¡Todos a marchar este 6 de marzo contra Petro!

5. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín remite 83 denuncias ante la Fiscalía, 262 a la Procuraduría y 156 a la Contraloría, contra Daniel Quintero

6. ¿La punta del iceberg? Los detalles de los 9 casos de presunta corrupción en el gobierno de Quintero

7. “Fico” Gutiérrez denuncia 500 casos de corrupción en alcaldía de Quintero.

8. Las 9 denuncias de “Fico” que dejan mal parado a Daniel Quintero

9. El rastro de Luis Pérez en el megalote que alcaldía de Quintero avaluó y Fico denunció

10. Tribunal Administrativo de Antioquia definirá nulidad de la elección de Juan Carlos Upegui

11. Comentarios e informaciones en X sobre atraco quinterista a Medellín

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1. ¿Quiénes son los contratistas y funcionarios salpicados en la auditoría forense de Federico Gutiérrez?

Particulares y servidores están inmersos en los presuntos casos de corrupción mencionados por el mandatario de Medellín este lunes durante su denuncia pública.

El alcalde Federico Gutiérrez cumplió una de sus promesas de gobierno: revelar cuáles son los casos de corrupción que habría cometido el alcalde Daniel Quintero y su equipo.

A raíz de las declaraciones dadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre los nueve hallazgos más llamativos de los 501 hechos en la auditoría forense que su administración hizo a la saliente, varios nombres de empresarios y entidades salpicadas en ellos han comenzado a salir a flote.

En el primer caso que hablaba sobre las irregularidades en el contrato de los “Computadores Futuro”, aparece el nombre de Luis Andrés Rey Méndez, representante de la firma Nueva Era Soluciones S.A.S. que se quedó con el contrato de más de $80.000 millones para la entrega de los equipos de cómputo del programa de Quintero.

Según quedó plasmado en los documentos del contrato que recogió EL COLOMBIANO en su tiempo, la oferta más económica presentada para la subasta inversa por $80.000 millones para la entrega de computadores futuro se la había ganado inicialmente la empresa por Colsof S.A.S., que aseguró estar en capacidad de vender a la Alcaldía cada computador por un valor de $1.087.386. En segunda posición quedó Nueva Era Soluciones S.A.S., que ofertó un valor unitario de $1.098.370.

Como el precio de Colsoft le causaba dudas al Distrito en ese entonces, este le pidió que explicara como haría para obtener un precio tan bajo. Sin embargo, pese a las explicaciones dadas por Colsoft estas supuestamente no convencieron a la Secretaría de Suministros, en ese entonces bajo el mando de la quinterista Karen Bibiana Delgado, por lo que fue sacada del proceso, dejándole el camino libre a Nueva Era Soluciones S.A.S.

A esta también se le pidió explicación del bajo precio ofertado, y aunque en la resolución de adjudicación la Secretaría de Suministros plasmó haber recibido respuesta el 2 de septiembre y consideró que todo estaba en regla, más de dos años después esa sustentación clave desapareció de los expedientes del contrato.

En medio de las pesquisas que hoy vienen realizándose, dicho documento es crucial, dado que muy poco tiempo después de adjudicado el contrato empezaron los problemas que terminaron elevando el valor del contrato y los plazos, pues el 3 de septiembre de 2021, la Secretaría de Suministros y Servicios adjudicó el contrato a Nueva Era Soluciones (NES), por un valor de $80.0000 millones y un valor unitario de $1.098.370, pero la Alcaldía luego efectuó una adición de $32.000 millones y luego una más por $6.365 millones, cifras que se traducen en un incremento del valor original de al menos un 42,57%.

Otro caso que explicó Gutiérrez es que la alcaldía de Quintero compró una funeraria por $5.182 millones. En la notaría pública de la venta se indicó que “será destinada al proyecto de infraestructura educativa Jardín Infantil Buen Comienzo”.

El predio en cuestión fue comprado a la funeraria La Esperanza y está ubicado en la conocida carrera Juan del Corral del barrio Jesús Nazareno, en el Centro de la ciudad.
El costo de esta nueva sede de Buen Comienzo llamada proyecto Juan del Corral, ascendería a los $12.476 millones porque incluye también otros $7.315 millones de costos de obra e interventoría, un valor según la nueva administración muy elevado para un solo jardín infantil que está proyectado para atender a casi 300 niños en un sector donde la demanda, con base en datos del Dane, podría ser de unos 50 menores de edad.

A esto hay que sumar las dificultades para obtener una licencia de construcción individual en vista de que este lugar está ubicado en zona de influencia del Plan Parcial Jesús Nazareno, lo que pone unos requisitos diferentes en esta materia.

Otra polémica que tocó Gutiérrez es la del polémico lote de la finca Aguas Vivas, un terreno inmenso ubicado entre El Poblado y Las Palmas, con una extensión de 147.000 m2. Este había sido traspasado por sus dueños -la empresa IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y el particular Juan Manuel Villegas- al Municipio en calidad de compensación urbanística.
Al final, registraron la tierra a nombre del Municipio a principios de mayo de 2020, pero curiosamente eso coincidió con dos cosas: que el terreno fuera calificado en el Plan de Desarrollo, a pesar de sus limitaciones geológicas, como el más pertinente para instalar allí el Valle del Software, y que comenzara a barajarse la posibilidad de que la Alcaldía de Quintero firmara una conciliación para pagarles a los expropietarios de Aguas Vivas más de $40.000 millones.
Es importante aclarar que detrás de IDC ha estado Felipe Agudelo, reconocido como gran amigo de Luis Pérez y participante en sus campañas, y que en ese momento el secretario de Gestión y Control Territorial era Carlos Mario Montoya, quien ha sido ficha burocrática de Pérez.
Tras las denuncias de EL COLOMBIANO, el negocio se cayó, aun así, Fabio Andrés García, subsecretario de Ejecución Contractual y después secretario General de la Alcaldía, firmó la resolución 202250110923 mediante la cual ordenaba anular la escritura y devolverle la tierra a IDC, y Villegas. Cabe anotar que IDC ha estado detrás de la problemática reconstrucción de la Biblioteca España y sus consabidos retrasos.

Sobre el escándalo del mantenimiento de las zonas verdes cabe recordar que el contrato le fue arrebatado al Jardín Botánico y entregado por la Alcaldía de Quintero a Metroparques —entidad que nunca sembró una flor, porque no es su vocación—. Con la venia del alcalde, esta entidad a su vez subcontrató el servicio por $3.900 millones con la Reforestadora El Líbano por medio de una convocatoria directa en la que también participaron Construgeo SAS y MasCampo, es decir otras dos compañías de la misma familia: los Vélez Henao, ya que en los registros mercantiles aparecen los nombres de la esposa, la cuñada y los hijos del dirigente liberal de Andes, Asdrúbal Vélez.
El hijo de Vélez se llama Steven y hace parte del equipo político del diputado liberal Luis Carlos Ochoa, un aliado de Daniel Quintero en su campaña a la Alcaldía, por lo que la contratación de El Líbano carga un tufillo de pago burocrático al apoyo que los Vélez le dieron a Quintero.

Frente al asunto del peculiar contrato con el que la Alcaldía pretendía pagar a $98 pesos cada kilo de las 20.000 toneladas de chatarra de los carros que hay en patios de la Secretaría de Movilidad, cuando en el mercado cada kilo vale más de $1.200 (con lo que se perderían cerca de $30.000 millones) vale la pena hacer memoria. Cabe recordar que la vencedora de este proceso fue la Unión Temporal RYM, conformada por las empresas Recicladora Naranjo (en cabeza del señor Rafael Naranjo) y HAQ Steels PVT S.A.S.
Según se ha documentado, el negocio podría estar direccionado para que la subasta se la ganara el oferente mencionado. Por ejemplo, se exigió en el contrato que la empresa a ejecutarlo debía tener una Prensa Cizalla de Gancho Móvil Ampliroll, una máquina muy específica con la que solo contaba la firma que a la postre ganó el proceso.
Por estos hechos, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero enfrenta una investigación en su contra desde la Procuraduría General de la Nación quien también investiga a Karen Delgado, exsecretaria de Suministros y el exsubsecretario de Seguridad Vial y Control, Carlos Marín para saber si los tres habrían incurrido en irregularidades en la firma del contrato de chatarrización de vehículos.

Finalmente, frente al tema del direccionamiento de los recursos de Presupuesto Participativo a otros asuntos, incluso electorales, cabe recordar que en su tiempo, el concejal Alfredo Ramos denunció que por lo menos 97 consejeros de planeación –que son los que deciden la asignación de recursos en las comunas– eran a la vez contratistas del Municipio.
Este vínculo contractual pone en duda la independencia a la hora de votar proyectos que incluso terminan correspondiendo con apoyos políticos. Por ejemplo, en el Presupuesto Participativo se votaron muchos proyectos deportivos, creando un paquete de miles de millones de pesos por lo que el Inder debía celebrar un convenio global con Metroparques para que este manejara ese monto, pero contratando directamente con un operador, quien a su vez subcontrata en cada comuna dándoles pequeñas tajadas a los líderes.
Una muestra de esto es la empresa Asercomunitaria que se consolidó como la mayor firma contratista para operar eventos comunitarios, con contratos por casi $510 millones en la alcaldía de Quintero. Su cabeza es Alexis Castrillón, un consejero que a la vez ha presidido la Asocomunal comuna 6 y la junta de acción comunal de San Martín de Porres. Pero, adicionalmente, su hija Julieth representa a la Asociación para el Desarrollo La Casa de Todos y Asodecinco, que ha tenido contratos de presupuesto participativo a través de Telemedellín y Plaza Mayor por $329 millones. Y su hermana Ketsy Alexandra ha suscrito contratos con el Colegio Mayor.

Además, el Presupuesto Participativo se habría convertido en la caja menor para mantener la maquinaria electoral engrasada durante los comicios de octubre y de las presidenciales de 2022, según las conveniencias de Quintero. La sospecha la aumentó la suspicacia generada por las actuaciones del en ese entonces secretario de Participación Ciudadana, Juan Pablo Ramírez, que pasó a apoyar la campaña del petrismo en Medellín.

Según le dijo a EL COLOMBIANO, un líder “Estos señores (de la administración municipal) tienen amarrados a los presidentes de acción comunal, que son los ‘mochileros’ (personas que reclutan votantes)”.

Según el mandatario de los medellinenses, de los 501 hallazgos e irregularidades que fueron puestas en conocimiento de los órganos de control, 262 ya se hallan en manos de la Procuraduría y la Personería Distrital, 156 en la Contraloría General de la República y en la de Medellín, así como 83 en la Fiscalía General de la Nación

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 04 de marzo de 2024.

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2. Medellín está indignada: 501 hallazgos en auditoría forense contra la administración de Quintero

Hace algunos minutos el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló en una rueda de prensa oficial los resultados sobre los hallazgos encontrados en la auditoría forense que se le realizó a la administración de Daniel Quintero.

Lo anterior corresponde a aquellos procesos en diversas entidades en las que se encontraron presuntos de corrupción.

Más de 500 hallazgos están hoy en día en conocimiento de los organismos de control, los cuales quedarán a disposición de ellos para que así se tomen las decisiones que lleven a los procesos que corresponden.

Gutiérrez agradeció a las veedurías, los medios de comunicación, los funcionarios, los testigos y la ciudadanía activa que con sus denuncias ayudaron a evidenciar los hallazgos y a proteger la ciudad.

Es importante destacar que, actualmente faltan algunas pruebas de unas entidades, por lo que la suma de hallazgos podría aumentar de manera considerable.

El Alcalde afirmó que: “son 501 hallazgos que en dos meses hemos investigado e indagado, al tiempo que gobernamos y ponemos en orden la casa. Porque la recibimos incinerada, vandalizada y saqueada. Son 501 hallazgos sólo al día de hoy. Y los folios solo corresponden a las pruebas de algunas de ellos. Todavía no están EPM, Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, Hospital General, Hospital Concejo de Medellín, ni muchas otras que presentan también graves irregularidades”.

Además de lo que ya se conocía de acuerdo a los resultados del empalme que había revelado Gutiérrez algunos meses atrás, se conocieron algunos adicionales que hoy tienen a la ciudad de la Eterna Primavera indignada; tales como: Clínica de la 80 que se hizo con SaludCoop, cuestionan la compra del predio en donde había una funeraria para la construcción de un jardín infantil de Buen Comienzo y señalan que Presupuesto Participativo funcionó como un ‘carrusel de la contratación’.

Gutiérrez indicó que: “en la mayoría nos constituimos como víctimas desde la Alcaldía, lo que nos permitirá asistir a las audiencias, ser notificados de todas las actuaciones, y eventualmente ser indemnizados por perjuicios”.

Computadores Futuro es sin duda alguno El hecho más grave, resaltando el hallazgo de una presunta adjudicación fraudulenta del contrato, del cual subrayó que tuvo sobrecostos y retrasos. El contrato inicial se adjudicó por un valor de $80.000 millones. Sin embargo, tuvo 6 modificaciones y terminó costando $118.000 millones, es decir $38.000 millones más. Según el informe, los equipos entregados no cumplían con las especificaciones técnicas contratadas, por ejemplo, se hallaron equipos sin sistema de ventilación. Además, más de 9.000 computadores fueron entregados bajo la modalidad de incentivo, lo cual no está permitido, ya que la Constitución Nacional prohíbe las donaciones a particulares por parte de entidades públicas. La gravedad de los hallazgos es tal, que incluso el alcalde denunció que uno de los Computadores Futuro fue encontrado en una casa de empeño de la ciudad.

Por otro lado, el manejo de recursos de Presupuesto Participativo también tiene las alarmas prendidas: “se evidenció un presunto ‘carrusel de la contratación’ en el que se direccionaron los recursos de Presupuesto Participativo para favorecer a 18 corporaciones, soportado en correos electrónicos y testigos, a través de códigos internos que identificaban las corporaciones con las que Plaza Mayor debía contratar, lo cual está prohibido por la ley”, dijo Federico Gutiérrez.

Con relación a la Clínica de la 80, Gutiérrez indicó que al parecer hubo un presunto detrimento patrimonial y fue un negocio mal hecho que dejó pérdidas millonarias. Según comentó, parece ser que la Alcaldía del momento firmó un contrato de comodato con la clínica SaludCoop de la 80 y posteriormente hizo adecuaciones en infraestructura física por un valor cercano a los $24.000 millones. Posteriormente, SaludCoop solicitó la devolución de la clínica. Además, la Alcaldía firmó un contrato para vender las adecuaciones a un privado por $12.000 millones, y ese valor fue inferior al 50 % de los recursos públicos invertidos, con el agravante de que los pagos serían a 36 cuotas.

