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En asonada, habitantes impiden captura de integrantes de las Farc en el Meta
Por Ariel Cabrera
Radio Santafé, Bogotá
https://www.radiosantafe.com/2022/01/23/en-asonada-habitantes-impiden-captura-de-integrantes-de-las-disidencias-de-las-farc-en-el-meta/
23 de enero de 2022
Una operación conjunta del Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fiscalía para capturar a integrantes de las disidencias del frente 7 de las Farc en el departamento del Meta, fue obstruida por habitantes de la región, que en asonada, atacaron con elementos contundentes a los uniformados, denunció en un comunicado el comando militar.
Los hechos se registraron en la vereda Nueva Colombia de Vistahermosa, donde, sin embargo, mediante orden de allanamiento se logró incautar material de guerra. En el comunicado el Ejército hizo las siguientes precisiones sobre el incidente:
1. Mediante inteligencia militar se tiene conocimiento de la presencia de integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Séptima, en una vivienda ubicada en la vereda Nueva Colombia, por lo que fue expedida una orden de allanamiento por la autoridad competente.
2. Con unidades especiales del Ejército Nacional, en un trabajo coordinado, conjunto e interinstitucional con la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, se desplegó una operación militar contra quienes harían parte de esta organización al margen de la ley.
3. Integrantes de la comunidad, mediante asonada, de forma violenta y agrediendo con elementos contundentes a la Fuerza Pública atentaron contra su integridad, oponiéndose al cumplimiento del procedimiento legal que allí se iba a realizar. Ante esto, y para evitar cualquier tipo de confrontación con la población y salvaguardar los derechos humanos, las unidades se retiran del sector.
4. En el lugar de los hechos se logró incautar importante material de guerra y comunicaciones que pertenecería a la comisión de alias Picotón, jefe de finanzas de ese Gaor, y hombre de confianza de alias Gentil Duarte; también, al parecer, sería el encargado del manejo de economías ilícitas en esta región del país. Con este material incautado, se pretendía atentar contra la Fuerza Pública y la población civil.
5. Esta no es la primera vez que se obstruye y detienen las acciones de las autoridades en ese sector, donde constantemente algunas personas buscan evitar el actuar legal de las instituciones.
Se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares ni agredir a los uniformados, ya que esto puede ser constitutivo de tipos penales, como los consagrados en los artículos 226, 429 y 469, del Código Penal Colombiano.
6. De igual forma, se hace un llamado a las autoridades municipales y departamentales, para que desde sus roles y funciones adelanten las acciones legales frente a estos sucesos de hechos violentos por parte de la población civil, en cumplimiento del principio constitucional de colaboración armónica entre las instituciones.
7. Este Comando continuará empleando todas las capacidades por el bienestar, tranquilidad y seguridad de esta próspera región del país, bajo el respeto a los derechos humanos y cumplimiento estricto de las disposiciones del derecho internacional humanitario.
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Oscar Iván: ¿Desistir a tiempo?
Por José Alvear Sanín
Para La Linterna Azul, Bogotá
Periodico Debate, Bogotá
http://www.periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/32420-oscar-iv%C3%A1n-%C2%BFdesistir-a-tiempo?
24 de enero de 2022
Se van consolidando cuatro fuerzas electorales que se medirán el 13 de marzo en las parlamentarias. Hasta ahora ocupa el primer lugar en las encuestas el dizque “Pacto Histórico”, de Gustavo Petro, comunista, estalinista y castro-chavista.
Viene luego el denominado “Equipo de la Esperanza”, que agrupa a varios viejos políticos, compañeros de ruta de obediencia santista. Ese equipo se acaba de reforzar con una loquita. Hay también un “Equipo de la Experiencia”, que ahora se conoce como “Equipo por Colombia”, donde se encuentran, mal coordinados, los exitosos exalcaldes Federico Gutiérrez, de Medellín; Alex Char, de Barranquilla; y Enrique Peñalosa, de Bogotá, junto con el señor Barguil, del conservatismo. Los dos primeros exalcaldes tienen más carisma electoral que el tercero.
