La producción de café de Colombia cayó un 6 % en febrero
Agencia Reuters
https://www.msn.com/es-xl/dinero/noticias/producci%C3%B3n-colombiana-de-caf%C3%A9-cae-en-febrero/ar-BB1jnRhT
5 de marzo de 2024
La producción de café de Colombia en febrero pasado fue de 961.000 sacos, una disminución del 6,2 % con respecto a los 1,025 millones registrados en el segundo mes del 2023.
BOGOTÁ.- La producción de café de Colombia, el primer abastecedor mundial de arábigo lavado, bajó un 6,2% interanual en febrero a 961.000 sacos de 60 kilos, informó el martes la Federación Nacional de Cafeteros que no suministró una explicación de la caída. En febrero del 2023 la cosecha de café del país alcanzó 1,02 millones de sacos. La producción del segundo mes superó los 959.000 sacos de enero. Por su parte, las exportaciones colombianas de café en febrero subieron un 12,5% a 1,04 millones de sacos de 60 kilos, con respecto al mismo mes del año previo, cuando se despacharon al exterior 929.000 sacos.
En el primer bimestre la producción colombiana de café acumuló un alza de 1,4% a 1,92 millones de sacos, al tiempo que las exportaciones subieron un 12,5% a 1,98 millones de sacos, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Mientras, en los últimos 12 meses la cosecha de café de Colombia subió un 1,73% a 11,3 millones de sacos y las exportaciones bajaron un 3,1% a 10,8 millones de sacos. Colombia, el tercer productor mundial de café después de Brasil y Vietnam, tiene capacidad para producir anualmente alrededor de 14 millones de sacos. El país sudamericano, conocido por sus cafés suaves y de alta calidad, tiene cultivadas 840.000 hectáreas con cafetales y unas 540.000 familias dependen de esa actividad. La cosecha de café de Colombia subió un 2% en 2023 a 11,3 millones de sacos de 60 kilos, poniendo fin a tres años consecutivos de caídas.
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Incoherencias petroleras en Colombia
Por Beatriz de Majo
El Nacional, Caracas
https://www.elnacional.com/opinion/incoherencias-petroleras/
9 de marzo de 2024
Era normal que el pánico cundiera entre los analistas de la economía colombiana cuando se anunció el desempeño de la estatal petrolera Ecopetrol en el año 2023. Las cifras le quitaban el sueño a cualquiera: una caída de 42% en las utilidades del año 2023 ya decían bastante en cuanto a los resultados financieros de la empresa, pero a ello era preciso agregarle el hecho de que el índice de reposición de reservas se había desplomado de 104% a 48 %.
Y si lo anterior fuera poco, se anunció públicamente que las reservas probadas cayeron 6,79 % entre 2022 y 2023 lo que traería como consecuencia que la vida media de éstas se descalabrara de 8,4 años a 7,9 años. Es decir, las reservas se agotan a un paso mayor al que se pueden reponer. No es posible atribuirle a nada deliberado por parte de quienes gerencian la empresa el que los índices de Ecopetrol se comporten de una manera perniciosa. Por ello no pasó mucho tiempo ante de que el presidente de la estatal saliera a quitarle decibeles a la noticia. “80% de la caída se debe al precio internacional del crudo del que no tenemos control”, fue la explicación de Ricardo Roa. Y además, le atribuyó a los mayores costos operativos de la empresa por la alta inflación del 2023 y al alza de los impuestos que también ocurrieron en el año pasado, el peor desempeño de la empresa.
Pero a los colombianos les resulta cuesta arriba dar por buena la argumentación del presidente de la empresa y recibirla de buena gana. Porque la política que es anunciada por el gobierno en cuanto foro internacional acude el presidente a donde apunta es a una menor relevancia del sector hidrocarburos en la dinámica económica nacional. Gustavo Petro alberga históricamente una inveterada obsesión en el terreno de lo ambiental. En diciembre del año pasado, en la reunión de Co28, al hablar de la manera de enfrentar la crisis climática por parte de Colombia se refirió a la transición energética y, en términos inequívocos, sostuvo que su país ha alcanzado un 70% de su matriz energética limpia. “Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”, aseguró el mandatario.
Ese no es el único foro en el que Petro ha sostenido que Colombia ha “desmantelado el subsidio a la gasolina” y que ello es su manera de contribuir a suspender paulatinamente las energías no renovables. Tampoco es un secreto su apoyo a la iniciativa de prohibición mundial del fracking.