Buen Comienzo es otra de las entidades que hoy tiene partido el corazón de los medellinenses, pues los niños son lo más preciado que tiene la ciudad. El Alcalde Federico Gutiérrez señaló que, de manera arbitraria y sin evaluar la pertinencia, se adquirió un predio donde operaba una funeraria en el barrio Juan del Corral por valor de $5.182 millones, el cual no es apto para la construcción y funcionamiento de un jardín infantil, conforme con los usos del suelo, con el agravante de que se requirieron, adicional, más de $7.315 millones para su puesta en funcionamiento.

Esto no termina aquí, los resultados mostraron que el Parque de Las Aguas, con recursos públicos del Área Metropolitana, a través de Metroparques, se firmaron contratos para el mantenimiento, cercanos a los $22.000 millones, donde se evidencia un presunto ‘carrusel de contratistas’ sin la experiencia e idoneidad. Además, también se encontraron hallazgos de contratación de empresas del sector textil para el mantenimiento del parque.

Con base a lo anterior, la Administración Distrital ha colaborado con la Fiscalía para determinar la posible utilización de documentos falsos.

Asimismo, Gutiérrez afirmó que: “queremos ser muy responsables con algo, y es calcular el daño al Distrito. No nos corresponde a nosotros cuantificarlo. En todos estos casos estamos constituyéndonos como parte y como víctimas, lo que nos permitirá seguir aportando elementos probatorios y reclamar el daño causado a nuestro patrimonio”.

Finalmente, el mandatario de los medellinenses concluyó diciendo que: “queremos dejar un precedente: esto no puede volver a pasar”.

https://ifmnoticias.com/, Medellín, 04 de marzo de 2024.

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3. Federico Gutiérrez denunció 501 hallazgos por supuesta corrupción en la Alcaldía de Daniel Quintero

El actual alcalde de Medellín reveló los resultados de la auditoría forense realizada a la Administración de Quintero.

Fueron 501 hallazgos, que ya están en conocimiento de las autoridades, los encontrados en 2 meses de auditoría forense de la nueva Alcaldía de Medellín sobre la pasada administración de Daniel Quintero.

El alcalde, Federico Gutiérrez, entregó el balance del estudio hecho a las denuncias de EPM y otras empresas públicas de la capital antioqueña con presuntas irregularidades tras el fin del anterior mandato.

De acuerdo con Gutiérrez, la Alcaldía espera constituirse como víctima para poder estar presente en las audiencias del caso y recibir una indemnización por los perjuicios que puedan ser determinados por los entes de control.

Hallazgos de supuesta corrupción en Medellín

Uno de los hallazgos presentados por el alcalde tiene que ver con la entrega de computadores en colegios efectuada por la Administración de Daniel Quintero. La auditoría arrojó que este programa habría estado trazado por irregularidades como la supuesta celebración indebida de contrato, favorecimiento a una empresa oferente, peculado en favor a terceros y sobrecostos por cerca de $38.000 millones.

Al parecer, el contrato fue adjudicado por fuera de las normas contractuales, pues no se evidenció una justificación del precio total, ni de los cambios efectuados al convenio.

Gutiérrez reveló que el presupuesto participativo también habría sido blanco de corrupción. Según dijo, durante la Alcaldía de Quintero se presentaron supuestas suplantaciones a ciudadanos en las votaciones virtuales, así como la utilización de datos personales para direccionar recursos hacia programas específicos.

Supuesto "carrusel de la contratación" en Medellín

El alcalde también denunció un supuesto "carrusel de la contratación en el que se habrían direccionado los recursos del presupuesto participativo para favorecer, por lo menos, a 18 corporaciones". Sobre esto, reveló códigos internos que usarían para verificar a las empresas que se debían contratar.

Según esto, solo en 2023 se adjudicaron contratos por un valor superior a los $25.000 millones a los operadores identificados con los códigos internos usados por directivos desde correos de Gmail.

A estas denuncias, se suman elementos que involucran a entidades como la Secretaría de Participación, Plaza Mayor e Inder, sobre supuesta desviación de fondos para la financiación de campañas políticas a la Alcaldía de Medellín, lo cual fue denunciado a través de la línea ética de Plaza Mayor.

Sobre la Clínica de la 80, la actual Administración también encontró irregularidades que tienen que ver un contrato firmado con SaludCoop, que estaría inhabilitada para firmar con el Estado; y otro para realizar adecuaciones a la infraestructura, el cual no fue aprobado por el Comité de Conciliación de la Alcaldía.

Otro de los puntos clave del informe forense tiene que ver con el programa Buen Comienzo, que hoy tiene imputaciones por sobrecostos. Al parecer, la Alcaldía habría adquirido un predio donde operaba una funeraria por más de $5.000 millones, que no sería apto para el funcionamiento del hogar infantil que estaba estipulado en el plan.

El negocio para el lote Aguas Vivas también fue expuesto por la Alcaldía, debido a que su costo pasó de los $2.711 millones a los $48.234 millones. En este punto, el informe reveló que la Administración de Quintero habría ordenado avalúos innecesarios para demostrar un aumento del valor catastral que favorecería al particular que vendió el lote a quien le fue devuelto meses después con una valorización del 1.000%.

Los elementos correspondientes a estos hallazgos fueron entregados a los entes de control para su total esclarecimiento.

https://www.noticiasrcn.com/, Bogotá, 04 de marzo de 2024.

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4. "501 hallazgos e irregularidades en conocimiento de los entes de control." en YouTube

https://www.youtube.com/live/xwW13o433v8?si=POaGxkWuugMeLGAD

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5. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín remite 83 denuncias ante la Fiscalía, 262 a la Procuraduría y 156 a la Contraloría, contra Daniel Quintero

Barranquilla, 4 de marzo de 2024.- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó un informe sobre los miles de hallazgos de corrupción que arrojó una auditoria forense realizada a la gestión del exalcalde de la extrema izquierda Daniel Quintero, durante dos meses por la actual administración de Federico Gutiérrez, quien con estos hallazgos confirmó 10 que se venia denunciando, que Quintero, había utilizado los dinero público de los medellinenses para financiar campañas políticas, celebración irregular de contratos y desvío de fondos para pagar favores a través de contratación masiva, fueron algunas de las 501 denuncias presentadas por los actos de corrupción que se encontraron durante el periodo en el que Daniel Quintero Calle fue alcalde de Medellín.

Afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la mañana de este lunes en declaraciones luego de entregar el material probatorio ante las autoridades que: "Eso es 10 que va hasta ahora, no están todas las actividades ni la revisión de todo el gobierno, esto es 10 que hemos encontrado en dos meses a la par que gobernamos", dijo el mandatario medellinense.

Computadores que no tuvieron futuro

Con un sobrecosto de 38.000 millones de pesos, el programa Computadores Futuro de Daniel Quintero integra la lista de hallazgos de corrupción. Esta estrategia consistía en entregar equipos de cómputo en colegios; sin embargo, la auditoria descubrió que esta habría estado enmarcada por irregularidades como celebración indebida de contrato, favorecimiento a una empresa oferente, peculado en favor a terceros y sobrecostos.

"Lo que sería un presunto peculado en favor de terceros, una práctica sin sustento legal, porque la Constitución prohíbe las donaciones por parte de entidades públicas a particulares".

Carrusel de contratación

Según las denuncias de Federico Gutiérrez, durante la administración de Daniel Quintero se creó un carrusel de la contratación en el que se habrían direccionado los recursos del presupuesto participativo para favorecer a 18 corporaciones en el 2023 por 25.000 millones de pesos, distribuidos en su gran mayoría a través de la secretaria de Participación, el INDER y la secretaria de Cultura.

"Se identificó suplantación de ciudadanos y el uso de datos personales en votaciones virtuales para direccionar recursos a proyectos y programas específicos".

Asimismo, aseguró que, durante el último trimestre del 2023, el INDER ejecutó 16.000 millones de pesos del presupuesto participativo en implementos deportivos.

"Los implementos no se han logrado encontrar en ninguna parte, tampoco los soportes ni la identificación de los mismos. Entre la secretaria de participación y Plaza Mayor se efectuaron pagos para eventos que presuntamente no existieron, ¿si no se hicieron está la plata?", indicó el alcalde.

Detrimento en clínica de la 80

Por otro lado, la administración Quintero firmó un contrato de comodato con SaludCoop en marzo del 2020 aun sabiendo que la clínica SaludCoop estaba inhabilidad para contratar con el Estado por un antecedente fiscal reportado ante la Contraloría. Federico Gutiérrez explicó que se realizaron adecuación por cerca 24.000 millones de pesos, tiempo después SaludCoop solicitó el final del comodato y en vez de cobrarle las adecuaciones, la Alcaldía "de manera irresponsable", firmó un contrato con un privado para venderle las mejoras en 12.000 millones de pesos, valor

inferior en un 50 % de los recursos público invertidos, "esto sin estudios técnicos ni avalúo".

Compra de predio

La auditoría forense también encontró que en noviembre del 2023 se adquirió un predio de una funeraria por valor de 5182 millones de pesos para construir un jardín infantil sin cumplir con condiciones como el área mínima exigida por la norma la construcción de este tipo de obras.

"Presuntamente violaron la normatividad asociada a la adquisición de predios con recursos que deberían invertirse en uno de los programas que había sido intocables en nuestra ciudad".

Lote sobrevalorado

En el 2019 la Alcaldía de Medellín compró un lote de 146.000 metros cuadrados, entre Las Palmas y El Poblado, para el programa de Aguas Vivas por un valor de 2711 millones de pesos. Misteriosamente, en el 2020, la administración de Daniel Quintero ordenó, sin necesidad, que se realizara un avalúo que arrojó como resultado un sospechoso incremento del 1700 % en el valor; es decir, el precio subió a 48.534 millones de pesos.

"El particular que había entregado el lote solicita el pago de los 48.000 millones de pesos sin sustento legal. El paso siguiente era hacer una conciliación y un abogado de carrera indicó que es negativo; sin embargo, en noviembre, ignoran y aprueban pago 40.509 millones de pesos".

Luego de una apelación, el Concejo de Estado ratifica la ilegalidad del acuerdo y el 26 de octubre del 2022 y al no poder materializar el pago, por medio de una resolución se le devuelve el lote al particular que resultó siendo el contratista de las obras de la Biblioteca España.

Contratos amañados

Gracias a las maniobras de Daniel Quintero se entregaron22.000 millones de pesos en contratos para el mantenimiento del Parque de las Aguas en Medellín. Las irregularidades no tuvieron que ver con el valor, sino con la falta de experiencia e idoneidad de los contratistas. "En la contratación había empresas del sector textil para el mantenimiento del Parque de las Aguas; además, la ejecución de obras estaba por fuera del objeto del contrato, e presentaron deficiencias en los materiales, presunto direccionamiento de la contratación con sobrecostos"

Otros hallazgos

La auditoría forense realizada a la administración de Daniel Quintero determinó también que en el 2020 se le quitaron contratos al jardín Botánico, por 5250 millones de pesos, para entregarlos a operadores sin la idoneidad y debida experiencia.

Asimismo, se asignó a dedo la contratación de un software para la formación en inglés en las instituciones educativas de Medellín.

Por si fuera poco, se chatarrizarán los vehículos acumulados en los patios de la secretaria de Movilidad por un costo 2038 millones de pesos, cuando se debieron vender por 33.280 millones de pesos de acuerdo con precios del mercado. El contrato no se ejecutó, pero hay una demanda del contratista contra la Administración.

En manos de las autoridades

De acuerdo con Gutiérrez, los 501 hallazgos de corrupción irregularidades ya fueron puestas en conocimiento de los órganos de control; 262 se presentaron ante la Procuraduría y la personería Distrital, 156 en la Contraloría General y en la de Medellín, así como 83 en la Fiscalía.

La Alcaldía de Medellín se espera constituirse como víctima en los procesos que surjan de las investigaciones para poder estar presente en las audiencias del caso y recibir una indemnización por los perjuicios que puedan ser determinados por los entes de control.

"Eso significa que tenemos el derecho y la obligación de estar en todas las audiencias, para aportar pruebas, para discutir en alegatos y para luego replicar contra terceros", sostuvo el alcalde Gutiérrez.

https://costanoticias.com/, Barranquilla, 04 de marzo de 2024.

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6. ¿La punta del iceberg? Los detalles de los 9 casos de presunta corrupción en el gobierno de Quintero

En lo que podría ser apenas la punta del iceberg, la Alcaldía de Medellín entregó los primeros resultados de la auditoría forense emprendida a los contratos firmados en la pasada administración. Los hallazgos están en manos de la Fiscalía General.

El alcalde Federico Gutiérrez presentó las decenas de cajas con las pruebas que soportan cada uno de los casos enviados a la Fiscalía, la Personería, las contralorías y la Procuraduría. Los Computadores Futuro, el contrato de zonas verdes, la chatarrización y el Parque de las Aguas son algunos de los casos. FOTOS EL COLOMBIANO

Tras dos meses de investigaciones, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez destapó los primeros hallazgos de la auditoría forense emprendida por la nueva administración con la que se busca esclarecer las múltiples denuncias de corrupción que enlodaron la administración del exalcalde Daniel Quintero.

Parado junto a una pila de folios en la que se reunía gran parte del material probatorio que ya es estudiado por los organismos de control, Gutiérrez señaló que fueron 501 los hallazgos de presunta corrupción que han venido documentándose entre 2020 y 2023, en un panorama que apenas podría ser la punta del iceberg.

Y es que aunque en el informe entregado este lunes aparecen escándalos que van desde los presuntos sobrecostos en compra de los computadores futuro, irregularidades en el presupuesto participativo, el negocio que intentó hacerse con el lote de Aguas Vivas y varios de los casos que ya aterrizaron en la justicia — como el de mantenimiento de las zonas verdes y el Parque de las Aguas—, la auditoría aún no ha empezado a escudriñar lo ocurrido en otras entidades con denuncias aún más gruesas, como es el caso de EPM, Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, el Hospital General de Medellín y el Hospital Concejo de Medellín, entre muchas otros.

“Este es solo el principio, una parte. Mi responsabilidad como alcalde es reportar lo que hemos encontrado. Seguiremos adelante gobernando y resolviendo el desastre que encontramos”, expresó el mandatario, quien informó que como una medida para evitar que estos casos queden en la impunidad, la Alcaldía buscará constituirse como víctima. Esto con el objetivo de que el gobierno se vuelva un sujeto activo en los procesos judiciales que cursan o los que podrían iniciar, teniendo la potestad de asistir a audiencias e interponer apelaciones en caso de que, por ejemplo, se pida precluir los casos.

Según precisó Gutiérrez, de los 501 hallazgos, 262 ya están en poder de la Procuraduría y la Personería de Medellín, 156 en manos de la Contraloría General de la República y la Contraloría de Medellín y otros 83 en manos de la Fiscalía General de la Nación.

