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1. Gilinski, Quintero, Petro y el GEA: la batalla por el poder económico y político en Medellín
La agresiva oferta que la familia Gilinski hizo, en asocio con un billonario fondo árabe, para apoderarse del grupo Nutresa cayó en buena parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) como una notificación de una nueva batalla por el control del poder económico y político, por lo menos en esa región del país.
Que el banquero e inversionista Jaime Gilinski reaparezca –ahora acompañado por su hijo Gabriel– en la escena paisa les revive amargos recuerdos al GEA por la dura guerra que tuvieron hace casi dos décadas por la compra del Banco de Colombia. Y los tiene alterados no solo por la agresiva propuesta que recibieron por Nutresa sino por la aparente cercanía de los Gilinski con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a su vez se la ha jugado por señalar al GEA como responsable del descalabro de Hidroituango y de aprovecharse de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La oferta pública de adquisición (OPA) por Nutresa es un obús a la columna vertebral del GEA, de su exitoso esquema empresarial basado en el famoso enroque paisa, y una advertencia de que en cualquier momento sus empresas e intereses pueden caer en una especie de shark tank, en el que ellos no serían tiburones inversionistas sino la presa en venta.
En juego está un grupo que hoy puede costar más de 12 billones de pesos, que genera más de 45.000 empleos directos, ventas por más de 11 billones al año y cuyas marcas, símbolos y olores hacen parte de la historia y tradición antioqueña.
¿Podrá el GEA atajar la ambiciosa propuesta de los Gilinski y mantener el control de Nutresa? ¿Lograrán los Gilinski pasar de tener un pequeño portafolio de productos, como Yupi, para apoderarse de uno de los conglomerados portafolios de alimentos, comidas y snacks de Colombia y la región? ¿Qué otros intereses políticos y estratégicos hay detrás de la que es considerada, desde ya, la movida empresarial del año? Si los Gilinski y sus poderosos socios tienen éxito, ¿irán por otras empresas del GEA como Argos o Sura? Estos son algunos de los interrogantes que se han empezado a hacer en los últimos días inversionistas y expertos financieros.
Caballo de Troya
El pasado jueves, la Superintendencia Financiera suspendió la acción de Nutresa en la bolsa tras recibir la solicitud de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por mínimo el 50,1 por ciento y máximo el 62,62 por ciento de las acciones de la empresa, a un precio de 29.500 pesos la acción.
La operación podría estar entre los 6,5 y 8 billones de pesos. La oferta fue realizada por Nugil SAS, del grupo Gilisnki. Toda una “OPA hostil” que, de entrada, aumentó 37 por ciento el valor en el mercado de las acciones del conglomerado de alimentos.
Si bien es una buena oferta, lo que desvela es el mal momento en el que está el mercado accionario en Colombia debido a la crisis económica ocasionada por el covid-19 y la violenta devaluación del peso. “Es el mejor momento para comprar y el peor para vender”, dijo un analista financiero a Diario Criterio.
De ahí que al día siguiente las acciones de otras empresas del GEA empezaron a valorizarse, debido al famoso enroque paisa creado a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando las grandes empresas y líderes de Antioquia decidieron intercambiar entre sí acciones de compañías como Argos, Suramericana o Nacional de Chocolates, para evitar que foráneos como Carlos Ardila o Julio Mario Santo Domingo siguieran apoderándose de empresas como Coltejer, Postobón, Pilsen o Tutti Frutti.
Este enroque defensivo les permitió conservar sus empresas, adquirir otras y lanzar un crecimiento digno de estudio de escuelas de negocios. Nutresa tiene inversiones en 14 países, Argos en 18 y Sura en 10. En esa expansión, que demandó más y más recursos, tomaron decisiones que hoy muestran una debilidad: el GEA, a través de Argos y Sura, tan solo tienen el 45,24 por ciento de Nutresa. A su vez, Grupo Nutresa cuenta con una participación de 13,04 por ciento en Sura y cerca del 10 por ciento de Argos.
Nutresa
¿La propuesta de compra de Nutresa pone en jaque al GEA?
