1. Alerta entre jueces y fiscales: la cúpula de la justicia le hace graves advertencias al presidente
Gustavo Petro, quien quiere liberar a los integrantes de la primera línea. No se puede
2. La justicia escandalizada: si el presidente Gustavo Petro deja libres a integrantes de la primera
línea de un plumazo habrá “intromisión indebida en los procesos” y será “ilegal”
3. Expresidentes latinoamericanos rechazan libertad a presos de Primera Línea
4. Primera línea: este es el decreto que crea comisión que estudiará liberaciones
5. Fiscal Barbosa rechazó el boleto de libertad para la Primera Línea en Navidad
6. Fiscal general rechazó opción de darles perdón social a integrantes de la Primera Línea
7. “Hay que rodear a los jueces y que no sientan miedo”: estalla polémica por decreto del
Gobierno Petro para sacar de la cárcel a integrantes de la primera línea
8. Atención: Policía empezó a retirar de la institución a uniformados investigados por hechos en
medio de la confrontación con la primera línea
9. “El Gobierno solo piensa en darles la Navidad a los asesinos de mi hijo”: el conmovedor relato
de los familiares del capitán Jesús Alberto Solano, víctima de la primera línea
10. “Los primera línea no son detenidos políticos, ellos han cometido delitos y así se ha
comprobado frente a los jueces”, Luisa Obando, directora de seguridad territorial de la Fiscalía
11. Los delitos que serían solucionados con la “reconciliación judicial” que propone el gobierno
Petro
12. Paloma Valencia demandará decreto 'para liberar la primera línea'
13. “No pueden pasar por encima de la ley”: Paloma Valencia demandará decreto que da
libertad a integrantes de primera línea
14. “Gustavo Petro, dictador, a través de este decreto está materializando un golpe de Estado”:
María Fernanda Cabal
15. “Los colombianos de bien debemos rodear a nuestros policías”: María Fernanda Cabal
16. Divulgan polémico video de Gustavo Bolívar con Primera Línea: lo señalan de ser su jefe
político
17. No cesa la polémica por video de Gustavo Bolívar: “¿Es el líder de la primera línea?"
18. “La primera línea está secuestrando los carros en los barrios y cobra peajes…seguimos secuestrados en nuestras casas”, vecinos del Portal de las Américas piden auxilio
19. Presidente Petro presentará adición presupuestal buscando mayores recursos para la rama
judicial
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1. Alerta entre jueces y fiscales: la cúpula de la justicia le hace graves advertencias al presidente Gustavo Petro, quien quiere liberar a los integrantes de la primera línea. No se puede
La cúpula de la Justicia le advierte al presidente Gustavo Petro sobre los impedimentos legales de su propuesta para liberar a centenares de integrantes de la primera línea que se encuentran presos. Jueces y fiscales están alarmados.
https://www.semana.com/, Bogotá, 11 de diciembre de 2022.
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2. La justicia escandalizada: si el presidente Gustavo Petro deja libres a integrantes de la primera línea de un plumazo habrá “intromisión indebida en los procesos” y será “ilegal”
La decisión de presidente Gustavo Petro de ordenar la libertad de miembros de la denominada ‘primera línea’, pasando por encima de decisiones judiciales y de la negativa que ya le había dado el Congreso, levanta ampolla.
https://www.semana.com/, Bogotá, 11 de diciembre de 2022.
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3. Expresidentes latinoamericanos rechazan libertad a presos de Primera Línea
DECLARACIÓN SOBRE LOS INDULTOS EN COLOMBIA
Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, a propósito de la orden que mediante decreto avanzaría el presidente de Colombia para liberar a individuos involucrados en recientes y graves delitos comunes contra servidores públicos y contra la vida, la propiedad y bienes de la nación, consideran su deber señalar lo siguiente:
La defensa de la democracia exige como elemento esencial el respeto irrestricto de la independencia de poderes, a tenor de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana, y en su relación con la Convención Americana de Derechos Humanos.
El ordenado funcionamiento de los poderes conformados independientemente reconoce las potestades que distintas constituciones de la región conceden a los jefes de Estado para otorgar indultos, a los poderes legislativos para acordar amnistías y, por supuesto a los poderes judiciales para impartir Justicia.
Bajo esa premisa, preocupa que el Gobierno de Colombia pretenda facilitar que personas con graves evidencias en su contra de la comisión de delitos comunes, mediante acciones colectivas, eludan sus responsabilidades ante la justicia. Para conseguir ese objetivo planea tratar sus casos bajo figuras jurídicas que sólo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz.
De ser así, se estará configurando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de su Justicia, elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente.
Por ese motivo, respaldamos las preocupaciones por varias autoridades judiciales de Colombia a través de los medios de comunicación social y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en Colombia.
En tal orden, los exjefes de Estado y de Gobierno que suscriben hacen propio el pronunciamiento que en materia tan delicada ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú en 2018, a saber “que un indulto del Ejecutivo que perdona, suprime o extingue la pena impuesta en un proceso penal por hechos relativos a graves violaciones a derechos humanos produce la más grave afectación al principio de proporcionalidad de la pena y al acceso a la justicia de las víctimas y susfamiliares”. De donde “existe una tendencia creciente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional respecto a limitar que las condenas impuestas por tribunales penales por graves violaciones a los derechos humanos sean perdonadas o extinguidas por decisiones discrecionales de los Poderes Ejecutivo o Legislativo”.
Diciembre 13, 2022
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá
Felipe Calderón, México
Alfredo Cristiani, El Salvador
Iván Duque M, Colombia
Federico Franco, Paraguay
Vicente Fox Q., México
Eduardo Frei T., Chile
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto Lacalle H, Uruguay
Mauricio Macri, Argentina
Jamil Mahuad W., Ecuador
Carlos Mesa G., Bolivia
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
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4. Primera línea: este es el decreto que crea comisión que estudiará liberaciones
En esta iniciativa, algunos integrantes de la primera línea quedarían libres para ser 'voceros'.
La iniciativa del Gobierno Nacional de liberar a al menos 230 jóvenes - algunos de la primera línea - que están detenidos por presuntos delitos cometidos en el marco del paro nacional del año pasado va avanzando.
Justamente, el pasado 9 de diciembre se firmó el decreto que crea la "Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana".
Esta comisión, según el documento, tendrá dentro de sus funciones "recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022".
Según dicha ley, que es el marco del Gobierno para poder negociar con grupos armados, los voceros pueden ser:
- La persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos.
- Un ciudadano que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia.
- Quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad.
Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, en manos de este grupo estará el estudio y la creación de condiciones para los casos de jóvenes detenidos que quedarán libres para tener dicho rol.
Otra de las funciones es "recomendar la continuidad o exclusión como vocero en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022" según el "informe de evaluación y monitoreo que del cumplimiento de las obligaciones y condiciones realice el Alto Comisionado para la Paz".
En el decreto también se establece que la comisión expedirá "su propio reglamento".
El ministro Velásquez aclaró que estos procesos no significan la conclusión de investigaciones. También dijo que la comisión no cuestionará las pruebas ni la revisión de los procesos judiciales.
¿Quiénes integrarán la comisión?
El artículo 2 del decreto establece que la comisión será dirigida el ministro de Justicia, Néstor Osuna y lo acompañarán el ministro del Interior, Alfonso Prada o su delegado; el ministro de Defensa, Iván Velásquez o su delegado y el directores del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano o su delegado.
La comisión, según el texto, deberá reunirse por lo menos una vez trimestralmente. También podrán hacerlo de manera extraordinaria "a solicitud de alguno de sus miembros".
Podrán sesionar con la mitad más uno de sus miembros. "Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los asistentes a la sesión", explican.
La Secretaría de la Comisión estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 11 de diciembre de 2022.
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5. Fiscal Barbosa rechazó el boleto de libertad para la Primera Línea en Navidad
A una semana de noche buena no hay claridad sobre la maroma jurídica de Petro para sacarlos de prisión. Tampoco está listo el decreto reglamentario que pone las condiciones. Las criticas no se detienen.
La propuesta del presidente Gustavo Petro para otorgar un boleto de salida navideño a los capturados de Primera Línea sigue causando revuelo en todos los estrados judiciales.
La crítica más reciente fue la del fiscal general Francisco Barbosa, quien se fue de frente en contra de la propuesta de Petro y aseguró que este hecho no solo sería ilegal sino que menoscabaría la independencia de los poderes públicos que debe caracterizar a una democracia. “El ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”, le dijo Barbosa a la revista Semana.
Ni los jueces, ni la Fiscalía, ni las cortes tienen claras las maniobras jurídicas de Petro para cumplir con esa promesa que hizo desde que ganó las elecciones. Lo cierto es que todo apunta a que nombrarlos como gestores de paz es una acción inviable.
La razón es que, según la Ley 418 de 1997, que fue modificada por la 2272 de este año, es un requisito que esos gestores pertenezcan a un grupo armado ilegal con el que el Gobierno tenga intenciones de negociar la paz.
En este caso, la Primera Línea no podría entrar en ese paquete porque no se ha conformado como un grupo armado al margen de la ley, sino como uno de protesta durante el estallido social de 2021.
En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, en conversación con El Tiempo señaló que se trataría de un hecho inédito porque la figura de gestores de paz ya se ha usado en negociaciones con las Farc, el ELN o las AUC, por lo que meter a la primera línea en ese paquete sería complejo porque no tienen relación alguna con grupos armados y organizados.
De los hechos ocurridos durante las protestas hay 9 condenados y por lo menos 171 imputados por delitos graves. Por eso, esta medida igual fue criticada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien mencionó que eso sería como “otorgarles medidas de excarcelación a condenados por delitos como homicidio, tortura y terrorismo, que nada tienen que ver con el derecho a la protesta.”
El magistrado Quiroz destacó que lo más importante es el debido respeto hacia las instancias judiciales. “Todavía no hay mucha claridad sobre cuáles serán las funciones de estos gestores ni sobre el procedimiento para su liberación, claridades que son necesarias porque esta figura de los gestores de paz tiene unos fines específicos y no puede terminar desnaturalizada. Quiero resaltar que lo más importante es que sean los jueces y fiscales quienes tengan la última palabra”.
¿En qué va?
Lo que se sabe es que, ante la falta de claridad tanto en el procedimiento de liberación como en las funciones de los gestores, se mantiene la expectativa del decreto presidencial al que ya se le venció el plazo y tendría que estar listo esta semana. Allí se dejarían plasmadas las reglamentaciones para darle cumplimiento a esa promesa de Petro.
Pese a las constantes críticas de los sectores políticos y judiciales, la decisión todavía tiene apoyo en un sector de la Cámara de representantes que firmó el pasado 6 de diciembre una carta de respaldo e invitó a acatar las peticiones del mandatario.
Por otro lado, el senador Gustavo Bolívar se ha mantenido firme en la defensa de la figura de “gestor social”, que legalmente no existe, sobre todo tras el fracaso en el trámite de una ley que en la práctica buscaba la amnistía a los miembros de la Primera Línea.
A fin de cuentas esa incertidumbre en medio de la polémica podría resultar en un espaldarazo de sectores importantes a la anhelada “paz total” de Petro
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 12 de diciembre de 2022.
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6. Fiscal general rechazó opción de darles perdón social a integrantes de la Primera Línea
Francisco Barbosa dice que se podría vulnerar la independencia de la justicia.
El fiscal General, Francisco Barbosa, se fue de frente contra la propuesta del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestores de paz a los jóvenes de la Primera Línea para librarlos de la cárcel antes de la Navidad.
Para el fiscal –quien esta semana se contagió de covid-19 y no pudo asistir a una reunión con el presidente–, este hecho no solo sería ilegal sino que menoscabaría la independencia de los poderes públicos que debe caracterizar a una democracia. “El ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”, le dijo Barbosa a la revista Semana, a la vez que indicó que la condición de ser gestores de paz no necesariamente significa que sean puestos en libertad.
“Hasta tanto se siga aplicando la legislación establecida en el Código de Procedimiento Penal, que determina que para revocar una medida de aseguramiento privativa de la libertad deben desaparecer los fines que dieron lugar a la misma, esto es peligroso para la comunidad, peligroso para la víctima y un riesgo de obstrucción a la Justicia”, añadió.
Según el jefe del ente investigador, los actos por los cuales se juzga a más de 230 personas que habría sido miembros de la llamada Primera Línea, entre los cuales hay cargos por concierto para delinquir, terrorismo, lesiones personales y tortura, entre otros, no guardan relación con la protesta social, como ha alegado el Gobierno de Petro.
Además, indicó que no se les ha violado el debido proceso a los implicados, que las decisiones de los jueces se han basado en las pruebas contundentes que han aportado los fiscales.
Hasta ahora, de acuerdo con Semana, han sido nueve los condenados por los episodios violentos que sucedieron en el país durante el movimiento de protesta ocurrido en mayo de 2021.
Tras el fracaso en el trámite de un ley que en la práctica significa la amnistía a los miembros de la Primera Línea, la última carta esbozada por Petro para cumplir con su promesa de campaña, de lograr la libertad para los jóvenes que perdieron la libertad en las refriegas del año pasado fue nombrarlos gestores de paz para los diálogos con el Eln.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 11 de diciembre de 2022.
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7. “Hay que rodear a los jueces y que no sientan miedo”: estalla polémica por decreto del Gobierno Petro para sacar de la cárcel a integrantes de la primera línea
En Vicky en Semana, la reacción de la senadora María Fernanda Cabal a la decisión del presidente Gustavo Petro de liberar a los integrantes de la primera línea. Justamente, el mandatario instó a “más jueces, más independencia y más justicia restaurativa”.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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8. Atención: Policía empezó a retirar de la institución a uniformados investigados por hechos en medio de la confrontación con la primera línea
SEMANA conoció que esta semana los patrulleros Abberson de Jesús Acosta y Héctor Samuel Pacheco fueron retirados del cargo. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo que la decisión proviene desde el ministro de Defensa.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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9. “El Gobierno solo piensa en darles la Navidad a los asesinos de mi hijo”: el conmovedor relato de los familiares del capitán Jesús Alberto Solano, víctima de la primera línea
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que dejará libres a integrantes de la primera línea. En Vicky en Semana, familiares de una de las víctimas de ese grupo se refirieron a la decisión del jefe de Estado.
https://www.semana.com/, Bogotá, 13 de diciembre de 2022.
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10. “Los primera línea no son detenidos políticos, ellos han cometido delitos y así se ha comprobado frente a los jueces”, Luisa Obando, directora de seguridad territorial de la Fiscalía
Luisa Obando, directora de Seguridad Territorial de la Fiscalía, sostuvo que jamás se persiguió la protesta social sino las acciones violentas que se presentaron durante las marchas.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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11. Los delitos que serían solucionados con la “reconciliación judicial” que propone el gobierno Petro
En ‘Vicky en SEMANA’ debatieron Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, y los abogados Francisco Bernate y Jaime Lombana.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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12. Paloma Valencia demandará decreto 'para liberar la primera línea'
La senadora del Centro Democrático así lo dijo luego de que se conoció decreto que crea comisión.