A manera de avance, Gutiérrez se refirió a nueve casos gruesos que durante dichas investigaciones han emergido como los más graves, los cuales le explicamos a continuación.

1. Software para enseñar inglés fue contratado a dedo

La contratación a dedo que hizo la secretaría de Suministros y Servicios de un software para dar clases de inglés a estudiantes de colegios públicos es otra de las denuncias en contra de la pasada administración.

En este caso, dijo Gutiérrez, se pudieron haber violado las leyes de contratación pública, pues la administración justificó que era necesario un contrato de manera directa con un proveedor exclusivo, porque era el único que podía prestar este servicio, pero luego la Contraloría determinó que sí existían más oferentes que podían hacerlo.

“¿Por qué no se tuvieron en cuenta otros oferentes? ¿Quién salió beneficiado? Este es uno de los muchos casos encontrados en la Secretaría de Suministros y Servicios”, expresó el mandatario local ayer durante la presentación de las denuncias.

Este caso ya es conocido por la Fiscalía y Gutiérrez manifestó que están en proceso de constituir al Distrito como víctima en el mismo, con el fin de aportar mayores elementos. Además, están recopilando más pruebas para llevar ante Procuraduría y Contraloría.

2. Crearon código secreto para dar contratos a dedo en presupuesto participativo

Otro de los temas que incluyó el alcalde entre los hallazgos más relevantes de presunta corrupción es el del manejo de los recursos de presupuesto participativo, una estrategia que les permite a los ciudadanos priorizar los proyectos y programas que quieren que se ejecuten en sus comunas, tras lo cual se les asignan recursos públicos.

Una de las denuncias más graves al respecto tiene que ver con la presunta suplantación de identidades de personas para priorizar los recursos de presupuesto participativo. Según Gutiérrez, la auditoría forense les permitió inferir que en la pasada administración habrían utilizado, sin autorización, datos personales de ciudadanos en las votaciones virtuales, presuntamente, para direccionar los recursos a programas o proyectos específicos.

Este tema ya está bajo investigación de la Fiscalía y la nueva administración ha entregado las pruebas que le han requerido, entre ellas las de personas que han afirmado que aparecieron como votantes aunque no lo hicieron.

Pero entre los asuntos que se han hallado hasta el momento, uno de los más preocupantes es que se habría generado un “carrusel de la contratación” para favorecer a por lo menos 18 corporaciones con el direccionamiento de programas y proyectos.

“Esto está soportado en correos electrónicos y testigos, a través de códigos internos que identificaban las corporaciones que se debían contratar”, detalló el mandatario. Dichos códigos, añadió, se crearon entre 2020 y 2023 y formarían parte del diseño del presunto entramado para notificar internamente a cuáles de esas corporaciones debían dirigirse los contratos. Las instrucciones precisas sobre a quién entregar los contratos las daban personas de niveles directivos y todo se hacía por correos electrónicos no institucionales.

No obstante, Gutiérrez no quiso dar nombres de los contratistas que habrían sido favorecidos con esta presunta red de corrupción para no entorpecer las investigaciones. Pero sí dijo que, solo el año pasado, habrían recibido más de $25.000 millones, la mayoría distribuidos a través de las secretarías de Participación y Cultura, y el Inder.

Por ejemplo, en los últimos tres meses de 2023, el Inder ejecutó $16.000 millones por presupuesto participativo en implementos deportivos de los cuales hoy no hay razón, ni siquiera de sus soportes. A esto se suma que, presuntamente, la Secretaría de Participación y Plaza Mayor efectuaron pagos para eventos que nunca se realizaron. Y, como si fuera poco, las autoridades también deberán determinar si se usaron recursos de presupuesto participativo para financiar campañas políticas a la alcaldía de Medellín, tal como lo denunció una corporación.

Por estos hechos, se presentó denuncia penal para establecer si se cometieron delitos de peculado y celebración indebida de contratos.

3. Querían pagar $48.000 millones por lote hechizo a un particular

El negociazo que querían hacer con el lote Aguas Vivas, ubicado entre Las Palmas y El Poblado, que este medio reseñó en diciembre de 2021 y que terminó con la pérdida de ese bien por parte de la administración, es otra de las denuncias que el alcalde Gutiérrez incluyó en el paquete que entregó a las autoridades. Se trata de un terreno de 146.000 metros cuadrados, 5 veces la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Gutiérrez recordó que en 2019, al final de su primera administración, se aprobó que ese terreno quedara a nombre del Distrito, a través de escritura pública, para entrar a formar parte del banco de tierras de la alcaldía que, entre otras cosas, sirve para compensar obligaciones urbanísticas. Así, quedó como propiedad de la alcaldía por un valor catastral de $2.711 millones. Es un lote en el que el POT prohibió la construcción de proyectos urbanísticos o comerciales y que estaba pensado como un sitio ecológico que funcionara como pulmón verde de la ciudad.

Pues la presunta irregularidad comenzó cuando, en 2020, desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial ordenaron someter el lote a un avalúo. “Esto no tendría por qué ocurrir en un predio que ya es propiedad de la alcaldía”, dijo Gutiérrez, quien explicó que, aun así, el lote terminó avaluado en más de $48.000 millones, es decir, 17 veces el valor catastral inicial.

Poco después se supo que unos particulares, los mismos que cedieron el lote a la alcaldía previos acuerdos, estaban reclamando una supuesta reparación por el lote y pedían por él $48.234 millones, cuando unos siete años antes esos mismos particulares lo compraron por $1.645 millones.

Para esto, pidieron una conciliación en Procuraduría y, aunque un abogado de carrera de la alcaldía dio concepto negativo a la solicitud, en noviembre de 2021 un comité de la alcaldía, en el que estaban las secretarías General y de Gestión Humana autorizaron un pago por $40.509 millones al mencionado privado.

“Este acuerdo por $40.509 millones fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, calificándolo como ilegal. Paradójicamente, la subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público apela la decisión del Tribunal, en contra de los intereses del Distrito”, recordó el alcalde.

En septiembre de 2022, el Consejo de Estado le tumbó de forma definitiva el intento de negociar con el lote a la administración del exalcalde Daniel Quintero. En este caso el exsecretario de Gestión y Control Territorial Carlos Mario Montoya jugó un rol importante. Por ejemplo, fue quien avaló los argumentos de los particulares en discusiones internas aún contra el criterio de los expertos técnicos de la dependencia y así fue que la oficina encargada de la defensa en la secretaría General de la alcaldía aceptó conciliar por los $40.509 millones.

Y llama la atención que uno de los socios de Aguas Vivas en el pasado fue el exgobernador y exalcalde Luis Pérez, quien ha sido aliado personal y político de Quintero.

Pero la historia no acaba ahí. Luego de que el alto tribunal tumbara el negociazo, en octubre de 2022, mediante resolución, el subsecretario de ejecución contractual, le devolvió el lote al particular, ya valorizado en un 1.700% más de su avalúo inicial. A los pocos días, ese funcionario fue nombrado secretario General del Distrito.

Ese particular beneficiado con la devolución del lote es IDC Inversiones, el contratista al que en la alcaldía de Quintero le adjudicaron las obras de reconstrucción de la Biblioteca España.

Por todo esto, la alcaldía actual suministró pruebas a Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, con el fin de que investiguen si hubo lugar a los delitos de prevaricato, interés indebido de contratos y peculado.

4. Predio de funeraria no sirve para un jardín infantil

Otra denuncia de la que ya se había hablado es la de uno de los ítems del plan de infraestructura de Buen Comienzo para el cual se firmó un convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Entre los componentes del contrato está la gestión predial de propiedades privadas para adecuar o construir nuevos jardines infantiles.

Uno de esos predios que se acordó comprar, en noviembre de 2023, para lo cual se dejaron comprometidos $5.182 millones, pertenece a una funeraria y está ubicado en el barrio Jesús Nazareno. El costo de esta nueva sede, llamada proyecto Juan del Corral, ascendería a los $12.476 millones porque incluye también otros $7.315 millones de costos de obra e interventoría. Pero esto es un problema que representaría sobrecostos. Primero, porque el predio, dijo Gutiérrez, no es apto para la construcción ni el funcionamiento de un jardín infantil, en parte por la destinación que se le da en el marco del plan parcial de la zona. “Presuntamente violaron la normatividad asociada a la adquisición de predios, con recursos que debieron invertirse en uno de los programas que habían sido intocables en nuestra ciudad (Buen Comienzo)”, dijo el mandatario.

Por este caso, que ya había sido alertado por la nueva directora de Buen Comienzo Diana Carmona, la administración presentó la denuncia ante Personería y Contraloría y está recolectando más pruebas.

5. La “triquiñuela” con los “computadores futuro”

El programa bandera del alcalde Daniel Quintero para entregarle computadores a los estudiantes de los colegios públicos de Medellín terminó convirtiéndose en otra fuente de presuntos actos de corrupción.

En un expediente que ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación quedó consignado cómo un contrato que tenía un valor inicial de $80.000 millones y un plazo de ejecución inicial de siete meses que habían comenzado a correr a finales de 2021, terminó, gracias a varias adiciones y otrosíes, costando $118.000 millones y ejecutándose hasta el 31 de diciembre del año pasado.

La primera serie de presuntas irregularidades detectadas en la auditoría forense se remite a la etapa precontractual del proceso, cuando una primera empresa fue seleccionada como ganadora de una subasta inversa adelantada por la Secretaría de Suministros y Servicios, entonces a cargo de Karen Delgado.

A dicha subasta se presentaron cinco empresas, identificadas como Uniples S.A.S., Sumimas S.A.S., Unión Temporal Nexcomputel, Nueva Era Soluciones S.A.S. y Colsof S.A.S, siendo la empresa Colsof S.A.S la que presentó la oferta más económica.

A pesar de ganar inicialmente, el distrito prontamente requirió a Colosof para explicar los valores que había ofertado en dicho proceso, tras considerar que existía un riesgo de que hubiese presentado una oferta artificialmente baja. Luego de establecer que las explicaciones de esa empresa no fueron suficientes, la Alcaldía terminó escogiendo a la segunda en la lista, identificada como Nueva Era Soluciones.

Sin embargo, a escasas semanas de firmar el acta de inicio, esta última empresa empezó a pedir pista para cambiar las condiciones técnicas pactadas para los equipos, argumentando que por la pandemia la adquisición de los equipos se había complicado.

Según denunció Gutiérrez, en medio de esos cambios, la Alcaldía terminó pagando $1.497.056 por equipos que inicialmente costaban $1.098.370.

“El contrato tuvo modificaciones en las especificaciones técnicas del producto después de ser adjudicado, apuntando a una presunta celebración indebida de contrato, presunto favorecimiento a una empresa oferente, presuntos sobrecostos por cerca de $38.000 millones, y un presunto peculado en favor de terceros”, expresó el alcalde.

6. Los $12.000 millones que se “tragó” la Clínica de la 80

En medio de la pandemia, la Alcaldía de Medellín terminó embarcándose en un proyecto con el que buscaba habilitar la antigua clínica de la liquidada EPS Saludcoop, ubicada sobre la Avenida 80, como un refuerzo a la red hospitalaria de la ciudad, entonces bajo alta presión.

De acuerdo con los hallazgos de la auditoría forense, el proyecto no solo le habría dejado millonarias pérdidas a la ciudad, sino que habría derivado en delitos como falsedad en documento público, peculado y suscripción de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

Según señaló ayer el alcalde Gutiérrez, la primera de esas presuntas irregularidades partiría del solo hecho de que la Alcaldía no estaba habilitada para suscribir ningún contrato con la EPS en liquidación Saludcoop, ya que la misma tenía vigente un antecedente fiscal ante la Contraloría General de la República.

“Una vez firmado este comodato, que en principio ni siquiera se podía firmar, la Alcaldía realizó adecuaciones en la infraestructura física de la clínica por un valor cercano a los $24.000 millones”, señaló Gutiérrez.

Tras invertir esa millonaria cantidad de dinero, y pese a insistir ante la opinión pública en que se avanzaba en un proceso para comprar la clínica y convertirla en una sede del Hospital General, la Alcaldía vio cómo la Clínica Vida se le adelantó y acordó la compra de esa infraestructura para la apertura de un hospital para pacientes oncológicos.

En medio de esa transacción, en vez de buscar un reintegro de los recursos gastados a Saludcoop en liquidación, la Alcaldía se embarcó en un proceso de negociación con la Clínica Vida, buscando venderle las adecuaciones ya realizadas con recursos públicos.

Con esta última entidad se terminó pactando un pago de $12.000 millones en 36 cuotas, mucho menos de lo invertido por el Distrito.

Además de esa diferencia, en la auditoría forense también se encontró una insistencia documental, que consistía en que esas adecuaciones tenían que contar con el permiso expreso de un comité de conciliación de la Alcaldía.

Pese a que dicho visto bueno nunca se habría dado, según quedó plasmado en un acta del 11 de mayo de 2022, las secretarias de Salud, General y de Suministros luego fueron a una notaría a certificar que dicha aprobación se habría dado, en lo que configuraría una presunta falsedad de documento público.

7. Un contrato iba a “chatarrizar” los recursos públicos

En mayo de 2022 salió a la luz pública un controvertido contrato adelantado por la Alcaldía para la venta de más de 50.000 vehículos acumulados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín que fueron clasificados como chatarra.

La nuez del lío radicó en que desde el gobierno Distrital se aprobó inicialmente que dicha chatarra fuera vendida en cerca de $98 el kilo, cuando los valores del mercado estipulaban entonces que un kilo de ese material rondaba los $1.600 el kilo; esto es más de un 1.000% más.

“Una montaña de más de 50.000 vehículos acumulados en los patios de la Secretaría de Movilidad por chatarrizar, es el producto de un despropósito contractual, en donde se adjudicó un contrato por $2.038 millones a una empresa, cuando en realidad se debió haber vendido por $33.280 millones, de acuerdo con precios del mercado”, expresó ayer el alcalde Gutiérrez.

Pese a que cuando el escándalo estalló la Contraloría decidió intervenir en el contrato y la Alcaldía le puso el freno de emergencia al mismo suspendiéndolo, la fallida venta continuó siendo un dolor de cabeza para el gobierno de Medellín, dado que el privado que había sido escogido decidió demandando al Distrito por una suma cercana a los $35.000 millones.

De igual forma, el alcalde denunció que por culpa de ese frenazo en el contrato, la chatarra sigue acumulándose en los patios, lo que hace imposible ubicar allí más vehículos.

“¿A quién beneficiaba vender la chatarra a un precio irrisorio? En este caso, estamos en proceso de constituirnos como víctimas. Y aportamos pruebas a Contraloría, Fiscalía y Personería”, expresó el mandatario distrital.

