COLOMBIAN NEWS

11 de abril 2023

1.   Petro cede ante el Fiscal Barbosa y retira beneficios a jefes de la cocaína

2.  ¿El ELN se metió a Cali?

3.   En abril habrá mociones de censura contra Leyva y Velásquez

4.   En Colombie, la fièvre de l'éolien bouscule les indigènes

5.   ¿Cómo van las elecciones regionales a seis meses de las urnas?

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Petro cede ante el Fiscal y cambia puntos polémicos en ley de narcos

Por Juliana Gil Gutiérrez

El Colombiano, Medellín

https://www.elcolombiano.com/colombia/petro-fiscal-barbosa-reunion-ley-sometimiento-justicia-narcotraficantes-FF21066571

11 de abril de 2023

Petro se comprometió a dar beneficios a los pequeños cultivadores de coca y no a los jefes del narcotráfico y a permitir que la Fiscalía se encargue del sometimiento. Si bien en el borrador del proyecto de ley “de sujeción a la justicia” Petro había concedido beneficios a los jefes de ese negocio ilícito, durante la reunión con el fiscal general acordaron que la ponencia que será presentada en el Congreso dará beneficios a los pequeños cultivadores de coca y no a los productores y traficantes de cocaína.

Tres horas duró el sexto cónclave entre el presidente, Gustavo Petro, y el fiscal, Francisco Barbosa, en el que el Petro terminó cediendo terreno del contenido de su polémica ley de sometimiento a la justicia de los narcotraficantes y justo después de que los constantes reparos que salieron del ente acusador llegaran, incluso, a un foro internacional de justicia. Ese articulado, que la Casa de Nariño vende como el de “sujeción”, fue el punto central de una cita a puerta cerrada en la que solo participaron Petro y Barbosa. A ellos los acompañaron la jefe de gabinete, Laura Sarabia, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, además de la vicefiscal Martha Mancera, quienes intentaron acortar distancia –otra vez– entre el Ejecutivo y la Fiscalía sobre los proyectos de la paz total.

La cita comenzó a las 10 de la mañana y fue tan hermética que no quedó registro fotográfico, ni siquiera de las cámaras de prensa de Palacio, y al final la Casa de Nariño remitió solo un comunicado de apenas una página en el que calificó la reunión como “provechosa y cordial”. El encuentro tuvo dos partes. Primero hubo una conversación del ministro Osuna y la vicefiscal Mancera, para luego dar paso a esa convocatoria que se había confirmado desde la Semana Santa: el cara a cara entre Petro y Barbosa en el despacho presidencial.

El fiscal tituló esa asamblea como una “estrategia de reencuentro” en la que quiso dejar claro que “lo que estamos haciendo es ser propositivos con el país. Aquellos que han venido planteando ideas de que el fiscal se convirtió en una persona de oposición pues se equivocan, cumplir las funciones constitucionales no es participación política”. Ese contacto llevó a lo que podría ser un cambio en el contenido del proyecto de ley de sujeción a la justicia. Si bien en el borrador del articulado se había hablado de beneficios para los jefes de ese negocio ilícito, acordaron que en la ponencia que será presentada en el Congreso solo dará beneficios a pequeños cultivadores y no a importadores de químicos para hacer drogas como la cocaína, tampoco a productores o traficantes.

El pacto Petro-Barbosa

La promesa del presidente con el fiscal ya está, pero falta que se materialice en la ponencia. Del dicho al hecho hay mucho trecho y así quedó demostrado con las negociaciones del Gobierno con los partidos tradicionales para la reforma a la salud, en las que después de seis semanas de estar sentados en una mesa de trabajo los tres –Conservador, La U y Liberal– se pararon de la mesa porque el Ejecutivo incumplió su compromiso. Otro acuerdo que quedó en la mesa es que la Fiscalía hará el sometimiento colectivo y en la discusión del articulado se trazarán procedimientos restrictivos para que haya un marco general que le ponga límites a ese proceso.

La tarea ahí no solo está en Presidencia, sino en el Legislativo, y por eso Barbosa aseveró que estarán en las discusiones del Capitolio “verificando que estas líneas rojas que puso la Fiscalía y que el Gobierno comparte tengan un asidero en el Congreso”. Hace apenas tres semanas, durante las conversaciones para la reforma a la salud, las contrapartes también dejaron líneas rojas que al final el Ejecutivo sí cruzó.