En la cola se encuentra el Centro Democrático, debilitado por once años de calumnias diarias contra su jefe, Álvaro Uribe Vélez, víctima además de persecución judicial y mediática. Este partido escogió finalmente un candidato excelente como persona y como exministro, pero —hay que decirlo— sin carisma electoral. Las elecciones para Congreso nos dirán el orden de preferencia popular. Ese día también habrá tres consultas para escoger los candidatos presidenciales del petrismo, de los santistas y de los exalcaldes. A partir de esa fecha tendremos entonces cuatro nombres para disputar la primera vuelta presidencial. O cinco, si el pintoresco señor Rodolfo Hernández llega de candidato hasta ese momento.
Si en marzo la votación del grupo santista supera a la de los exalcaldes, este último grupo quedaría muy averiado y maltrecho…
Ahora bien, si en la primera vuelta presidencial Petro queda de primero y un santista queda de segundo, el país se pierde, porque así Petro gana en segunda vuelta. En cambio, si en primera vuelta Petro llega de primero y un exalcalde de segundo, aún queda esperanza de salvar al país in extremis.
De ahí la importancia de fortalecer a los exalcaldes desde ahora, lo que lleva a la conclusión de que el Centro Democrático no puede seguir por fuera de esa combinación. Si persiste la división de las fuerzas democráticas, el desastre será inevitable.
El propósito inicial del doctor Oscar Iván Zuluaga era la unión de las fuerzas partidarias del estado de derecho y de un modelo económico eficaz, lo que parece frustrado por la salida en falso del señor Alex Char, vetando al exministro de Hacienda.
Pensemos lo que puede ocurrir si el Centro Democrático se pone la mano en el corazón y el doctor Oscar Iván desiste de la candidatura oportunamente. En ese caso, las fuerzas del orden podrían fortalecerse, e incluso podrían, de repente, superar a Petro en la primera vuelta, o quedar de placé en mayo, para ganar en junio. En cambio, si seguimos divididos, las perspectivas son aterradoras.
Bien sé que lo que estoy diciendo me ocasionará vetos y reproches. Considero que el CD y el doctor Zuluaga deben adherir sin demora, y sin cálculos, al Equipo Colombia, y que el sacrificio de su candidatura es un gesto tan necesario como magnánimo, porque personajes como Char y Fico tienen mucho más carisma electoral que el doctor Zuluaga. Ha llegado el momento del desinterés y el patriotismo sobre toda otra consideración política o personal.
A la necesaria coalición democrática se llega más fácilmente con el desprendimiento que con las negociaciones de última hora.
En segunda vuelta se perdió en Perú porque millones de ciudadanos obedecieron la consigna infame de “Primero cortarse la mano que votar por una Fujimori”. Aquí podría operar algo similar y desastroso: “Primero cortarse la mano que votar por un uribista”, porque esos extremos de odio y contumelia han contaminado la juventud. Y no exclusivamente a ésta.
Oscar Iván Zuluaga es, sin duda alguna, the best President we never had, y así debe pasar a la historia, y no como el derrotado candidato que llegó de cuarto en la primera vuelta de 2022.
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Colombia: ¿Quién escrutará realmente nuestras elecciones?
Por Eduardo Mackenzie
https://twitter.com/eduardomackenz1/status/1484981160736264192
El Expediente, Bogotá
https://elexpediente.co/colombia-quien-escrutara-realmente-nuestras-elecciones/
La Linterna Azul, Bogotá
http://www.lalinternaazul.info/2022/01/23/colombia-quien-escrutara-realmente-nuestras-elecciones/
Periódico Debate, Bogotá
http://www.periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/32403-%C2%BFqui%C3%A9n-escrutar%C3%A1-realmente-nuestras-elecciones?utm_source=feedburner&utm_medium=email
22 de enero de 2022
La multinacional española Indra, gracias a un contrato millonario que firmó con la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, a finales de diciembre de 2021, tendrá a cargo la realización del escrutinio de las elecciones legislativas y de presidente de la República en marzo y mayo de 2022, lo que ha causado alarma en el país. La operación de conteo y escrutinio de votos a nivel nacional, en esas dos importantes jornadas, quedará, de hecho, en manos de esa empresa privada extranjera y no, como hasta ahora se ha hecho, en manos del poder público colombiano.
Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó este 17 de enero que reina en Colombia, sobre todo en el seno de los partidos políticos, una gran desconfianza desde que fueron conocidos los términos del contrato entre la Registraduría e Indra. Ella deplora que Colombia no sea la propietaria de la logística y de los sistemas electrónicos y digitales que serán empleados en los escrutinios de 2022 (1).
“Los software (programas, logiciels) de la transmisión de datos son extremadamente importantes y deben estar bajo control del Estado: éste debe poder auditarlos de manera integral”. En efecto, la Registraduría debería estar en capacidad de examinar el o los algoritmos que serán utilizados en ese sistema de conteo de votos. Pero el contrato de Indra no prevé eso. Alejandra Barrios insiste: Colombia debe impedir que Indra “se oponga al examen detallado e integral de ese software alegando que debe proteger la ‘autoría intelectual’ de ese programa o que debe respetar la ‘seguridad industrial’ de tal software”.
Un debate parecido ocurrió en los Países Bajos. Tras una elección en 2020 para definir quién sería el líder del partido holandés CDA, cristiano demócrata, en la que fueron utilizados máquinas de escrutinio de Dominion, dotadas del software de Smartmatic, algunos miembros que votaron por un candidato recibieron posteriormente la confirmación de que habían votado por otro candidato. “Esto sucedió, entre otras cosas, con la esposa del candidato Pieter Omtzigt, quien, después de haber votado por su esposo, recibió un agradecimiento por su voto por Hugo de Jonge”, reveló la prensa local (2).
“Debido a eso nos comunicamos con la sede del CDA para preguntar qué máquinas de votación habían utilizado en las elecciones de líderes del partido. El responsable de prensa eludió la respuesta y replicó que no había habido fraude. Pero esa no era nuestra pregunta. La pregunta era qué tipo/marca de máquinas de votación habían utilizado. Al final no hubo respuesta”, concluyó.
¿La Registraduría y otros organismos públicos colombianos saben qué tipo de máquinas realizarán los escrutinios? La Registraduría y otros organismos públicos colombianos son clientes de Indra en dominios diferentes. Pero esta es la primera vez que contratan a una empresa extranjera para que haga, de manera bastante opaca, además, los escrutinios del país. ¿Qué garantías tiene Colombia de que los softwares de Smartmatic y Dominion no jugarán un papel en esos escrutinios? ¿Qué garantías ha recibido la Registraduría de parte del operador español de que será imposible borrar los registros una vez terminado el conteo? ¿Qué garantía tiene la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral de que será imposible cambiar la versión del software de esas máquinas después del escrutinio?
La multinacional española dice trabajar en 140 países y tener “más de 49.000 empleados”. Sus trabajos de “asesoría” cubren muchas actividades: tráfico aéreo, transportes, seguros, banca, defensa y seguridad, entre otros. En 2019, Indra participó en una licitación lanzada por el Estado mexicano para la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Los procesos electorales en algunos países también son una fuente de ingresos para Indra. Esta dice, por ejemplo, que ella ha participado “en 300 elecciones en cerca de 18 países”. Sin embargo, los detalles sobre el carácter de tal participación en tantos países no son referenciados en sus páginas web. En ese soporte digital, Indra explica que, junto con Minsai, una empresa de ese grupo, en algunos países, se ocupan del control de las creencias políticas de la ciudadanía. En sus propias palabras: que “anticipan el riesgo de desinformación y manipulación de las decisiones de voto de los votantes al detectar e investigar posibles noticias falsas”.
No hay pues referencia particular alguna en ese portal sobre la participación de Indra y Minsai en procesos electorales mediante el suministro de programas digitales y maquinaria para el escrutinio en elecciones nacionales. ¿El contrato con la Registraduría es una aventura inédita de Indra?
Indra afirma que no ha participado en procesos electorales en Venezuela. El 26 de noviembre de 2015, anunció que se retiraba de Venezuela, tras 15 años de actividad allí. ¿Los motivos? La imposibilidad de repatriar el capital al grupo matriz, el bajo retorno de inversión y la inestabilidad económica y política del país. Eso es lo que afirmó en ese momento la prensa económica española. Indra no es clara al momento de definir qué servicios prestaba en Venezuela.