Desde el Centro Democrático siempre se han mostrado críticos con la idea del Gobierno de liberar a ciertos jóvenes - incluidos algunos integrantes de la primera línea - para que sean voceros o gestores de paz.
Este lunes se conoció el decreto que fue firmado por el Gobierno para crear la comisión que recomendará los casos de detenidos que podrán ser liberados para cumplir con dicho rol.
La idea, sin embargo, no ha caído bien en diversos sectores. Desde la oposición, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, del CD, dijo este 12 de diciembre: "Precederemos a demandar el decreto para liberar la primera línea que es abiertamente ilegal e inconstitucional, y interpondremos las acciones legales contra los firmantes. No pueden pasar por encima de la ley".
La senadora también agregó que ese decreto es una extralimitación de las funciones gubernamentales.
"El decreto para liberar a los de primera línea es flagrante extralimitación de funciones; es claro que las facultades para suspender órdenes de capturara se limita a representantes de organizaciones armadas o estructuras criminales… jamas para representantes del gobierno", se lee en el trino de la congresista
Con esa iniciativa podrían quedar en libertad al menos 230 jóvenes que están detenidos por presuntos delitos cometidos en el marco del paro nacional del año pasado va avanzando, que es lo que ha generado todo tipo de comentarios por parte de los miembros de la oposición al partido de Gobierno.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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13. “No pueden pasar por encima de la ley”: Paloma Valencia demandará decreto que da libertad a integrantes de primera línea
La senadora del Centro Democrático tildó de “ilegal e inconstitucional” el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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14. “Gustavo Petro, dictador, a través de este decreto está materializando un golpe de Estado”: María Fernanda Cabal
El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que permitirá que integrantes de la primera línea queden en libertad antes de Navidad. La senadora Cabal se refirió en Vicky en Semana a la decisión del jefe de Estado.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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15. “Los colombianos de bien debemos rodear a nuestros policías”: María Fernanda Cabal
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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16. Divulgan polémico video de Gustavo Bolívar con Primera Línea: lo señalan de ser su jefe político
El senador del Pacto Histórico respondió sobre la naturaleza del video y asegura que tuvo lugar en el Ministerio de Justicia.
El fin de semana se conoció un video en el que el congresista del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se ve acompañado de integrantes de la primera línea.
La grabación publicada por el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, se puede ver un grupo de jóvenes con el senador, quien estaría señalando qué debía decir y que se debía omitir sobre la posibilidad de liberar a las personas que están detenidas.
El texto que acompaña las imágenes dice “Gustavo Bolívar está alterando el orden Constitucional en Colombia. Reunión clandestina por el jede de la primera línea, Gustavo Bolívar”.
En la intervención hecha por Bolívar señaló la manera en la que se deben comportar ante la propuesta de dejar en libertad a todos los integrantes para que se conviertan en gestores de paz.
En esa misma línea, el senador Bolívar asegura que se debe “cuidar las palabras” e “irse por las ramas” o hablar públicamente de la propuesta del Ministerio de Justicia frente a lo que se está desarrollando.
“Ustedes deciden si hablamos de cosas que se puedan decir por los celulares que ustedes están transmitiendo o hacemos una reunión entre cuatro o cinco personas que ustedes decidan y nos vamos para la oficina del ministro y hablamos de las cosas que no se pueden decir en público”, insistió Bolívar, quien sugirió también una reunión privada para que se puedan hablar cosas que no se hacen en público y con las que luego pueden salir "al otro día nos crucifican de un lado o del otro".
En la publicación hecha por Federico Gutiérrez, el exgobernador de Antioquia mencionó que "Estamos en manos de bandidos. Y este es uno de los cabecillas. Yo sí le digo a Colombia que no nos podemos quedar quietos. Que el gobierno Petro sepa que no puede pasar por encima de la Ley, por más que quiera favorecer y premiar a criminarles que lo llevaron a la Presidencia".
Sin embargo, no fue el único en referirse a la divulgación de este video, pues otras figuras políticas como Enrique Gómez también lo colocaron en sus redes cuestionando la labor del gobierno Petro y el accionar de Bolívar.
“¿Por qué hay sorpresa con el video donde Gustavo Bolívar le da instrucciones a los terroristas de primera línea? Son los comandos en calle que se usarán como los colectivos chavistas. Sencillamente se confirma lo que sabemos del kínder del ELN que lidera ese mentiroso patológico”, escribió Gómez.
En respuesta a este video, el mismo senador Bolívar dio algunas aclaraciones al respecto desde su cuenta de Twitter. Aseguró que no ha desarrollado ninguna reunión clandestina y que el encuentro que se ve en el video divulgado se realizó "en el Ministerio de Justicia".
"Fue una reunión oficial a la que asistieron el ministro y el viceministro de Justicia. Pedí que fuera sin teléfonos para salvaguardar la seguridad de los jóvenes que iban a hacer denuncias de violaciones de DDHH", destacó.
También manifestó que las reuniones que ha realizado otras reuniones que han sido públicas y que ha registrado en su cuenta de Twitter. "Una en la ONU con el general Sanabria, Otra en en el Sena con el director Londoño y esta en el ministerio de Justicia con el Ministro abordo, todas publicas", concluyó.
https://www.lafm.com.co/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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17. No cesa la polémica por video de Gustavo Bolívar: “¿Es el líder de la primera línea?"
Aunque el senador Gustavo Bolívar ha asegurado que fue un encuentro oficial, le llueven críticas, especialmente por el hecho de que haya cosas que no se hablen en público. Estas incluso vienen de la bancada oficialista.
En el Congreso de la República hay una nueva controversia por cuenta de un video del senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar , en el que conversa sobre una estrategia de comunicación con jóvenes de la denominada primera línea.
El encuentro con la primera línea se dio en el Ministerio de Justicia y fue liderado por el senador Gustavo Bolívar, que desde antes de la llegada de Gustavo Petro al poder ha tenido constante contacto con estos jóvenes.
En la grabación se escucha que hablan de formas de comunicación, de cuidar las palabras.
La esencia de esta reunión es ver cómo va el tema de los compañeros que están privados de la libertad, cómo está el tema de los que están sindicados, etcétera, todo eso. Pero nosotros ya le dimos tratamiento, de eso quiero que hablemos. Uno, cuidando las palabras, porque sé que va en trámite. Entonces, ahí nos vamos por las ramitas o sellamos todos los celulares y nos ponemos aquí a hablar ranchera.
Aunque el senador explicó que este fue uno de tres encuentros oficiales que adelantaron con los jóvenes y miembros del gobierno, le han llovido cuestionamientos desde diferentes sectores, incluso de la bancada de gobierno.
“Hay que rechazar cualquier artimaña que se use para saltar la justicia. Yo creo que debe haber un consenso sobre respetar nuestro estado de derecho, ahí no debe caber ideología política y hay que confiar en la justicia”, explicó Duvalier Sánchez, representante de la Alianza Verde.
“El senador Bolívar hace rato está excedido y hoy vuelve e incurre en ese tipo de conductas y de comportamientos fraguando con la primera línea, conduciendo al gobierno a beneficiar a personas que hoy están privadas de la libertad para compensar políticamente el favor que ellos les hicieron en las calles”, indicó por su parte Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático.
La representante Marelen Castillo, desde la oposición, agregó: “Mucho más delicado porque es una persona que ostenta una curul en el Senado, que tiene una representación del pueblo y cuando uno ve este video, pues a mí me deja muchas reflexiones; cuando uno da directrices, dice que hacer o cómo actuar: ¿es el líder de la primera línea?, preocupante para el país".
Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió con el presidente Gustavo Petro
La pregunta de estos sectores es por qué, además de conversar sobre la excarcelación de jóvenes sindicados, se habla de cosas que no se pueden decir en público.
O hacemos una comisión con unas tres o cuatro personas que ustedes designen y nos vamos a la oficina del ministro y hablamos de las cosas que no se puedan decir en público, porque al otro día, ustedes saben que nos crucifican de un lado o del otro, porque a nosotros nos crucifican por si hacemos o por si no hacemos. y ustedes saben que estamos en el ojo del huracán con este tema.
Desde la oposición, también indican que el nuevo decreto que crea la comisión que definirá la excarcelación de los jóvenes sindicados que se convertirán en gestores de paz está mal planteado.
“Esa conformación está coja, carece de la presencia de la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción penal, la Defensoría del Pueblo. No hay personas que representen a los jueces y magistrados”, señala el representante Hernán Cadavid.
Ratifican que una vez se determinen los nombres de los más de 200 jóvenes demandarán el decreto por vicios de constitucionalidad.
https://noticias.caracoltv.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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18. “La primera línea está secuestrando los carros en los barrios y cobra peajes…seguimos secuestrados en nuestras casas”, vecinos del Portal de las Américas piden auxilio
SEMANA visitó durante dos días cuatro barrios aledaños al portal de Transmilenio, y comprobó que quienes protagonizaron crímenes, asonadas y vandalismo durante el paro nacional siguen mandando y no tienen límites a la hora de sembrar el pánico.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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19. Presidente Petro presentará adición presupuestal buscando mayores recursos para la rama judicial
Aseguró el mandatario que esta adición presupuestal debe ser concertada con las altas cortes.
El presidente Gustavo Petro presentará una adición presupuestal al Congreso de la República buscando mayores recursos para la rama judicial.
“Por ello me gustaría en las instancias adecuadas, el Consejo Superior de la Judicatura, las estancias administrativas de la rama judicial puedan entrar en un diálogo en estas semanas con el Gobierno para establecer dónde podríamos priorizar la irrigación de nuevos recursos derivados de la reforma tributaria para la rama judicial. En mi opinión debería ser tener más jueces”, dijo el mandatario.
El presidente espera que el consenso con las cortes se logre antes del 16 marzo, fecha en que inician las sesiones del Congreso para saber en qué sectores de la justicia se debe hacer mayor inversión.
https://noticias.caracoltv.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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II. Otras columnas para leer
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Cristina Plazas (OO)
https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/cristina-plazas/igualdad-o-burocracia-JX5981139
Enrique Gómez (OO)
https://www.semana.com/opinion/articulo/la-raiz-del-mal/202206/
Salud Hernández-Mora (OO)
Francisco Santos (CN)
https://www.semana.com/opinion/articulo/buena-semana-para-la-democracia/202200/
Enrique Santos Calderón (OO)
https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/bye-bye-platon
Los Irreverentes (OO)
https://losirreverentes.com/las-preocupaciones-de-la-corte-suprema/
Gustavo Roa C. (OO)
https://elexpediente.co/la-inpudica-solidaridad-del-socialismo-latinoamericano/
Julio González Villa (OO)
https://alponiente.com/la-quinta-columna/
Carlos Alonso Lucio (OO)
https://www.las2orillas.co/el-fariseismo-del-congreso-peruano/
Juan David Escobar V. (CN)
Cristian Romero (OO)
https://elbastioncya.com/2022/12/reflexiones-sobre-la-reforma-tributaria-y-el-futuro-de-colombia/
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III. Desatinos, contradicciones y corrupción del régimen petrista
1. Petro y AMLO defienden a Castillo: ¿respaldan intento de autogolpe?
2. Directora del ICBF recibe críticas desde todos los sectores: piden su renuncia por muertes de niños por desnutrición en La Guajira
3. Quién es la amiga de Verónica Alcocer que Petro nombró en el Bienestar Familiar y ahora lo
tiene en problemas
4. “Es inaceptable, vergüenza”: Adriana Lucía, furiosa por nuevo escándalo del Gobierno Petro
5. “Lo sacaron”: indignada, Paloma Valencia aseguró que no dejaron entrar a su asesor a encuentro sobre la reforma a la salud
6. Transición energética no puede sacrificar crecimiento e inversión
7. Salario mínimo no cobijará a más de 18 millones de colombianos
8. Detector: en el régimen privado sí dan pensión, contrario a lo que dice Petro
9. Detrás de la emergencia de Hidroituango no hubo ningún tema de corrupción: representante
del consorcio saliente
10. Sindicato interpondrá acciones legales para evitar liquidación de servicio médico de EPM
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1. Petro y AMLO defienden a Castillo: ¿respaldan intento de autogolpe?
Un día después del intento de golpe, el hasta ayer presidente de Perú sigue detenido por rebelión. Petro pidió medidas cautelares y presidente mexicano trató de evitarle la prisión.
Pedro Castillo pasa su diciembre en prisión. El expresidente de Perú, depuesto del cargo tras su intento de golpe a la democracia, fue enviado a la cárcel de forma preliminar por la Corte Suprema peruana mientras se avanza en la investigación en su contra por el delito de rebelión.
Esa pesquisa surgió tras su fallido intento de declararse como un poder único en el país latinoamericano e implementar un régimen de excepción para gobernar por decretos. En resumen: ser un pseudodictador que se quedó sin respaldo de sus ministros, el Congreso y de la Fuerza Pública.
Contra Castillo decretaron una medida de siete días de arresto, hasta el 13 de diciembre, para evitar que se vaya del país mientras las autoridades investigan el porqué quiso cerrar el legislativo (ver Antecedentes) y qué funcionarios habrían actuado a su favor para intentar fraguar un boicot a las instituciones.
Por ahora es tan solo una semana de arresto, pero los jueces peruanos encabezados por el fiscal supremo Marco Huamán están trabajando a toda máquina para conformar toda una causa judicial que determine el futuro de Castillo.
Así, él entró a engrosar la lista de expresidentes enjuiciados de la región en la que están Cristina Fernández de Argentina, Rafael Correa de Ecuador y otros. Es más, sus antecesores peruanos como Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski son protagonistas en ese catálogo, incluso ahora Castillo comparte cárcel con Fujimori en el penal de Barbadillo.
Mientras avanza la investigación, la ahora presidenta Dina Boluarte pone los primeros peldaños de un Gobierno que se perfila como un Ejecutivo de transición mientras ella convoca a elecciones presidenciales y, probablemente, también para renovar el Congreso.
Con solo dos días de mandato ella ya pasó a la historia como la primera mujer en la casa presidencial del Perú.
De maestro a preso
Pedro Castillo es el profesor sindicalista que se convirtió en presidente en 2021. En el año y medio que duró como mandatario tuvo casi 80 ministros dentro de su gabinete y acumuló 200 escándalos, según el conteo que hizo el diario local El Comercio.
Jamás tuvo gobernabilidad. Asumió el poder con un Congreso en contra en el que la derecha de Fuerza Popular –el partido de su acérrima contrincante Keiko Fujimori– era mayoría. Ese legislativo intentó sacarlo del poder en otras dos ocasiones, también aplicó mociones de censura a sus ministros, y las cuentas del Capitolio fueron mostrando que el mandatario se quedaría sin apoyos. Tenía los días contados.