La reunión Petro - Barbosa fue la tercera de este año y la sexta desde que el mandatario llegó a la Casa de Nariño. Los duros reparos sobre la libertad para los de la primera línea, la paz total con las bandas delincuenciales y el manejo del narcotráfico han obligado a que se sienten en la misma mesa después de lanzarse pullas en sus declaraciones en medios y en redes. Pero el encuentro de Pascua tuvo una coyuntura particular. La oficina de Barbosa está investigando al hijo del presidente, Nicolás Petro, por los dineros irregulares de ex narcotraficantes que habría recibido durante la campaña para las elecciones de 2022. Al menos en micrófonos, Barbosa aseguró que ese tema no estuvo en la conversación, pero la cuestión del primogénito investigado por la justicia no deja de ser un punto convulso en la agenda de ambos.

La reunión terminó al medio día con una conclusión semejante a la que lanzaron desde Presidencia y la Fiscalía el 20 de febrero y el 30 de enero, en las dos citas recientes: que se trató de un encuentro amigable y cordial. En palabras de Barbosa, “fue una reunión de Estado muy importante que abre un nuevo capítulo que esperamos lleve a tener una mejor relación con el Ejecutivo en donde, por supuesto, eso no impide que el fiscal general cuando tenga que decir las cosas las diga en el beneficio de los colombianos”. Los hechos mostrarán hasta qué día del calendario se mantiene esa cordialidad.

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¿El ELN se metió a Cali?

Revista Semana, Bogotá

https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/el-eln-se-metio-a-cali-aparecieron-panfletos-alusivos-a-esta-guerrilla-en-la-galeria-santa-elena/202335/

10 de abril de 2023

Aparecieron panfletos alusivos a esta guerrilla en la galería Santa Elena. Cali se sumó a la lista de puntos de Colombia donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sembró el terror este lunes instalando artefactos explosivos y divulgando panfletos. Dentro de una caja fueron encontrados este lunes 10 de abril panfletos alusivos a esta guerrilla en el sector de la galería Santa Elena, uno de los lugares de abastecimiento más importantes de la ciudad. En Bogotá, Cauca, Santander y Antioquia también hubo intimidaciones de esa guerrilla. Los diálogos entre el Gobierno y el ELN comenzaron el 21 de noviembre de 2022 en Caracas, Venezuela.

 José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los panfletos estaban abandonados, exactamente, en la carrera 23 con calle 29. Por ahora se desconoce la identidad de quienes dejaron las misivas intimidatorias en el sector. Pese a estar marcadas con los emblemas del ELN, las autoridades investigan el origen de estas. “Se activaron todos los protocolos para la verificación y la búsqueda de información. La Policía judicial y de inteligencia está trabajando para corroborar la autenticidad de acuerdo con los logotipos y estructura de la terminología que usan estos grupos para amedrentar a la ciudadanía”, aseguró el oficial. Cabe recordar que no hay información reciente de las autoridades que señale que en la capital del Valle del Cauca hay presencia del ELN. No obstante, meses atrás se denunció la supuesta aparición de células urbanas de esta guerrilla en la ciudad.

De todos modos, Cali se sumó a Bogotá, Cauca, Santander y Antioquia, donde el ELN generó intimidaciones que pudieron terminar en tragedia. En el Cauca, miembros del ELN instalaron dos cilindros bomba en la vía Panamericana, lo que generó que en las primeras horas del día tuviera que ser cerrada esa importante carretera que conecta el occidente del país. El Ejército Nacional tuvo que desplazarse hasta el lugar, en el sector que conecta los municipios de La Esmeralda y Rosas, para hacer las verificaciones correspondientes. Los cilindros tenían pintadas las insignias del ELN. “Nuestros expertos en explosivos y demoliciones hicieron todo el procedimiento para retirar esta amenaza contra la población civil. Los elementos estaban adecuados con un detonador, pero se intervino para evitar cualquier daño. Se hará todo lo correspondiente para la destrucción de los cilindros”, aseguró el Ejército Nacional. Tras el retiro de los cilindros de la vía, el paso por la misma fue habilitado nuevamente hacia las 8:30 a. m.