El caso es que su equipo se comporta como si el petróleo fuera un recurso marginal para Colombia. Sería preciso recordar como desde el Ministerio de Hacienda, igualmente, se ha estado proclamando la sustitución de los ingresos nacionales por exportaciones petroleras por la venta externa de producciones agrícolas como aguacates y por el turismo. No es equivocado fortalecer el sector agrícola como un importante aportador a los ingresos externos del país, pero nada es comparable al flujo de recursos que es capaz de proveer la exportación de petróleo. Este rubro alcanza a cerca del 50% de los mismos.
La incoherencia del jefe del Estado data de los momentos de su campaña electoral cuando intentaba convencer a tirio y troyanos que uno de sus grandes aportes al país que deseaba gobernar sería suspender la firma de contratos de exploración de hidrocarburos.
Ecopetrol alimenta al país con impuestos, regalías y dividendos, pero además el petróleo es un pilar en el desarrollo del país. No solo la actividad contribuye a la balanza de pagos y generación de divisas. Genera puestos de trabajo y permite desarrollar proyectos en el área de infraestructura, educación y salud que ninguna otra actividad proporciona. Así las cosas, hoy resulta imposible entender —y lo mismo debe ocurrirle tanto al ministro de Minas y Energía así como a las altas esferas de Ecopetrol— hacia cuál derrotero el presidente está guiando a Colombia en este importante segmento de su actividad económica, ni el alcance interno de esa “transición energética lejos de los combustibles fósiles” que el Presidente preconiza.
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Preocupado Petro por potencial fraude en software y censo electoral
IFM Noticias, Medellín
https://ifmnoticias.com/preocupacion-de-petro-por-potencial-fraude-en-software-y-censo-electoral/
7 de marzo de 2024
La frase popular suele decir que “el ladrón juzga por su condición”, al menos esta se podría aplicar a la serie de suspicacias que desde las redes sociales y otros escenarios políticos se dan por cuenta de la repentina preocupación del presidente Gustavo Petro por la base de datos del censo electoral que se tiene en la Registraduría Nacional del Estado Civil y los accesos a que a él puede tener por parte de empresas que hacen pasaportes.
Las repentinas dudas que surgen a un año y medio de las elecciones legislativas han llevado a que desde diferentes sectores políticos y sociales se pregunten ¿qué tanto sabe Gustavo Petro de fraudes en su campaña para elegirse presidente y que ahora teme que esas mismas bases de datos le puedan afectar en futuras elecciones?
Desde su cuenta de X, Carlos Felipe Mejía se preguntó, el 7 de marzo, sobre el tamaño del fraude electoral que habría llevado al presidente Petro al poder, teniendo en cuenta su conocimiento del software del que dice, el mandatario, es manipulable. “¿Si el software de la Registraduría es manipulable, entonces de qué tamaño fue el fraude en la última elección presidencial? Curiosa afirmación viniendo de quien pudo ser el último beneficiario”.
Pero las preguntas van más allá y están dirigidas a tratar de entender ¿cuál es el verdadero interés de Petro, de crear sombras y dudas sobre la confiabilidad del censo electoral en Colombia? IFM Noticias consultó a dos expertos en temas electorales que pasan de la respuesta obvia de tratar de ir a construyendo una retórica que pueda llevar a justificar un potencial fracaso del Pacto Histórico en las próximas elecciones de Congreso, ante la contundente muestra de rechazo en el país a las políticas que adelanta el petrismo y que lo llevaría a perder las mayorías en el Legislativo. Los expertos consideran que la verdadera motivación que tiene Petro es justificar con esto, “medidas que, desde el gobierno nacional, dé excusa a decretos en los que la base de datos y el software de la Registraduría pasen al control de un ente gubernamental y no estatal, en donde sea Petro y los suyos en el Gobierno, quienes lo puedan controlar.”
Recuerdan que no es la primera vez que el presidente hace una alusión al tema y que desde hace unas semanas, aprovechando la licitación y el escándalo del contrato con Tomás Greg & Son en la Cancillería para hacer los pasaportes, planteó que estas empresas pueden acceder al software y eventualmente hacer cable en el censo electoral, lo que llevó a la propia Registraduría a desmentir al mandatario recordándole que el control es absoluto por parte de la entidad estatal y que quién lo hace son externos que sólo solicitan verificación de datos a través de un serio protocolo que no les da acceso ni posibilidad de cambios o modificaciones.