En la soledad del día después de su Presidencia se confirmó que su intento de escapatoria fue real y fueron sus aliados de la izquierda latinoamericana los que intentarlo salvarlo, sin éxito, de quedar preso.
El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que estuvo en contacto con Castillo tras el fallido golpe y su intento de huida cuando el exmandatario intentaba llegar al consulado mexicano ubicado en Lima para pedir asilo político. El canciller, Marcelo Ebrad, también tuvo su parte porque fue él quien llamó a la Embajada para pedir que le abrieran la puerta al izquierdista.
“Habló aquí a la oficina para que me avisaran que iba hacia la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono e iba a solicitar asilo y que si le abrían la puerta de la Embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé, que hablara con el embajador y le abrieran la puerta”, reconoció el jueves López Obrador.
México tiene una tradición de recibir políticos perseguidos, pero el caso de Castillo va más allá de una solidaridad diplomática. El político del sombrero es cercano a López Obrador, a quien lo une la izquierda y el discurso anticapitalismo. Esa amistad no le alcanzó para llegar hasta el consulado porque las protestas y las autoridades lo cercaron.
El protegido de la izquierda
La teoría de los aliados de Castillo es que su teléfono estaba intervenido porque momentos después de esa conversación la embajada quedó cercada por las manifestaciones y él fue detenido por la Fuerza Pública.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se jugó su carta por Castillo. El mandatario le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelareQs en favor del depuesto expresidente.
“Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”, aseguró el mandatario. Petro sostiene que se estaba fraguando un “golpe parlamentario” contra Castillo, quien a su juicio “fue arrinconado desde el primer día” de su Gobierno.
López Obrador y Petro se alinearon con Nicolás Maduro, quien desde Venezuela alegó que Castillo vivió una “persecución sin límites”. Pero mientras en Latinoamérica lo blindan, las máximas instituciones democráticas respaldan la solución que aplicaron las instituciones peruanas.
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “todo intento de subvertir el orden democrático”, mientras que la Unión Europea y OEA felicitaron a la nueva mandataria Boluarte. A ella le quedó el reto de recomponer un país que ha tenido seis presidentes en seis años .
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 9 de diciembre de 2022.
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2. Directora del ICBF recibe críticas desde todos los sectores: piden su renuncia por muertes de niños por desnutrición en La Guajira
Desde el petrismo, independientes y oposición cuestionan a Concha Baracaldo por su gestión en uno de los departamentos más vulnerables del país.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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3. Quién es la amiga de Verónica Alcocer que Petro nombró en el Bienestar Familiar y ahora lo tiene en problemas
Concepción Baracaldo ha resultado ser la integrante del Gobierno más cuestionada por su gestión, inclusive el mismo jefe de Estado señaló como un fracaso lo realizado al interior del ICBF, dando como resultado la muerte por desnutrición de 20 niños en la Guajira
Tras cuatro meses de gestión el presidente Gustavo Petro habló de lo que identificó como el primer fracaso de su Gobierno y es la muerte de 20 niños de la Guajira por desnutrición. El jefe de Estado cuestionó en gran manera el hecho señalando que una ‘capital mundial de la vida’ como desea que sea Colombia no puede tener ese tipo situaciones.
“El hecho que yo venga por tercera vez en cuatro meses significa que estamos fallando, no que vamos bien. Si nos fuera bien no vendría tanto, pero estamos fallando, el hecho que aquí se mencionó, que 20 niños indígenas han muerto por desnutrición durante este Gobierno, eso se llama un fracaso y se debe asumir como tal. Este gobierno no es para ver morir niños de hambre. Si se están muriendo, ¿de qué potencia mundial de la vida estamos hablando?”, señaló el presidente de la República.
No solamente fue el jefe de Estado, Gustavo Bolívar, Congresista del Pacto Histórico y uno de los petristas más visibles también criticó a Concepción Baracaldo y sugirió que como responsabilidad se apartara de su cargo. “Criticando la gestión del ICBF en la Guajira, Petro se convierte en el primer presidente capaz de hacer autocrítica a su propio gobierno. Ahora falta que la directora tome correctivos, demuestre que es capaz de enfrentar los retos de su cargo o de un paso al costado”.
María Angela Robledo, otra de las políticas cercanas a Gustavo Petro trinó la necesidad de apartar a personas como Baracaldo de la bancada, ya que pueden estar empujando al Gobierno ‘al abismo’. “Mientras Concha Baracaldo, directora del ICBF, está ocupada nombrando a sus amigos, decenas de niños mueren de hambre, no solo en La Guajira. Empezamos a ir hacia el abismo, presidente Gustavo Petro, cuando usted nombró a una persona que no sabe dónde está parada”.
Se debe recordar de la directora del Bienestar Familiar que estudió en la Universidad Complutense de Madrid fue becaria de Japón Nikkoryukai y ejerció como consultora de ordenamiento territorial y también como secretaria de Planeación de Tocancipá y Chía; si bien es una buena preparación, constantemente sectores de oposición como oficialistas resaltaron que ella no era la persona adecuada para manejar una institución como el ICBF.
“Al nefasto nombramiento en el ICBF de una persona sin las capacidades ni la experiencia para manejar un tema tan sensible como la niñez y adolescencia”, indicó la Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, tras haberse conocido el nombramiento de Concepción Baracaldo.
Otra de las solicitudes para que se parte del cargo Baracaldo fue realizado por la representante del movimiento Dignidad Jennifer Pedraza, quién indicó que no se le puede dar más tiempo de aprendizaje a la ficha de Verónica Alcocer.
“¿Ahora tenemos que darle a Baracaldo el ‘año de aprendizaje’ que nos pedían para Duque? Con la vida de la niñez no se improvisa. No hay que esperar a la renuncia de Concha Baracaldo. Gustavo Petro la puso ahí, él puede retirarla y poner a alguien con la experiencia requerida”.
También la periodista Mónica Rodríguez, afín a Gustavo Petro solicitó que se fuera del cargo Baracaldo, de quién señaló que no tiene preparación para el cargo. “Se tiene que ir. La señora Concha Baracaldo es IMPRESENTABLE. No apta para la responsabilidad y compromiso tan grandes que implica estar al frente del bienestar de los niños de nuestro país”.
https://www.infobae.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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4. “Es inaceptable, vergüenza”: Adriana Lucía, furiosa por nuevo escándalo del Gobierno Petro
La cantante no pudo ocultar su molestia y compartió un contundente mensaje en Twitter.
https://www.semana.com/, Bogotá, 13 de diciembre de 2022.
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5. “Lo sacaron”: indignada, Paloma Valencia aseguró que no dejaron entrar a su asesor a encuentro sobre la reforma a la salud
“La política oscura y escondida que pretende este gobierno sobre la reforma a la salud es ilegal”, se quejó la senadora Valencia.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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6. Transición energética no puede sacrificar crecimiento e inversión
En el foro “La ruta de la Transición Energética” organizado por CAMBIO, se ratificó la importancia de transitar hacia energías más limpias sin frenar la exploración de hidrocarburos. La ministra de Minas dijo que no habrá “un salto al abismo”, mientras que Ecopetrol anunció el primer bus del Sitp movido por hidrógeno.
Colombia debe tomar acciones para adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático y transitar hacia energías más limpias bajas en carbono, pero no debe cerrar las puertas a otros energéticos por los graves impactos fiscales y económicos para el país y porque ahuyentaría las inversiones hacia el sector.
Así lo consideraron expertos que participaron en el foro “La Ruta de la Transición Energética”, organizado por CAMBIO en alianza con la Universidad EAN, en el que se reiteró la importancia de promover el uso de energías renovables de manera ordenada, responsable y en los tiempos adecuados.
El debate cobra relevancia por los anuncios del gobierno de acelerar la transición hacia energías limpias como la solar y eólica, disminuyendo la dependencia de combustibles fósiles como el petróleo y el gas. Hay que señalar que Colombia tiene una de las matrices más limpias del mundo porque el 68% de la generación de energía proviene de las hidroeléctricas y cerca del 30% de plantas térmicas movidas por gas y carbón. Las renovables como la eólica y solar tienen menos de 2% de participación, pero se espera que aumente a 10% o 15% en los próximos años.
En el evento intervino la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien propuso hacer una transición energética pensando en la equidad y sostenibilidad, que sea gradual e intensiva en conocimiento “sin que sea un salto al abismo”. Para ello se están revisando los 381 contratos de hidrocarburos vigentes. De ellos 118 están en fase de exploración y 35 se encuentran suspendidos por problemas de licencias ambientales o conflictividad con las comunidades.
En cuanto a gas se revisa cuáles tienen recursos contingentes y se identificó que, con los contratos de Uchuva, Gorgon 2 y Sinú, el país podría abastecerse hasta el año 2037. “La transición energética será gradual y segura, queremos propiciar un pacto social y político para que se entienda su relevancia ambiental y económica”, dijo la ministra, al precisar que se fijaron seis meses de trabajo para establecer metas, hitos, recursos, tiempos y para el desarrollo del hidrógeno verde.
En el foro, patrocinado por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y con el apoyo de Isagen y Naturgas y los aliados EPM, Alcanos y T.EN Technip Energies, se insistió en la importancia del gas como energético de transición. Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, sostuvo que se debe hacer una transición justa y responsable con el bolsillo de los colombianos. El gas es un energético barato, que ayuda a reducir la pobreza, disminuir el impacto en el medio ambiente y cerrar las brechas de desigualdad.
Para Juan Benavides, investigador de Fedesarrollo, el gas está para quedarse y debe seguir siendo parte de la canasta energética del país ya que lo más importante es la seguridad y confiabilidad en el sistema y que se envíen mensajes claros para fomentar la inversión y promover el uso de nuevas tecnologías.
Por su parte, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), consideró que Colombia no puede comportarse como un país europeo y no puede dejar de explorar petróleo y gas: “Estamos en el debate equivocado. No es incompatible seguir produciendo gas y petróleo y tener una matriz energética limpia”.
En ese sentido, Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente, enfatizó que sería absurdo que Colombia realice un proceso de transición que sacrifique el crecimiento económico, al tiempo que cuestionó el compromiso de reducir en 51% las emisiones contaminantes al 2030 sin ningún condicionamiento.
“Diez países son responsable del 70% de las emisiones globales. Si ellos no resuelven este tema, no lo resuelve nadie”, afirmó Rodríguez quien citó un estudio de McKinsey que señala que para reducir a cero las emisiones en el 2050 los países en desarrollo tendrían que invertir el 10% del PIB”. Colombia, con tantas necesidades y con emisiones que solo llegan al 0,6% del total del planeta, tendría que hacer esfuerzos gigantescos para lograr este objetivo.
Precisamente, crece el consenso entre expertos en torno a que el mayor aporte del país para reducir las emisiones contaminantes es combatir la deforestación (el año pasado se talaron 204.000 hectáreas), revisar los temas relacionados con la ganadería extensiva, la agricultura y otros usos del suelo, la industria manufacturera y el transporte. Las emisiones del sector eléctrico son menores y ahí no deberían centrarse los mayores esfuerzos.
Para Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, el tema no es la lucha contra el cambio climático, en el que todos están comprometidos, sino la velocidad de la transición y el costo que se debe asumir. Un costo que lo están sintiendo países europeos como Francia, que está con racionamientos energéticos, y Alemania que considera esa posibilidad.
“Hay que darle más flexibilidad a nuestra matriz energética, que es limpia pero que tiene una gran vulnerabilidad al cambio climático. Es necesario superar los obstáculos que enfrentan proyectos que no han entrado en operación”, dijo Gutiérrez al llamar la atención sobre el impacto de la reforma tributaria porque desincentivaría la confianza de los inversionistas y generaría incertidumbre en las reglas de juego. “No podemos caer en la trampa de que nos pongan a escoger entre energías renovables y no renovables. Lo más importante es la confiabilidad del sistema y el abastecimiento de energía”.
Otro de los panelistas, Alejandro Mesa, socio de Baker & McKenzie, coincidió en que no se puede “macartizar” el sector de hidrocarburos y poner en riesgo las inversiones porque la plata del gobierno no alcanza para todo, mientras que Jorge Tabares, vicepresidente Financiero del Grupo Energía Bogotá, afirmó que se necesitan tres pilares para promover la inversión: el capital, el conocimiento y la tecnología y reglas de juego claras. “Tenemos las mejores empresas del mundo, está desarrollada la tecnología y los inversionistas esperan entrar a la fiesta, pero si Colombia no es competitiva se van para otros países”, anotó.
Hidrógeno en transporte público
Uno de los temas que abordó el foro fue el desarrollo del hidrógeno, un energético en el que trabajan actualmente Promigas y Ecopetrol. Alejandro Villalba, vicepresidente de Operaciones e Innovación de Promigas, dijo que siguen con el proyecto piloto en las refinerías y destacó el hecho de que este energético se pueda utilizar en el transporte, por ejemplo, en la electrificación de vehículos de carga. Las compañías analizan el porcentaje de las mezclas de gas e hidrógeno y la resistencia de los oleoductos para transportarlo, teniendo en cuenta que muchas tuberías tienen más de 50 años de operación.
Ecopetrol tomó la delantera y le apuesta a negocios de bajas emisiones, entre ellos el hidrógeno para descarbonizar sectores responsables de emisiones contaminantes como el transporte de carga pesada, el marítimo y aéreo y la producción de cemento y acero. Yeimy Báez, vicepresidente de Soluciones de Bajas Emisiones de Ecopetrol, anuncio que la compañía, junto con Fanalca, pondrá en operación el primer bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) movido por hidrógeno, que tendrá una autonomía de 500 kilómetros y podrá recargarse en solo 18 minutos.
Este es un gran paso en el desarrollo de este energético para el que se le deben encontrar nuevas oportunidades de negocio. Así lo consideró Santiago Acosta, vicepresidente de Transformación de TGI, quien cree que el problema no es la tecnología ni producir hidrogeno, sino identificar los proyectos en un marco regulatorio que genere estabilidad para los inversionistas.
Por su parte, Clemens Muller-Falcke, socio de Mckinsey & Company, sostuvo que el mundo debe dejar de utilizar el hidrógeno gris para contribuir al objetivo de descarbonizar al mundo, e impulsar el hidrógeno verde que se produce con energías renovables. “El 7% de la demanda de energía va a estar en el hidrogeno verde por razones económicas”, dijo.
Tarifas de energía justas
En medio de este debate sobre la transición energética otro de los grandes interrogantes es cómo se van a beneficiar los consumidores, si la energía será más barata y si su suministro está garantizado.
justas, es decir, las que produce el mercado, con reglas de juego estables que permitan la sostenibilidad y confiabilidad del sector y pagar la inversión que hacen las empresas para mejorar el servicio. “No se pueden bajar las tarifas 20% o 30% cuando se requieren tantas inversiones. Al usuario final no se le puede mentir”, sostuvo.