En Bogotá se vivieron verdaderos momentos de tensión y de zozobra los habitantes del sector de Amapola, en la localidad de San Cristóbal, tras la aparición de una bandera y centenares de panfletos de la guerrilla del ELN.

El ELN asegura que el fiscal general, Francisco Barbosa, quiere hacer “trizas la paz”. De hecho, la aparición de esta bandera y de una caja sospechosa en medio de un puente, obligaron a la presencia inmediata de la Policía Metropolitana de Bogotá para indagar si había presencia de explosivos. “Siendo las 6:20 horas de hoy lunes, habitantes del sector Amapola de la localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad, reportaron el hallazgo de una caja sospechosa en vía pública, ante lo cual fue necesaria la intervención policial especializada mediante el protocolo de verificación a elementos sospechosos”, informó la Policía de Bogotá en un principio. En este contexto, el grupo técnico antiexplosivos de la seccional de investigación criminal de la Mebog descartó la presencia de explosivos. “No obstante, en el lugar se encontró una bandera de colores rojo y negro, con las letras ELN estampadas en color blanco; así mismo, unos panfletos que harían alusión a un grupo armado ilegal”, confirmó la Policía.

Luego de lo sucedido, la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de actividades investigativas especializadas, a fin de determinar con precisión la alusión de la bandera y el origen de los panfletos. A pesar de este hecho, la Policía señaló que de acuerdo con la información judicial y de inteligencia disponible, la capital del país no tiene presencia física de grupos armados organizados. Asimismo, en Barrancabermeja, en el departamento de Santander, las autoridades fueron alertadas sobre una caja abandonada con explosivos en el parque Camilo Torres.

De acuerdo con el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio, sobre las 6:00 a. m., un habitante de calle halló este elemento sospechoso a inmediaciones de las sedes de la Personería y de la ONG de Derechos Humanos Credhos. “Nuestro experto antiexplosivos llega con el canino que inicialmente no da señal de explosivo, pero nuestro técnico por seguridad hace la revisión y halla el explosivo improvisado de bajo poder que tenía un sistema de activación por temporizador”, confirmó el oficial. De inmediato, las autoridades realizaron el proceso de desactivación para salvaguardar la integridad de los habitantes de este sector, donde al interior de la caja fue hallado un panfleto del ELN.

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En abril habrá mociones de censura contra Leyva y Velásquez

El Nuevo Siglo, Bogotá

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-07-2023-en-abril-habra-dos-mociones-de-censura-contra-el-gabinete-de-petro

7 de abril de 2023

En abril se realizarán dos mociones de censura contra integrantes del gabinete del presidente Petro, después de que se confirmará en las últimas horas que, el día 26, la Cámara de Representantes llevará a cabo una impulsada por la oposición contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y una prevista la semana entrante contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.

Con ello serán tres los titulares de cartera llevados a moción de censura, un alto número si se tiene en cuenta que este Gobierno apenas lleva 8 meses. Por este camino ya transitó, en dos oportunidades la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a quien la oposición encarnada, en el Partido Centro Democrático, le aplicó la figura por considerar que sus declaraciones sobre la decisión del Gobierno de no permitir nuevas exploraciones de petróleo y gas han generado pánico económico y afectado el sector. No obstante, la ministra Vélez salió indemne en ambas oportunidades, pues fue arropada por la coalición de gobierno, que tiene las mayorías tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes.

El representante a la Cámara por Bogotá, del Partido Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, quien impulsó la moción de censura contra el ministro de Defensa y logró su aprobación por parte de la plenaria de la Cámara tras recoger 27 firmas de respaldo, indicó que; “no vamos a permitir que se pisotee el honor y la dignidad de nuestra Fuerza Pública, por eso continuamos firmes haciendo veeduría y control desde el Congreso de la República y con nuestra moción de censura contra el actual ministro de Defensa”.

Los argumentos que esgrime la oposición para la moción de censura al ministro Velásquez tienen que ver con el secuestro de 74 policías y, posterior fallecimiento de uno de ellos, además de un civil, durante los enfrentamientos con la comunidad en las instalaciones de Emerald Energy en el sector Los Pozos, en San Vicente del Caguán. Además, por la manera como se han abordado los delitos de alto impacto por parte de Velásquez. Incluso señalan al titular de Defensa Nacional por los supuestos hechos de corrupción cuando ejercía como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el retiro del cargo a la secretaria General del Ministerio. Así mismo responsabilizan a Velázquez de incumplir los decretos del cese al fuego bilateral expedidos por el Gobierno para cuatro grupos armados al margen de la ley y las alertas emitidas por los gobernadores.