8. Los $22.000 millones que se “ahogaron” en el Parque de las Aguas

Uno de los casos más sensibles incluidos en el listado presentado ayer por el alcalde Federico Gutiérrez es el de la presunta corrupción en el Parque de las Aguas, por el que ya hay por lo menos dos antiguos alfiles del exalcalde Daniel Quintero ya imputados ante la justicia presuntamente por desangrar las arcas públicas de la ciudad.

“Con recursos públicos del Área Metropolitana a través de Metroparques se firmaron contratos para el mantenimiento del Parque de Las Aguas cercanos a los $22.000 millones. Allí se evidencia un presunto carrusel de contratistas sin experiencia ni idoneidad”, señaló Gutiérrez.

En enero pasado, cabe recordar que este caso ya tuvo una audiencia de imputación de cargos que duró más de tres horas, en la que la Fiscalía aseguró tener pruebas de que se habría construido un entramado corrupto cimentado en tres convenios interadministrativos firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques.

A través de dichos convenios, la Fiscalía consideró que desde Metroparques se habría aprovechado para evadir los principios que rigen la contratación pública, generando que por menos $4.500 millones quedaran concentrados en tres empresas, identificadas como Comercializadora Jpino S.A.S., 1 Soluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S.

Mientras la Comercializadora Jpino recibió contratos por $2.415 millones, 1 Soluciones contratos por $1.313 millones, Estructuras Zafiro recibió contratos por $848 millones.

Según se conoció entonces, los representantes de esas tres empresas aparecían identificados a su vez como Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamileth Galindez Chilito y Fabio Miguel Mestra Espitia, respectivamente.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por la Fiscalía para demostrar dicho entramado consistió en la existencia de varios vasos comunicantes entre esas organizaciones, expresados en fenómenos como la presencia simultánea de varias personas naturales en esas empresas, así como otras movidas contractuales.

Dentro de las conexiones más relevantes estaría por ejemplo el caso de 1 Soluciones, que habría sido creada por una hermana Juan Alexander Pino en mayo de 2021 y luego habría sido vendida a su actual representante legal, Yamileth Galindez Chilito, que su vez habría estado vinculada en el pasado con la empresa Jpino.

En enero pasado, la Fiscalía también sostuvo que la familia Pino tendría incidencia en el funcionamiento de la empresa Estructuras Zafiro, por cuenta de una mujer que habría manejado la parte contable y del personal.

Además de estas presuntas acciones coordinadas, la Fiscalía señaló que Metroparques también habría avalado entregar esos contratos de mantenimiento a pesar de que las empresas no tendrían la experiencia requerida.

En este punto uno de los señalamientos más gruesos recayó sobre la empresa Jpino S.A.S., que en 2019 se creó como una sociedad para la comercialización de productos textiles; una tarea bastante alejada de las labores de mantenimiento de un parque acuático.

En sus propias redes sociales, dicha empresa aún mantenía en línea en enero publicaciones en las que promocionaba varios de sus tejidos y telas.

Además de estos indicios, la Fiscalía aseveró que en la ejecución del contrato se presentaron sobrecostos en la compra de insumos como cloro, reflectores, elementos de bioseguridad, entre muchos otros, que habrían servido para desviar los recursos públicos.

Junto a los tres representantes legales de esas empresas, en medio del proceso también fueron imputados los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez Castañeda. Todos los implicados se declararon inocentes y no aceptaron los cargos.

“En el presente caso se configuran presuntamente los delitos de: asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación, y uso de documento falso”, expresó ayer el alcalde Federico Gutiérrez, añadiendo que las pesquisas de la auditoría forense también fueron remitidas a la Personería de Medellín.

9. Por contratos a dedo, jardines se volvieron rastrojos

Otra de las denuncias que empaquetó Gutiérrez en contra de la pasada administración fue uno de los primeros escándalos que tuvo Quintero y que aún hoy los ciudadanos recuerdan porque terminó con un retroceso en el cuidado y el mantenimiento de las zonas verdes y jardines de la ciudad.

Comenzó cuando la alcaldía anterior le quitó al Jardín Botánico, entidad sin ánimo de lucro, los contratos que históricamente había tenido para este fin y se los entregaron a operadores que no contaban con la idoneidad ni la experiencia requeridas para cumplir esa tarea.

Gutiérrez recordó que entre los hallazgos graves de este tema están la celebración del contrato de mantenimiento de zonas verdes del Distrito por $5.250 millones solo en 2020, con una entidad sin experiencia y que fue elegida por medio de invitación privada a través de Metroparques, con lo que habrían incurrido en contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Este hecho ya está bajo investigación hace varios meses y la Fiscalía General imputó a dos exfuncionarios y un contratista, quienes no aceptaron los cargos. Las personas que enfrentan a la justicia por estos hechos son Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura; Jorge Liévano, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao, representante de Reforestadora El Líbano, empresa que está ligada a otras de las que se quedaron con los contratos de mantenimiento.

En la imputación que hizo el fiscal del caso indicó que en 2020 Metroparques —dirigido en ese entonces por Liévano— hizo las invitaciones privadas a tres empresas de la familia Henao, ligados a la Reforestadora El Líbano, para adjudicar el contrato en convenio con la Secretaria de Infraestructura Física de Medellín.

El ente acusador tiene pruebas que demostrarían que hubo un presunto direccionamiento que habría tenido visto bueno de Henao, Liévano y Urrego. También podría demostrar que existían lazos de amistad y de afinidad política entre la familia Henao, los políticos liberales del Suroeste antioqueño y Daniel Quintero, hechos que según el fiscal fueron determinantes para realizar el presunto acto ilícito.

Ahora, el alcalde Gutiérrez sostuvo que el Distrito se constituyó como víctima en este caso y que aportarán los elementos que sean requeridos para la investigación. “Igualmente, reclamaremos el daño patrimonial causado a la administración”, puntualizó el mandatario local.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 04 de marzo de 2024.

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7. “Fico” Gutiérrez denuncia 500 casos de corrupción en alcaldía de Quintero.

Hoy el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, dio a conocer los resultados de la auditoría forense a lo que dejó la administración anterior de Daniel Quintero. El alcalde dijo que encontró más de 500 casos de corrupción. “Es un saqueo a la ciudad”, dijo Gutiérrez.

Los actos que denuncia Gutiérrez.

-A uno de ellos lo llamó “Computadores sin futuro”. Se refiere a un programa del exalcalde Quintero que compró 150 mil computadores para estudiantes. Pero según Gutiérrez, luego de adjudicar la licitación, las condiciones del contrato cambiaron. Además, encontró un sobrecosto en la contratación por más de 38 mil millones de pesos.

-Denunció la compra de una funeraria por $5 mil millones para que funcione un jardín en su lugar, pero que no cumple con requisitos del POT, y la entrega del Jardín Botánico a Reforestadora El Líbano, una empresa sin experiencia cuyo fortín político es el Partido Liberal del suroeste de Antioquia.

-Denunció que el lote de Aguas Vivas pasó de estar avaluado en $2700 millones a más de 48 mil millones de pesos luego de que el exsecretario de Gestión Territorial, Carlos Montoya, pidió avalúo.

“Fico” Gutiérrez denunciará ante los órganos de control. Aseguró que llevará cada caso a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que investiguen.“Eso significa que tenemos el derecho y la obligación de estar en todas las audiencias, para aportar pruebas, para discutir en alegatos y para luego replicar contra terceros”, dijo.

Aquí puede ver el anuncio completo del alcalde de Medellín.

Sobre la pelea cazada entre Federico Gutiérrez con el exalcalde Daniel Quintero por el tenso empalme entre ambas administraciones, les dejo esta historia.

https://www.lasillavacia.com/, Bogotá, 04 de marzo de 2024.

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8. Las 9 denuncias de “Fico” que dejan mal parado a Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió este lunes los primeros resultados de la auditoría forense que prometió cuando recién ganó la Alcaldía y que reiteró en el posterior empalme. Rodeado por decenas de cajas y abultados folios de papelería, con transmisión en vivo desde el piso 12 de La Alpujarra, habló del hallazgo de 501 casos que podrían develar prácticas de corrupción durante la gestión del exalcalde Daniel Quintero. “Recibimos la ciudad incinerada, vandalizada y saqueada”, dijo Gutiérrez en el arranque de su reporte.

Del total de casos, 262 fueron remitidos a la Personería y a la Procuraduría; 156 a la Contraloría; y 83 más a la Fiscalía. “Y eso que aquí no están las denuncias sobre EPM, Empresas Varias, Afinia, Ruta N, Metrosalud y el Hospital General”, agregó “Fico”, quien no puede determinar si hubo corrupción o no, pero sí denunciar y compartir pruebas con las autoridades. “Alcalde, después de su show mediático, póngase a trabajar. Las basuras están al cuello, los crímenes disparados y las promesas incumplidas”, fue lo que respondió Quintero ante las denuncias del nuevo alcalde.

Estas son las más significativas:

1. Sobrecostos y favorecimiento en entrega de computadores

Caso: La alcaldía de Quintero entregó más de 100 mil computadores en calidad de préstamo a estudiantes de colegios públicos. Según Gutiérrez, la licitación del programa le fue entregada a un oferente que no soportó con suficiencia el precio de los equipos. “La empresa que iba de primera se retiró porque no tuvo cómo justificar sus precios. El contrato se le entregó al segundo oferente, pese a que tampoco los justificó”, dijo el alcalde.

Además de esto, en el proceso hubo varias modificaciones al contrato marco, incluidas las especificaciones técnicas y los precios de los equipos. En principio, cada equipo se compró por $1.098.000, pero los pagos terminaron en $1.497.056 por unidad. Esto implicó sobrecostos por $38 mil millones. Lo otro que denunció Gutiérrez es que 9 mil equipos fueron entregados bajo la modalidad de incentivo, “pero las leyes prohíben este tipo de donaciones”.

Supuestos delitos: celebración indebida de contrato, favorecimiento de oferente, peculado en favor de terceros.

Se conocía el escándalo: Sí

Hay denuncia: Sí, ante la Fiscalía.

¿A quién salpica? Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación (hoy imputada por supuesta corrupción en Buen Comienzo).

2. Direccionamiento de recursos mediante falsificación de datos

Caso: Gutiérrez denunció la suplantación de ciudadanos en las votaciones para priorizar recursos del Presupuesto Participativo durante la anterior alcaldía. “Se habrían usado datos personales, sin autorización, en votaciones virtuales para direccionar recursos a programas y proyectos”, dijo el alcalde. “Hay denunciantes que aparecen como votantes cuando no lo hicieron”.

Según “Fico”, la desviación de recursos se concretó mediante la creación de códigos informales para beneficiar a 18 contratistas. “Sería parte del diseño de una sofisticada red de corrupción con la que identificaban a quién dirigir los contratos”. Los operadores hoy identificados con los códigos mencionados por Gutiérrez recibieron $25 mil millones en contratos durante 2023.

La denuncia también salpica al Instituto de Deportes de Medellín (Inder), que ejecutó $16 mil millones vía Presupuesto Participativo en el mismo año. “La plata se direccionó para la compra de implementos deportivos y hoy no aparecen. Tampoco hay soportes de esas compras”, dijo Gutiérrez. “Entre Plaza Mayor y la Secretaría de Participación Ciudadana también se efectuaron pagos para eventos que no se hicieron”.

Supuestos delitos: Falsedad en documento público, peculado, celebración indebida de contratos.

Se conocía el escándalo: No

Hay denuncia: Sí, ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

¿A quién salpica? Juan Guillermo Berrío, exsecretario de Participación Ciudadana; Álvaro Naváez, exsecretario de Cultura; y Maryori Londoño, exdirectora del Inder.

3. Un negocio mal hecho con clínica de SaludCoop

Caso: La alcaldía de Quintero firmó un contrato de comodato con la Clínica de la 80 (a cargo de la liquidada SaludCoop) en marzo de 2020. La EPS, según Gutiérrez, estaba inhabilitada para contratar con el Estado por cuenta de un proceso en la Contraloría. “Pese a eso, el negocio arrancó”, dijo el alcalde.

El contrato fue en el comienzo de la pandemia y la pasada administración tuvo que hacer adaptaciones por $24 mil millones. Cuando el comodato concluyó, la administración firmó un contrato con un privado para venderle esas adecuaciones. Lo hizo por $12 mil millones (la mitad de lo invertido) y a 36 cuotas.

Según la documentación presentada por “Fico”, el negocio no tuvo consentimiento del Comité de Conciliación y de la Subsecretaría de Defensa Jurídica de la Alcaldía. “Sin embargo, al otro día, los funcionarios autenticaron el contrato en una notaría, diciendo que se tenía la aprobación, cosa que era mentira”, dijo el alcalde.

Supuestos delitos: Falsedad en documento de venta ante notaría, peculado, contrato sin requisitos legales.

Se conocía el escándalo: Sí

Hay denuncia: Sí, ante Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

¿A quién salpica? Natalia Jiménez, exsecretaria General; Andree Uribe, exsecretaria de Salud; y Karen Delgado, exsecretaria de Servicios y Suministros.

4. Compra de un predio (sin requisitos) para una guardería

Caso: Además del caso Buen Comienzo, que implicó supuesta corrupción en la entrega de dos contratos por más de $20 mil millones para la alimentación de niños y mujeres embarazadas, y que hoy tiene a una exsecretaria de Quintero imputada por la Fiscalía, “Fico” habló de irregularidades en la compra de un predio.

La administración anterior, en noviembre de 2023, compró un terreno por $5.182 millones en el sector Juan del Corral, en el centro de la ciudad. En el predio, donde antes estaba una funeraria, se proyectó la construcción de un jardín infantil, pero este no contaba con los mínimos de espacio requeridos por el plan parcial (norma urbanística) que rige en la zona.

Supuestos delitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos.

Se conocía el escándalo: No

Hay denuncia: Sí, ante Personería y Contraloría.

¿A quién salpica? Manuel Riaño, exdirector de Buen Comienzo.

5. Un predio inflado en 20 veces para favorecer a un privado

Caso: Un lote de 146 mil metros cuadrados, avaluado en $2.711 millones, hacía parte del banco de tierras de la Alcaldía en 2019. En 2020, ya en la administración de Quintero, se adelantó un avalúo que actualizó el valor comercial del predio, que pasó a $48.234 millones (1.700% más). “Coincidencialmente, luego de ese ajuste, el particular que había cedido el predio pidió que se le pagara el nuevo monto del avalúo. Pidió una audiencia de conciliación con la Procuraduría”, dijo Gutiérrez.