Un análisis de Davivienda Corredores advirtió que esta transacción tiene implicaciones que van más allá de la simple decisión de venta de Nutresa, “ya que actualmente el 22 por ciento del valor de Nutresa está representado por el portafolio de acciones que la compañía posee en Grupo Argos (82.300.000 acciones) y del Grupo Sura (61.000.000 de acciones), que a precio de mercado está valorado en 2,2 billones de pesos. Este enroque es el que permite que el grupo entre sí mantenga el control de los activos, por lo que si se materializa la OPA, el control de Grupo Argos y Grupo Sura podría quedar a la deriva, lo que se prestaría para que otros inversionistas puedan hacer lo mismo y mediante una o varias OPA conseguir el control de estas compañías”.
Los fondos de pensiones serían determinantes para definir en manos de quién queda Nutresa y el futuro del GEA. Sura y Argos tienen el 45,24 por ciento de las acciones de la empresa de alimentos, y si pudieran traer de su lado a Protección, también del GEA y que conserva el 5,2 por ciento de las acciones de Nutresa, tendrían la mayoría.
Los otros fondos que, a diciembre pasado tenían acciones de Nutresa, son Porvenir (8,11 por ciento), Colfondos (1,92 por ciento) y Skandia (0,93 por ciento). Si bien estas empresas deben buscar el máximo beneficio para sus ahorradores, pues al final los recursos que administran son de los trabajadores y pensiones colombianos, tienen la opción de aceptar o no la propuesta de los Gilinski.
El banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia controlan Porvenir y tienen a los Gilinki como competidores en el sector bancario.
Si deciden vender la participación de Nutresa, terminarían por fortalecerlos, más si se sabe los aliados internacionales que tienen y que pueden, el día de mañana, tratar de poner a tambalear un banco con una toma hostil.
En el mundo financiero y del poder, es de conocimiento que las relaciones entre las dos familias no son buenas en los negocios, pero como el olor del dinero de una rápida utilidad es un aliciente para cualquier inversionista, es una incógnita lo que decidan, más si se sabe que el GEA tiene el control del poderoso Bancolombia, competidor del Grupo Aval.
Vender los puede debilitar como grupo, pero le daría al GEA una poderosa caja de 4, 5, 5 o más billones de pesos, que necesariamente tendrían que invertir en sus otros negocios estratégicos, como la banca, los seguros, la energía o incursionar en algún nuevo sector.
Poder económico, poder político
En las últimas semanas, algunos medios digitales alternativos de Medellín y Bogotá vienen advirtiendo sobre la cercanía de Daniel Quintero con personas relacionadas con los Gilinski. El primero es el precandidato presidencial Gustavo Petro, quien mantiene desde hace casi dos décadas con Jaime Gilinski y su padre don Isaac, una cercanía, al punto que han sido financiadores de sus campañas.
Como se recuerda, Petro fue el único parlamentario que se atrevió a hacerle un debate en el Senado de la República, como representante, a la forma como el conglomerado paisa adquirió el Banco de Colombia. Allí se habló de autopréstamos, de manipulación del valor público de las acciones del Banco Industrial Colombiano (BIC, de propiedad en su momento del Sindicato Antioqueño) y otras operaciones que habría adelantado el empresariado paisa en contra del patrimonio que los Gilinski tenían en el Banco de Colombia, así como el de cientos, miles de accionistas minoritarios.
Una parte de esa batalla, que se libró en Colombia y Estados Unidos, fue registrada en su momento por la revista Semana bajo el título de ‘Horrible‘. Desde ese debate nació una larga relación de Petro con los Gilinski y con Álex Vernot, abogado y asesor de los Gilinski en esa y otras batallas. Varios medios también han mostrado que el estratega y publicista Ángel Becassino, quien también los asesoró en el tema Banco de Colombia y después a Petro, ahora aconseja al alcalde Quintero .
Tanto para llegar a la Alcaldía como para mantener la plaza caliente, el alcalde Quintero usó el descalabro de Hidroituango y al empresariado antioqueño del GEA como muestras de una relación que ya no le estaba dando frutos a la ciudad, sino dividendos a los privados.