Otro de los expertos consultados recordó que, precisamente en el mismo tema del escándalo de la Cancillería, ya el presidente había manifestado la intención de que fuera la Imprenta Nacional, entidad del Gobierno, la que se encargará de imprimir documentos como cédulas y pasaportes, entre otros, pidiendo que fuera esa misma entidad la que controlará el software y la base de datos.
Los expertos coinciden en la inconveniencia en que sea el presidente y sus delegados del gobierno, los encargados de controlar y administrar la base de datos y el Software electoral. Indican que ese control puede llevar a lo que viene ocurriendo en Venezuela haciendo mucho más vulnerable cualquier proceso de fraude, modificación o cambio tanto en la base de datos del censo como de conteo de votos. Señalan además que esta retórica presidencial compagina con aquellos anuncios reiterados que mantienen vivo el fantasma de la falta de tiempo que necesita este gobierno para llevar a cabo los cambios que se propone, avivando la idea de la necesidad de mantenerse en el poder por cuatro años más.
Los expertos acuden a la memoria para recordar, desde los tiempos de campaña, todas las veces que se ha dicho por parte de diferentes personas del Pacto Histórico, la necesidad de la permanencia en el tiempo del proyecto político petrista en el poder y enfatizan que justo hoy son congresistas y funcionarios, entre ellos, la vicepresidente Francia Márquez y el propio presidente Gustavo Petro sin contar a ministros y otra gama de funcionarios que no desaprovechan la oportunidad para ir alimentando esta idea. Es más, hoy mismo lo volvió a repetir.
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¿Petro quiere elecciones a la venezolana?
Diario Occidente, Cali
Editorial
https://occidente.co/opinion/editorial/petro-quiere-elecciones-a-la-venezolana/
4 de marzo de 2024
El “sistema electoral” de Venezuela ha sido utilizado para perpetuar una dictadura.
En días recientes, el presidente Gustavo Petro cuestionó el sistema electoral colombiano y acusó a la firma Thomas Greg & Sons de supuestamente ejercer control sobre las elecciones y de estar en capacidad de cometer un fraude monumental. Sin embargo, no presentó pruebas o sustento alguno.
Más allá de los ataques del mandatario contra esta firma, a la cual la Cancillería adjudicó oficialmente el contrato de expedición de pasaportes, preocupa el concepto que tiene el mandatario sobre lo que debe ser un sistema electoral, pues dijo que el de Venezuela es mejor que el de Colombia. Ante semejante despropósito, es esencial recordar que Colombia, a pesar de sus retos, ha mantenido un sistema electoral donde la oposición ha participado, sus votos se han contado y sus triunfos han sido reconocidos, y el mejor ejemplo de ello es el propio Gustavo Petro, elegido en repetidas ocasiones como congresista, alcalde y presidente, lo que contrasta de manera drástica con Venezuela, donde la candidata de oposición más fuerte, María Corina Machado, fue descalificada y se le prohibió participar en elecciones libres.
En procesos electorales anteriores, Leopoldo López, considerado en su momento el candidato más fuerte para derrotar a Nicolás Maduro en las urnas, fue encarcelado. ¿Ese es el sistema que el mandatario colombiano tiene como referente? La realidad venezolana es la de una dictadura, y el presidente Petro no puede pasar por alto este hecho, por más afinidad ideológica que tenga con el chavismo. Mantener relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen de Nicolás Maduro no debe confundirse con ser su defensor. En este contexto, cabe preguntarse si Gustavo Petro realmente desea implementar en Colombia un “sistema electoral” como el venezolano, donde la oposición es marginada y las elecciones libres son una mera ilusión.
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Seguridad: ¿Para dónde vamos?
Por José Félix Lafaurie Rivera
Contexto Ganadero, Bogotá
https://www.contextoganadero.com/columna/seguridad-para-donde-vamos
8 de marzo de 2024
Esa fue la pregunta de Yamid Amat en una reciente entrevista sobre el Reporte Anual sobre Estrategias para el Control Internacional de los Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU., y sobre nuestra propuesta de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz. Mi respuesta, ante el preocupante escenario actual de violencia, fue casi automática: “Con este informe, no sabemos para dónde vamos”.
