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14 ex FARC son condenados a pagar US$36 millones por el secuestro de Ingrid Betancourt
Por Juan Diego Murcia
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La Republica, Bogotá
Asuntos Legales, Bogotá
Colprensa
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/exfarc-fueron-condenados-a-pagar-us36-millones-por-secuestro-de-ingrid-betancourt-3285811
13 de enero de 2022
La pretensión inicial de la demanda era de US$12 millones, no obstante, el juez se acogió a la Ley Antiterrorista y triplicó el monto.
Tras una demanda interpuesta por Lawrence Delloye, hijo de la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, el juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el distrito medio de Pensilvania, Matthew W. Brann, admitió las pretensiones de la demanda contra las Farc por el cautiverio de la dirigente política.
La pretensión inicial era de US$12 millones, no obstante, el juez se acogió a la Ley Antiterrorista (ATA) y triplicó el monto, llegando a US$36 millones. Robert E. Levy, presidente del Grupo de Litigios Scarinci Hollenbeck, y quien asumió la defensa de Delloye, afirmó que, aunque ninguna suma de dinero puede reemplazar el tiempo que Lawrence Delloye perdió con su madre o curar el trauma sufrido a manos de las Farc, se siente orgulloso de haber ayudado a lograr algo de justicia. Cabe recordar que, en la justicia estadounidense, en casos relacionados con terrorismo, es posible apelar a los tribunales del país.
La demanda fue presentada contra 14 miembros de las extintas Farc para resarcir daños y perjuicios por la angustia emocional que dijeron haber soportado durante el cautiverio de más de seis años. La condena compromete a miembros de las Farc como Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, alias “Iván Vargas”; Josué Cuesta León, alias "El Viejo”; José Fernando Romero Mejía, alias “El Morocho”; Juan Diego Giraldo, alias “Flaco”; Nayibe Rojas Valderrama, alias “Sonia”; José Antonio Celis, alias “Calvo”; y Yarlei Banol-Ramos, alias “Diana”.
Además, miembros del alto mando también se ven involucrados, como el cabecilla de la disidencia de la Segunda Marquetalia, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, Helí Mejía Mendoza, alias “Martín Sombra”; Martin Cuero; alias “el carcelero de las Farc"; Noe Suárez Rojas, alias “Germán Briceño Suárez”; Walter Tapiero, alias "comandante Romel"; y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”.
Delloye tenía 13 años cuando Ingrid Betancourt fue secuestrada por el grupo guerrillero, y argumentó que sufrió angustia emocional generada por los años de cautiverio de su madre. Asimismo, aseguró que el secuestro fue efectuado para influir en la política de los Estados Unidos y de Colombia, para promover el tráfico de drogas y prevenir acciones militares. En esa línea, señaló que, en el material audiovisual que publicó las Farc, se podía ver que las condiciones en las que se encontraba la dirigente política no le permitían tener una buena salud mental y física.
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Colombia: Extraño contrato con empresa española para hacer el conteo de votos
Noticias Uno, Bogotá
https://www.noticiasuno.com/politica/extrano-contrato-de-29-de-diciembre-para-conteo-de-votos-a-empresa-espanola/
10 enero 2022
El conteo de los votos en los próximos comicios no correrá por cuenta de un ente público y ni siquiera por cuenta de una empresa colombiana. La española INDRA, una empresa privada, compitió consigo misma y la Registraduría le asignó el contrato mientras el país estaba en fiestas.
El contrato fue asignado a dedo, por 27 mil millones de pesos, el 29 de diciembre pasado, es decir, un día después del día de los santos inocentes. Los procedimientos de inscripción de cédulas siguen en duda en la Registraduría. Y falta poco para elecciones.
Vea el video:
https://www.noticiasuno.com/politica/extrano-contrato-de-29-de-diciembre-para-conteo-de-votos-a-empresa-espanola/
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Inscripción de cédulas sigue en duda en Registraduría
Noticias Uno, Bogotá
https://www.noticiasuno.com/politica/extrano-contrato-de-29-de-diciembre-para-conteo-de-votos-a-empresa-espanola/
10 enero 2022
Aunque las redes sociales están repletas de quejas sobre el acceso a la plataforma para la inscripción de cédulas para las elecciones, el registrador asegura que ésta funciona a la perfección, pero habilitó horarios extendidos para los procesos manuales. Por la vía digital se han podido inscribir 400 mil votantes, pero otros 600 mil desistieron de hacerlo, ante las fallas en el aplicativo y coparon los puestos en los que se puede hacer el trámite manual.