Aunque en principio se emitió un concepto negativo para no ceder al pago de $40.509 millones solicitado por el particular, “Fico” dice que la Secretaría de Control Territorial aprobó el desembolso. La transacción la tumbó en principio el Tribunal Administrativo de Antioquia, fallo que incluso apeló la Subsecretaría de Defensa.

Tras no ganar el pleito jurídico, la administración expidió una resolución con la que le devolvió el lote a IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y el particular Juan Manuel Villegas (IDC es actualmente contratista en la reconstrucción de la Biblioteca España, estructura que levantó Sergio Fajardo en su alcaldía y que terminó en el suelo).

El Colombiano denunció en esta nota que el negocio buscaba favorecer al exgobernador Luis Pérez, cercano a Quintero y a IDC.

Supuestos delitos: Prevaricato, interés indebido en contrato, peculado.

Se conocía el escándalo: Sí

Hay denuncia: Sí, ante Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

¿A quién salpica? Carlos Mario Montoya, exsecretario de Control Territorial; Alethia Arango, subsecretaria de Defensa Jurídica; Natalia Jiménez, secretaria General.

6. Elección de un contratista sin experiencia para la poda de jardines

Caso: La alcaldía de Quintero cambió al Jardín Botánico como operador del contrato de jardinería de la ciudad y le entregó la responsabilidad a Metroparques, una entidad del conglomerado público que, en principio, no tenía labores de jardinería en su objeto social.

En 2020, por valor de $5.250 millones, esa entidad tercerizó el contrato a través de una invitación privada a la Reforestadora El Líbano, una empresa con domicilio en Andes, suroeste de Antioquia. “El contratista no tenía experiencia, por lo que incurrieron en un contrato sin cumplimiento de requisitos. Ya somos víctimas en el proceso, y reclamaremos daño patrimonial”, dijo “Fico”.

Supuestos delitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos.

Se conocía el escándalo: Sí

Hay denuncia: Sí. Ya hay imputación en Fiscalía.

¿A quién salpica? Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques.

7. Inglés para colegios con un contrato a dedo

Caso: Gutiérrez dijo que la alcaldía de Quintero contrató de forma directa la prestación de un servicio de software para la formación en inglés de estudiantes de los colegios públicos de la ciudad. La justificación para no hacer una licitación abierta, según la anterior alcaldía, fue la falta de oferentes en ese frente.

Sin embargo, la Contraloría emitió una alerta por este caso y dijo que en el mercado había más proveedores que podían prestar el servicio. “Violaron la Ley 80 de contratación, porque no tuvieron en cuenta a otros oferentes. Estamos recaudando más pruebas para constituirnos como víctimas”, dijo Gutiérrez.

Supuestos delitos: Direccionamiento y celebración indebida de contrato.

Se conocía el escándalo: Sí

Hay denuncia: Sí, ante Fiscalía y Contraloría.

¿A quién salpica? Karen Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios.

8. Un negocio extraño para salir de miles de kilos de chatarra

Caso: La pasada administración estuvo a punto de cerrar un negocio para salir de 20 mil toneladas de vehículos chatarrizados en los patios oficiales. El contrato, en principio, se concibió en $2.038 millones, con un valor de $98 por kilo de chatarra. “El negocio costaba en realidad $33.280 millones, porque el precio del kilo de chatarra en el mercado estaba en $1.600”, sostuvo Gutiérrez.

La Contraloría intervino en este proceso y tumbó el contrato, que alcanzó a ser adjudicado. Ahora, el Distrito encara una demanda de $35 mil millones por parte de la unión temporal Rym SAS, que recibió el contrato y ahora alega violación de derechos adquiridos.

Supuestos delitos: Detrimento fiscal y direccionamiento de contrato.

Se conocía el escándalo: Sí

Hay denuncia: Sí, ante Fiscalía, Contraloría y Personería.

¿A quién salpica? Carlos Mejía, exsecretario de Movilidad.

9. Deficiencia de materiales y sobrecostos en Parque de las Aguas

Caso: A través de Metroparques, la pasada administración entregó $22 mil millones en contratos para obras de mantenimiento en el Parque de las Aguas. El proceso, según la denuncia de Gutiérrez, concibió incluso la asignación de contratos a empresas del sector textil. “La ejecución de trabajos se dio por fuera del objeto social del contrato, hubo deficiencia de materiales, direccionamiento y sobrecostos”, expresó el alcalde.

Supuestos delitos: Asociación para la comisión de un delito, Interés indebido en contrato, peculado por apropiación, falsedad en documento público.

Se conocía el escándalo: Sí

Hay denuncia: Sí, ante la Fiscalía.

¿A quién salpica? Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques.

https://www.lasillavacia.com/, Bogotá, 04 de marzo de 2024.

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9. El rastro de Luis Pérez en el megalote que alcaldía de Quintero avaluó y Fico denunció

EL TIEMPO rastreó a los dueños y encontró a los Pérez. El nuevo alcalde habla de sobrecostos.

Para continuar leyendo este artículo le recomendamos suscribirse a El Tiempo.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 04 de marzo de 2024.

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10. Tribunal Administrativo de Antioquia definirá nulidad de la elección de Juan Carlos Upegui

La cita será este martes 5 de marzo a las 11:30 de la mañana.

El Tribunal Administrativo de Antioquia definiría este martes la nulidad del acto que declaró la elección de Juan Carlos Upegui como concejal de Medellín.

Con la ponencia de la magistrada Vannesa Alejandra Pérez Rosales, el alto tribunal evaluará los argumentos para establecer si hay lugar o no a que se conceda la nulidad de la elección de Upegui.

La cita será este martes, 5 de marzo, a las 11:30 de la mañana y dice la citación del Tribunal que, si resulta procedente, podría dictarse sentencia durante esa audiencia.

Hay que recordar que en el Tribunal Administrativo de Antioquia avanzan varios procesos en contra del corporado, en uno de ellos ya se declaró su pérdida de investidura, por haber violado el régimen de inhabilidades al haber participado en los comicios regionales mientras que su papá era rector de una institución educativa. Este proceso ya se encuentra en la sala quinta del Consejo de Estado que será el encargado de definir en segunda instancia el futuro del corporado.

https://caracol.com.co/, Bogotá, 04 de marzo de 2024.

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11. Comentarios e informaciones en X sobre atraco quinterista a Medellín

Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) posteó a las 10:59 a. m. on lun., mar. 04, 2024:

Escuchando al alcalde Federico duele lo que ocurrió en Medellín. También duele que muchos funcionarios honestos del municipio queden perjudicados en su honra por lo que hicieron el ex alcalde y su séquito

(https://x.com/AlvaroUribeVel/status/1764682036814438895?t=WL6AKjIGigJ9OZi2cm3TPQ&s=03)

Yamid López (@YamidLopezS) posteó a las 1:00 p. m. on lun., mar. 04, 2024:

De los posibles casos de corrupción que presentó la Alcaldía sobre Quintero, el peor es el del lote: Agua Vivas.

Revalorizado en 1700%, el propietario exigió más de 40 mil millones por ese avalúo y, aunque la justicia dijera que no, insistir en pagarle con plata pública.

¡GAS! https://t.co/nCPquxYH5l

(https://x.com/YamidLopezS/status/1764712642428412086?s=03)

Daniel Carvalho (@davalho) posteó a las 9:41 a. m. on mar., mar. 05, 2024:

Muchas de las 501 denuncias hechas por @FicoGutierrez, como la del Jardín Botánico, la chatarrización o el pago de bots para atacar a contradictores en campaña, confirman lo que venimos diciendo hace años: Quintero ha sido lo peor que le ha pasado a la ciudad en los últimos años.

(https://x.com/davalho/status/1765024896914993443?t=ITR4bN8VTus9MRcz97KvwA&s=03)

Alfredo Ramos Maya (@AlfredoRamosM) posteó a las 6:26 a. m. on lun., mar. 04, 2024:

Durante el gobierno Quintero, la corrupción fue institucionalizada: cada contrato y nombramiento tuvo la intención de embolsillarse recursos de Medellín.

Eso mismo quiere ofrecerle Quintero a Colombia en su nueva etapa.

Ahora la pelota queda en las manos de los entes de control

(https://x.com/AlfredoRamosM/status/1764613441036112049?t=eqxspGFAJmH1RCtktnkkMg&s=03)

Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) posteó a las 5:02 p. m. on lun., mar. 04, 2024:

Alias “Basurita” @QuinteroCalle está en mora de responder penalmente.

Como lo prometí, en manos de la @FiscaliaCol entregué hace 2 años a la Fiscal anticorrupción Paola Flórez la prueba reina (testimonio de uno de los partícipes) que demuestra la responsabilidad penal de ese… https://t.co/5kyF8ZPPhD

(https://x.com/ABDELAESPRIELLA/status/1764773520960074236?t=aQhmFNoG21EwGtTDrAUBxg&s=03)

Alfredo Ramos Maya (@AlfredoRamosM) posteó a las 8:05 a. m. on lun., mar. 04, 2024:

501 hallazgos sobre irregularidades en la contratación en el gobierno Quintero fueron puestos en conocimiento de los entes de control.

Genera una rabia y una desazón como ciudadano lo que hicieron con Medellín, pero también la esperanza de que los corruptos no nos vencen

(https://x.com/AlfredoRamosM/status/1764638325028389099?t=7lPKSK7VpiU1klVpccCz4A&s=03)

La FM (@lafm) posteó a las 8:01 a. m. on lun., mar. 04, 2024:

#NoticiaEnDesarrollo | "Pasamos de ser la Ciudad de las Flores a tener una Medellín abandonada. Se le quitaron contratos al Jardín Botánico para entregarlo a operadores sin experiencia. Hay hallazgos por valor de 5.250 millones de pesos en 2020 con un contratista sin idoneidad",… https://t.co/mHseR0Cjh0

(https://x.com/lafm/status/1764637265911759054?t=I5c787QjnC_3fNIRJNmi3A&s=03)

Diego A. Santos (@DiegoASantos) posteó a las 7:32 a. m. on lun., mar. 04, 2024:

Ali Baba y los 40 ladrones son unos primates en comparación con los gobiernos de Petro y Quintero. Robo a 40 manos en cada uno. Los unos saquearon Medellín. Los otros se están cepillando a Colombia, a través de los Olmedo de turno.

(https://x.com/DiegoASantos/status/1764629886302294260?t=aT5A0NL7XoVj22VIg2_ECQ&s=03)

Juliana Hernández (@JulianaHernandF) posteó a las 8:03 a. m. on lun., mar. 04, 2024:

El orden de las siguientes imágenes hace parte de la pregunta ¿Dónde está la plata?

1. Declaración de renta de Quintero, 2019.

2. Dice Diana que no ven cargos públicos como fuente de empleo sino servicio.

3. Declaración de renta de Quintero, 2021.

4. Dice Quintero que se va a… https://t.co/O3X02qQDTU

(https://x.com/JulianaHernandF/status/1764637886614282371?t=nhq3xXiax57o0o7UzY8C9w&s=03)

DoñaPily (@dona_pily2) posteó a las 9:31 a. m. on lun., mar. 04, 2024:

Miren una de las porquerías que le encontraron a Quintero.

Un lote que fue comprado por la alcaldía de @FicoGutierrez 2.711 millones de pesos. Ese lote pasó hacer parte del Banco de tierras de la alcaldía y además tenía una anotación de entrega era irrevocable. Pues de pronto,… https://t.co/u0PopeLcfi

(https://x.com/dona_pily2/status/1764659934954696805?t=GDx_H2LTcKoxxiHKAHoi5g&s=03)

Melquisedec Torres (@Melquisedec70) posteó a las 7:39 a. m. on lun., mar. 04, 2024:

501 hallazgos de presunta corrupción en la alcaldía de @QuinteroCalle informa a esta hora el alcalde @FicoGutierrez

Remite 83 denuncias a la Fiscalía

Otras 262 denuncias a la Procuraduría

Y 156 a la Contraloría

Y dice que falta https://t.co/OHAb79XWPC

(https://x.com/Melquisedec70/status/1764631662552301607?t=6yLFjJEc71Q2u95oWXD9xQ&s=03)

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b) ¿Mancuso en libertad?

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1. Carta de Mancuso a la Corte denunciando a Iván Cepeda quien ofreció beneficios si declaraba contra Álvaro Uribe

2. Las 47 medidas de aseguramiento de Salvatore Mancuso antes de quedar en libertad, otros procesos y condenas

3. ¿Por qué Salvatore Mancuso no quedará en libertad a pesar de la decisión de juez?

4. Salvatore Mancuso quedará en libertad y vivirá en Medellín; estas son las restricciones que deberá cumplir

5. ¿Salvatore Mancuso quedará en libertad por ser nombrado gestor de paz por Petro?

6. Mancuso continuará preso a pesar de que jueza ordenó su libertad condicional

7. Más opiniones y datos en X sobre caso de Mancuso

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1. Carta de Mancuso a la Corte denunciando a Iván Cepeda quien ofreció beneficios si declaraba contra Álvaro Uribe

La carta fue enviada el 14 de diciembre de 2018 a la Corte Suprema de Justicia. En ella, Salvatore Mancuso, desde una cárcel en Atlanta, Estados Unidos, denuncia que en el año 2009, recibió la visita de los congresistas Iván Cepeda, Piedad Córdoba, ya fallecida y de Rodrigo Lara; en su sitio de reclusión de entonces en Washington

En la carta de Mancuso, le informa a la Corte sobre lo sucedido en medio de la conocida intención de Cepeda de llevar a los estrados a Álvaro Uribe. En ese entonces, la corte iniciaba proceso en el que se pretendía establecer la presión a falsos testigos.

La carta de Mancuso tiene un peso importante, porque en ese momento, lo que pretendía contar era que los congresistas le habían hecho ofrecimientos de beneficios especiales si declaraba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Las versiones fueron además apoyadas en su momento por el Tuso Sierra, por lo que además Salvatore Mancuso se puso a disposición de la Corte, para en ese entonces, declarar contra Cepeda.

Hoy esta carta tiene un gran peso, pues las visitas a las cárceles tanto en Colombia como en Estados Unidos, continuaron por parte tanto de Cepeda como también con el hermano del Presidente, Juan Fernando Petro; quienes sembraron la semilla de la Paz Total, con la que le han hecho las promesas que tienen a Mancuso en el país, buscando pista para declarar ante la JEP, cambiando la versión original dada en 2018.

Iván Cepeda y el propio presidente Gustavo Petro, han hecho por mas de 20 años, todo lo posible por buscar incriminar de alguna manera al expresidente Uribe, sin lograrlo. De manera desesperada, ahora con Petro en el poder y con las presiones a la Corte Suprema para que nombre una fiscal de bolsillo, el congresista y el presidente creen tener todo a su favor para lograr llevar al expresidente Álvaro Uribe a la Cárcel, así sea con testimonios falsos basado en rumores creados por ellos mismos y valiéndose de la manipulación al sistema judicial

https://ifmnoticias.com/, Bogotá, 02 de marzo de 2024.