La pregunta no se entiende sin cifras. Según la medición conservadora del Sistema de la ONU, el SIMCI, en 2020 Colombia tenía 143.000 hectáreas de coca, 204.000 en 2021 y 230.000 en 2022. Aún no hay cifras de 2023, pero tampoco señales del quiebre de la tendencia incremental. ¿Dónde estamos entonces? En medio de una ola de violencia generada por grupos armados ilegales de toda laya, sometiendo a la población y enfrentados por el control territorial para proteger el narcotráfico y sus rentas ilícitas derivadas.
La semana anterior señalé la advertencia del Informe de Derechos Humanos de la ONU, sobre la pérdida de gobernabilidad derivada del control de los bandidos en los territorios, y esta semana se recibió el Reporte Anual sobre Control de Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU, que apela, como el de la ONU, a un lenguaje diplomático a dos bandas, con el reconocimiento a las políticas del Gobierno, pero también un duro cuestionamiento a sus resultados.
En efecto, el Reporte reconoce aumentos en interdicción y destrucción de laboratorios, y resalta el enfoque y objetivos de la actual política antidrogas, que apunta a reorientar hacia actividades lícitas a 50.000 pequeños productores de coca, para reducir así 90.000 hectáreas para 2026. Sin embargo, el Departamento de Estado señala aspectos negativos sustanciales, comenzando por el aumento continuado de los cultivos y la necesidad, para detener esa tendencia, de fortalecer la seguridad y emprender políticas sostenidas de desarrollo rural, planteamiento que coincide con nuestra consigna de que “La paz pasa por la recuperación del campo”.
Adicionalmente, señala que el Gobierno menospreció la erradicación forzosa, lo cual generó una caída del 70%, con apenas 20.000 hectáreas en 2023; y de contera, agrega que no hay claridad en los recursos para la política de drogas, ni un mecanismo de coordinación de alto nivel para su implementación, sobre todo en territorios con débil presencia institucional.
Entonces…, ¿qué hacer?
En principio, la responsabilidad de garantizar la seguridad es del Estado, pero es también un derecho y un deber ciudadano participar en nuestra propia seguridad, premisa en la que se inscriben los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, sobre los cuales insisto: no son una novedad, pues ya existen más de 33.000 en todo el país como parte de una política de vieja data de la Policía Nacional. No son la resurrección de las Convivir, pues respetan el monopolio de las armas en cabeza del Estado y se basan en la colaboración pacífica con las autoridades, a partir de tecnologías de información y comunicaciones. No se limitan a una colaboración esporádica con la Fuerza Pública, sino a la articulación cercana con las autoridades locales civiles y militares, es decir, también con el alcalde, el personero, el fiscal y el juez. No son solamente de ganaderos, sino ojalá de todos los sectores agropecuarios y actividades rurales: comercio, transporte, vecindad veredal, etc., razón por la que presenté la iniciativa al Consejo Gremial Nacional.
Y finalmente, son un asunto de igualdad. Si los Frentes de Seguridad urbanos son calificados de legítima colaboración con las autoridades, ¿por qué los rurales son tildados de paramilitarismo? Solo cuando Colombia abandone la estigmatización y los odios infundados, podrá avanzar en el camino hacia la paz.
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Petro, Boric y Lula acusados en el Congreso de EEUU de antisemitismo
Por Gabriela Moreno
Panam Post, Miami
https://panampost.com/gabriela-moreno/2024/03/08/boric-petro-y-lula-antisemitismo-congreso-eeuu/
8 de marzo de 2024
Los mandatarios de Chile, Brasil y Colombia estarían propagando el antisemitismo en América Latina con sus constantes ataques a Israel, según se manifestó en el Congreso de EEUU.
Los presidentes Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil serían los responsables de una “explosión” de antisemitismo en América Latina con los constantes reproches a Israel por su contraofensiva en Gaza tras los ataques del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre. Sin ningún rodeo se planteó de esta manera en el subcomité del hemisferio occidental, perteneciente al comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en Estados Unidos.
La conclusión es parte del debate de la última sección de este subcomité del Legislativo estadounidense sobre el aumento del antisemitismo en Latinoamérica tras las respuestas de los tres gobiernos izquierdistas. El subcomité del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró este jueves una sesión titulada "Los agentes del antisemitismo en América Latina" en la que se aludió directamente a los presidentes de Colombia, Chile y Brasil.
