciendo?

Recordemos que, durante las negociaciones de la Habana en 2016, la sola posibilidad de que las familias recibieran dinero por erradicar y la suspensión de la aspersión aérea, los cultivos ilícitos pasaron de 47.788 a 146.140 ha; y hoy tenemos más de 200 mil. Ya se anunció que no se erradica manual, ni forzosamente, ni se fumiga, ni se bombardea. Y ahora se anuncian miles de millones para la erradicación voluntaria (pese a los malos resultados que se han obtenido). En el corto plazo la sola declaración de Petro traerá consecuencias.

Y claro que hay grados en la guerra contra las drogas. En el año 1999 el lavado de dinero del narcotráfico en Colombia equivalía al 10% del PIB. Según la fiscalía entre 1990 y 2016 las Farc tuvieron ingresos por 7 billones por narcotráfico y 17 mil millones por minería ilegal. Con el modelo de lucha contra las drogas (aspersión, sustitución voluntaria y sustitución forzada) se alcanzó mínimos históricos con cerca del 2% PIB por lavado en el 2010; desde la firma del acuerdo de la Habana ha crecido al 5% del PIB.

¿Son buenas para la salud humana? La respuesta es no. La legalización o regulación hacen más fácil el acceso, y sobre todo disminuyen el discurso de rechazo social. Me duele que las madres que hoy enfrentan las dificultades de la crianza de sus hijos mientras ellas trabajan, tengan que enfrentar un ambiente donde las drogas sean más asequibles.  Entonces nos dicen que debe tener el tratamiento con impuestos, de similar manera como se ha hecho con el cigarrillo. Se ponen altos impuestos y esto ha demostrado eficacia en la reducción del consumo. Sin embargo, no es claro que logremos monopolizar, y que la competencia de la ilegalidad desaparezca. Dicen que seguirá el destino de la legalización del alcohol, pero puede que se parezca más al oro, qué aun siendo legal, reporta los segundos mayores ingresos para grupos ilegales a través de minería criminal. La legalización, en ese sentido, haría aún más difícil el combate.

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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