Empero, Agustín Marco, periodista del diario español El Confidencial, escribió el 20 de noviembre de 2015: “Indra fue acusada en su día de manipular los sistemas de recogida de votos cuando fue seleccionada para gestionar las elecciones generales a las que se presentaba el ya fallecido Hugo Chávez, lo que le granjeó muchas críticas desde varios partidos de la oposición.” (3).
En noviembre de 2020, cuando el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, declaró que Indra había intervenido en la manipulación de las elecciones estadounidenses de ese año, en compañía de dos otras empresas, Smartmatic y Dominion Voting Systems, la multinacional española replicó que ella no había participado en ese proceso.
Indra Sistemas niega haber participado en un proceso electoral en Estados Unidos y agrega que no tiene vinculación con Smartmatic ni con Dominion Voting Systems. Pero otra versión emanada de la misma Indra permite pensar que tal aserción no es exacta pues hay una relación de Indra con procesos electorales en Estados Unidos: Indra reconoce que desarrolló “un piloto de soluciones de censo electoral en algunos condados [de Estados Unidos] en el año 2004”.
Agustín Marco también explicó que la relación de Indra con el gobierno de Nicolás Maduro se había deteriorado mucho. El dictador acusaba a España en ese momento de financiar grupos “terroristas”, “racistas” y de la “ultraderecha franquista”. Eso, más el bajo retorno de inversión, y la inestabilidad política, llevó a Indra a vender sus activos a otras empresas “pese a los buenos contratos de servicios de tecnología que [tenía] allí, como los firmados con BBVA y con Telefónica.”
Sin embargo, Indra mantuvo actividades en Venezuela después de esa fecha. En noviembre de 2021, esa empresa fue objeto de una investigación de la justicia española por “corrupción, blanqueo de capitales y servicios simulados”. La Audiencia Nacional sospecha que, entre 2008 y 2017, las firmas empleadas por Alejo Morodo, el hijo del embajador en Venezuela del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, eran sociedades interpuestas “para canalizar comisiones”, según la prensa española.
Indra no revela los nombres de sus accionistas. Lo explica así: “La Compañía no dispone de un registro nominal de sus accionistas, por lo que únicamente puede conocer la composición de su accionariado por la información que éstos le comuniquen directamente o hagan pública en aplicación de la normativa vigente sobre participaciones significativas (…) y por la información que facilita Iberclear, que la Sociedad recaba con ocasión de la celebración de sus juntas generales de accionistas”.
Después de una época de pérdidas y de vacas flacas en 2015, sobre todo en América Latina –en Brasil tuvo que despedir a 1.200 empleados--, Indra se recuperó de manera espectacular. Según la publicación InfoDefensa.Com, de Madrid, Indra es ahora “una de las 100 empresas más innovadoras de todo el mundo (8,2%). Mejora los promedios de las empresas de Japón (4%), China (3,7%) o Estados Unidos (7,9%) y es muy superior a la media de inversión empresarial en investigación y desarrollo sobre la cifra de ventas en Europa (4,2%) o en España (2%)”.
En ese contexto de recuperación fue adjudicada a Indra la licitación, sin competidor, de la Registraduría de Colombia por valor de 27 mil millones de pesos, apenas tres meses antes de las elecciones legislativas. Es un contrato anómalo que porta un gran defecto, según Alejandra Barrios: “No le traslada capacidad al Estado colombiano para el manejo de los software, ni el ajuste de esas máquinas”. La doctora Barrios detalla que los contratos publicados por la Registraduría sugieren que se trata de una compra de equipos cuando en realidad no hay la tal compra pues toda la capacidad para el manejo de los software no pasa a ser propiedad del Estado colombiano. Esa capacidad sigue en poder de Indra.
Ese contrato fue hecho bajo el patrocinio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), no confundir con la OEA. La OEI es un organismo intergubernamental de cooperación creado en 1949 en España y con sede en Madrid y dirigido por un secretario general español, Mariano Jabonero Blanco. Sus objetivos son el fomento de la educación, la cultura y la ciencia entre los países miembros. La cuestión electoral no aparece dentro de sus prioridades.