También endilgan al ministro responsabilidad por la violación de la soberanía colombiana que ha hecho la Guardia Nacional Bolivariana, así como por la masacre en días pasados de nueve militares en Norte de Santander por parte del Eln, organización con la cual el gobierno nacional adelanta desde noviembre pasado un proceso de paz.

Debate contra el canciller

El próximo miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes se llevará a cabo el debate de moción de censura al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. La representante a la Cámara, Erika Sánchez, una de las impulsoras de esta moción de censura, explicó que; “se programa por los incumplimientos de las nueve invitaciones que se le hace desde la Comisión Segunda al Canciller en función de nuestro control político que es obligatoriedad y es una función legislativa que tenemos como congresista”.

Sánchez dijo que Leyva Durán “incumple el primer debate de control político, pues la Ley Quinta (Ley del Congreso) es clara en ese aspecto que una vez con un incumplimiento sin justificación alguna, pues se procede a moción”. La Constitución establece que la votación de la moción se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.

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En Colombie, la fièvre de l'éolien bouscule les indigènes

La Dépêche, Toulouse

https://www.ladepeche.fr/2023/04/10/en-colombie-la-fievre-de-leolien-bouscule-les-indigenes-11124133.php

AFP

10 avril 2023

Dans l'extrême-nord de la Colombie, la construction d'éoliennes sème la zizanie et l’inquiétude chez les communautés indigènes Wayuu de cette région semi-désertique, nouvel eldorado des énergies renouvelables.

En 2016, les entreprises portugaise EDPR et italienne ENEL demandent à la famille Jusayu l'autorisation de construire un parc éolien et une route d'accès à un autre parc sur leur petit territoire de ce département de La Guajira. La famille Jusayu, éleveurs de chèvres, refuse, suscitant en retour une campagne de harcèlement qui fera un mort, plusieurs blessés et 34 déplacés, accuse-t-elle.

Deux parcs éoliens ont pour l'instant vu le jour sur cette péninsule semi-désertique de la côte Caraïbe battue par les vents et chaude comme un four, où l'électricité et l'eau potable sont rares. Car dans le cadre d'un vaste plan de transition énergétique, où l'énergie solaire et éolienne représenterait 8% de l'offre nationale, le gouvernement du président Gustavo Petro ambitionne de faire de La Guajira une "capitale mondiale de l'énergie verte". Si l'éolien ne compte actuellement que pour 0,1% de la production, loin derrière l'hydroélectrique (68,3%) et le thermique (30,7%), 57 parcs, soit environ 3.000 éoliennes, doivent être construits ces dix prochaines années en Colombie. Un investissement de plus de 15 milliards de dollars.

Pression et "tragédie"

Frontalière du Venezuela, La Guajira est le territoire ancestral des indigènes Wayuu, dont près de 600 communautés seront impactées par les futures éoliennes, selon les projections d'Indepaz. Pour le groupe de réflexion, pas de doute, le peuple Wayuu cède son territoire sur fond de "tromperie" et d'accords "irréguliers". Dans un pays alimenté pour l'essentiel par des barrages hydroélectriques, l'énergie éolienne sera exportée et "La Guajira ne verra pas un seul kilowatt qu'elle produit", s'alarme Joanna Barney, chercheuse à Indepaz.

Le patriarche de la famille Jusayu, Moisés, raconte dans une plainte au pénal contre ENEL et ERPD comment le 18 février 2018 il a été victime d'une agression à la machette, dans son village, sur le chantier du parc de Windpeshi. Selon sa fille Elba, les pressions exercées par les entreprises pour obtenir les permis sont responsables d'une "tragédie" familiale aux allures de telenovelas. Les deux entreprises auraient offert des "richesses" au frère cadet de Moisés pour tenter de le convaincre. La rivalité a dégénéré en violences intrafamiliales : un neveu de la famille a été tué, Moisés a dû s'enfuir de chez lui avec sa famille. A son retour, son cadet l'avait supplanté en tant qu'autorité indigène, autorisant les travaux de construction. La famille est depuis lors retournée à Wimpedshi et a démarré une nouvelle exploitation. Mais les menaces ont continué, l'un des fils affirmant même avoir été attaqué par balles par des agresseurs "portant des uniformes d'ENEL Green Power". Consultée par l'AFP, ENEL affirme qu'"en aucun cas des travailleurs de l'entreprise n'ont attenté à la vie d'un membre de la communauté Wayuu" et que la terre des Jusayu "ne fait pas partie de la zone d'influence directe" du parc de Windpeshi. EDPR n'a pas répondu à l'AFP.