En los últimos meses, Quintero ha sido particularmente duro con el GEA y ha logrado cambiar, en una parte de los paisas, la imagen de generar empresas, empleos y pujanza.
Conjeturas o alineaciones planetarias, lo cierto es que para una parte del empresariado antioqueño la aparición con fuerza en Medellín de Quintero, Petro y los Gilinski es una amenaza para su estabilidad y futuro. Otros lo ven como vientos de cambio de un nuevo orden. Por lo pronto, la batalla entre estos gigantes está para alquilar balcón y consumir, mientras tanto, algunos de los productos que fabrican.
https://diariocriterio.com/, Bogotá, 14 de noviembre de 2021.
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2. El carrusel de diplomas de la familia Corredor
“Soy un administrador de negocios y con mucho esfuerzo he realizado 2 maestrías en el exterior...”, dice el concejal Albert Yordano Corredor Bustamante en un perfil que publica el portal Al Poniente, de la Secretaría de Educación de Antioquia. Sin embargo, por lo menos en uno de esos títulos no se debió tallar demasiado porque se los otorgó una entidad educativa donde su familia tenía gran influencia y el certificado de la tesis aparece firmado por él mismo.
De acuerdo con documentos en poder de EL COLOMBIANO, el 13 de febrero de 2018, el trabajo de grado de Corredor, titulado “Estudio cuantitativo sobre las percepciones de los empleados sobre salario emocional”, recibió el visto bueno de él mismo en su calidad de “board member” (miembro de junta) del Censa International College (CIC) de Miami, que aparecía como filial del Censa, un instituto creado por la familia Corredor en Medellín.
Y un dato curioso más: un coautor del texto con el que optó por el título de magister en Administrador de Negocios Internacionales es el hoy alcalde Daniel Quintero Calle, que por el tiempo en que habrían hecho la maestría trabajaba con él en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La segunda maestría de Corredor —que cursó casi al mismo tiempo— es en administración y gestión de empresas de la Universidad de Miami.
De manera paradójica, Quintero reporta en su hoja de vida una maestría en administración de negocios de la Universidad de Boston, pero no la que hizo con su amigo Yordano en el centro educativo donde los Corredor, padre e hijo, tenían cargos directivos.
Una fuente cercana a esa institución le relató a este diario que el CIC se creó hacia 2013 debido a que en Colombia las dos organizaciones ligadas hasta entonces con el Grupo Censa solo podían ofrecer carreras técnicas (el Centro de Sistemas de Antioquia), tecnológicas y profesionales (Corporación Universitaria de América, CUA), pero no títulos de postgrado.
“Lo montaron en Miami en alianza con un estadounidense, porque en ese país la educación tiene menos controles ya que no depende del gobierno federal sino de los condados; sin embargo, (los Corredor) nunca figuraron en documentos”, explicó la fuente.
Así, aunque solo tenía la Maestría en Negocios Internacionales, el CIC se convirtió en una prolífica cantera de títulos con los cuales muchos allegados a la administración actual de Medellín y a la familia Corredor pudieron acreditar idoneidad profesional, con el plus de que el diploma lo otorgaba una entidad en el exterior emparentada con el Censa.
De paso, quienes actuaban como tutores de las tesis acumulaban puntos para clasificarse dentro del escalafón de investigadores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y las instituciones con las cuales estos laboraban podían obtener el reconocimiento de sus grupos de investigación y acrecentar su goodwill por la producción investigativa.
En una revisión de los certificados acopiados para la acreditación ante el MinCiencias, EL COLOMBIANO corroboró que habría inconsistencias dignas de emprender por lo menos una indagación administrativa por parte de esa cartera, así como en la de Educación.
En el año en que les aprobaron la tesis a Quintero y Yordano Corredor, el mismo MBA le fue otorgado a Laura Estefany Bustamante, prima del concejal y en la época vicerrectora general de la CUA.
Laura Estefany hizo su tesis con los esposos Claudia Marcela Montoya y Mauricio Stiven Echeverri. Y estos dos últimos aparecen como tutores del trabajo de grado de Yordano y Quintero. Y más curioso aún es que los cuatro eran parte de la misma promoción.