Para Alexandra Hernández, vicepresidente de Asuntos Económicos y Regulatorios de la ACP, el energético más caro para los usuarios es el que no hay. Por eso dice que hay que revisar las metas de la transición porque no son realistas y se debe “apelar a los mangos bajitos”, es decir, al gas y a estabilizar las mezclas de biocombustibles.
Por su parte, Carlos Orduz, vicepresidente de Generación de Energía de EPM, sostuvo que se necesitan señales claras para incentivar el suministro de energía porque de lo contrario nos quedaremos con un servicio muy costoso, al tiempo que reconoció como un triunfo para el país y para la ingeniería la entrada en operación de las dos unidades de Hidroituango, que le darán mayor confiabilidad al sistema. “Nos preocupa la sostenibilidad del sector y que no corramos el riesgo de tumbar el edificio para volverlo a construir”, aseveró.
En la confiabilidad juega un papel fundamental la entrada en operación de la línea de transmisión Colectora, en La Guajira y Cesar. Juan Diego Granada, director de Transición Energética de la Universidad EAN, reconoció la importancia de este proyecto porque permitirá incorporar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) la energía eólica y solar del norte del país y continuar adelante con el proceso de electrificación del país. El proyecto tiene retrasos por las consultas previas con más de 200 comunidades étnicas.
Sobre este proyecto, el ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, indicó que los 2.400 megavatios de energía asignados en renovables no han podido entrar por la demora en Colectora. “En lugar de parques eólicos vamos a tener parques de ventiladores”, dijo.
El debate de la transición energética apenas comienza. De las decisiones que se tomen en los próximos años se definirá la suerte de un sector clave para la economía y el bolsillo de todos los colombianos.
https://cambiocolombia.com/, Bogotá, 2 de diciembre de 2022.
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7. Salario mínimo no cobijará a más de 18 millones de colombianos
Para ellos, un incremento elevado representa un mayor costo de vida y más informalidad.
Ni al tendero de barrio, ni al vendedor que trabaja en la informalidad y ganan por debajo del salario mínimo, ni al asalariado que ya devenga más de $1 millón, les subirá el sueldo con el alza que se está negociando entre los sindicatos y los gremios, a instancias del Gobierno. Sin embargo, el aumento en el costo de vida sí lo están asumiendo todos.
Y es que, a cuatro días de que se cumpla la fecha límite para lograr un acuerdo entre los gremios empresariales, las centrales obreras y el gobierno, lo que más sigue preocupando y generando tensión es la pérdida de poder adquisitivo de los colombianos, dada la creciente inflación, que a noviembre llegó a 12,53% en su variación anual, y que ya absorbió el histórico aumento de 10,07% que tuvo el salario para este año.
Los más impactados
Las recientes cifras del Dane, presentadas ante la mesa de concertación, demostraron las brechas salariales que aún persisten en el país.
Según la entidad, solo el 15,7%, 3,42 millones de personas recibe un ingreso mensual correspondiente al salario mínimo legal vigente; mientras el 43,1% de la población (más de 9,43 millones de personas) reciben menos del ingreso estipulado por la ley; y más del 41% percibe un ingreso mayor que el mínimo. (Ver gráfico).
Así, el ingreso de más 18 millones de personas no aumenta con base en lo que se pacte en la negociación. Y aunque la Corte Constitucional estableció que se deben ajustar anualmente este tipo de salarios con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, esto no es obligatorio.
“El incremento salarial debe balancear dos elementos: mantener el poder adquisitivo de los trabajadores formales que ganan el mínimo y no incrementarle la ‘vara’ a esas personas que tienen ingresos mayores o menores a esa cifra, ya que un alza grande los termina perjudicando, porque hace más difícil el enganche a un empleo formal, debido a los costos salariales frente a la productividad laboral”, explicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
En este sentido, diferentes sectores de la economía están a la espera del incremento salarial para ajustar sus cuentas. Por ejemplo, Duber Ledesma, director ejecutivo de Centro Unido, gremio que agrupa a los comerciantes del Centro de Medellín, afirmó que están a la expectativa de dicha decisión para tomar decisiones en cuanto a empleablidad y producción.
“Si bien los dueños de los comercios del Centro de la ciudad, que tienen a cargo un número grande de empleados, aún no han definido un aumento específico para aquellos que tienen ingresos mayores o menores a un mínimo, muchos sí están pensando en reducir personal para el próximo año y, en cambio, mejorar la competitividad y productividad. Ahora, el reto que ven es lograr que con menos empleados se pueda tener la misma efectividad, porque el problema es que aumenta el mínimo, pero no el nivel de producción, porque los costos en materia primas y proveedores también se encarecen”, apuntó Ledesma.
Y agregó que algunos comerciantes están optando más por sacrificar la tasa de empleabilidad, que por incrementar el precio del producto final. “Por ejemplo, los más de 20.000 vendedores ambulantes que hay en el Centro se verán muy afectados porque para ellos no aplica el incremento, pero sí suben los precios de los insumos que utilizan. Y si trasladan eso al consumidor, pues las ventas pueden disminuir”, dijo.
A los que ganan más
Las centrales obreras propusieron al gobierno un incremento del 20% del salario mínimo; sin embargo, si un empresario le aumentara ese porcentaje a toda su nómina, esto representaría lo mismo que si por cada cinco empleados se contratara uno nuevo. ¿Cuántas empresas tendrían el músculo financiero para soportarlo?
Y, por el contrario, si el incremento de toda la planta de personal se hiciera con base en la inflación, esto equivaldría a que por cada ocho empleados se contratara uno. Esa es la posición en la que quedan los empleadores cuando se presentan altos niveles de inflación.
Pero de otro lado, están las necesidades de los empleados que cada día van a mercar y les alcanza para menos, pues, según el Dane, los alimentos se han encarecido 27,08% en el último año. Pero no es solo eso, se han presentado encarecimientos en artículos para el hogar, en la alimentación en restaurantes, en prendas de vestir, entre otros, mientras ningún grupo de la canasta básica ha bajado de precio.
Informalidad
Centros de pensamiento como Anif y Fedesarrollo han advertido que si bien la mejora del poder adquisitivo de quienes ganan un mínimo persigue un objetivo loable como lograr un mejor nivel de vida para los trabajadores, un alza excesiva puede llevar a efectos indeseables como aumentos en los niveles de informalidad.
En este sentido, Felipe Pinilla, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), la discusión salarial en Colombia se debería centrar en que el porcentaje de aumento no siga siendo esa línea que incentiva la informalidad, sobre todo en sectores como el agro, donde más de la mitad de los trabajadores son informales.
“Este incremento debe acompañarse de una política adaptada a la realidad de los sectores, en este caso del campo, la cual motive a los empleadores y empleados a estar en esa estructura formal”, sostuvo Pinilla.
Por su parte, desde Aliadas también han señalado que un incremento superior a la inflación generaría brechas laborales. “Será más costoso contratar mano de obra y se hará más difícil disminuir la informalidad laboral. Adicionalmente, menos trabajo formal requerirá de un mayor esfuerzo fiscal del gobierno en salud y en pensiones para atender a los informales en el régimen subsidiado”, indicó el gremio.
Por el momento, tanto los trabajadores como los empleadores del país están a la espera de que este 15 de diciembre se llegue a un acuerdo sobre el salario mínimo.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 13 de diciembre de 2022.
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8. Detector: en el régimen privado sí dan pensión, contrario a lo que dice Petro
En la ceremonia de posesión de Jaime Dussán como presidente de Colpensiones, el presidente Gustavo Petro se refirió a su plan de reforma pensional que está prevista que radique en abril de 2023 y criticó la lógica de ahorro personal de los fondos privados.
Le pasamos el Detector de Mentiras a las declaraciones que dio sobre los fondos de pensiones y encontramos que son falsas en su mayoría.
Esto fue lo que dijo Petro:
“Es un sistema de ahorro forzoso, no le llamen pensional, llámenlo sistema de ahorro forzoso por medio del cual unas instituciones financieras ganan una comisión por administrar unos recursos que no son de ellos, de gente que trabaja a los cuales les han sacado una parte de su salario. Eso no se llama un sistema pensional, eso no da pensión. Le devuelven a la gente el ahorro después, pero menos que cuando uno abrió una cuenta de ahorros”.
Como se trata de varias frases, La Silla Vacía las verificó por aparte:
"Es un sistema de ahorro forzoso, no le llamen pensional, llámenlo sistema de ahorro forzoso por medio del cual unas instituciones financieras ganan una comisión por administrar unos recursos que no son de ellos, de gente que trabaja a los cuales les han sacado una parte de su salario”:engañoso
En Colombia coexisten dos regímenes pensionales (decreto 832 de 1996):
El de prima media con prestación definida (RPM), que administra Colpensiones, una entidad pública. En él todos los cotizantes aportan a una bolsa común de la que Colpensiones saca para pagarle a los pensionados actuales. Ese sistema les garantiza a los trabajadores pensionarse con el promedio de su salario de los últimos 10 años, si cumplen con unas semanas y la edad necesaria. Si falta plata (las pensiones dependiendo el monto están subsidiadas entre un 40 y 70 por ciento,), el Estado la pone del presupuesto general (unos 18 billones al año). Este es el que se suele llamar régimen público.
El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), que administran las AFP privadas (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia). Este se conoce como régimen privado y funciona como una especie de banco: se trata de cuentas individuales en la que cada persona va ahorrando una parte de su sueldo y los fondos la administran. Esas cuentas crecen con una rentabilidad adicional, o decrecen cuando le va mal a las inversiones que hacen los fondos.
Cada vez que un trabajador formal recibe su sueldo, bien sea que esté afiliado a Colpensiones o a un fondo privado debe aportar un 16 por ciento de su ingreso.
En los fondos privados se divide así:
11.5 por ciento va para su cuenta individual.
1.5 por ciento va para el fondo de garantías de pensión mínima (el que ayuda a completar las pensiones de los que no alcanzan a pensionarse con el mínimo).
3 por ciento se divide entre la comisión de administración (que es lo que cobran las AFP por administrar la plata y está en promedio en 0.71 por ciento según datos de la Superfinanciera) y entre el seguro por si el afiliado se enferma o se muere.
Dentro de los países de la Ocde, la comisión de los fondos en Colombia es más baja (0.6% –el cálculo difiere del de la Superfinanciera por la metodología usada—) que la que cobran otros países como España (1%), México (0.8%) o Chile (0.8%), pero es más alta que en países como Australia (0.4%) o Costa Rica (0.3%).
En todo caso, los fondos privados no son los únicos que cobran una comisión por administrar la plata. En Colpensiones la comisión es del 1.09 por ciento.
Petro define el sistema privado como “un sistema de ahorro forzoso” y no como uno pensional. Eso es engañoso.
Las cotizaciones para pensión son obligatorias (o forzosas) tanto en los fondos privados como en Colpensiones. Eso porque por ley el afiliado tiene que aportar el 16 por ciento de su salario para pensiones.
“En ambos casos es forzoso. Descuenta el mismo porcentaje del salario para pensión. El usuario escoge si este aporte va a Colpensiones o a las AFP. Esa es una elección libre, pero la cotización es obligatoria”, dice Daniel Mantilla García, experto en pensiones y profesor de la Universidad de Los Andes.
“Es forzoso, por supuesto, porque aplica para todos. Todo lo que tiene que ver con seguridad social debe ser forzoso. Hay que darle el mensaje a la gente que si quiere una pensión tiene que ahorrar”, indica Stefano Farné, director del Observatorio de Mercado Laboral de la Universidad Externado y experto en pensiones.
Sin embargo, Farné explica que hay países como Nueva Zelanda y Suecia en donde el sistema de pensiones no es forzoso, por ejemplo cuando el Estado provee un mínimo de ingresos a todos los ciudadanos y son ellos los que deciden cotizar de sus ahorros a fondos de pensión para obtener una pensión mayor.
En suma, tanto en el sistema público como el privado de pensiones se cobran comisiones y las cotizaciones son obligatorias (forzosas), por eso la frase de Petro es falsa.
"Eso no se llama un sistema pensional, eso no da pensión": falso
Tanto el sistema público como en el privado dan pensión una vez el afiliado cumple los requisitos para ello.
En el régimen público se debe cotizar por lo menos 1.300 semanas y tener una edad específica: 62 años para hombres y 57 años para mujeres. La pensión no depende de los ahorros sino de una fórmula que calcula la pensión mensual con el promedio del salario del afiliado durante los últimos 10 años.
En el privado, para pensionarse debe tener el 110 por ciento del capital necesario para tener derecho a una pensión del salario mínimo. Esto quiere decir que el usuario se puede pensionar a cualquier edad con tal que tenga ese capital.
Con esos requisitos el afiliado puede optar por la modalidad de retiro programado o la de renta vitalicia que son las más usadas según Asofondos. La primera consiste en que el fondo de pensiones le otorga al afiliado una mesada pensional que varía en el tiempo. El valor depende del capital ahorrado, con los rendimientos y el bono pensional. El fondo tiene que supervisar el monto que está en la cuenta y hacer ajustes en la mesada de acuerdo al saldo existente versus la expectativa de vida para que nunca sea inferior a un salario mínimo.
La renta vitalicia, en cambio, el afiliado la contrata con una compañía de seguros a la que pasa el capital que ahorró y esta se encarga de garantizarle un determinado monto de pensión que aumenta cada año con base en el IPC. Dado que la compañía asume el riesgo de que el capital no sea suficiente para los años de vida de la persona y las fluctuaciones del mercado, la persona tiene que depositar una suma de dinero grande para acceder a esta modalidad.
Con el retiro de ahorro programado el capital que haya disponible al momento de la muerte de la persona entra a la sucesión. En la renta vitalicia si el pensionado no tiene beneficiarios, se extingue a favor de la compañía de seguros.
En caso de no cumplir los requisitos de edad (62 años para los hombres y 57 para las mujeres) y de semanas cotizadas (1150) se da la devolución de saldos que equivale a la totalidad de lo ahorrado por el afiliado más los rendimientos generados por el fondo, y un bono pensional cuando hay derecho a éste. En el régimen público se conoce como indemnización sustitutiva y Colpensiones devuelve los aportes ajustados al IPC.
Entre 2013 y 2021, Colpensiones ha devuelto aportes a 841.986 personas que no se pudieron pensionar, mientras de AFP fondos privados a 292.098 personas.
“Le devuelven a la gente el ahorro después, pero menos que cuando uno abrió una cuenta de ahorros”: falso
En el régimen privado la pensión de cada persona depende de lo que ahorró, más la rentabilidad que ganó ese ahorro en el fondo. El objetivo de los fondos privados de pensiones es hacer que esa plata rinda lo más posible y lo hacen a través de inversiones. El Ministerio de Hacienda pone las reglas y dice que las AFP deben dividir la plata que recogen en fondos de tres tipos de riesgo: alto, medio y bajo. El afiliado puede escoger en qué riesgo quiere estar con unas condiciones que dependen de su edad: entre más cerca esté de jubilarse el perfil de riesgo es menor.