"Manque de conseils"

Dans l'un des deux parcs de La Guajira exploité depuis début 2022 par ISAGEN, filiale de la société canadienne Brookfield, 14 éoliennes coupent le vent du désert. À quelques mètres de là, la plupart des habitations des Wayuu n'ont pas d'électricité. "On se réveille en regardant nos nouveaux voisins. C'est étrange parce qu'on a toujours grandi entouré de végétation", raconte Luis Iguaran, enseignant à Lanshalia, la seule communauté voisine à disposer de l'électricité. "Les animaux ne peuvent plus paître", regrette-t-il, Indepaz enregistrant une diminution de 50% de la population caprine lors des cinq premiers mois d'exploitation.

Avant d'ériger les éoliennes, la société a mené une "consultation préalable" auprès des communautés locales et accepté de financer des "projets productifs" en échange de l'utilisation des terres pendant 30 ans, explique Mme Barney. Celle de Lanshalia a acté des panneaux solaires et 20.000 litres d'eau potable par mois. Une quantité néanmoins "insuffisante" pour dix familles, selon M. Iguaran. L'entreprise affirme à l'AFP avoir respecté les termes de la consultation, approuvée par l'autorité environnementale locale. Mais le professeur regrette lui d'avoir "manqué de conseils" qui auraient permis de négocier de "meilleures conditions". "Sur le papier, elles semblent généreuses : ENEL offre 1 milliard (de pesos colombiens) par an", soit 220.000 dollars. "Mais il y a 19 communautés et chacune peut compter entre 40 et 80 personnes", déplore-t-elle, ce qui ne fait au minimum que 55.000 pesos par mois (12 dollars) et par personne.

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¿Cómo van las elecciones regionales a seis meses de las urnas?

El Nuevo Siglo, Bogotá

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-08-2023-como-van-las-elecciones-regionales-6-meses-de-ir-las-urnas

8 de abril de 2023   

Las elecciones regionales arrancarán en forma el próximo mes de junio que comenzará con la apertura de la inscripción de candidatos y el consecuente inicio de la campaña. De antemano, ya se han surtido varios procesos para esta cita con la democracia. A continuación, conoce algunos de los pasos que se han dado:

Candidatos por firmas

Un total de 1053 comités compuesta por grupos significativos de ciudadanos, se han inscrito ante la Registraduría Nacional para recoger firmas, con el fin de avalar candidatos o listas en las elecciones regionales de octubre venidero. Según la Misión de Observación Electoral (MOE) se aprecia un incremento en el número en comparación con similares comicios en el 2019. La MOE ha señalado que, como ha sido usual en los últimos procesos de elección, el cargo al cual se presentan con mayor cantidad de grupos significativos de ciudadanos es a las alcaldías municipales. Los grupos inscritos que buscan avalar candidatos a alcaldías concentran el 84,6 % del total, con 891 comités registrados. Para concejo municipal o distrital se han inscrito 76 comités ciudadanos; para gobernación 71; para JAL 12 y para asamblea 3.

Grupos significativos de ciudadanos

Desde el pasado 29 de octubre se abrió la inscripción de cédulas de ciudadanos que cambiaron de distrito o municipio de residencia, después de los comicios presidenciales y legislativos de 2022. Un total de 354 295 personas han cumplido con este trámite hasta el momento. La MOE, que le hace un monitoreo a este proceso, indicó en el más reciente informe que a partir de un análisis estadístico de las tasas de inscripción de cédulas, comparando con todos los municipios o puestos de votación, es posible detectar tanto casos de posible trashumancia, como regiones que requieren de una atención especial por parte de la organización electoral.