La dirección de la MOI pide, en consecuencia, que la Registraduría propicie una reunión de información con los partidos políticos para explicarles cómo será el proceso electoral en esas condiciones, cuáles serán los alcances de las auditorias que podrá haber la Registraduría en esos escrutinios, qué medidas de seguridad existen para la pureza del sufragio, a qué velocidad los datos serán trasmitidos de las mesas de votación a los centros departamentales y de allí a la Registraduría nacional, etc. Sin esas explicaciones, concluye Alejandra Barrios, no habrá confianza ni claridad.
La fórmula “voto electrónico” recubre una amplia gama de operaciones. La característica mayor de ese negocio es que es dominado por dos empresas que se reparten gran parte de ese mercado: Smartmatic y Dominion Voting Systems. La primera, creada en Venezuela y con sede ahora en Londres, concibió y desarrolló el software (la cosa intangible, logiciels y sistemas de explotación) y Dominion, propiedad de la primera, se encarga del hardware (las maquinas computadores u ordenadores especiales y las redes de transmisión que funcionan gracias al software de Smartmatic).
Indra no ha concebido que se sepa nuevos programas (software) ni nuevas computadoras (hardware) para realizar campañas de conteo y escrutinios en elecciones. Ella participa como subcontratante de las otras dos empresas. Por eso es legítimo suponer que en los computadores que Indra utilizará en Colombia habrá tanto logiciels de Smartmatic como máquinas de Dominion, sin que los nombres de esas firmas, sobre las que pesan acusaciones tanto en Venezuela como en Estados Unidos y en Países Bajos, aparezcan en el contrato firmado por la Registraduría colombiana.
“Una investigación judicial en el condado de Ware, Georgia, parece haber descubierto un algoritmo en una máquina de conteo de votos de Dominion Voting Systems (DVS). Al ingresar un número igual de votos para ambos candidatos, ¡el dispositivo contó el 26 por ciento de los votos de Trump ingresados para Biden!”, reveló una publicación neerlandesa (4).
Y explicó esto: “La máquina de conteo de votos del DVS en el condado de Ware parece estar contando los votos según un algoritmo. En lugar de '1 papeleta = 1 voto', utilizó un valor ponderado. Aparentemente, a un voto se le asigna un valor diferente que al otro voto. En este caso, se alega que la máquina en cuestión cuenta un voto de Trump como 0,87 y un voto de Biden como 1,13. Entonces, si ingresa un número igual de votos para ambos candidatos, Biden sale a la cabeza con una ventaja del 26 por ciento”.
La auditoría ordenada por el juez del 13 ° Circuito, Kevin Elsenheimer, que ordenó la incautación de 22 máquinas de Dominion en el condado de Antrim, Michigan, para que fueran exploradas, descubrió que la tasa de error electoral había sido allí del 68,05%. El informe forense concluyó: “Esto demostró un error significativo y fatal en la seguridad y la integridad electoral. Esta alta tasa de error demuestra que el sistema de votación de Dominion tiene fallas y no cumple con las leyes electorales estatales o federales. Dichos errores sistémicos están diseñados intencionalmente para generar más errores, con el fin de llevar un gran volumen de boletas a una adjudicación masiva”. (5)
Giuliani afirmó que las máquinas de conteo de votos de Smartmatic son “hackeables” y que el sistema de escrutinio automatizado de votos de Dominion “es propiedad de Smartmatic” y fue utilizado durante las elecciones presidenciales americanas de 2020 “a través de una empresa intermediaria conocida como Indra”. Sidney Powell, otra abogada de Donald Trump, declaró en ese mismo sentido y detalló que el escrutinio en Gettysburg, Pennsylvania, fue mal hecho, que los observadores electorales “no pudieron ver cómo se contaban los votos enviados por correo y que los votos falsos fueron usados potencialmente para empujar a Joe Biden a la victoria”.
La respuesta de Dominion a las denuncias ha sido la de entablar demandas contra más de 150 personas. Dominion dice que las acusaciones han afectado mucho su negocio y que han puesto en peligro a sus empleados. Los ingresos anuales de esta empresa, la segunda más grande de su tipo en Estados Unidos, fueron de 40,15 millones de dólares en 2021. También envía cartas para amenazar con posibles litigios a figuras de derecha, como el abogado pro-Trump Lin Wood, y a los presentadores de Fox News y a Melissa Carone, que Giuliani mencionó como posible testigo de los supuestos intentos de fraude electoral.