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2. Las 47 medidas de aseguramiento de Salvatore Mancuso antes de quedar en libertad, otros procesos y condenas

Prontuario judicial del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. 45 sentencias por 65.067 hechos.

Antes de quedar en libertad por decisión de una juez de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso registra múltiples antecedentes judiciales en desarrollo de su labor como jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Según el Tribunal se precisa que el 27 de febrero del año en curso, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional -Dijin dejó a disposición de este proceso acumulado a Salvatore Mancuso Gómez, por tener con ocasión del mismo orden de captura vigente con fines de extradición y notificación Roja Interpol.

Deportado de Estados Unidos

En esa fecha fue entregado por el personal del Grupo de Control Migratorio Especializado Regional en el Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en esta ciudad capital, mediante acta No. 20247120242051, luego de ser repatriado a este país, en calidad de deportado en un vuelo procedente de Estados Unidos 18.

Requerimiento clave

En consecuencia, mediante auto del anterior 27 de febrero 19, se indicó que el mismo era requerido con ocasión este proceso en el que tiene actualmente acumuladas las penas impuestas en tres fallos parciales transicionales, atendiendo la vigencia de orden de captura con fines de extradición y notificación Roja Interpol, librada con el oficio No. 176 del 14 de agosto de 2020, por la Magistrada Alexandra Valencia Molina de la Sala Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Superior de Bogotá.

Esto en cumplimiento de lo dispuesto en el auto de segunda instancia del 11 de agosto de 2020, la cual fue reiterada por esta oficina judicial en las decisiones del 23 de febrero anterior y 6 de marzo de 2023, que fue confirmado integralmente el 19 de julio de 2023, por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, siendo ponente la misma Magistrada mencionada.

Orden de captura

En consecuencia, se dispuso librar la correspondiente boleta de encarcelamiento ante la dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Minima Seguridad de Bogotá Cobog, La Picota, donde está actualmente recluido. Es decir, que Mancuso desde el 27 de febrero anterior está privado de la libertad a disposición de este proceso.

Dio cuenta la Fiscal 46 delegada ante el Tribunal respecto de los hechos por los que tiene el procesado tiene que responder por hechos perpetrados durante y con ocasión de su militancia en los Bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia.

45 sentencias por 65.067 hechos

Además que fuera de los tres procesos transicionales con sentencia parcial en firme cuyas penas fueron acumuladas por este despacho a través de los autos emitidos el 27 de febrero de 2019 y 23 de febrero de 2024, que se encuentran en firme.

Cursan en su contra adicionalmente varios procesos parciales transicionales que se encuentran en diferentes etapas sin fallo transicional parcial en firme, algunos con solicitud de imputación, otros con formulación de imputación, en audiencia concentrada o lectura de sentencia, que aproximadamente comprenden 65.067 hechos y por los que se emitirán eventualmente 45 sentencias parciales transicionales adicionales en su contra, a lo que se suma que no ha terminado de versionar, en principio le faltan aproximadamente 800 hechos.

Primeras 33 medidas de aseguramiento según Tribunal de Barranquilla

Habiendo precisado la delegada que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, certificó el 26 de febrero de 202421, Mancuso tiene vigentes 33 medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva no sustituidas, estas son:

1.Rad: 2018) per 68 hechos, Fiscal 9° delegado ante el Tribunal Pablo Diaz.

2. Impuesta el 21 de octubre de 2019 (acta 112), Bloque Catatumbo (Rad.2016) por 1.587 hechos. Por esta se elevó solicitud de extradición, Fiscalía 54 delegada ante el Tribunal.

3. Impuesta el 13 de febrero de 2020 (acta 016), Frente Mártires del Cesar (Rad. 2016) por 332 hechos, Fiscalía 46 delegada ante el Tribunal.

5.Impuesta el 23 de febrero de 2023 (Acta 011), Frente Contrainsurgencia Wayuú, (Rad. 2022-00097) por 128 víctimas, Fiscalía 10ª delegada ante el Tribunal.

6. Impuesta el 5 de marzo de 2021 (acta 021), Bloque Córdoba (Radicado 2017) por 86 hechos, Fiscalía 11 delegada ante el Tribunal.

7. Impuesta el 8 de abril de 2021 (acta 035), Frente José Pablo Díaz (Rad 2016), por 409 hechos, Fiscalía 9 delegada ante el Tribunal.

8. Impuesta el 7 de mayo de 2021 (acta 045), Bloque Montes de María (Rad. 2017) por 1.051 hechos, Fiscalía 12 delegada ante el Tribunal.

9. Impuesta el 15 de junio de 2021 (acta 065), Bloque Montes de María (Rad. 2016), por 611 hechos, Fiscalía 12 delegada ante el Tribunal.

10. Impuesta el 9 de julio de 2021 (acta 071), Frente Pivijay (Rad. 2016) por 1.149 hechos, Fiscalía 31 delegada ante el Tribunal.

11. Impuesta el 21 de julio de 2021 (acta 076), Bloque Catatumbo (Rad. 2018), por 354 hechos, Fiscalía 54 delegada ante el Tribunal.

12. Impuesta el 30 de julio de 2021 (acta 083), Frente Pivijay (Rad. 2018) por 1.117 hechos, Fiscalía 31 delegada ante el Tribunal.

13. Impuesta el 6 de agosto de 2021 (acta 085), Frente Pivijay (Rad. 2017) por 956 hechos, Fiscalía 31 delegada ante el Tribunal.

14. Impuesta el 26 de agosto de 2021, (acta 095), Bloque Montes de María (Rad. 2018), por 167 hechos, Fiscalía 12 delegada ante el Tribunal.

15. Impuesta el 29 de septiembre de 2021 (acta 106), Frente Mojana (Rad. 2018), por 747 hechos, Fiscalía 11 delegada ante el Tribunal.

16. Impuesta el 16 de noviembre de 2021 (acta 128), Frente Contrainsurgencia Wayuu (Rad. 2020-00035), por 430 hechos, Fiscalía 11 delegada ante el Tribunal.

17. Impuesta el 14 de diciembre de 2021, (acta 140), Bloque Córdoba (Rad. 2020-00035) por 1.720 hechos, Fiscalía 11 delegada ante el Tribunal.

18. Impuesta el 20 de mayo de 2022 (acta 052), Bloque Córdoba (Rad. 2018-80008) por 5.942 víctimas, Fiscalía 11 delegada ante el Tribunal.

19. Impuesta el 30 de junio de 2022 (Acta 065), Frente Pivijay y conexos (2021-00021), por 1.196 víctimas Fiscalía 31 delegada ante el Tribunal.

20. Impuesta el 11 de julio de 2022 (Acta 066), Frente José Pablo Díaz (2018-80008), por 779 víctimas, Fiscalía 9ª delegada ante el Tribunal.

21. Impuesta el 1 de septiembre de 2022 (Acta 090), Frente Mártires del Cesar, Juan Andrés Álvarez, Urbanas Móviles y Resistencia Motilona, (2021-00032) por 775 víctimas, Fiscalía 46 delegada ante el Tribunal.

22. Impuesta el 2 de septiembre de 2022 (Acta 091), Frente José Pablo Diaz (Rad. 2021-00027), por 563 víctimas, Fiscalía 9ª delegada ante el Tribunal.

23. Impuesta el 27 de septiembre de 2022 (Acta 104), Bloque Resistencia Tayrona (Rad. 2021-00036), por 373 víctimas, Fiscalía 10ª delegada ante el Tribunal.

24. Impuesta el 23 de enero de 2023 (Acta 003), Bloque Montes de María (Rad. 2021-00037) por 681 víctimas, Fiscalía 12 delegada ante el Tribunal.

25. Impuesta el 23 de febrero de 2023 (Acta 011), Frente Contrainsurgencia Wayuú, (Rad. 2022-00097) por 128 víctimas, Fiscalía 10ª delegada ante el Tribunal.

26. Impuesta el 29 de marzo de 2023 (Acta 020), Bloque Córdoba y otros (Rad. 2021-00039) por 3.521 víctimas, Fiscalía 11° delegada ante el Tribunal.

27. Impuesta el 9 de junio de 2023 (Acta 028), Bloque Córdoba y otros (Rad. 2021-00056) por 271 víctimas, Fiscalía 11° delegada ante el Tribunal.

28. Impuesta el 12 de julio de 2023 (Acta 045), Frente José Pablo Diaz (Rad. 2021-00058) por 158 víctimas, Fiscalía 9ª delegada ante el Tribunal.

29. Impuesta el 24 de agosto de 2023 (acta 056), Bloque Montes de María (Rad. 2021-00059) por 223 víctimas, Fiscalía 12 delegada ante el Tribunal.

30. Impuesta el 20 de septiembre de 2023 (acta 061), Bloque Resistencia Tayrona de las AUC (Rad. 2021-00060), por 73 víctimas, Fiscalía 10ª delegada ante el Tribunal.

31. Impuesta el 1 de diciembre de 2023 (Acta 065), Bloque Montes de María (Rad. 2021-00076) por 131 víctimas, Fiscalía 12 delegada ante el Tribunal.

32. Impuesta el 13 de diciembre de 2023 (acta 074), Frente Pivijay y otros (Rad. 2021-00079) por 1.190 víctimas, Fiscalía 31 delegada ante el Tribunal.

33. Impuesta el 26 de enero de 2024 (acta 005), Frente Mártires de Cesar y Resistencia Motilona de las AUC (Rad. 2021-00083), Fiscalía 9ª delegada ante el Tribunal.

Otras 14 en certificadas por Tribunal de Bogotá

Por otra parte, señala la providencia que que el 27 de febrero de 2024 la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá certificó que Mancuso tiene vigentes las siguientes 14 medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva:

1. Rad. 2021-00136. Audiencia de formulación de imputación realizada por la Magistrada con funciones de Control de Garantías, doctora Teresa Ruíz Núñez, se impuso medida de aseguramiento el 14 de enero de 2022 y se libró orden de captura con fines de extradición.

2. Rad. 2021-00157. Audiencia de formulación de imputación celebrada por el Magistrado con funciones de Control de Garantías, doctor José Manuel Bernal Parra, de fecha 15 de diciembre de 2021, librándose orden de captura No. 16 del 16 de diciembre de 2021.

3. Dentro de los procesos con radicado 2021-00190, 2021-00191 y 2021- 00192 tramitados por descongestión de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, el Magistrado con funciones de Control de Garantías, doctor José Manuel Bernal Parra, señaló diferentes sesiones de audiencia conforme cada estructura, así:

3.1. Frente Mártires del César, del 11 de febrero de 2022, librándose orden de captura No. 2 del 17 de febrero de 2022.

3.2. Frente Resistencia Motilona, del 24 de febrero de 2022, librándose orden de captura No. 3 del 25 de marzo de 2022.

3.3. Bloque Catatumbo, del 23 de marzo de 2022, librándose orden de captura No. 4 del 25 de marzo de 2022.

3.4. Frente Contrainsurgencia Wayuú, del 21 de abril de 2022, librándose orden de captura No. 7 del 26 de octubre de 2022.

3.5. Frente Mojana, del 19 de mayo de 2022, librándose orden de captura No. 8 del 26 de octubre de 2022.

3.6. Frente José Pablo Díaz, del 17 de junio de 2022, librándose orden de captura No. 9 del 26 de octubre de 2022.

3.7. Bloque Córdoba, del 14 de julio de 2022, librándose orden de captura No. 10 del 26 de octubre de 2022.

3.8. Frente Urbanas Móviles. 13 de octubre de 2022, librándose orden de captura No. 11 del 26 de octubre de 2022.

3.9. Frente Pivijay, del 5 de agosto de 2022 (esta medida es la misma que fue impuesta dentro del proceso con radicado N°2021-00192). Librándose orden de captura No. 12 del 26 de octubre de 2022.

3.10. Frente Juan Andrés Álvarez. Audiencia culminada el 2 de diciembre de 2022, librándose orden de captura No. 15 del 13 de diciembre de 2022.

3.11. Bloque Montes de María. Audiencia de 2 de febrero de 2023, orden de captura No. 2 de 14 de febrero de 2023.

4. Rad. 2021-00193. Bloque Catatumbo. Audiencia de formulación de imputación realizada por el Magistrado con funciones de Control de Garantías, doctor José Manuel Bernal Parra, en descongestión para la Sala

de Justicia y Paz de Barranquilla. Se impone medida de aseguramiento el 17 de enero de 2023. Se libra orden de captura No. 01 de 18 de enero de 2023.

5. Rad. 2021-0194. Frente José Pablo Diaz. Audiencia de formulación de imputación realizada por el Magistrado con funciones de Control de Garantías, doctor José Manuel Bernal Parra, en descongestión para la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, culminada, se impuso medida de aseguramiento de 22 de junio de 2022. Orden de Captura No. 5 del 11 de julio de 2022.

6. Rad. 2021-00195. Bloque Córdoba. Audiencia de formulación de imputación realizada por el Magistrado con funciones de Control de Garantías, doctor José Manuel Bernal Parra, en descongestión para la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, culminada el 28 de septiembre de 2022, librándose orden de captura No. 6 del 24 de octubre de 2022.

7. Rad. 2021-00196. Bloque Montes de María. Audiencia de formulación de imputación realizada por la Magistrada con funciones de Control de Garantías, doctora Teresa Ruíz Núñez, en descongestión para la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, culminada el 24 de marzo de 2023. Se libró orden de captura con fines de extradición No. 008 de 14 de agosto de 2023.

8. Rad. 2021-00197. Bloque Norte y otros. Audiencia de formulación de imputación realizada por la Magistrada con funciones de Control de Garantías, doctora Teresa Ruíz Núñez, en descongestión para la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, finalizada el 8 de septiembre de 2022, decisión que fue comunicada al Ministerio de Justicia y del Derecho; se libró orden de captura con fines de extradición.

9. Rad. 2021 00199. Frente Pivijay – Chibolo. Audiencia de formulación de imputación realizada por la Magistrada con funciones de Control de Garantías, doctora Teresa Ruíz Núñez, en descongestión para la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla. Se impone medida de aseguramiento el 29 de septiembre de 2023, se libra orden de captura con fines de extradición 016 de 2 de octubre de 2023.

10. Rad. 2021-00201. Audiencia de formulación de imputación realizada por la Magistrada con funciones de Control de Garantías, doctora Teresa Ruíz, en descongestión para la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, el 16 de noviembre de 2022, decisión que fue comunicada al Ministerio de Justicia y del Derecho y se libró orden de captura con fines de extradición 014 de 25 de noviembre de 2022.