El 13 de febrero de 2018 el CIC certificó los trabajos de grado a por lo menos 35 estudiantes en su MBA de Miami y de manera simultánea, siete de los autores actuaron como tutores de sus propios compañeros. Albert Corredor Gómez, rector del Censa sede Medellín, asesoró 4 trabajos de esa maestría; su hijo Albert Yordano también 4; Claudia Marcela Montoya, 4; Laura Estefany Bustamante, 4; Leidy Catalina Acosta, 3; Mauricio Stiven Echeverri, 4, y su hermano Camilo Andrés, 3. Es decir que los mismos alumnos tuvieron incidencia en la calificación de 26 de sus compañeros, toda una rareza en el mundo académico.
En redes, la Corporación Universitaria Americana hace alarde de la clasificación de siete docentes como investigadores senior ante el MinCiencia, 28 como asociados y 12 junior.
La experiencia investigativa y docente del MBA de Miami ayudó a que en la convocatoria del MinCiencias que cerró en el año 2018, posicionaran a Óscar Andrés Cuellar Rojas —rector de la sede del Censa en Montería— como investigador senior; y como investigadores asociados a Albert Corredor padre, Leidy Catalina Acosta, Camilo Andrés Echeverri, Mauricio Echeverri, Jorge Eliécer Villarreal, Claudia Montoya, y Dany Esteban Gallego, el otro compañero de tesis de Quintero y Yordano Corredor.
Adicionalmente, la indagación de EL COLOMBIANO encontró otros hechos curiosos. La tesis “análisis de los procesos de contratación pública desarrollada en el municipio de San Luis de Gaceno Boyacá y la vinculación de la comunidad en dichos procesos”, presentada por Alexandra Gómez en el CIC tiene un título idéntico en el repositorio de tesis de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con fecha de 2015 —tres años antes de la suya—. Los tutores en el CIC fueron el hoy concejal Corredor Bustamante, Leidy Catalina Acosta y Claudia Marcela Montoya.
El mismo fenómeno de tesis con títulos iguales sucede con el “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa prestadora de servicios logísticos”, cuyos autores en el CIC, en 2018, fueron Santiago Botero y Alexandra Burbano, y en la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) en 2007 es Pablo Andrés Machuca Riffo. Como asesores del CIC actuaron Laura Estefany Bustamante, Lina María Gallego y Jorge Eliécer Villarreal.
Este medio le repitió a Alexandra Gómez el nombre de su tesis y le preguntó si era de su autoría. En un primer momento respondió que no, y al señalarle que con esta se había graduado del MBA cambió la respuesta; ante la contradicción evidente dijo: “Me toma por sorpresa, voy a buscar”. Por su parte, Santiago Botero tampoco recordó el título y no tenía claro con quién había hecho su trabajo de grado.
Ambos aseguraron al final que, en todo caso, sí las habían hecho. El problema es que las tesis no las publicaron en la web ni existe un repositorio del CIC para constatar la información. Tampoco aparecen en el Censa ni en la CUA de Medellín.
¿Sucursales de Censa?
Albert Yordano Corredor y su padre hasta el 2020 aparecían en documentos como miembros de junta del CIC, sin embargo, EL COLOMBIANO constató que los prósperos empresarios colombianos de la educación ya no tienen relación con el Censa International College.
El manejo de las dos instituciones que siguen controlando en Colombia lo hacen a través de personas con vínculos parentales. Albert Corredor Gómez, el padre, se presenta como presidente del Grupo Censa y rector en Medellín del instituto que lleva el mismo nombre; y por otro lado, a cargo de la CUA está su hermana Alba Lucía Corredor.
Con el Municipio de Medellín, el Censa registra varios contratos por $2.025 millones para apoyo en programas de formación y capacitación para el empleo entre 2017 y 2019. Además, en 2019, según se constata en el portal de Gestión Transparente de la Alcaldía, la Fundación Censa, que comparte sede con la anterior obtuvo un contrato por $1.274 millones.