Alison Durkee, periodista de la Agencia Forbes, informó (6) que los demandados se mantienen firmes y que Newsmax, una cadena web de información conservadora, argumenta que las demandas de Dominion y Smartmatic son “un claro intento de aplastar los derechos de la prensa libre”. Fox News dijo, por su parte, tras ser demandado, que “está orgullosa de su cobertura de las elecciones de 2020” y que se “defenderá enérgicamente” contra el litigio. Giuliani dijo que la demanda contra él es “otro acto de intimidación por parte de la izquierda llena de odio”.
¿Sera que Indra adoptará el método brutal de las demandas y de las amenazas contra los que critiquen el negocio que trata de hacer en Colombia con la Registraduría? Esperemos que la firma española no siga aquellos malos ejemplos.
Notas
(1).- http://www.lahoradelaverdad.com.co/alejandra-barrios-directora-de-la-mision-de-observacion-electoral-moe-quien-denuncio-que-la-registraduria-nacional-terceriza-ciertas-funciones-que-le-son-propias-cuando-en-muchos-paises-las-elecc/
(2).- https://niburu.co/blijvend-actueel/15781-nederland-vuistdiep-in-frauderend-stemmachine-bedrijf-smartmatic
(3).- https://www.elconfidencial.com/empresas/2015-11-20/indra-abandona-venezuela-ante-las-trabas-a-las-empresas-del-regimen-de-nicolas-maduro_1101639/
(4).- https://systeembug.wordpress.com/2021/03/19/verbanden-tussen-soros-bill-gates-microsoft-dominion-smartmatic/
(5).- https://www.libertaddigital.com/internacional/estados-unidos/2020-12-16/elecciones-eeuu-2020-informe-forense-dominion-concluye-que-esta-disenado-crear-fraude-masivo-6690517/
(6).- https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/01/18/after-lawsuit-against-mypillow-ceo-mike-lindell-heres-who-dominion-and-smartmatic-have-sued-so-far-and-who-could-be-next/?sh=25368e1e12f6
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Colombia: ¿uno de los países más peligrosos para ser cristiano?
Kienyke, Bogotá
https://www.kienyke.com/radar-k/colombia-uno-de-los-paises-mas-peligrosos-para-ser-cristiano
21 de enero de 2022
Nota de Colombian News: Este artículo comienza con una afirmación errónea. “Colombia es un país laico desde su carta magna”. Esa es, en efecto, una creencia relativamente extendida gracias a una cierta propaganda que no tiene asidero jurídico alguno. La Constitución de Colombia no dice en ninguna parte que Colombia es un Estado laico, ni un país laico . El artículo 1 de la CN dice: “Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
De acuerdo con la ONG cristiana Puertas Abiertas, Colombia es uno de los países más peligrosos para profesar el cristianismo. Acá las razones.
A pesar de que Colombia es un país laico desde su carta magna, es innegable que también es uno de los más religiosos de la región. A la par de su diversidad natural y étnica, está presente un gran surtido cultural que tiene una incidencia directa en la forma en la que se relacionan las personas, en sus creencias, rituales, gustos y demás. Sin embargo, de acuerdo con la ONG Puertas Abiertas, a pesar de ser un país en el que predomina el cristianismo, también es uno de los más peligrosos en el mundo para ejercer esta religión.
De hecho, según la más reciente “Lista mundial de la persecución”, un ranking en el que Puertas Abiertas mide las condiciones desfavorables para el ejercicio del cristianismo, Colombia ocupa el puesto 30. Único país de esa primera treintena que no está ubicado en Medio Oriente, Asia o África, siendo superado incluso por Cuba. Cabe mencionar que los primeros lugares de la lista los ocupan Afganistán, por primera vez en la primera posición tras el regreso de los talibanes al poder, Corea del Norte, Somalia, Libia y Yemen. Mismos países que generalmente encabezan los rankings de violaciones a la libertad de prensa y expresión, muy en línea con el respeto de las creencias.