11. Rad. 2021 00203. Audiencia de formulación de imputación realizada por la Magistrada con funciones de Control de Garantías, doctora Teresa Ruíz, en descongestión para la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, culminada el 6 de julio de 2023, decisión que fue comunicada al Ministerio de Justicia y del Derecho y se libró orden de captura con fines de extradición 09 de 15 de agosto de 2023.

12. Rad. 2021 00205. Frente Juan Andrés Álvarez y otros. Audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento llevada a cabo por la Magistrada con funciones de Control de Garantías, doctora Teresa Ruíz Núñez, en descongestión para la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, culminada el 31 de marzo de 2023. Se libró orden de captura con fines de extradición No. 010 de 15 de agosto de 2023.

13. Rad. 2021 00206. Bloque Catatumbo. Audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento llevada a cabo por la Magistrada con funciones de Control de Garantías, doctora Teresa Ruíz Núñez, en descongestión para la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, culminada el 23 de junio de 2023. Se libró orden de captura con fines de extradición No. 010 de 15 de agosto de 2023.

14. Rad. 2021 00202/2021 00204. Bloque Montes de María. Audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, presidida por la Magistrada con funciones de Control de Garantías, doctora Teresa Ruíz Núñez, en descongestión para la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, culminada el 30 de noviembre de 2023. Dentro de esta actuación se libró orden de captura No. 017 de 13 de diciembre de 2023.

https://www.agenciapi.co/, Bogotá, 04 de marzo de 2024.

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3. ¿Por qué Salvatore Mancuso no quedará en libertad a pesar de la decisión de juez?

La decisión final queda en manos de magistrados de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla.

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4. Salvatore Mancuso quedará en libertad y vivirá en Medellín; estas son las restricciones que deberá cumplir

La jueza de Justicia y Paz leyó su decisión sobre la tercera solicitud de libertad del exjefe paramilitar. Tanto las víctimas como la Fiscalía estuvieron de acuerdo con que quedara libre.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se presentó este lunes a una audiencia definitiva en la que una jueza de Justicia y Paz decidió que le otorgará la libertad a prueba.

Eso significa que Mancuso quedará libre, pero con ciertas limitaciones y restricciones que ordenó la jueza del caso, Luz Marina Zamora.

Según dijo la jurista, por ejemplo, la libreta de libertad para Mancuso solo opera si ninguna otra entidad judicial emite medidas de seguridad por los demás casos que siguen pendientes.

Además, el excomandante de las AUC deberá cumplir con ciertos requisitos que implica su figura de “libertad a prueba”, una medida que busca vigilarlo mientras se decide si es apto para recobrar la libertad total una vez termine ese período.

Tal como explicó la jueza Zamora, una vez Mancuso salga de la cárcel deberá presentarse cada tres meses ante una autoridad judicial de la ciudad que elija como residencia.

Para este caso, se conoció que el exparamilitar decidió mudarse a Medellín, la capital antioqueña, desde la que deberá demostrar que está apto para reintegrarse a la sociedad abandonando cualquier actuación ilegal.

Sumado a eso, la jueza del caso acogió la petición de la Procuraduría General de la Nación y dispuso que Mancuso no podrá movilizarse por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, así como a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó, territorios en los que tuvo lugar su accionar criminal.

Si el implicado quisiera viajar a esos lugares, o su tarea como gestor de paz requiriera de su presencia allí, él mismo o el alto comisionado para la paz deberán enviar un comunicado oficial al actual despacho, con un plazo de cinco días hábiles, para que la jueza le otorgue el permiso temporal.

En cuando a sus pendientes con la justicia, esta libertad a prueba también le exige que debe “presentarse a todas las diligencias judiciales en las que sea citado”, sin excepción, que no podrá salir del país sin permiso de un juez y que, además, tiene expresamente prohibido portar armas de fuego, incluso de defensa personal.

Así se desarrolló la audiencia

Tras adelantar la primera parte de esta diligencia el pasado viernes 1 de marzo, la juez Luz Marina Zamora citó este lunes a una nueva audiencia de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en la que leyó su decisión sobre tercera solicitud de Salvatore Mancuso de recobrar su libertad.

En esa pasada diligencia judicial, tanto la Fiscalía General de la Nación como los representantes de víctimas dijeron estar de acuerdo con que el excomandante de las AUC quedara en libertad, dado que ya cumplió con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz a la que se sometió.

De hecho, este lunes ninguna de las partes presentó recurso de apelación para cuestionar la decisión de la jueza, lo que se traduce en que la Fiscalía, las víctimas y la Procuraduría estuvieron de acuerdo con la libertad a prueba y los términos de esa medida.

En efecto, ese viernes quedó claro que Mancuso ya pagó el máximo de 8 años de cárcel estando en Estados Unidos y los demás requisitos que exige la Ley y que, por ende, no debía haber ningún impedimento para que él accediera a su “libertad a prueba”.

Dicha medida sería por un término de 4 años, que es la mitad de la pena máxima a la que se sometió Mancuso, y deberá cumplir ciertas “obligaciones” que determinó la jueza.

“Durante el periodo de libertad a prueba, el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la ley 975/2005, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia. La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial deberá realizar un estricto seguimiento sobre el cumplimiento de la pena alternativa, las obligaciones impuestas en la sentencia y las relativas al periodo de prueba”, reza la Ley de justicia y paz.

Una vez termine ese período con éxito, Mancuso quedaría con libertad total.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 04 de marzo de 2024.

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5. ¿Salvatore Mancuso quedará en libertad por ser nombrado gestor de paz por Petro?

Petro lo hace para lograr ‘la completa paz’. Estos son los escenarios que se abren para el ex-Auc.

Para continuar leyendo este artículo le recomendamos suscribirse a El Tiempo.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 23 de julio de 2023.

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6. Mancuso continuará preso a pesar de que jueza ordenó su libertad condicional

Una jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz ordenó que durante 4 años el exjefe paramilitar esté libre de manera condicionada. Durante ese tiempo, Mancuso no podrá hacer presencia en los lugares en donde delinquió en las AUC y tendrá que reportarse periódicamente ante la justicia. Mancuso seguirá tras las rejas mientras resuelve sus otros pendientes judiciales.

Seis días después de regresar a Colombia, una jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz arrancó a leer su decisión en la que Salvatore Mancuso recuperó su libertad. La solicitud la hizo la defensa del exjefe paramilitar, pues consideró que ya cumplió con las penas que le fueron impuestas dentro de ese sistema de justicia transicional.

La decisión se conoce, luego de que todas las partes del proceso presentaran sus argumentos, el viernes pasado, en otra diligencia. En ese momento, la Fiscalía explicó que Mancuso había cumplido con todos los requisitos para recuperar su libertad, por lo que estaba de acuerdo con que el exjefe paramilitar recuperara su libertad, como ya lo había solicitado su defensa.

Pese a la decisión de hoy, todavía no es claro si hoy mismo Mancuso podría recuperará su libertad. La razón: otros jueces de Justicia y Paz deben resolver otros asuntos jurídicos, por ejemplo, medidas de aseguramiento que tiene en su contra, así como otras investigaciones en todavía marchan en diferentes instancias de todo el país.

Actualización clave4 Mar 2024 - 3:37 p. m.

Juez lo dejó en libertad

Con los argumentos anteriores, es decir, que el exjefe paramilitar cumplió con los compromisos de la Justicia y reparó a las víctimas, le dio la libertad a prueba por cuatro años. Sin embargo, aclaró que, como lo dijo antes, Mancuso tiene otros procesos en diferentes fases, por lo que la boleta de libertad cobrará validez “siempre y cuando Mancuso no sea requerido por otra autoridad de Policía judicial”. “Precisándole que tiene 33 medidas de aseguramiento en Barranquilla y 14 en Bogotá”.

Por lo anterior, la juez ordenó que el exjefe paramilitar continuará preso a pesar de qué ordenó su libertad condicional, esto porque para que salga de la prisión deben pronunciarse otras autoridades. Es decir, todas las autoridades judiciales en los que tiene procesos judiciales pendientes.

Actualización clave4 Mar 2024 - 3:22 p. m.

Mancuso y la reparación de víctimas

Aunque la juez Luz Marina Zamora concluyó que no hay pruebas para determinar que Salvatore Mancuso haya incumplido con el compromiso de entregar bienes para reparar a las víctimas, determinó que debe hacer algunas observaciones al respecto. Dijo que aunque la Fiscalía aseguró que el exjefe paramilitar tiene aproximadamente 100 bienes en investigación “el informe deja muchas dudas sobre la efectiva atención de la entrega de bienes y la respectiva celeridad que debe imprimírsele a ese aspecto, a fin de garantizar que los bienes no se oculten o pasen a manos de terceros y no puedan reparar a las miles de víctimas, aun si tiene más de 100 bienes en investigación”.

En este contexto, agregó que la Fiscalía debe conformar una unidad exclusiva al análisis financiero nacional e internacional, lavado de dinero, identificación de bienes en cabeza de bienes en cabeza de terceros e identificación de bienes a terceros. También, según la juez, debe integrar mayores recursos al respecto.

Actualización clave4 Mar 2024 - 2:53 p. m.

Cerca de 50 medidas de aseguramiento

Luego de negar una solicitud del abogado del exjefe paramilitar, Nelson Menjura, en la que pedía la palabra para argumentar sobre los bienes entregados por él y los argumentos de que no ha reparado a las víctimas, la juez Luz Marina Zamora entregó detalles sobre las medidas de aseguramiento que el exjefe paramilitar tiene vigentes y que podrían truncar su libertad. De acuerdo con la togada, Mancuso tiene vigentes 33 medidas de aseguramiento de Justicia y Paz de Barranquilla. También tiene otras 14 más de parte del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.

Cabe recordar que el pasado 1 de marzo, la Fiscalía la juez escuchó Zamora la posición de las partes sobre una petición de la defensa del recién deportado, en la que pidieron que su cliente obtenga la libertad para poder cumplir con sus funciones como gestor de paz, asignadas por el gobierno de Gustavo Petro. Durante la audiencia, la fiscal Magaly Álvarez, como vocera de la Fiscalía, expresó que la entidad “no se opone a concederle la libertad a prueba”. Expuso que, tras la revisión de los requisitos necesarios, concluyó que el exjefe paramilitar los cumplía por completo, pues habría realizado aportes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, explicó que Mancuso ya habría cumplido con las tres sentencias de Justicia y Paz que hay en su contra, en las que fue condenado a ocho años de cárcel, la pena máxima permitida en ese sistema de justicia transicional.

Sin embargo, por parte de la representación de víctimas, las posturas se mostraron divididas. Mientras algunos no se opusieron, otros expresaron reparos a la posición de la Fiscalía. Según expusieron, aún habría 100 bienes de Mancuso en materia de investigación que no habrían sido entregados por el exjefe paramilitar como parte de su reparación a las víctimas, un requisito del sistema de Justicia y Paz. No obstante, los abogados de víctimas explicaron que Mancuso ha colaborado con los procesos judiciales; sin embargo, criticaron que la reparación ha tardado mucho tiempo y, en varios casos, no ha sido suficiente.

https://www.elespectador.com/, Bogotá, 04 de marzo de 2024.

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7. Más opiniones y datos en X sobre caso de Mancuso

Daniel F. Briceño (@Danielbricen) posteó a las 5:49 p. m. on lun., mar. 04, 2024:

“Que los paracos vengan aquí que tendrán una segunda oportunidad” Gustavo Petro (08/05/2022)

Hoy se cumple con Mancuso

https://t.co/vP1yzyg1tB

(https://x.com/Danielbricen/status/1764785298653757836?t=_jQIIsncKfd_NZJOvddTwg&s=03)

Isa Mejía (@isamg6) posteó a las 8:48 a. m. on mar., mar. 05, 2024:

Felipe Zuleta, que JAMÁS ha sido uribista, dice una verdad hoy en @BluRadioCo :

"Yo jamás pensé ver tanto izquierdista contento con la decisión de sacar de la cárcel Mancuso(...) El presidente Petro trajo a Mancuso, lo pidió, pidió que lo deportaran única y exclusivamente para… https://t.co/kuxJxiuiqW

(https://x.com/isamg6/status/1765011406993133686?t=aNBhLQ0XPraGeLxaIh7q-A&s=03)

Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) posteó a las 3:49 p. m. on lun., mar. 04, 2024:

La liberación del delincuente Salvatore Mancuso, es una afrenta a la justicia y una bofetada a las miles de víctimas que padecieron sus crímenes.

Es un episodio vergonzoso para Colombia, alimentado por la falacia de la 'paz total'.

(https://x.com/WilsonRuizO/status/1764755015271354679?t=sK9JW9fQF1EwmBn9MkuL_g&s=03)

La FM (@lafm) posteó a las 3:27 p. m. on lun., mar. 04, 2024:

#ÚltimaHora | La juez de ejecución de paz de Justicia y Paz Luz Marina Zamora, acaba de dejar en libertad a prueba durante cuatro años, al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, tras haber sido deportado desde EE.UU. a Colombia. https://t.co/YE2l6PhNTs

(https://x.com/lafm/status/1764749412335534482?t=tVgeFSA-gdVXP2V55YT7LQ&s=03)

David Ghitis (@ghitis) posteó a las 1:18 p. m. on lun., mar. 04, 2024:

Si Mancuso hubiera hablado hace 15 años, le hubiera creído. Pero hoy, después de 15 años y de haber recibido las visitas de Iván Cepeda, la fallecida Piedad Córdoba, etc. y no haber dicho nada, no creo que él tenga nada cierto que decir. De hecho, es hasta sospechoso que ahora…

(https://x.com/ghitis/status/1764717022649475292?s=03)

Daniel F. Briceño (@Danielbricen) posteó a las 3:37 p. m. on lun., mar. 04, 2024:

El delincuente Salvatore Mancuso acaba de ser liberado, podrá caminar por las calles con total normalidad y burlarse de sus miles de víctimas mientras la impunidad lo acompaña. Esto es una burla para Colombia acolitada por la “paz total” y el gobierno nacional.

(https://x.com/Danielbricen/status/1764752131385434125?t=xUOgySBPyogYYKieZtj32w&s=03)

Vicky Dávila (@VickyDavilaH) posteó a las 11:54 a. m. on lun., mar. 04, 2024:

Sigo pensando que Mancuso debe hablar y que caiga quien caiga. Lo que jamás debe suceder es que utilicen a este ex jefe paramilitar para desatar una guerra de persecución político-judicial contra la oposición. Eso es diferente.