Video: https://www.noticiasuno.com/nacional/procedimientos-de-inscripcion-de-cedulas-sigue-en-duda-en-registraduria-y-falta-poco-para-elecciones/
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Gustavo Rugeles: "Buscamos sumar esfuerzos para defender la libertad de prensa"
Kienyke, Bogotá
https://www.kienyke.com/colombia/gustavo-rugeles-creacion-aipi-entrevista
13 de enero de 2022
En diálogo con KienyKe.com, el periodista Gustavo Rugeles, habló sobre la creación de AIPI, la Agremiación Iberoamericana de Prensa Independiente.
Colombia sigue sumando fuerzas en la lucha por la libertad de prensa. El país vive un momento complejo en este ámbito, ya que según un ranking publicado por Reporteros sin Fronteras, Colombia ocupa la posición 134 de 177 países, entre los que hay mayores riesgos para ejercer el periodismo. Censura, la existencia de grupos armados ilegales, la intimidación a través de mecanismos judiciales, son algunas de las problemáticas a las que se enfrenta la prensa en Colombia.
Gustavo Rugeles, director de El Expediente, recientemente anunció la creación de AIPI, la Agremiación Iberoamericana de Prensa Independiente, con el propósito de defender la libertad de prensa y preservar los Derechos Humanos de los periodistas víctimas de censura y ataques contra su ejercicio profesional en Colombia y en cualquier parte del mundo. "Este es un proyecto que hemos venido pensando una serie de medios de comunicación pequeños, digitales, radiales, todos aquellos que se encuentran por fuera de un gran conglomerado económico. A finales de 2021 pusimos a andar el proyecto y unimos exactamente 45 medios de comunicación y tres organizaciones aliadas", afirmó Rugeles a KienyKe.com.
Entre los retos que tiene esta agremiación es lograr que los medios independientes puedan realizar su ejercicio periodístico con total libertad. "Hemos notado que en las regiones no se logra tener la atención nacional necesaria, evidenciamos que hay un aumento desorbitante con lo que tiene que ver con el acoso judicial, los fallos de tutela, es decir, todos los mecanismos que se utilizan para silenciar a la prensa y que lamentablemente en Colombia no hay suficientes organizaciones que puedan atender todos esos casos".
La premisa de AIPI es que para su funcionamiento buscarán de la financiación por parte de organismos internacionales como la ONU, esto con el fin de que la agremiación cuente con todas las libertades necesarias en momentos cruciales y evitar posibles conflictos de intereses con auspiciantes locales. "Buscamos que la organización no dependa de algún poder en Colombia".
Con la creación de esta agremiación, lo que se espera es sumar esfuerzos con otras asociaciones que luchan por la libertad de prensa como la FLIP y brindar soluciones tanto a periodistas como medios regionales que en muchas ocasiones no cuentan con los recursos necesarios para defenderse en diferentes circunstancias.
¿Cómo ser parte de AIPI?
Para aquellos medios que deseen ser parte de esta agremiación deben diligenciar un formulario que estará disponible en la página web de AIPI en los próximos días. Asimismo, a través de las redes sociales (@AIPICOL), también se pueden realizar acercamientos. "La idea es ser totalmente incluyente. Es importante destacar que deben ser medios de comunicación, proyectos periodísticos, canales de televisión o emisoras radiales que estén netamente en el ejercicio del periodismo", indica Rugeles.
Escuche aquí la entrevista completa a Gustavo Rugeles a propósito de la creación de AIPI:
https://www.kienyke.com/colombia/gustavo-rugeles-creacion-aipi-entrevista
Lista completa de medios que hasta el momento hacen parte de AIPI
https://www.kienyke.com/colombia/gustavo-rugeles-creacion-aipi-entrevista
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La injusta persecución contra el periodista Gustavo Rugeles
Por Eduardo Mackenzie
Colombian News
El Expediente, Bogotá
https://elexpediente.co/un-caso-para-la-aipi-la-injusta-persecucion-contra-el-periodista-gustavo-rugeles/
14 de enero de 2022
Continúa la persecución judicial contra el periodista Gustavo Rugeles. Mediante una carta fechada el 29 de noviembre de 2021, un tribunal arbitral de Bogotá acaba de citar a ese periodista a “rendir testimonio en audiencia”, el 21 de enero próximo, en una oficina de la Cámara de Comercio de Bogotá. La carta no dice qué tipo de “testimonio” espera que haga el periodista Rugeles en ese lugar. Sin embargo, lo que busca tal operación, según Rugeles, es que él dé los nombres de las personas que le entregaron informaciones sobre unos negocios en los que está involucrada, entre otros, la firma constructora Norberto Odebrecht.