Ahora bien, cabe mencionar que el estudio de Puertas Abiertas califica a los países en función de la gravedad de la persecución que viven los cristianos, existiendo tres categorías: alta, severa y extrema. Colombia se encuentra como un país con una persecución severa, lo cual resulta llamativo por la gran cantidad de población cristiana que hay en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Diversidad Religiosa (2019), realizada por varios sociólogos en colaboración con la Iglesia Sueca, World Vision, la Universidad Nacional y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, cerca del 80% de los colombianos se identifican con las creencias cristianas (sin entrar a distinguir por cuál de sus variantes).
El catolicismo, por ejemplo, es de lejos la religión más profesada con un 57,2% de creyentes, seguido de los evangélicos o pentecostales (19,5%), adventistas (1,0%) y protestantes (0,9%). En total, suman 78,6 del total de la población encuestada, resaltando que podrían ser más teniendo en cuenta a aquellos en categoría de ‘otros’ y los que manifestaron ser creyentes pero no afiliados a una iglesia.
En ese sentido, resulta un poco preocupante, más allá de estar o no de acuerdo con las distintas religiones e iglesias, que esta población sea especialmente perseguida en Colombia (donde la libertad de creencia está amparada desde la propia Constitución). Según Puertas Abiertas, la persecución en el país está principalmente relacionada con las dinámicas del conflicto armado y la intolerancia respecto a las opiniones contrarias.
Es por ello que incluye dentro de su lista de agresores a líderes de grupos étnicos, religiosos no cristianos, ciudadanos, pandillas y grupos criminales, así como a funcionarios gubernamentales y partidos políticos. “Los seguidores de Jesús enfrentan persecución por parte de bandas criminales y grupos indígenas. Los grupos guerrilleros amenazan, asedian, extorsionan e incluso matan a líderes eclesiásticos que son blanco de ataques por denunciar la corrupción, defender los derechos humanos y oponerse a actos ilícitos”, señala el estudio.
En ese sentido, la organización cristiana resume el problema en las siguientes aristas: desprotección frente al avance de la guerra (en la cual la iglesia y sus representantes juegan un papel importante en temas como la mediación y la protección de los derechos de las personas), la persecución a miembros de tribus indígenas que deciden convertirse al cristianismo y la intolerancia frente a las ideologías cristianas.
Algunos puntos polémicos
Es probable que la acusación frente a los pueblos indígenas y el de las posiciones frente a temas de importancia nacional sean los puntos más polémicos del ranking publicado por Puertas Abiertas. En síntesis, por lo menos en lo que respecta a los pueblos originarios, el estudio afirma que estos proceden al “encarcelamiento, acoso, abuso físico, prohibición de derechos básicos y uso del territorio ancestral”, así como al trabajo forzoso, cuando hay “cristianos que se convirtieron de los dogmas de la tribu”. “En las comunidades indígenas, las mujeres cristianas pueden verse obligadas a casarse con un no cristiano o, si ya están casadas, pueden ser abandonadas por sus maridos y separadas de sus hijos. Esto las hace vulnerables a la explotación sexual y la prostitución forzada. En algunos casos, las mujeres embarazadas también se ven obligadas a realizar rituales con bebés que van en contra de la fe cristiana”, reza el documento.
Colombia en el ranking
Por otro lado, señalan que las posiciones de los cristianos están siendo cada vez más invisibilizadas y muchas veces sufren ataques por ellas. “Los cristianos enfrentan hostilidad, abuso verbal y discriminación por su postura en temas como el aborto, la sexualidad y la orientación de género. Como resultado, la participación de los cristianos en la esfera política ha disminuido”, asevera el documento. Las cosas así, es probable que en esta discusión la razón este parcialmente fragmentada. Una aclaración importante es que, por ley, discusiones de alto nivel y que tienen grave incidencia en la sociedad (como el aborto o la protección de las libertades sexuales) tienen que estar libres de las posiciones morales de los encargados de legislar y por lo tanto en ese ámbito lleva prioridad una discusión libre de dogmas de todo tipo y basada en la ciencia.
También cabe recordar que el respeto por las creencias y reglas de los pueblos originarios están bajo protección constitucional y por ello, más allá de casos específicos, su pertinencia debe quedar al margen del debate. Lo que sí es cierto y en eso caben también los cristianos, musulmanes, judíos y cualquier grupo étnico, religioso o cultural, es que en Colombia la libertad de expresión es prioritaria y en ese sentido a nadie se le puede marginar o castigar por sus pensamientos o ideas (siempre y cuando no sean usadas como discursos de odio).