La representante María Elvira Salazar lamentó que desde el 7 de octubre se esté registrando una "explosión de antisemitismo" en la región. En su intervención, la presidente del subcomité, la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, destacó que en el marco del antisemitismo en América Latina, Brasil registra 1.000 % de aumento de ataques antisemitas en los últimos meses. De hecho, las últimas redadas policiales en contra de grupos neonazis se han realizado en diez estados, entre ellos se incluyó al llamado Nueva SS de Santa Catarina, que usaba impresoras 3D para fabricar pistolas.
Toda esta reacción por parte de gobiernos de izquierda en la región, liderada por Boric, Lula y Petro tras la contraofensiva israelí llevó a la congresista a afirmar que desde el 7 de octubre pasado se ha registrado una “explosión de antisemitismo en América Latina”. En los tres casos hay hechos que validan su aseveración.
Boric contra Israel: una aversión de larga data
En el caso del presidente chileno Gabriel Boric, sus cargos contra Israel contradicen su promesa de construir una sociedad más inclusiva, solidaria y respetuosa, cuando desde su despachó ordenó excluir a empresas de este país de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024. La instrucción fue dada porque acusa a Israel de “violar sistemáticamente el derecho internacional”, por lo cual, Boric rechaza su participación en la vitrina de innovación tecnológica que organizará la Fuerza Aérea de Chile el 9 de abril al costado norte del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago.
“Es lamentable. Es difícil decir que es una sorpresa”, afirmó el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli. La medida era previsible. Boric denigra a Israel desde antes de llegar a la Presidencia. En su rol como diputado en 2019 rechazó recibir el tradicional obsequio judío –un frasco de miel– en el Rosh Hashana (el año nuevo judío y una de las festividades más importantes del calendario hebreo), optando por exigir que “se devuelva el territorio palestino ilegalmente ocupado”. Esta vez, su decisión como jefe de Estado podría ser revertida por la justicia porque nueve empresas israelíes presentaron un recurso de protección en contra del gobierno chileno ante la Corte de Apelaciones de Santiago por discriminación arbitraria.
Petro y su silencio cómplice con Hamás
La posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el conflicto palestino-israelí es clara. No solo está abiertamente a favor de Palestina, sino que además se ha convertido en un referente occidental para los terroristas de Hamás. La reciente emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que exige a Israel “tomar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de un genocidio” sirvió al mandatario para manifestar una vez más su respaldo a la causa palestina sin condenar a Hamás. “Triunfo de la humanidad: Israel debe impedir el genocidio”, expresó el jefe de Estado colombiano en la red social X sumando otro capítulo a su largo historial de desencuentros con el Estado judío.
Tanto Boric como Petro llamaron en noviembre a consulta a sus embajadores en Israel. La medida diplomática tomada en simultáneo en la Casa de Nariño y el Palacio de La Moneda fue bien recibida por parte de Hamás, que no escatimó en elogios hacia ambos mandatarios latinoamericanos. “Son posiciones honorables que quedarán inmortalizadas”, indicó el grupo terrorista en un comunicado en el que, como era de esperarse, hizo a un lado el impacto de su incursión sorpresa en suelo israelí con la cual causó 1400 muertes y secuestró a 229 personas. Estados Unidos monitorea el panorama. La discusión en la Cámara baja lo evidencia.
Los delirios nazis de Lula
El desprecio de Lula da Silva por Israel es delirante. El mandatario brasileño ha incentivado el antisemitismo en América Latina al comparar las acciones defensivas del Estado judío contra los terroristas de Hamás con las atrocidades cometidas por Hitler durante el Holocausto. “Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos”, dijo Lula en una reciente intervención. Con ello, expuso su desconocimiento y evadió la realidad del conflicto actual: extremistas islámicos atacaron a inocentes sólo por ser judíos como lo hizo el régimen de Hitler en Europa. Sin embargo, el desatino de Lula cae bien en las filas de Hamás. La organización se “congratuló” en un comunicado por sus declaraciones al indicar que son “una descripción exacta de lo que sufre su pueblo” en Gaza que revelan “la magnitud del crimen” cometido por Israel “con el apoyo abierto de la administración de Joe Biden”. En el gobierno israelí –como era de esperarse– abundaron los cuestionamientos. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó los comentarios como “vergonzosos y graves”, afirmando que constituyen una “trivialización del Holocausto”. En ese sentido, sostuvo que “la comparación entre Israel y el Holocausto de los nazis y Hitler supone cruzar una línea roja” porque Israel está “luchando para defenderse”.
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