Tales informaciones fueron objeto de una revelación periodística en El Expediente, portal web que es dirigido por Gustavo Rugeles.
Roberto Aguilar Díaz, secretario del citado tribunal arbitral, dice en su carta al periodista Rugeles que el tribunal “ordenó a la policía” conducirlo ante el citado tribunal. Como si eso fuera poco, Aguilar informó a Rugeles que ese tribunal arbitral le impuso además “una multa” equivalente a dos salarios mínimos legales (un millón 817 mil pesos colombianos, es decir 458 dólares americanos) los cuales “deberá consignar en cinco días ante el Consejo Superior de la Judicatura”.
Las exigencias del citado tribunal arbitral son completamente arbitrarias e ilegales por varias razones.
La libertad e independencia de la actividad periodística en Colombia está garantizada por la Constitución (artículos 20 y 73 a 77). La deontología del periodismo exige, en general, que todo periodista respete el secreto profesional. Si una de sus fuentes no permite que su nombre sea revelado el periodista debe guardar silencio. El secreto profesional tiene límites, desde luego. La legislación de prensa varía de un país a otro. En contextos particulares, como ante un crimen o un delito penal que es posible impedir o limitar en sus efectos gracias una información a las autoridades, ese secreto puede convertirse en infracción.
Pero nada de esto tiene que ver con los asuntos que dieron lugar a la conformación del citado tribunal arbitral. El sistema del arbitraje en Colombia es regido por la Ley 1563 de 2012. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias entre particulares. El releva a la justicia ordinaria. Las partes optan por buscar entre ellas soluciones a sus diferencias, mediante un pacto arbitral, en casos que la ley autoriza. Tales “tribunales” están integrados por “árbitros” los cuales no son jueces profesionales. En todo caso, todo tribunal de arbitramento debe respetar “los principios constitucionales que integran el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes”, dice el artículo 58 del Estatuto del arbitraje en Colombia.
Luego el citado tribunal de arbitramento debe respetar, en este caso, los derechos de la prensa y de los periodistas, sobre todo respecto de sus fuentes.
Un tribunal arbitral puede practicar una medida cautelar pero en ese caso debe acudir a un juez civil municipal, o a un juez administrativo del lugar donde debe practicarse la medida cautelar (Artículo 32 de la ley citada). La ley que rige el sistema del arbitraje en Colombia no dice nada sobre la intervención de jueces penales en ese ámbito. Y la pretensión vertida en la carta del secretario del citado tribunal arbitral no menciona la decisión de juez penal alguno.
El secretario del citado tribunal arbitral invoca como justificación de su conducta un artículo del Código General del Proceso (Ley 1564 del 12 de julio de 2012). El artículo 1 de ese código es muy claro: “Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes.”
Ese código no rige para los casos ventilados por tribunales arbitrales, los cuales están regulados expresamente por una ley particular y diferente: la Ley 1563 de 2012.
El artículo 218 del Código General del Proceso dice que sólo “el juez podrá ordenar a la policía la conducción del testigo a la audiencia”.
Es evidente que el secretario de un tribunal arbitrar, o cualquier otro actor de ese tribunal arbitral, carece de facultades legales para dictar una orden que priva de libertad a una persona, o para ordenar a un agente de la fuerza pública que conduzca a un ciudadano a un lugar determinado.
En consecuencia, el señor Roberto Aguilar Díaz, secretario del tribunal arbitral, o éste mismo, al anunciar que ha impuesto una fuerte multa y dado la orden a la Policía de conducir a la fuerza a un ciudadano podría estar incurriendo en una grave violación del artículo 58 del Estatuto del arbitraje en Colombia. No se puede olvidar que, además, el artículo 19 de la Ley 1563 de 2012 habla del “control disciplinario” que debe recaer sobre quien viola los términos de la ley 1563 sobre todo por parte de “los árbitros, los secretarios y los auxiliares de los tribunales arbitrales”.
El periodista Gustavo Rugeles declaró el 12 de enero de 2022, en su cuenta Twitter, que la pretensión del citado tribunal arbitral es absurda y que él respetara, al precio que sea, el secreto periodístico. “Ahora los 'árbitros' del caso Navelena ordenan conducirme con la policía a rendir un testimonio por una nota publicada en @EIExpedienteCol. Les reitero: NO vamos a revelar nuestras fuentes. Pueden abusar del sistema judicial, poner multas y ordenar capturas. @AIPICOL”.