También sería bueno que las Farc y el ELN hablaran…

(https://x.com/VickyDavilaH/status/1764695814637572499?t=J517LrZtiy8WX6qzcB1WOA&s=03)

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c) Nuevos enredos de Nicolás Petro

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1. Empresa de seguridad, clave para entender vendettas y el caso de Nicolás Petro

2. El particular vínculo entre el Clan Vega Daza y Nicolás Petro

3. Empresa que vincula a los Vega Daza, mencionada en expediente del Nicolasgate

4. “La Fiscalía no tiene documentos que me vinculen a esa empresa de seguridad”: Nicolás Petro

5. Se pronuncia empresa señalada de lavar plata para Nicolás Petro en la Fiscalía

6. Más datos en X sobre caso de Nicolás Petro

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1. Empresa de seguridad, clave para entender vendettas y el caso de Nicolás Petro

Quiénes son los dueños de la empresa que habría ayudado a falsificar documentos, para justificar presunto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro. Exclusivo de la Unidad Investigativa.

Una empresa de seguridad es la clave para desentrañar cómo operó durante años el temible clan Daza, cuyo último gran capo fue asesinado a sangre fría esta semana en España. Antes de refugiarse en Valencia, Rodrigo Vega Daza se había salvado de dos atentados en Colombia, gracias a que él y su grupo portaban armas, algunas de estas amparadas por la firma Lost Prevention Limitada. Esta empresa también aparece mencionada en el expediente de Nicolás Petro en la Fiscalía General de la Nación.

¿Quién es alias Araña, el narco que asesina a los líderes sociales en el sur de Colombia?

La empresa de seguridad Lost Prevention se convirtió en una pista para que las autoridades puedan resolver dos casos judiciales: el de la guerra mafiosa del clan Vega Daza en la costa Atlántica y el de los dineros que habría recibido Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, por lo que está llamado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito.

Lost Prevention funciona desde hace 15 años prestando servicios de seguridad privada en Barranquilla, Riohacha y Urabá. Entre 2022 y 2024, firmó contratos por más de 8 mil millones de pesos con la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Maicao.

Como dueños y representantes figuran Ángel Carrillo, su madre Lilian López y su prima Martha Lucía López. Aparentemente, no existe familiaridad entre estas personas y el clan Vega Daza, que ha protagonizado una sangrienta guerra en los últimos dos años en Barranquilla.

Lo cierto es que a Lost Prevention Limitada sí han estado ligados los integrantes de ese clan criminal. Noticias Caracol investigó y encontró que cuatro miembros del clan fueron integrantes de la compañía y tuvieron armas amparadas por esa empresa de seguridad.

Rafael Vega Cuello, alias Kike, jefe del clan, tenía un carné que lo acreditaba como directivo de la empresa de seguridad. Sus hijos, Ronald y Roberto Vega Daza, tenían documentos en los que figuraban como escoltas de esa compañía.

Uno de sus primos, Jorge Salazar también aparece, según un documento, como el coordinador del departamento de armas de la empresa. Esto le permitía portar armamento a pesar de que recaían sobre él al menos 20 denuncias por extorsiones, robo a mano armada y el cobro violento de deudas.

Jorge Salazar y sus primos fueron asesinados en vendettas en los últimos dos años.

Decenas de denuncias han vinculado al clan Vega Daza y a la empresa de seguridad con actividades criminales. Desde hace más de 5 años, esas denuncias acumularon polvo en las fiscalías locales sin que nada pasara. Lo más crítico, es que casi todos los denunciantes terminaron asesinados después de contar las irregularidades a las autoridades.

Las pocas investigaciones que han avanzado se adelantan desde Bogotá. En una de ellas, la Fiscalía hizo una anotación: “Integrantes de la empresa de seguridad, presuntamente, han dispuesto de los sistemas y esquemas de seguridad para proteger a los integrantes de la estructura criminal".

En esta investigación, la Fiscalía General de la Nación tiene otro grave indicio: "A través de la empresa de seguridad, la organización trafica y adquiere armas de fuego para los grupos identificados como Conquistadores de la Sierra y el clan de los Vega”.

Los Conquistadores de la Sierra es un grupo integrado por los antiguos miembros de las autodefensas y tienen aterrorizada a la Sierra Nevada de Santa Marta y a La Guajira con extorsiones, amenazas y homicidios.

Lost Prevention y el caso Nicolás Petro

La investigación contra la empresa Lost Prevention por su presunta relación con grupos criminales no es el único lío que tiene. Lost Prevention también está mencionada en el escándalo por los dineros que habría recibido Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, de parte del narcotraficante Santander Lopesierra, alias el 'Hombre Marlboro', y el hijo del polémico empresario Alfonso del Cristo 'el Turco' Hilsaca.

La Fiscalía tiene sospechas de que Lost Prevention y su representante legal, Lilian López, podrían estar comprometidos con falsedades que involucran al hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, así se desprende del testimonio de una fuente reservada que colabora en la investigación.

“La relación que existe entre la empresa, esa señora y Nicolás Petro con la investigación es que a través de esa empresa están creando documentos falsos, letras y registros y todo lo que se pueda para que Nicolás pueda justificar el ingreso y la procedencia del dinero que la exesposa dijo que recibió. Sé que están firmando pagarés y que ese dinero se registraría en la empresa como préstamos y aportes a campañas”, dijo la fuente.

Según la fuente, a cambio de esa ayuda les habrían prometido contratos con entidades del Estado. Solo el avance de las investigaciones permitirá establecer hasta dónde llegaron las relaciones entre la política, la cuestionada empresa y una guerra mafiosa que ha dejado decenas de muertos en Barranquilla.

https://www.noticiascaracol.com/, Bogotá, 04 de marzo de 2024.

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2. El particular vínculo entre el Clan Vega Daza y Nicolás Petro

La empresa de seguridad Lost Prevention, vincula a la guerra mafiosa del clan Vega Daza y los dineros que habrían recibido Nicolás Petro que hoy lo tienen ante la justicia.

Según un informe divulgado este domingo porNoticias Caracol, se menciona el testimonio de una fuente confidencial que alega que Nicolás Petro, ex diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, habría tenido algún tipo de contacto con una empresa de seguridad vinculada al clan Vega Daza.

El informe señala que la empresa de seguridad Lost Prevention se encuentra ligada a la violenta lucha mafiosa del clan Vega Daza, así como a los fondos que supuestamente Nicolás Petro habría recibido, lo que le ha llevado a ser llamado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito.

Una fuente reveló que se investiga la fabricación de supuestos pagarés para que Petro justifique los dineros con que compró bienes raíces y lujos vehículos para él y su exesposa.

Todo se haría a cambio para que Lost Prevention obtuviera negocios con el Estado y así pagar el favor al hijo del presidente Gustavo Petro.

Los Vega Daza

Tomada de: https://voxpopuli.digital

Según la nota, Lost Prevention ha estado operando durante los últimos 15 años, ofreciendo servicios de seguridad en Barranquilla, Riohacha y Urabá. Durante el período comprendido entre 2022 y 2024, la empresa firmó contratos por más de $8 mil millones con la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Maicao. La ciudad donde manda uno de los supuestos aportantes a Nicolás Petro, Samuel Santander Lopesierra 'El Hombre Marlboro'.

El reportaje también revela que los cuatro miembros del clan Vega Daza estaban involucrados en la empresa: el líder, Rafael Vega Cuello, poseía una identificación que lo acreditaba como directivo de la compañía, mientras que sus hijos Ronald y Roberto figuraban como escoltas en documentos oficiales. Todo esto les permitía portar armas de forma legal. Vale recordar que el menor de ellos, Roberto Carlos Vega Daza, habría sido asesinado en Valencia, España recientemente.

'Kike' Vega y sus otros dos hijos, Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza, fueron asesinados el 29 de junio de 2023.

Nicolás Petro se defiende

Por medio de su cuenta en X, el exdiputado del Atlántico se defendió de las nuevas acusaciones reveladas por Noticias Caracol y desestimó la investigación del periodista Ricardo calderón.

https://www.revistalternativa.com/, Bogotá, 03 de marzo de 2024.

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3. Empresa que vincula a los Vega Daza, mencionada en expediente del Nicolasgate

Documentos y testimonios sustentan la investigación revelada por Noticias Caracol en la noche de este domingo.

Un informe emitido este domingo por el noticiero televisivo Noticias Caracol cita el testimonio de una fuente reservada que afirma que el ex diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, tuvo contacto con una empresa de seguridad relacionada con el clan Vega Daza.

"La empresa de seguridad Lost Prevention, vincula a la guerra mafiosa del clan Vega Daza y los dineros que habrían recibido Nicolás Petro y por los que está llamado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito", indica el reporte.

La empresa, agrega la nota, funciona desde hace 15 años prestando servicios de seguridad en Barranquilla, Riohacha y Urabá. Y entre 2022 y 2024 firmó contratos por más de $8 mil millones con la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Maicao.

"Cuatro miembros del clan fueron integrantes de la compañía: el jefe, Rafael Vega Cuello, tenía un carnet que lo acreditaba como directivo de la empresa, y sus hijos Ronald y Roberto tenían documentos en los que figuraban como escoltas", sostiene el reportaje.

Agrega el informe que "decenas de denuncias han involucrado al clan Vega Daza y a la empresa en actividades criminales y desde hace cinco años las denuncias acumularon polvo en fiscalías locales y los denunciantes terminaron asesinados, y las pocas investigaciones que avanzaron se llevaron a cabo en Bogotá".

Asevera el noticiero que Lost Prevention también está involucrada al parecer con Nicolás Petro y que "la Fiscalía sospecha que esta empresa podría estar comprometida con falsedades que involucran al hijo del presidente Gustavo Petro".

"Una fuente reservada dice que a través de la empresa crean documentos falsos, letras y registros para que Nicolás justifique el dinero que la exesposa dice que recibió: 'Sé que están firmando pagarés y que ese dinero se registraría en la empresa como préstamos y aportes a campaña'", reporta el medio.

Y concluye que según la fuente, "a cambio de esa ayuda le habrían prometido a la empresa contratos con entidades del Estado".

https://www.elheraldo.co/, Barranquilla, 03 de marzo de 2024.

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4. “La Fiscalía no tiene documentos que me vinculen a esa empresa de seguridad”: Nicolás Petro

El hijo del presidente Gustavo Petro, respondió a los señalamientos en su contra de que buscaría legalizar dineros ilegales a través de una firma de seguridad vinculada al Clan Vega Daza.

Nicolás Petro se pronunció tras las nuevas denuncias que se dieron a conocer en su contra por medio de un informe de Noticias Caracol que reveló que, el hijo del presidente Gustavo Petro, al aparecer, buscaría legalizar dineros ilegales que obtuvo y que presuntamente, iban para la campaña política de su padre, con una firma de seguridad de Barranquilla, “Lost Prevention Limitada, vinculada al clan Vega Daza.

“La fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella”, dijo el hijo del primer mandatario.

Nicolás Petro, agregó que han expuesto su vida y la de su familia en peligro, “todo por un informante falso de la fiscalía”.

“Por un informante falso del Fiscal Mario Burgos fue que me capturaron ilegalmente y hoy Noticia Caracol le hace despliegue a esas mentiras”, puntualizo su mensaje en la red social X.

https://caracol.com.co/, Bogotá, 03 de marzo de 2024.

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5. Se pronuncia empresa señalada de lavar plata para Nicolás Petro en la Fiscalía

Las directivas de la entidad argumentaron no conocer al hijo del presidente de Colombia.

La novela por el supuesto lavado de dinero de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, sigue dando de qué hablar. Esta vez, la empresa señala de presuntamente colaborar para este delito, Lost Prevention, se pronunció y dio su versión de los hechos.

Los representantes de esta empresa de seguridad privada se pronunciaron ante delegados de la Fiscalía General de la Nación y argumentaron desconocer al hijo del presidente.

“No señor, no conozco al señor Petro (hijo), no tengo ni idea, nadie ha llegado a la gerencia de la empresa ni se me ha acercado a mí como representante legal o de manera personal a decirme que colabore con una persona que no conozco, eso no tiene ni pies ni cabeza”, comentó Lilian Dolores López, gerente de Lost Prevention.

Esta respuesta se da luego de que la empres fue salpicada por una información revelada por una fuente anónima en un medio de comunicación nacional, en donde indicó que Lost Prevention sería la responsable de generar pagarés y documentos para el lavado de dinero.

“Sé que están firmando pagarés y que ese dinero se registraría en la empresa como préstamos y aportes a campañas. Ellos están hundiendo esa investigación, protegiendo a esta gente, ya que son sus aliados políticos y ellos prometieron que si salía bien esa situación les iban a dar un contrato grandísimo con el Gobierno Nacional”, indicó la fuente anónima.

Se debe señalar que Rafael Vega Cuello alias Kike, jefe del clan Vega Daza, era directivo de la empresa. Asimismo, sus hijos, Ronald y Roberto Vega Daza, aparecían vinculados a la empresa como escoltas.

De hecho, Nicolás Petro recientemente también se pronunció debido a este hecho, negando toda relación con la empresa de seguridad y manifestando su inconformismo con el caso.

“La Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella”, indicó Nicolás Petro, a la par que reprochó la información “falsa” difundida por el medio de comunicación nacional.

https://www.elpais.com.co/, Cali, 04 de marzo de 2024.

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6. Más datos en X sobre caso de Nicolás Petro

Juan Carlos Florian (@JCFloriant) posteó a las 2:25 p. m. on lun., mar. 04, 2024:

El mismo Ricardo Calderón que destapó el Pacto de la Picota y el petrismo lo matoneó y lo desmintió hasta el cansancio. Sólo se callaron hasta que el hermano del presidente lo confesó. El mismo. https://t.co/g18lTjnxJo

(https://x.com/JCFloriant/status/1764733901837070431?t=ZGR382Xw-HpQbPBiirqlVg&s=03)

Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) posteó a las 11:30 a. m. on lun., mar. 04, 2024:

Por esta razón la Corte Suprema de Justicia debe escoger un fiscal idóneo.

Cada día se ve más claro que con Petro en el Gobierno lo que se subió al poder fue una alianza entre políticos y criminales, que no solo desbocó la corrupción sino también el narcotráfico y asesinatos.

(https://x.com/IBetancourtCol/status/1764689917756498324?t=TnLN_TvXzHyzejlqWGDbNA&s=03)

Russy Millán (@millanrussy) posteó a las 9:22 p. m. on dom., mar. 03, 2024:

Les resumo lo que se acaba de publicar:

Nicolás Petro estaría aliado con una empresa vinculada a paramilitares, para que esta le ayude a blanquear toda la plata ilícita —que recibió de los narcos— a cambio de contratos con el Estado.

Más nauseabundo no pudo ser.

(https://x.com/millanrussy/status/1764476403490123799?t=Vn7rYr8NgyQPIYGGJJLHSg&s=03)

By Viral 24 (@ByViral24) posteó a las 7:39 p. m. on dom., mar. 03, 2024:


Publicado en Politica

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