La constante riña en redes sociales, la esfera pública digital plagada de confrontación y carente de escucha y consenso, también está regulada bajo las mismas normas que se aplican por fuera de ella. Lo importante es recordar, desde todas las orillas, la diversidad como principio y pilar fundamental para la construcción y el fortalecimiento de una democracia robusta.
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Chinita tráigame una changua
Por María Clara Ospina
El Colombiano, Medellín
24 de enero de 2022
Chinita, tráigame una Changua con un vasito de chicha y, para mi chino, un cuchuco con espinazo. Luego, nos gustaría un buen de pedazo de chigüiro asado con papas en chupe y dulce de uchuvas, de ese de rechupete que su mercé sabe hacer, y dígale al chivato de la mesa del lado que deje de chillar, porque está muy chinchoso y de pronto el canchoso que anda por ahí se enchicha y le da un tarascazo.
Este lenguaje es nuestra herencia, la huella de nuestros antepasados muiscas, el cual usamos a diario dando vida y testimonio de unos pueblos que vivieron en una extensa zona de nuestro territorio, más allá del altiplano cundiboyacense, más allá de los llanos de Casanare, donde abundan los chigüiros, en casi todos los Andes donde se comen platos con chupe, pucheros, chicharrón chocho y sopa de chuguas, hibias y cubios, y se escarba la tierra para matar las chizas que destruyen la raíz de los tubérculos como la arracacha.
Una lengua hermosa que se ha negado a morir por que vive en nuestras voces, porque nuestros antepasados aprendieron sus palabras de los indígenas con los que compartieron sus vidas y nosotros de ellos, por generaciones y generaciones. Somos, sin darnos cuenta, diccionarios vivos, depositantes de una inmensa riqueza lingüística.
¿Cuántas palabras de origen chibcha creen que hay en el primer párrafo? Para saberlo, habría que estudiar alguno de los diccionarios de la lengua chibcha, como el del padre Gonzalo Bermúdez, del siglo XVI, o el de Ezequiel Uricoechea, del siglo XIX, (ojalá los encuentren).
Tuve la suerte de tener una iluminante conversación con Sarita Ruiz, quien por más de 18 años ha estudiado estas lenguas maravillosas; con Tigua Nika Sua, indígena mhuysca y con la lingüista Mariana Escribano.
Amablemente me explicó la diferencia de entre el muisca, Mhuysca, el ser humano que habitaba el territorio, y el Chibcha, que significaba el viajero.
Ella me dio algunos significados que nos ayudan a interpretar el origen de algunas de las palabras que utilizamos: Cha, fuerza viril. Cho=lo bueno, trabajo. Chu (chusco)=amigable, que tiene chispa. Chi= lo nuestro. Chino= el hijo del medio. Chan= hambrientos y la terminación gua (changua)= sustancia. Ma (chusma) = muchos.
Así que me fui con Chepe, Chucho, Chila y la Chava, que es tan chirriada, a tomarnos un chocolate y, entre chistes, chanzas y chismes, fue mucha la cháchara que echamos sobre los chibchas. Hasta que la cuchita de Chepe lo llamó para que fuera en su cacharro a pechicharla porque se sentía solita. Nosotros nos quedamos tomándonos el cuncho del chocolate, fumándonos un pucho y charlando sobre esos cuchiflíes que se compraban por chichiguas en las chisgas de los almacenes de Chapinero.
En fin, hoy me despido como me enseñó la lingüista Ruiz. Chao, amigos, palabra igual a choa, saludo que significa todo lo bueno para ti. Que Chía les ilumine la noche. Y chito, porque nunca se sabe si algún chuchumeco chinche te está escuchando.
P.D. Agradezco a Sarita Ruiz sus enseñanzas y a las académicas Merceditas Medina de Pacheco y Mariela Vargas por su ayuda para esta columna, lo mismo que a Juan Gabriel Uribe por la recomendación del libro “Antes de Colombia, los primeros 14.000 años”, del antropólogo y arqueólogo Carl Langebaek.
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