El mismo día, en esa misma cuenta, Rugeles agregó: “Dentro del proceso entre Navelena #Odebrecht y Cormagdalena hay una publicación de @EIExpedienteCol sobre la que el tribunal quiere 'tener más información'. Hemos manifestado que no hay nada que agregar y que no vamos a revelar las fuentes”. “Como si se tratara de alguna autoridad penal me ha venido 'notificando' el abogado de una de las partes (Santiago Vargas Bayona Escobar Salazar & Asociados Ltda) y un 'Secretario' Roberto Aguilar Díaz me pone una multa y ordena conducirme con la @PoliciaColombia”. “Los árbitros que validan tal abuso judicial son los señores Álvaro Mendoza Ramírez y Juan Pablo Cárdenas Mejía. Preside el tribunal la señora Adelaida Ángel Zea. Respetados doctores, les recuerdo que la protección de la fuente periodística tiene reserva constitucional.”
Es evidente que ciertos particulares, para preservar sus intereses, tratan de someter y humillar a la prensa y sobre todo a los periodistas independientes. Tratan de hacer eso violando las normas de derecho que protegen la prensa y la actividad periodística. Si dejamos pasar este incidente en el que miembros de un tribunal arbitral creen que pueden arrogarse los derechos que solo tienen los jueces, o que un tribunal arbitral de tipo civil puede imponer multas y darle ordenas a la policía de que se apodere de un periodista para ponerlo, contra su voluntad, en manos de una Cámara de Comercio, por haber realizado acto periodístico perfectamente legal y por un acto, además, que no tiene nada que ver con lo que ventila ese tribunal arbitral, la libertad de prensa habrá dejado de existir en Colombia.
Si tal atropello alcanza su objetivo será erigido como precedente que los enemigos de la prensa querrán invocar para golpear a los periodistas independientes y para demoler los derechos constitucionales arriba mencionados. Estamos pues ante un caso importante que debe llamar la atención de la recién fundada Agremiación Iberoamericana de Prensa Independiente (AIPI). La más grande difusión de estos hechos sería muy útil. Todos los periodistas de Colombia, y las asociaciones defensoras de los periodistas, deberían expresar su solidaridad con el colega Gustavo Rugeles.
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Un juez negó la acción de tutela interpuesta por simpatizantes del alcalde Quintero
IFM Noticias, Medellín
https://ifmnoticias.com/juez-niega-tutela-a-simpatizante-de-daniel-quintero-que-pedia-suspension-de-la-revocatoria/
13 de enero de 2022
El Juzgado quinto negó hoy 13 de enero, la acción de tutela interpuesta por 12 ciudadanos que aducían suplantación de sus firmas en la revocatoria, y que pretendían que se suspendiera el proceso contra Daniel Quintero.
La acción de tutela indicaba que no habían autorizado ni consentido que se firmara en su nombre por la revocatoria de Daniel Quintero, exigiendo que se suspendiera el proceso de revocatoria en contra del Alcalde de Medellín, en una acción jurídica que buscaba ayudarle al Alcalde a frenar el aval de las casi 132.000 firmas avaladas por la Registraduría.
La tutela había sido interpuesta para obligar a que la Registraduría y el consejo electoral suspendieran el proceso de la revocatoria para proteger los supuestos derechos vulnerados de los doce simpatizantes de Daniel Quintero. Entre los accionantes el periódico El Colombiano, había detectado a varios contratistas en el que quedaba la duda de: si en realidad eran víctimas de suplantación por ser contratistas, habían sido forzados a interponer la acción de tutela.
El vocero de la revocatoria, Andrés Felipe Rodríguez, señalo en su momento que otro de los accionantes había firmado más de 6 veces, y que la Registraduría le avalo una de las firmas. En lo que considero un intento de sabotear el proceso. Por parte de la alcaldía, el juzgado quinto, fallo en primera instancia negando las pretensiones de los accionantes por improcedencia, y contra este fallo procede recurso de impugnación en segunda instancia.
El movimiento de revocatoria ha insistido en varios momentos, durante el proceso de los intentos de sabotaje por parte de la Alcaldía al proceso de la revocatoria, y han considerado esta acción como una parte de la estrategia jurídica de defensa de Quintero, buscando que terceros actúen en beneficio del Alcalde. Por lo pronto y con este fallo, la revocatoria continúa firme en su curso.