Y cada tipo de fondo tiene unos límites de en qué puede invertir y qué porcentaje. Por ejemplo, qué porcentaje del fondo se puede prestar al Estado, cuánto puede comprar en acciones de empresas en la bolsa y cuánto le puede prestar a gobiernos extranjeros.
Las AFP también están obligadas a cumplir con una rentabilidad mínima que es calculada por la Superintendencia Financiera. Entre septiembre del 2020 y 2022 la rentabilidad fue así:
Aunque hay rendimientos negativos, en todo caso la rentabilidad de un fondo es mucho mayor que una cuenta de ahorro. La rentabilidad en cuentas de ahorros, en especial en grandes bancos, es casi nula. Oscila entre 0.05% y 1% y en cooperativas o entidades están entre 1.5% y hasta 4% o 5%.
“Si bien las cifras de rendimiento de los fondos son negativos según la Superintendencia, en el largo plazo uno puede esperar que sean de un 3 por ciento. Una cuenta de ahorros no va a dar esos rendimientos”, dijo el profesor Farné.
En conclusión, calificamos las declaraciones de Petro sobre el régimen de pensión privado como falsas y una como engañosa.
https://www.lasillavacia.com/, Bogotá, 9 de diciembre de 2022.
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9. Detrás de la emergencia de Hidroituango no hubo ningún tema de corrupción: representante del consorcio saliente
Santiago García Cadavid, representante del Consorcio CCCI, el constructor de Hidroituango, habló de todo lo que pasó en la megaobra en los últimos 10 años.
El 28 de agosto de 2012, cuando le encargó al Consorcio CCC Ituango (CCCI) la construcción de las obras principales de Hidroituango, el boletín de prensa decía: “EPM adjudicó el contrato más importante de su historia”. Diez años y tres meses después, luego de construir la presa, el vertedero, más de 50 kilómetros de túneles y ejecutar los concretos de las unidades de generación uno y dos, CCCI le dijo adiós a la megaobra que estuvo marcada por la gran crisis de 2018.
Santiago García Cadavid, representante de CCCI, habló con EL COLOMBIANO de la emergencia, las responsabilidades, la licencia ambiental del tercer túnel y de las disputas políticas y legales sobre la megaobra.
¿Cuál fue el momento más difícil de estos 10 años al frente de Hidroituango?
“Toda la contingencia fue un periodo supremamente complicado. Particularmente recuerdo un momento, tal vez fue el 16 de mayo (de 2018), cuando empezó a salir agua por la galería 284 en la pata de la presa. Llegamos a pensar que si eso se exacerbaba podía romper la presa que era el máximo temor que teníamos. Esa noche amanecí en constante comunicación con las más altas esferas del Consorcio, de la Alcaldía y EPM porque las determinaciones que se hubieran desprendido eran muy complicadas. Acompañamos ese fenómeno y gracias a las acciones que se tomaron aquello cesó. Tal vez fue la noche más negra”.
¿Cómo recuerda la emergencia, cómo fueron esos días en los que ustedes y EPM fueron los primeros que tuvieron que enfrentar la crisis?
“Hubo momentos muy difíciles, este fenómeno de presurizar las cavernas con el paso del río Cauca. La gente no dimensiona que lo que allí pasó por más de 10 meses fue un taladro con una potencia equivalente al 17% de la energía que consume el país, todos los días, a toda hora. Eso alcanzó a generar una gran destrucción interna, era inevitable porque si no se hubiera tomado esa decisión hubiera sido una catástrofe. Los fenómenos que se generaban en los túneles producían gran temor entre todo el personal y los colaboradores. Hubo momentos en los que nos evacuaron por prevención. Para ese entonces no se tenía tan monitoreado el proyecto y se tomaron decisiones de evacuación que generaban miedo y zozobra en la gente a la hora de volver a los frentes de obra, fue muy difícil en algunas oportunidades convencer a nuestro colaboradores. Por eso resalto su valentía y coraje”.
¿Cómo resume estos 10 años al frente del proyecto? Hubo retrasos, complicaciones, una emergencia sin ningún precedente, disputas políticas.
“Realmente en los primeros años, hasta la contingencia, si bien era un proyecto de muy alta envergadura, se hizo en el marco de una planeación muy bien hecha y bien acompañada. Siempre estuvimos logrando las metas del proyecto. Este accidente de la contingencia sí suscitó una crisis de una magnitud que impidió continuar ejecutando la obra de manera tranquila.
Gracias a Dios teníamos una capacidad instalada muy grande, 600 equipos, 8.000 colaborares, capacidad de producción de concretos enorme, lo que permitió adelantar obras en ese momento crítico. Gracias a que llevábamos una ejecución de un ritmo muy bonito, una obra de ingeniería bien planeada, esas capacidades nos permitieron enfrentar la contingencia lo más ordenado posible, dentro del caos que aquello generó. El proyecto se salvó”.
A la luz de los hechos, las pruebas, los informes causa-raíz, ¿qué fue lo que pasó y originó la emergencia de Hidroituango?
“Sobre la causa-raíz de lo que allí pasó quisiera no referirme, es un asunto que está siendo discutido en el tribunal de arbitramento. Estas discusiones gozan de confidencialidad.
En Hidroituango, cuando sucedió la contingencia, se venía ejecutando el proyecto y lo llevábamos al 94%. Estábamos ad portas de ponerlo a generar. Ningún túnel de desviación se prevé para que colapse, lo que pasó, sin referirnos a su causa, fue una cosa absolutamente indeseada tanto por quien lo diseñó, como para quién lo construyó e hizo la interventoría.
Fue una solución, morbosamente empleada por algunos políticos, que de una manera despectiva emplearon esa situación para referirse a un plan que teníamos instalado, que lo que único que consideraba era poner un tercer turno de trabajo y más equipos. No era correr y hacer las cosas de manera indebida, las normas técnicas seguían estando vigentes y presentes. Y todas se cumplieron. El proyecto tenía un norte muy bonito, estábamos a punto de escribir un libro para los anales de la historia de la ingeniería de cómo recuperar un proyecto hidroeléctrico y desafortunadamente se presentó esa contingencia. Ese tema, que todos lamentamos, marcó un antes y un después. Tenemos la convicción de que no tuvimos responsabilidad en esa causa”.
Se refiere al plan de aceleración firmado en diciembre de 2015. Muchos sectores señalan que su implementación fue lo que generó la contingencia.
“Así es, efectivamente no tiene nada que ver. En términos de ingeniería, acelerar es cambiar de velocidad. Ha sido muy vilipendiado, era un plan de recuperación de tiempo. ¿Cómo se recupera tiempo en un proyecto? Aprovechando todos los minutos no trabajados, trabajando hasta los fines de semana, festivos, 24 horas todos los días. Eso fue lo que hicimos, aprovechar esos momentos. ¿Qué se necesitaba? Más personal, más equipos, más recursos para poder trabajar de corrido, pero no es que en un plan de aceleración usted haga cosas a medias, no, había que ejecutar la misma obra con las mismas especificaciones. ¿Cómo? Ganamos tiempo en productividad haciendo obras también en los periodos que había descanso”.
¿Qué pasó con la prima de bonificación por $70.000 millones que se pactó por ese plan de aceleración?
“Ese es un tema que está en el tribunal de arbitramento”.
En procesos fiscales y penales está documentado que el tercer túnel se empezó a construir 13 meses antes de que se aprobara la modificación de la licencia ambiental. Ustedes han dicho que cumplían órdenes de EPM, ¿pero sabían que no se había aprobado la licencia para el túnel?
“La relación de obtención de licencias siempre estuvo exclusivamente en cabeza de EPM. Entendemos que las obras del Sistema de Desviación Auxiliar tenían dos naturalezas, una de túneles y otra de intervenciones en superficie, que implicaban algunas ocupaciones del cauce.
A nosotros nos dijeron que hasta que no se obtuviera la licencia ambiental esas obras que tenían ocupación no podían adelantarse y efectivamente estuvimos frenados hasta que no se obtuvo. Por otro lado, las obras subterráneas nunca gozaron de esa exigencia.
Puedo dar fe de que en el proyecto más de cinco túneles fueron ejecutados previo a esto. No estaban contenidos en la licencia ambiental original y sabemos que fueron conocidos por la Anla y para los cuales nunca se exigió que debía esperarse una modificatoria de licencia ambiental, por el contrario, siempre los trató como una obra de giro ordinario. Por lo tanto, para nosotros no fue de extrañarnos que pudiésemos iniciar otra obra subterránea adicional, siguiendo siempre los mismos lineamentos de cuidado ambiental que estaban rigiendo las demás obras subterráneas, porque nunca vimos que la autoridad ambiental exigiera para un túnel una modificatoria de la licencia.
Después nos enteramos que luego se presentó todo el sistema y cuando salió la licencia, que además salió sin ningún reparo, igual a como se ejecutó, daba cuenta tanto de lo subterráneo como de lo superficial. Nunca tuvimos conocimiento de que lo subterráneo estaba en trámite, preguntamos a nuestro cliente si necesitaba de alguna condición y dijo que no. Y no se nos hizo extraño. Allí hay una deficiencia enorme de entendimiento de ese problema con la Anla”.
¿Pero ustedes seguían órdenes de EPM?
“Clarísimo. Nunca ejecutamos ningún frente de obra, ninguna actividad, que no hubiese venido de las instrucciones de EPM y con la orden de iniciar”.
¿Cómo vivió el crispado ambiente político que se dio desde la contingencia, con señalamientos de corrupción y de que bajaron la calidad de los materiales?
“Muy lamentable. En 2018 estábamos demasiado ocupados atendiendo la contingencia y no prestamos atención a lo mediático. En ese momento empezaron a hacer afirmaciones calumniosas en plena campaña electoral y lo único que buscaban eran réditos electorales que efectivamente les funcionaron sin tener que allegar ninguna prueba. Quienes elevaron voces de corrupción, cosas grotescas como el queso y todas esas cosas, aprovecharon un momento de una angustia muy grande que vivía el país. Nosotros ya con la oportunidad del caso nos dedicamos a presentar las denuncias por esos actos de calumnias porque no ha habido ningún tema de corrupción, no del que nosotros conozcamos, ni mucho menos de materiales de mala calidad. Todo el acervo probatorio y todo el contrato traía unas exigencias supremamente rigurosas de verificación de calidad de materiales para que los mismos pudieran ser pagados. Todas las pruebas dan cuenta de que todo se hizo con el rigor de los materiales exigidos por EPM.
Creemos que sacaron de contexto un informe, precisamente elaborado por las reaseguradoras, que ni lo entendieron porque estaba en inglés, en el que llamaron tornillos a unos pernos, pero que de ninguna manera habla de materiales de mala calidad. Todos los materiales que empleamos fueron de primera calidad, probados, todos con controles.
Lo que hemos hecho es presentar nuestras denuncias y de otro lado, sabemos que si eso hubiese sido así, los seguros que investigaron e investigaron, no hubieran pagado $4 billones. Era exactamente lo que necesitaban para no pagar. Efectivamente pagaron porque los materiales que se emplearon fueron de primera calidad”.
¿Y la auditoría forense, que fue la base para que la Alcaldía hablara de los tornillos y la baja de calidad en materiales, qué decía?
“Conocí someramente el informe, porque nunca lo entregaron públicamente, porque tenía una cláusula de confidencialidad. La auditoría forense la mandó a hacer esta administración, nunca han sido capaces de entregarla, y lo que se filtró da cuenta de que es una auditoría contable. No conocemos a ningún ingeniero detrás de esa auditoría. Es el tipo de cosas que tienen que sustentarse mostrando las pruebas, y los ingenieros que evalúan y la experticia de quien lee una cosa de esas. Si usted pone un contador a que le haga una auditoría en materia de túneles, perdóneme. Adicionalmente ese informe está denunciado ante la Fiscalía. Esperemos por el bien de todos que obren de una vez en todos estos casos”.
¿En qué estado dejó el Consorcio los concretos de las unidades 5 a la 8?
“En las unidades 5 a la 8 logramos hacer unos trabajos de recuperación de las cavernas. Habíamos adelantado para la época de la contingencia los concretos primarios de estas secciones. Íbamos a iniciar los secundarios. Aquello no se ha podido inspeccionar, está totalmente lleno de material, hay que removerlo y reforzar las paredes de la caverna para inspeccionar cómo quedaron los concretos que tal vez fueron sometidos a un menor tiempo del paso del río Cauca porque el agua que estaba siendo conducida por las (conducciones) 7 y 8 duró pocos días, quizá 16 días, y eso se colapsó internamente, entonces no sabemos realmente cuánto daño le causó a los concretos”.
¿Cómo fue el momento en el que empezaron a generar las dos primeras unidades?
“Generó una alegría enorme, es el momento en el cual realmente se demuestra que teníamos razón quienes apostamos por la salvación del proyecto. Muy mal se debieron haber sentido quienes auguraban que el proyecto era un fracaso e iba a fracasar. Es motivo de orgullo para todo Colombia y para nosotros que tanto luchamos para que esto fuera una realidad”.
¿Qué cree que pasará con el desarrollo de las restantes seis unidades del proyecto?
“No somos parte en la culminación, no puedo tener ninguna expectativa más allá que como todo colombiano queremos que termine lo más pronto posible y muy bien”.
Si tuviera que resumir la historia de CCCI en Hidroituango, ¿con qué frase lo haría?
“Una epopeya. Al final, como en las historias épicas, terminan por triunfar las buenas causas a pesar de todos los ataques y las vicisitudes” .
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 11 de diciembre de 2022.
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10. Sindicato interpondrá acciones legales para evitar liquidación de servicio médico de EPM
Esta entidad de salud presta el servicio exclusivo hoy a más de 8.000 empleados de EPM.
Las reacciones han sido más en contra que de apoyo tras conocerse la decisión de EPM de liquidar el Servicio Médico o Entidad Adaptada en Salud , una especie de EPS exclusiva para los empleados y pensionados de la compañía antioqueña.
EPM señaló que la liquidación de esta entidad , que tiene más de 58 años, se pretende hacer porque desde 1993 no puede tener nuevos afiliados y no está en capacidad de autofinanciarse, debido a que hoy solo cuenta con 8.000 usuarios y el punto de equilibrio debería ser de 100.000 afiliados.
Sin embargo, Olga Arango, presidenta del Sindicato de EPM, sostuvo que estudiarán las acciones legales que interpondrá para evitar la liquidación: "Como empleados, como representantes de los trabajadores, estamos dispuestos a dar las peleas jurídicas y políticas que tengamos que dar, todo lo que esté humanamente a nuestro alcance para tratar de revertir esa decisión", agregó.