A nivel departamental, la MOE destaca casos con altas tasas de inscripción como el Guainía, Vaupés y Meta, las mayores tasas a nivel nacional con 23.12; 22.3 y 21.76 inscritos por cada mil habitantes respectivamente (más de 2.47; 2.39 y 2.33 veces la tasa del nivel nacional respectivamente).

En el ámbito municipal esta ONG encontró un grupo de 12 municipios que tienen la tasa de inscripción más alta de todo el país, encabezados por la Jagua del Pilar, en La Guajira; y Puerto Gaitán en Meta.

Garantías electorales

El Gobierno definió el pasado 17 de marzo el Plan Nacional de Garantías Electorales para octubre, en el marco del Subcomité de Seguridad y Orden Público. El ministro del Interior, Alfonso Prada, indicó que “hemos elaborado líneas de acción permanente, hemos hecho un cronograma que comienza por convocar ya no sólo la Subcomisión de Orden Público, sino la Comisión Nacional de Garantías Electorales que sesionará el próximo 20 de abril en la ciudad de Bogotá, para evaluar las 90 medidas que hemos adoptado como Plan Nacional de Garantías en Colombia”. Por su lado, la Registraduría Nacional del Estado Civil creó su propio sistema de ciberseguridad, con el fin de evitar ataques a las diferentes plataformas digitales que se utilizarán en la preparación y logística de los comicios regionales para la elección de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. "Hemos abierto el nuevo centro de ciberseguridad que funcionará en la entidad. Con él, además, de cuidar los datos biométricos de los colombianos, también blindaremos los procesos electorales del país", explicó el registrador Nacional, Alexander Vega Rocha.

Violencia política

Un recrudecimiento de la violencia política de cara a las elecciones regionales de octubre se ha evidenciado, señaló la MOE en un informe, con corte a 31 de enero de 2023, en comparación con similares comicios del 2019. Desde el pasado 29 de octubre, cuando iniciaron las elecciones con la apertura del proceso de inscripción de cédulas, se registraron un total de 128 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales, siendo Santander, Cauca, Bogotá, Antioquia y Nariño los territorios más afectados. Un total que representa un incremento de 93.3 % en comparación con 2019, en que se registraron 66. Por otro lado, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) indicó que en octubre pasado se aceleró el aumento anual de las muertes por violencia política que se ha venido presentando casi todos los meses. Mientras que, en la pasada cumbre de gobernadores en marzo, los mandatarios advirtieron riesgo para las elecciones regionales por la presencia de grupos armados ilegales. "En voz de los mandatarios locales podrían ubicarnos rápidamente a situaciones tan complejas como las que ocurrían en el año 2002, como fueron la suspensión y aplazamiento de elecciones en los municipios, el constreñimiento al elector y los candidatos y la amenaza contra la vida de todos los ciudadanos”, indicaron los mandatarios.

Sin cambios en la normatividad

Las elecciones regionales de octubre se realizarán con la misma normatividad que las presidenciales y legislativas del 2022, al frustrarse la intención que tenía el Gobierno de que entrara en vigor la reforma política, que como se conoce, la administración Petro tuvo que retirar después de que no alcanzó consensos en el Congreso. Como consecuencia, las iniciativas como la lista cerrada y la lista paritaria quedaron en veremos. No obstante, queda en el Congreso la reforma al Código Electoral, discusión que tiene prevista reiniciar la Comisión Primera del Senado el próximo lunes. Incluso si esta reforma fuera aprobada por el Congreso, está descartado que alcance a ser implementada en las elecciones de octubre, pues por tratarse de una norma estatutaria tiene control automático de la Corte Constitucional.

Consultas interpartidistas

Un total de 24 partidos, de los 33 que cuentan con personería jurídica, manifestaron al Consejo Nacional Electoral su intención de realizar consultas internas o interpartidistas el próximo mes de junio, para escoger candidatos para las debidas elecciones territoriales. Según el calendario electoral publicado por la Registraduría Nacional, las consultas populares o interpartidistas se realizarán el 4 de junio, donde serán seleccionados los candidatos que competirán por los cargos de poder local. El organismo señaló que; “en caso de que se solicite la realización de consultas para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular, los precandidatos podrán inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil del 10 de abril al 4 de mayo de 2023”. Los partidos y movimientos políticos tienen plazo hasta el próximo mayo para ratificar ante el Consejo Nacional Electoral que participarán en las consultas del próximo 4 de junio.

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