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Popularidad de Biden cae por inflación de 7% y reclamos al Congreso
Por Oriana Rivas
Panam Post, Miami
https://panampost.com/oriana-rivas/2022/01/12/popularidad-de-biden-cae/
12 de enero de 2022
Los estadounidenses culpan a Biden por el rápido aumento de la inflación. El mandatario tiene solo 36 % de aprobación, los estadounidenses no están contentos. Menos con la histórica inflación que los demócratas atribuyen a supuestos "monopolios" en lugar de reflexionar sobre sus políticas fiscales.
Si la caída en los índices de popularidad del presidente Joe Biden causaba preocupación entre sus simpatizantes en agosto del año pasado, actualmente en medio de una histórica inflación y de disputas en el Congreso, los nuevos números no deben ser menos que alarmantes. Y es que el mandatario se enfrenta a la aprobación más baja en lo que lleva de mandato, 36 % para ser exactos, según la consultora demócrata Civiqs.
Del universo total de encuestados, 56 % de la población lo desaprueba y 9 % se mostró indeciso. Lo que demuestra el informe es que Joe Biden vive sus horas más difíciles en la Casa Blanca cuando faltan pocos días para que cumpla su primer año de mandato. A esto se suma el reporte del 7 % de inflación interanual para diciembre, reportado por la Oficina de Estadísticas Laborales. Un récord que no se veía desde 1982.
Es decir, el récord inflacionario superó los 6,8 % registrado en noviembre y evidenció otros problemas, como el desabastecimiento. La Cena de Acción de Gracias se convirtió en noticia por las dificultades que percibieron los estadounidenses para encontrar ciertos ingredientes. Detrás hay problemas de fondo. La sobre estimulación de la economía con cheques de estímulo y el atasco en la cadena de suministros. Son dos de las tres razones que llevaron a EE. UU. a atravesar un problema que mantiene atenta a la Reserva Federal, la responsable de dictar la política monetaria de EE. UU.
¿Qué dice la Casa Blanca?
Que la inflación «se moderará este año» y que «es un fenómeno global» que se deriva de los efectos de la pandemia, dijo Brian Deese, el principal asesor económico Biden en rueda de prensa mientras trataba de apaciguar los ánimos. En un comunicado citado por EFE, el mandatario demócrata expresó que al tener una de las «economías que crecen más rápido» del mundo, EE. UU. podrá «hacer frente a los aumentos de precio y mantener» una recuperación sólida.
Pero hay dudas y críticas claras. Una nota editorial del Washington Post rechazó el argumento de radicales demócratas quienes culpan a los «monopolios» y empresarios por supuestamente estimular la inflación. La senadora progresista Elizabeth Warren es una de ese grupo. “La inflación, que fue relativamente baja durante años, no aumentó repentinamente en los últimos meses porque las empresas decidieron que ahora era el momento ideal para exprimir a sus clientes”, apuntó el texto.
Hay descontento hacia Biden, mucho. Recientemente trascendió que 70 % calificó negativamente a la economía, incluido el 38 % que dice que está en «malas» condiciones, según una encuesta de Washington Post-ABC News. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses en general y los independientes políticos culpan a Biden por el rápido aumento de la inflación, y más de seis de cada 10 estadounidenses dicen que no ha logrado mucho después de 10 meses en el cargo, incluido el 71 % de los independientes.
Otros problemas para atender
El profundo problema económico y la baja popularidad de Biden no es lo único que aqueja a la Casa Blanca. El mandatario también se juega una carta importante en el Congreso por dos proyectos de ley de reforma electoral que necesita 60 votos de los 100 del Senado para ser aprobada. Los demócratas tienen ahora 50 curules frente a 50 republicanos.
El mandatario está bajo presión y eso lo llevó a dar un discurso donde finalmente dijo lo que era un secreto a voces sobre el manejo de las comunicaciones de parte del equipo presidencial. “Estoy harto de permanecer callado”, aseveró. Dos proyectos de ley, la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de los Derechos Electorales asoman estándares en todo el país que a su vez anularían las leyes establecidas por legislaturas en estados republicanas. En total son 19 estados que modificaron medidas electorales desde 2020. Pero no hay votos suficientes y Biden ruega para conseguir los que faltan. «Lo que los demócratas han acuñado como un proyecto de ley de ‘derecho al voto’ es en realidad solo una toma de poder político partidista», criticó el senador republicano Mike Crapo luego de escuchar el discurso del presidente de EE. UU.
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