La liquidación de esta entidad igual era un hecho por ley, pero en 2025 o cuando solo hubiese 5.997 afiliados. Pero hoy el servicio médico está insolvente y por eso se pedirá adelantar esta disolución para que sean las superintendencias de Salud y Financiera quienes decidan su futuro, de acuerdo con el gerente de EPM, Jorge Carrillo.
"Ellos si quieren proteger lo público y todos los valores que ustedes acá comentan y que yo comparto, pues ojalá me digan que no. Y yo por eso voy a ir a la Contraloría y sigo operando, pero no es una decisión de algo que yo quiera", explicó el directivo.
De todas maneras, EPM insiste que hasta tanto no haya liquidación ni traslado de los afiliados, la entidad de salud y el servicio médico seguirán prestando el servicio a todos los usuarios.
https://www.bluradio.com/, Bogotá, 9 de diciembre de 2022.
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IV. Oposición y resistencia
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1. Findeter argumentó por qué las casas que construyó el Gobierno Duque en Providencia costaron entre 683 y 700 millones de pesos
2. Un petrista de toda la vida saca la cara por millonaria reconstrucción de San Andrés en el gobierno Duque
3. Miguel Uribe desmiente a Gustavo Petro: asegura que 33 niños murieron por desnutrición en La Guajira y 119 en todo el país
4. Paola Holguín confirmó que Álvaro Uribe le pidió considerar una candidatura a la Gobernación de Antioquia: “Lo estoy pensando”
5. Paloma Valencia y Gustavo Bolívar pelean por nepotismo en la derecha: “En nuestras familias nos enseñaron que primero está Colombia”
6. Senadora María Fernanda Cabal solicitó a Gustavo Petro, aclarar sus afirmaciones ante los medios RFI y France 24, sobre supuestos asesinatos cometidos por el Ejército
7. El general (r) Eduardo Zapateiro estalla contra el presidente Gustavo Petro: el excomandante del Ejército habla de “la incoherencia” del mandatario. ¿Qué pasó?
8. Declarar a los campesinos sujetos de especial protección no transforma el campo: Hernán Cadavid
9. Lafaurie, figura clave en negociaciones con el ELN
10. No podemos volver a engañar las esperanzas del país: Lafaurie sobre proceso de paz con el ELN
11. Lafaurie sobre ELN: no he estado incómodo, tengo una responsabilidad y no la evadiré
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1. Findeter argumentó por qué las casas que construyó el Gobierno Duque en Providencia costaron entre 683 y 700 millones de pesos
SEMANA conoció que el director de Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Ricardo Bonilla, aseguró: “Los costos adicionales son del 44% si se hubieran construido en Barranquilla”, le dijo el funcionario a este medio.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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2. Un petrista de toda la vida saca la cara por millonaria reconstrucción de San Andrés en el gobierno Duque
A pesar de que el presidente Gustavo Petro y el senador Gustavo Bolívar denunciaron corrupción frente a posibles sobrecostos en la reconstrucción de San Andrés y Providencia durante el gobierno Duque, Ricardo Bonilla -presidente de Findeter- presentó un informe que los justificaría. Principalmente aclara que el costo de construcción de una casa costaría entre $683 a $700 es 40% superior a la de cualquier otra ciudad de la Costa, debido a transporte de materiales y la mano de obra. Asimismo habría influido el hospedaje, alimentación y viáticos de los 8 mil trabajadores del interior del país que viajaron a la isla para la construcción de la vivienda. Sin embargo, Bonilla criticó que el presidente Duque se comprometiera a entregar las casas en cien días cuando era imposible tener todo listo en este periodo.
Ricardo Bonilla es de toda la confianza de Petro con quien tiene una relación vieja data. En campaña fue su asesor económico y durante la alcaldía de Bogotá se desempeñó como su secretario de Hacienda y una de las aspiraciones del presidente era que fuera su ministro de Hacienda, pero estaba inhabilitado ya que tenía una sanción de $218 mil millones por fallos fiscales en su participación por la reducción de las tarifas de TransMilenio durante la administración de Petro en la que la tarifa bajó 50 pesos en hora pico y 350 pesos en hora valle. Esto causó un detrimento patrimonial a Bogotá por la reducción de las tarifas de TransMilenio y el SITP.
https://www.las2orillas.co/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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3. Miguel Uribe desmiente a Gustavo Petro: asegura que 33 niños murieron por desnutrición en La Guajira y 119 en todo el país
El senador se basó en el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, el cual reporta semanalmente las muertes por esta causa.
https://www.semana.com/, Bogotá, 13 de diciembre de 2022.
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4. Paola Holguín confirmó que Álvaro Uribe le pidió considerar una candidatura a la Gobernación de Antioquia: “Lo estoy pensando”
“Mija, piénselo”, le dijo el exmandatario a la senadora del Centro Democrático para que sea la candidata a suceder a Aníbal Gaviria
El expresidente Álvaro Uribe alista las cartas con las se jugará las elecciones locales del 2023 para buscar consolidar el capital político que le fue esquivo en las elecciones presidenciales y mostraron una reducción para las del Congreso. Aunque poco se han definido los nombres puntuales, hay uno que ya fue confirmado, el de Paola Holguín.
El líder del Centro Democrático y quien tiene la última palabra en los avales del partido quiere que la senadora, nacida en Medellín y quien lo ha acompañado desde su campaña a la Presidencia de la República en 2001, sea la candidata para la Gobernación de Antioquia.
El partido ha liderado varios encuentros políticos en Medellín en la que busca retomar el poder, así como en la gobernación del departamento. Incluso el mismo Uribe ha sonado como candidato de algunas de los gobiernos regionales, pero ha descartado sus aspiraciones, por ahora se encarga de promover candidatos.
Aunque dijo que podrían llegar a una coalición para la Alcaldía de Medellín, en la Gobernación de Antioquia buscaría un candidato propio, y entre los que más suenan es el de Holguín, su pupila, quien confirmó que el exmandatario le pidió considerar la propuesta.
“Mija, piénselo, piense en la Gobernación. Para nosotros Antioquia y Medellín es muy importante, tenemos que hacer un ejercicio para garantizar la victoria en las elecciones, hable con su familia, con su equipo”, fueron las palabras de Uribe Vélez para convencer a la senadora de participar en las elecciones del 2023, según contó Holguín a la revista Semana.
Sin embargo, Holguín manifestó que debe sopesar varias cosas antes de tomar una decisión. Siente responsabilidad con los 65.000 electores que votaron por ella para el Senado de la República, así como porque considera que tiene un papel dentro de la bancada para hacer la oposición al gobierno Petro, en la que son minorías.
Tiene que tomar una decisión pronto para no inhabilitarse, debido a que debe renunciar con anticipación a la fecha de elecciones. Pero tampoco le es indiferente el cargo de gobernadora de Antioquia, que marcaría la historia del departamento por ser la primera mujer electa para el cargo, toda vez que la única en la historia en esa posición fue Helena Herrán de Montoya, encargada por el presidente Virgilio Barco.
Además, marcaría su historia personal como le reveló a la revista citada. “Para uno siempre será un honor poder ser gobernador o presidente. Además, mi sueño desde los cuatro años es ser presidente y el perfil de los gobernadores de Antioquia siempre es presidencial”, señaló la actual senadora.
Holguín fue la sexta senadora más votada del Centro Democrático en las pasadas elecciones legislativas. Fue asesora de la Presidencia de la República durante el gobierno Uribe, junto a José Obdulio Gaviria. Apoyó la campaña de Sergio Fajardo a la Alcaldía de Medellín y de Federico Gutiérrez.
En el 2018 fue reelecta al Senado con la segunda votación más alta del partido después de el propio Uribe. Con su experiencia en seguridad y defensa, así como asuntos contrainsurgentes, se ha convertido en una de las voces críticas del partido al proyecto de Paz Total.
Entre su equipo está el representante por Antioquia, Juan Espinal. Además, la última semana estuvo activa en las políticas del departamento con una reunión con líderes de ProAntioquia.
El expresidente Uribe se ha anticipado a las elecciones regionales con visitas a las capitales en medio de lo que han llamado los foros “Las regiones vuelven al centro”, que han sido liderados por el mismo exmandatario, con análisis de las necesidades y convocatoria ciudadana, para promover el partido y las alianzas regionales.
https://www.infobae.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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5. Paloma Valencia y Gustavo Bolívar pelean por nepotismo en la derecha: “En nuestras familias nos enseñaron que primero está Colombia”
La nieta de Guillermo León Valencia se defendió del reproche del cineasta. Enrique Gómez Martínez, nieto de Laureano Gómez, también le respondió
Este 9 de diciembre hubo otro encontronazo entre dos senadores colombianos de polos opuestos: desde el Pacto Histórico, el congresista Gustavo Bolívar reprochó que la oposición esté llena de figuras beneficiadas por el nepotismo. Al sentirse aludida, la congresista Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, respondió al comentario desobligante.
En la mañana, Bolívar envió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que recuerda el parentesco entre algunos personajes, que se oponen a la administración de Gustavo Petro, y algunos expresidentes de Colombia. Para el senador y cineasta, los antepasados de estas personas son responsables de los problemas del país.
“La oposición en Colombia: —Nieto de Laureano Gómez [Enrique Gómez Martínez, Movimiento de Salvación Nacional]. —Nieta de Guillermo León Valencia [Paloma Valencia, Centro Democrático]. —Nieto de Turbay Ayala [Miguel Uribe Turbay, Centro Democrático] —Nieto de Carlos Lleras [Germán Vargas Lleras, Cambio Radical]. —Nieto de Eduardo Santos [Francisco Santos, Centro Democrático]. ¿5 nietos de expresidentes que llevaron a Colombia a la violencia, la corrupción y la desigualdad preocupados? ¿Qué supone uno?”, escribió Bolívar.
La senadora Valencia, que en efecto es hija de Ignacio Valencia y nieta del expresidente conservador entre 1962 y 1966, respondió a la pregunta retórica. En defensa suya y de sus otros compañeros de orilla política, la caucana aseguró que sus familias les enseñaron a trabajar por el país: “que en nuestras familias —contrario a lo que usted dice— nos enseñaron a que primero está Colombia, aquí estamos —no en Miami— tratando de resolver los problemas con ideas y sin armas. Construyendo en vez de destruir”.
Otro que no se calló fue Enrique Gómez Martínez, hijo de Enrique Gómez Hurtado, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y nieto del expresidente conservador que fue elegido en 1950 y derrocado en noviembre de 1951. Como es costumbre suya, Gómez fue mucho menos diplomático y más ácido que Valencia: “No se le olvide que ustedes son del combo que hereda el canibalismo de las Farc, las violaciones de niños, el secuestro de menores. Le repito, no sea descarado”, aseguró.
Miguel Uribe Turbay —hijo de la asesinada periodista Diana Turbay y nieto del expresidente liberal entre 1978 y 1982—, aunque también es muy activo en las redes, no se ha referido a este señalamiento de Gustavo Bolívar. Quizá porque sigue defendiéndose de la acusación de los cibernautas, Bolívar incluido, de presuntamente propiciar un golpe de estado.
El legislador opositor calificó como “un ejemplo” lo que sus homólogos peruanos hicieron al decretar que Pedro Castillo ya no sería más el presidente de ese país. Además, exhortó al Congreso colombiano a “hacer lo propio”, invitación que fue considerada por varios miembros del Pacto Histórico -la bancada oficialista- como el llamado a dar un golpe de Estado al actual primer mandatario.
“En primer lugar, quería destacar la independencia de las instituciones de Perú, que rápidamente reaccionaron cuando Pedro Castillo promovió un autogolpe de Estado, cuando estaba amenazando la democracia”, señaló el senador uribista al informativo Noticias Caracol.
Además, aseguró que sus dichos eran un llamado para que los parlamentarios colombianos “estuvieran preparados” en caso de que el presidente Petro quisiera “amenazar a la democracia y a la libertad”, agregó. Inclusive, destacó la independencia del legislativo pero aseguró que, desde que el actual jefe de Estado llegó al poder, desde allí actuaban como una notaría en favor del Gobierno nacional.
“No estoy promoviendo un golpe de Estado, eso es tan absurdo que ni siquiera merece respuesta. Estoy haciendo todo lo contrario, estoy diciendo que la democracia hay que protegerla, que ante las amenazas a la democracia e institucionalidad las instituciones deben funcionar”, puntualizó el senador.
https://www.infobae.com/, Bogotá, 9 de diciembre de 2022.
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6. Senadora María Fernanda Cabal solicitó a Gustavo Petro, aclarar sus afirmaciones ante los medios RFI y France 24, sobre supuestos asesinatos cometidos por el Ejército
Este martes, la senadora María Fernanda Cabal, envió una solicitud a Gustavo Petro, para que aclare sus recientes afirmaciones contra el Ejército Nacional de Colombia.
En entrevista con los medios RFI y France 24, el mandatario dijo que «han muerto miles de jóvenes fusilados por el ejército colombiano, cuando en la última manifestación de jóvenes mataron a 100 y tienen a 200 presos”, lo que despertó indignación en los colombianos que respaldan a la Fuerza Pública.
En la solicitud, la senadora pide “informar quiénes son, con nombres y apellidos, los 200 jóvenes «presos» (durante las protestas) a los que hace referencia”, así como “las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que cada uno de esos jóvenes perdieron la libertad”.
Además, pidió que se informe con nombres y apellidos, de los «miles de jóvenes fusilados por el Ejército Nacional, según las declaraciones de Petro y especificar “de cuántos casos exactamente está hablando y dónde está el sustento de esa afirmación”.
Finalmente, la congresista María Fernanda Cabal, solicitó al Presidente especificar, “con nombres y apellidos, quienes fueron los 100 jóvenes asesinados (durante las protestas).
https://apnnoticias.com/, 13 de diciembre de 2022.
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7. El general (r) Eduardo Zapateiro estalla contra el presidente Gustavo Petro: el excomandante del Ejército habla de “la incoherencia” del mandatario. ¿Qué pasó?
El oficial retirado se refirió a las palabras del jefe de Estado en las que aseguró que el Ejército “fusiló” a jóvenes.
https://www.semana.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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8. Declarar a los campesinos sujetos de especial protección no transforma el campo: Hernán Cadavid
El representante a la Cámara dejó ver su preocupación por el poco impacto que la aprobación del proyecto de ley tendría en las condiciones de la población objetivo, los bajos recursos destinados a este sector y alertó sobre el entorpecimiento de los relevos generacionales que están propiciando el envejecimiento del campesinado.
Son varios los congresistas que se han pronunciado en torno a la aprobación en quinto debate del proyecto de ley que busca declarar sujetos de especial protección a los campesinos colombianos, algunos a favor otros en contra y unos, como Hernán Cadavid, que tienen un punto de vista más bien escéptico en cuanto a los beneficios reales para el campesinado.
Según el representante a la Cámara por el Centro Democrático, más allá de su loable intención, lo que se hizo fue una reproducción de algunas sentencias proferidas en ese sentido por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional. “Este acto legislativo tiene unas intenciones favorables con las que ninguno podemos estar en desacuerdo, pero en la práctica no está creando ningún instrumento de transformación, la protección especial al campesinado ya existe por disposiciones constitucionales, la Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas maneras creando jurisprudencia en ese sentido”, dijo a medios de comunicación Hernán Cadavid Márquez.
El congresista fue más allá y aseguró que la producción de leyes no genera ninguna dinámica de desarrollo si no se destinan los recursos suficientes para que así sea. “Crear una reforma a la Constitución diciendo que los campesinos son sujetos de especial protección no es más que ratificar lo que ya ha dicho la Corte Constitucional y lo que se requiere realmente es que el Gobierno precise los programas, planes y políticas debidamente financiados, focalizados para el sector campesino en Colombia”, comentó Cadavid Márquez quien hace parte de la circunscripción territorial de Antioquia.
Otra de las críticas que formula Cadavid tiene que ver con las fuentes que le sirvieron de inspiración, ya que se limitó exclusivamente a lo que para tales fines tiene establecido la Organización de las Naciones Unidas, dejando de lado el contexto bastante difícil en el que se desarrolla la actividad agraria en algunas zonas del país a las que precisamente han de dirigirse todas estas disposiciones y los recursos.
“Esa vulnerabilidad que han tenido durante tantos años, esa condición de pobreza en la que vive la mayoría de ellos, y esa condición de informalidad en la cual se encuentran, no se resuelve con fórmulas en la Constitución, insisto, se resuelve con instrumentos muy precisos con inversiones muy focalizadas, permitiendo la formalización laboral de ellos, permitiendo el acceso a la salud por ejemplo, o el mejoramiento de vías terciaras que es, entre otras muchas, las quejas que ellos tienen y eso no lo resuelve una expresión en la Constitución”, explicó Hernán Cadavid.
En ese sentido, el representante antioqueño aseguró que los recursos que se destinan para el impulso de las actividades agrarias son insuficiente para generar una dinámica productiva y económica que movilice socialmente a los agricultores. “Creo que a los campesinos se les tiene en cuenta pero no en la proporción y dimensión en la que se necesita, eso es una realidad, cada vez los programas y las atenciones son mucho más dirigidas a los sectores urbanos y suburbanos, al desarrollo de ciudades que por supuesto es importante en la medida en que contiene la mayor densidad poblacional pero”, afirmó el represente a la Cámara.
Finalmente, envió un mensaje de alerta sobre algunas dinámicas generacionales que han impedido el relevo de los mayores, problema que podría pasar cuenta de cobro en el futuro inmediato.
“El campesinado por supuesto se está envejeciendo, el joven no quiere estar en el campo y se está perdiendo esa mano de obra y esa bondad campesina de los colombianos, en la medida en que los viejos ya no están en capacidad de trabajar o, definitivamente han fallecido, como lo han demostrado las cifras el campo está envejeciendo en Colombia y esto debería ser motivo de preocupación para este próximo Congreso y por supuesto para el Gobierno”, puntualizó Hernán Cadavid Márquez.
https://apnnoticias.com/, 12 de diciembre de 2022.
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9. Lafaurie, figura clave en negociaciones con el ELN
El Gobierno Petro confía y ve con buenos ojos la participación del líder gremial en la mesa de diálogo, no solo es un puente para lograr la paz, sino que logró el apoyo de los ganaderos en este proceso.
El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie, es hoy una de las figuras clave en la tarea de buscar la paz en el país, propósito del gobierno que lidera Gustavo Petro.
El dirigente gremial que representa a los más de 600.000 ganaderos colombianos, integra la comisión negociadora del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Aunque para muchos su designación fue inesperada y sorprendente, para otros fue una decisión muy acertada para presentar al país una alternativa de negociar con ideologías diferentes.
“Lafaurie es un samario de 64 años y, como si fuera poco, es uno de los dirigentes gremiales más importantes del país, pues desde 2004 preside la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que, según él mismo, posee 37 millones de hectáreas de tierra”, señaló el diario El Espectador en un artículo titulado “José Félix Lafaurie, la inesperada ficha para la paz total”.
El gobierno Petro y su apuesta de la paz consiste en negociar con los actores armados y acabar el conflicto en Colombia, para ello se avanza en la consolidación de dos reformas, entre ellas la rural integral y la llamada paz total.
“Estas dos iniciativas tienen como norte cumplir con el Acuerdo de Paz que se firmó con las extintas Farc en 2016 y abrir el diálogo para ponerle fin a la violencia con otros grupos. Y en ambas apuestas, Lafaurie se consagró como una pieza necesaria en el juego”, indicó el artículo.
Para ello, se cumplió con el primer paso, la firma con del Acuerdo gobierno-Fedegán que se ha calificado como histórico para la adquisición de tres millones de hectáreas en el país.
“El acuerdo es muy amplio, es un acuerdo que además de permitirle al Gobierno cumplir con el Acuerdo de Paz con las Farc, lo hace ver de tal manera que le va a permitir además mandar un mensaje de tranquilidad al sector ganadero”, destacó el periodista Jhordan Rodríguez.
Y añadió que “Su segunda movida, que lo consagró como aliado, fue más bien una cortesía que no desaprovechó. Cuando sorpresivamente el primer mandatario lo invitó a formar parte de su equipo negociador durante la instalación del reciente Congreso Ganadero, el empresario no lo dudó y se montó al avión que busca la paz con el ELN”.
El artículo de El Espectador expresa además que se quiera o no, la figura de José Félix Lafaurie “representa los ideales opuestos a los de Petro, pero es esa misma diferencia la que hace que sea vital para un proceso en el que se busca la paz total y eso incluye a todos los sectores”.
“Además, no es un detalle menor que el jefe de Estado representa el poder político, pero eso no basta para consolidar sus ideas en un país que se mantiene polarizado, y es ahí donde resulta clave la figura de José Félix Lafaurie, el poder real en el aspecto económico y los dueños de la tierra”, concluye Jhordan Rodríguez.
https://apnnoticias.com/, 13 de diciembre de 2022.
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10. No podemos volver a engañar las esperanzas del país: Lafaurie sobre proceso de paz con el ELN
El presidente ejecutivo de Fedegán y negociador en el proceso de paz con ELN, José Félix Lafaurie, expresó que la paz va más allá del silencio de las armas. Indicó también que debe haber “presión social” a la contraparte.
Cuatro aspectos considera José Félix Lafaurie que son básicos para que el proceso de paz con la guerrilla del ELN avance: debe ser creíble, debe motivas un acompañamiento social, debe expresarse en elementos sustanciales que respondan a lo sustantivo y soluciones de futuro.
Así lo manifestó el dirigente gremial en su más reciente columna de opinión en donde continuó con la concepción de Ortega y Gasset sobre el “dogma país” y la relacionó con el “Acuerdo sobre lo fundamental” de Álvaro Gómez Hurtado.
El negociador de paz expresó que para que el dogma país entusiasme, primero, debe ser creíble. “No podemos volver a engañar las esperanzas del país, pues la paz va más allá del silencio de las armas, que sí se puede firmar, pero la paz no se firma, se construye a partir de la unión de voluntades alrededor de objetivos comunes”.
El segundo aspecto es que debe motivar un acompañamiento social a los procesos de negociación y a las ofertas de la Mesa, como también una gran presión social a la contraparte, desde un país comprometido con el “dogma nacional” de la paz.
“Tercero, debe expresarse en unos elementos sustanciales que respondan a lo “sustantivo”; es decir a las causas objetivas de la ausencia de paz; y cuarto, esos elementos deben tener soluciones de futuro, pero también proyectos piloto, victorias tempranas, que rompan paradigmas y manden mensajes de ‘SÍ SE PUEDE’ a la sociedad escéptica. Esbozaré algunos, con la promesa de desarrollarlos en columnas venideras”, añadió el presidente ejecutivo de Fedegán.
Sí se puede
A su vez sostuvo que es necesario un sistema legislativo cuya independencia garantice leyes que respondan a las necesidades de todos y no a los intereses de unos pocos; y un Estado con el tamaño y la capacidad para convertirlas en realidades transformadoras. En la profusión de leyes y el gigantismo burocrático se esconde la trampa y se incuba la corrupción.
“La justicia es una expresión de gigantismo sin resultados y el mayor factor de escepticismo y desconfianza social. La igualdad de acceso y tratamiento, a pesar de la tutela, es todavía un logro inalcanzado. El entramado de ineficiencias y la manipulación dilatoria la convirtieron en una justicia inoportuna. La impunidad del 95 % y el sistema carcelario son su vergüenza”, destacó.
Explicó que también es necesaria la seguridad como derecho y bien fundante de la sociedad, a partir de una Fuerza Pública moderna, transparente y civilista. El libre emprendimiento, con énfasis en el reconocimiento y apoyo al pequeño y mediano, tanto urbano como rural. La democratización del crédito, una de las expresiones más dramáticas de la inequidad, con altísimos costos que agobian a la clase media y empujan a los menos favorecidos a la maldición del gota a gota.
En su columna semanal también se refirió a la educación, como factor de equidad y de construcción de futuro, es una prioridad sin discusión. La dignificación de la política y la elevación del tono moral, son un imperativo para la subsistencia de la democracia.
“La complejidad del narcotráfico no permite soluciones únicas, sino diversas y consensuadas, que tienen que ver con seguridad, justicia, educación y, sobre todo, con la recuperación económica y social del campo, en un entorno de adecuada descentralización que reivindique el derecho de las regiones a una mayor participación en sus decisiones de futuro”, indicó.
Lafaurie Rivera, integrante del equipo negociador del gobierno con el ELN, concluyó afirmando que “estas reflexiones iniciales, que he tratado de resumir en tan breve espacio, así como propuestas concretas sobre la recuperación del campo como el primero de los elementos sustanciales, hoy están sobre la mesa de negociaciones, como un aporte asertivo para la reflexión y el debate, como un paso a la consolidación de un dogma nacional que convoque voluntades hacia el objetivo de la paz total”.
https://apnnoticias.com/, 12 de diciembre de 2022.
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11. Lafaurie sobre ELN: no he estado incómodo, tengo una responsabilidad y no la evadiré
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y la senadora María José Pizarro hablaron en Sigue La W sobre el primer ciclo de la mesa de diálogos con el ELN en Caracas, Venezuela.
A propósito de la finalización del primer ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y la senadora María José Pizarro, voces de diferentes orillas políticas, se refirieron en Sigue La W a su experiencia y el ambiente en la mesa de negociación en Caracas, Venezuela.
De acuerdo con Lafaurie, “cuándo uno se enfrenta a una situación de esta naturaleza se debe hacer con ánimo para saber si se puede contribuir (…) esta es una situación que tendrá aristas y algunas cosas más superables que otras, pero hay que ponerle compromiso”.
En ese sentido, mencionó que está comprometido con los diálogos con el ELN, asegurando que no evadirá la enorme responsabilidad que tiene con el país.
No obstante, se refirió al Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, señalando que el resultado no fue el esperado.
“Si miramos cuál ha sido el resultado con los acuerdos con las Farc, Colombia sigue igual, el tono moral del país sigue igual (…) La situación de lo que perciben en especial los más vulnerables sigue igual”.
En esa misma línea aseguró que: “si con este último gran acuerdo con organizaciones armadas históricas las cosas siguen igual, me pregunto si vale la pena ese esfuerzo nacional para nada”.
Lafaurie precisó que busca mantener una línea que pueda dar luces de lo que “debería ser un acuerdo que le sirva al país y que ponga punto final a las acciones de un grupo armado frente a la sociedad”.
“Creo que este acuerdo con el ELN al final se va a dar, lo que no tengo claro es en qué términos se dará”, aseveró.
Por otro lado, la senadora María José Pizarro aseguró que, en el marco de estos diálogos, tras compartir este proceso con Lafaurie, pudo ver otra visión del país.
“Hemos podido entender nuestras visiones de país, pero también hemos entendido que más allá del debate político hay un común interés por Colombia, un amor por Colombia”, aseguró.
Manifestó que este proceso tiene una connotación histórica pues terminaría el ciclo de las guerrillas en Latinoamérica: “con esto podremos empezar a intentar reconstruir una sociedad que ha estado partida por la guerra”.
Así mismo, señaló que entre los que integran las mesas de paz con el ELN se deben entender las diferencias sin que medien las armas, con el propósito de “darle un rumbo diferente a Colombia”.
“Podríamos ser más constructivos si tuviéramos la posibilidad de escuchar al otro y por lo tanto plantear posturas más nacionales (…) este es un debate político e ideológico, pero en ningún momento tiene que trascender a cuestionar la vida de las personas”, puntualizó la senadora Pizarro.
https://www.wradio.com.co/, Bogotá, 13 de diciembre de 2022.
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V. Varios
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1. Rusia abastece con todo su arsenal al régimen de Daniel Ortega para su guerra comunicacional
2. Francisco de Roux y su reflexión sobre los ‘falsos positivos’: no fueron una política de Estado
3. Sendero Luminoso participa de las movilizaciones contra Dina Boluarte, según la Dircote
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1. Rusia abastece con todo su arsenal al régimen de Daniel Ortega para su guerra comunicacional
Para el régimen de Daniel Ortega la comunicación es un frente de guerra y para librar esa batalla ha escogido a Rusia como su principal aliado.
Desde septiembre de 2021, la presencia rusa se ha incrementado en Nicaragua para reforzar la difusión de información del régimen nicaragüense y los controles para “prevenir, detectar, investigar el uso incorrecto, abusivo y delictivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, según expuso el canciller Denis Moncada a finales de noviembre pasado, durante la firma de un acuerdo de colaboración ruso-nicaragüense.
A principios de este mes llegó a Nicaragua una delegación de periodistas de RT (Russia Today) para “desarrollar un programa de Intercambio y capacitaciones con los medios sandinistas”, informó la plataforma oficialista 19 Digital.
La delegación rusa fue recibida por Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quien se le presenta como coordinador de medios del Consejo Nicaragüense de Comunicación y Ciudadanía, un organismo paraestatal que reúne a una veintena plataformas, canales de televisión y emisoras de radio Nicaragua, muchos de ellos propiedad de la familia Ortega Murillo.
Dos meses antes, en septiembre de este año, el mismo Daniel Edmundo Ortega Murillo firmó un memorándum de cooperación con la Agencia de Noticias Internacional y Emisora de Radio Sputnik en la ciudad rusa de Vladivostok.
El documento, suscrito del lado ruso por Vasili Pushkov, jefe de la dirección de cooperación internacional de Sputnik, “prevé el intercambio de contenidos en español para acercar a los pueblos de los dos países y para el entendimiento mutuo”, se informó oficialmente.
Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibió en el aeropuerto de Managua a la delegación de periodistas de Russia Today (RT). (Foto 19 Digital)
“Evidentemente hay una ofensiva por establecer un solo discurso en Nicaragua”, dice un periodista nicaragüense que por seguridad pide anonimato. “Primero, persiguieron, exiliaron y encarcelaron a los periodistas independientes, cerraron medios de comunicación y los pocos que quedaron tuvieron que someterse a eliminar la cobertura política, para luego reforzar su discurso copiando a medios reconocidos por su capacidad de manipulación al informar”.
Tanto RT como la agencia Sputnik son plataformas informativas manejadas por el gobierno ruso, y a raíz de la invasión a Ucrania fueron restringidas por Meta en las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, a petición de la Unión Europea, quien las acusa de formar parte de una estrategia desinformación.
“Más grave que las noticias falsas, la manipulación informativa o el ocultamiento de la información inconveniente es la intención de vigilancia y control sobre las tecnologías de la información porque ahí estamos hablando no solo de restricciones sino también de espionaje de lo que circula en redes y medios, y las eventuales sanciones de cárcel que están contemplando”, señala la fuente consultada.
En Nicaragua se registran al menos 205 presos políticos y la mayoría de ellos han sido acusados o condenados por los delitos de “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”, estos últimos contemplados en La Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), también conocida como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal”, aprobada el 27 de octubre de 2020.
Frecuentemente las pruebas presentadas por la Fiscalía son mensajes difundidos por los acusados en las redes sociales. En febrero de este año, el cronista deportivo Miguel Mendoza fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas” y como pruebas incriminatorias contra él se presentaron 30 mensajes de Twitter y varias publicaciones de Facebook.
“Nicaragua tiene una ley de ciberseguridad que establece promover, preservar y garantizar el uso soberano y confiable del ciberespacio. Ante el uso transversal de las tecnologías de la información y la comunicación, con el desarrollo sostenible de la tecnología digital este paso que estamos dando hoy en el desarrollo de la cooperación nos ayuda a fomentar relaciones de colaboración, paz y seguridad”, sostuvo el canciller Moncada al firmar el acuerdo de colaboración ruso-nicaragüense a finales de noviembre.
La delegación rusa que participó en el evento estuvo encabezada por Oleg Khramov, secretario adjunto del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, y Alexander Khokhólikov, embajador de Rusia en Nicaragua.
“La defensa de nuestras comunicaciones es parte de nuestra defensa integral”, señaló Moncada.
En el orden acostumbrado, Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo; Denis Moncada, canciller nicaragüense; Oleg Khramov, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia; y Alexander Khokhólikov, embajador ruso en Nicaragua durante la firma del covenio ruso-nicaragüense. (Foto 19 Digital)
En su tradicional intervención radial de los mediodías, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta del país, alegó por su parte, que el régimen se defiende “de la invasión comunicacional que pretende abolir nuestras propias culturas”.
La presencia rusa en Nicaragua en el área de las comunicaciones y la tecnología se incrementó a partir de septiembre del año pasado cuando la Asamblea Nacional aprobó un convenio entre ambos países donde se afirma que “las amenazas principales a la seguridad internacional de la información provienen de las tecnologías de la información y de las comunicaciones usadas para realizar los actos contra la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados” causar pérdidas económicas y “con fines terroristas”, entre otros propósitos mencionados en el decreto.
También contempla como amenaza a las tecnologías usadas “para difundir información que inflige daños al sistema sociopolítico y sistema socioeconómico, así como al entorno espiritual, moral y cultural de otros Estados”.
En el 2017 se inauguró en Nicaragua una estación satelital rusa Glonass que despertó alarmas en Estados Unidos por su capacidad de ser usada para el espionaje militar y político. (Foto Sputnik)
El 6 de abril de 2017 se instaló en Nicaragua una estación satelital terrestre rusa Glonass. Todo el trabajo de instalación y el manejo de la estación están a cargo de personal ruso y su acceso está restringido.
“El acuerdo es que nosotros cedemos el espacio aéreo para que pasen los satélites, van a pasar cinco satélites rusos, de 25 que vienen detrás para que no haya descubierto nunca un minuto de Nicaragua de observación satelital, pero para servicios sociales y desastres naturales, porque es un satélite de poca altura, no son los de telecomunicaciones”, señaló en abril de 2016, Orlando Castillo (Q.E.P.D.), el entonces director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Sin embargo, el experto en seguridad, mayor en retiro, Roberto Samcam afirma que la estación “está obviamente dirigida al espionaje y la vigilancia”.
En Estados Unidos el avance ruso no pasó desapercibido. “Tres décadas después de que esta pequeña nación centroamericana se convirtiera en el premio de una batalla de la Guerra Fría con Washington, Rusia vuelve a plantar su bandera en Nicaragua. En los últimos dos años, el gobierno ruso ha fortalecido su asociación de seguridad aquí, vendiendo tanques y armas, enviando tropas y construyendo instalaciones destinadas a entrenar a las fuerzas centroamericanas para combatir el narcotráfico”, expuso Joshua Partlow, columnista del Washington Post.
“Los analistas de seguridad ven los movimientos militares en América Central como una posible respuesta al aumento de la presencia militar estadounidense en Europa del Este, lo que demuestra que Rusia también puede pavonearse en el patio trasero de Estados Unidos”, añadió el columnista.
Para el analista político nicaragüense, Eliseo Núñez, “definitivamente Ortega nos está metiendo en un conflicto en el que no necesitábamos entrar”. Dice que el incremento d ela presencia rusa en Nicaragua significa “un arreglo de mucha más profundidad y una entrega total a los rusos”.
“Eso debería ser una preocupación de la región, no solo de Nicaragua”, afirma Núñez. “Los rusos metidos en asesoría tecnológica en Nicaragua son un peligro para la región. Tienen una mejor plataforma para entrar a los servidores de los gobiernos para poder hacer un blackout (apagón), un montón de cosas que los rusos normalmente hacen, o para interferir como intervinieron, reconocido por ellos mismos, en las elecciones de Estados Unidos”.
https://www.lapatilla.com/, 11 de diciembre de 2022.
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2. Francisco de Roux y su reflexión sobre los ‘falsos positivos’: no fueron una política de Estado
En un anexo publicado después de dar a conocer el Informe Final de la Comisión de la verdad, el expresidente de esa entidad tomó distancia de lo estipulado en el documento, que señaló a las políticas de seguridad de los gobiernos de turno como máximos responsables de tales crímenes.
Cuando fue presentado ante el Congreso el Informe Final de la Comisión de la Verdad, a finales de agosto de este año, el padre Francisco de Roux, otrora presidente de esa entidad, dejó en claro que ese extenso documento que narra las dinámicas del conflicto armado en Colombia, no contiene una verdad absoluta sobre el papel que cumplieron cada uno de los actores armados dentro de la continuación de la guerra interna.
Dicho informe contiene varios documentos anexos, y uno de ellos, de puño y letra por el mismo sacerdote, hace tres salvedades concretas sobre las 9000 palabras que lo componen. Una de ellas tiene que ver con los ‘falsos positivos’, pues de acuerdo con el volumen de Hallazgos y recomendaciones detalla que esta práctica de presentar a jóvenes inocentes como guerrilleros abatidos en combate fueron propiciados “por un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo Gobierno e implementadas por las Fuerzas Militares”; es decir, que hacía parte de la política de seguridad implementada entre 2002 y 2008.
En el anexo, el padre De Roux se distancia de esa posición afirmando que no estaba de acuerdo en replicar que esa dinámica “se trató de una política de Estado para matar a inocentes” y recordó que las normas premiaban y se otorgaban diversos incentivos a quienes presentaran bajas en combate.
“La Comisión muestra que hubo un comportamiento generalizado y sistémico que los superiores permitieron se diseminara, a pesar de las muchas denuncias, con pocas excepciones sistemáticamente negadas, sobre la gravedad de lo que estaba pasando, cuando paradójicamente, en el clímax de los asesinatos, había una política pública de formación en Derechos Humanos en la institución militar”, precisa el jesuita en el documento de tres páginas, en el cual también reconoce su responsabilidad en la verdad y por qué no le dio amplitud a la labor de la Iglesia católica en la construcción de paz.
Este hecho, además de aclaratorio por parte del expresidente de la Comisión, fue sin precedentes, pues ello confirma no solo que hubo un sesgo a la hora de preparar el vasto informe, sino que muestra que, en efecto, no hubo una sola verdad sobre el conflicto y que documentarla puede ser tan escabroso como escuchar los testimonios de millones de víctimas.
Mauricio Jaramillo, analista y profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, habló con Infobae Colombia sobre este mea culpa del padre De Roux y señaló que se puede hacer una doble lectura sobre el papel que debe cumplir el Estado para el fin del conflicto y la forma en que fue elaborado el Informe Final.
“La primera es reconocer que hay una exigencia mayor al Estado, porque es el establecimiento y es el que está llamado a ejercer la legalidad, la legitimidad y el que en el discurso aparece como el actor legítimo, el que tiene el monopolio legal de la violencia” dijo el académico. En ese sentido, apuntó a que el expresidente de la entidad que nació del Acuerdo Final de Paz reconoció que hay un sesgo en el Informe Final.
Para el académico, ese reconocimiento permite entender que la Comisión no estuvo compuesta “por ángeles, sino por personas, y todas las personas tienen un sesgo que, de hecho, hacen bien en reconocerlo. Lo grave es cuando la gente se presenta como objetiva 100 % cuando en realidad todos sabemos que hay una línea”.
Ahora, con respecto al segundo análisis, Jaramillo Jassir expuso a este medio que el desacuerdo de De Roux con que los ‘falsos positivos’ fueron política de Estado, lo distancia de las críticas que había lanzado el uribismo en su contra y concretamente, la senadora María Fernanda Cabal “cuando en varias ocasiones dijo que era un jesuita marxista que estaba del lado de las Farc”.
“Creo que el hecho de decir que efectivamente fueron elementos aislados y que no había una voluntad del Estado, reconcilia en parte la verdad de los ‘falsos positivos’ que ha dado el propio —Álvaro— Uribe en la Comisión de la Verdad. De hecho reconoció que esos hechos pudieron haber ocurrido pero que se habían hecho traicionándolo a él”. De igual manera, señaló que su postura lo pone “a medio camino” entre lo que ha planteado el uribismo y buena parte de la derecha colombiana, con las posiciones del progresismo sobre las causas de esas muertes ilegítimas.
“Con esto —Francisco de Roux— se pone un poco en la mitad, lo cual seguramente le va a valer muchas críticas del lado de quienes consideran que efectivamente fue sistemático, deliberado y planeado”, explicó Mauricio Jaramillo sobre los ‘falsos positivos’ y su postura frente a esta dinámica del conflicto.
Más allá de ese reconocimiento, el sacerdote también suscribió en el anexo que en esos crímenes, “repetidos miles de veces en muchas de las brigadas”, hay responsabilidad ética, corporativa, histórica y política que debe ser reconocida de manera pública por el mismo Estado, las Fuerzas Militares, presidentes de la República y ministros de Defensa.
“El punto de esta aclaración es mi convicción de que no estamos ante una política de Estado, como no son política de Estado la corrupción y la impunidad analizadas también por el Informe Final como crímenes gravísimos que contribuyen a perpetuar el conflicto”, concluye Francisco de Roux en el documento titulado ‘Aclaraciones Informe Final’.
https://www.infobae.com/, Bogotá, 12 de diciembre de 2022.
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3. Sendero Luminoso participa de las movilizaciones contra Dina Boluarte, según la Dircote
El jefe de la Dirección contra el Terrorismo, Óscar Arriola, reveló que excarcelados azuzan las marchas en diversas partes del país
Luego de varias jornadas marcadas por la violencia, las autoridades han podido identificar a algunos manifestantes que cuentan con antecedentes de haber integrado grupos terroristas. En conversación con RPP, Óscar Arriola, jefe de la Dircote, confirmó que integrantes de Sendero Luminoso, Movadef y el MRTA se han sumando a las manifestaciones que rechazan la presidencia de Dina Boluarte.
“El Movadef tiene una actividad incesante en estas marchas. Lo han evidenciado a través de sus directivas y sus demandas de cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y adelanto de elecciones”, indicó Arriola. Sin embargo, esta no sería la única organización que participa de las movilizaciones ya que se ha identificado a excarcelados que pertenecieron a Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
“A nosotros no queda claro. Personas que pertenecientes a Sendero Luminoso, excarceladas, asesinos, criminales que han colocado coche bomba están en las protestas en este momento y tienen la desfachatez de decir que antes colocaron coche bombas y ahora nos hemos reducido a estas bengalas y bombardas”, señaló el jefe de la Dircote en conversación con los medios de comunicación.
Si bien el ministro del Interior indicó que se han registrado 44 policías heridos hasta el momento, Arriola actualizó la cifra y señaló que esta asciende a 119. Además, seis miembros de la PNP fueron secuestrados por varias horas, pero lograron ser liberados aunque uno de ellos, por los ataques sufridos durante su encierro ha tenido que ser entubado por el personal médico.
“Hay un odio de clases en cada comportamiento. Es una situación sui generis que tiene un programa y estrategia”, agregó Arriola. La propiedad estatal también ha sido violentada ya que en Andahuaylas se han incendiado dos comisarías de cuatro millones y medio cada una. En el intento por iniciar un diálogo se confirmó que no existe un líder entre los manifestantes con quien dialogar y llegar a acuerdos.
“Hermano peruano, nosotros los policías somos gente de abajo. Nosotros jamás podríamos ir en contra de nuestros hermanos. Pedimos que respeten la autoridad, al prójimo, los derechos de los demás y las protestas son válidas cuando son pacíficas y expresan lo que quieren. A través de la violencia no se llega a ningún puerto”, dijo Arriola a modo de despedida y tras pedir tranquilidad a la población.
Fuerzas Armadas
Las protestas ocurridas en diversas regiones del país han sobrepasado a la Policía Nacional del Perú. Con el paso de las horas no solo aumenta la indignación de un sector de la población, sino también la cantidad de víctimas. Ante ello, la presidenta Dina Boluarte anunció que se declarará estado de emergencia en determinadas regiones y el ministro del Interior, César Cervantes, confirmó que se contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Si bien se trata de una medida polémica, el titular del Mininter ha señalado que las fuerzas del orden participarán tan solo en determinados casos como apoyo a la PNP a fin de restablecer el orden en las zonas marcadas por las movilizaciones. La toma del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón en Arequipa podría ser considerado como uno de esos casos. En dicho puerto aéreo se presentaron 400 manifestantes para intentar su toma.
Los ministros del Interior y Defensa estarían en constante coordinación para tomar medidas frente a las protestas contra el gobierno de turno. Cervantes invitó a la tranquilidad y resaltó que se impondrá el principio de autoridad con el respecto irrestricto de los derechos humanos. “Si se necesita la presencia física y de apoyo de nuestras FF.AA., los generales y comandantes de sus regiones están coordinando permanente”, agregó.
https://www.infobae.com/, Lima, Perú, 13 de diciembre de 2022.
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