De 2020 en adelante, no hay ningún contrato directo registrado en la plataforma oficial, pero los nexos de los Corredor en la administración actual de la ciudad se expresan en al menos seis personas ligadas a sus institutos educativos, entre ellos un miembro de junta de EPM, una secretaria y un subsecretario de despacho.
La influencia en la administración Quintero se comenzó a evidenciar con el nombramiento fallido de Alberto Uribe como secretario de Educación de Medellín, quien en ese momento era asesor de rectoría de la CUA, pero no pudo posesionarse por superar el tope de edad de los funcionarios públicos. Y la secretaria actual, Martha Alexandra Agudelo, acredita en el Sigep su paso como directora de Desarrollo Social de la CUA (enero a septiembre de 2013).
El subsecretario administrativo y financiero de Educación es Juan David Agudelo, también con experiencia como docente, vicerrector administrativo y financiero, y vicerrector general (e) del Censa (abril de 2018 a enero de 2019).
Por su parte, Santiago Botero se presenta en Linkedin como profesional de apoyo de la Secretaría de Educación desde enero de 2020. Fue gerente comercial para Latinoamérica del CIC desde 2016 hasta que se posesionó, hizo parte de la unidad de apoyo de Yordano en el Concejo y se graduó de la maestría en Administración de Negocios Internacionales pero en su hoja de vida oficial no incluyó ese grado.
Así mismo, la directora de comunicaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá es Cindy Janeth Gutiérrez Bustamante, prima de Albert Yordano, también graduada en el MBA del CIC y líder de esa entidad en Costa Rica en el pasado, según Linkedin.
Pero ahí no paran los vínculos del Censa con la administración actual de Medellín. Diana Cecilia Ramírez Álvarez, hoy día supervisora AAA en la Alcaldía y hermana del secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Juan Pablo Ramírez Álvarez, es graduada de la especialización en Gerencia Empresarial y Competitividad de la CUA, e igualmente entre abril de 2017 y junio de 2019 se desempeñó como contratista de la vicerrectoría de extensión.
Ómar Flórez, miembro de la junta de EPM, es simultáneamente decano de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la CUA.
Otro integrante bien posicionado de la familia Censa es Iván Darío Ortega Rojas. Este fungió como director de postgrados de la CUA entre agosto de 2015 y junio de 2016 y hoy día es vicerrector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
La relación de Quintero y Corredor les ha dado réditos a ambos. Entre 2016 y 2017, cuando el primero fue viceministro de las TIC, tuvo a Yordano —así suelen decirle en el ámbito íntimo para diferenciarlo de su papá— como subalterno, acreditando una de las pocas experiencias laborales que el concejal reporta por fuera del círculo empresarial de su familia. Ahora es Yordano quien inclina la balanza a favor de Quintero, aun contraviniendo las orientaciones de su partido, el Centro Democrático.
El concejal Albert Yordano Corredor le respondió anoche a EL COLOMBIANO que no existió nada irregular en los certificados de tesis ni en los títulos otorgados en el Censa International college
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 17 de noviembre de 2021.
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3. Óscar Iván Zuluaga confirma acusaciones a Montealegre
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
En relación con las recientes declaraciones del señor Eduardo Montealegre Lynett, nos permitimos aclarar lo siguiente:
- Antes de la segunda vuelta presidencial del año 2014 el entonces Fiscal General de la Nación por intermedio del doctor Rodrigo Noguera convocó al doctor Óscar Iván Zuluaga a una reunión privada a la que asistimos en la oficina de un conocido común, el señor Ex - Magistrado Rodrigo Escobar Gil.
- En ese momento el ambiente electoral estaba bastante agitado y ya existían actuaciones jurisdiccionales en curso por el denominado caso "Hacker" en contra del doctor Zuluaga, su hijo David Zuluaga y su asesor Luis Alfonso Hoyos, incluso una suerte de allanamiento a la sede de la campaña, por lo que, decidimos que el doctor Zuluaga no asistiera solo.
- En dicha reunión tocamos temas diversos y se estableció que el entonces Presidente- candidato tenía conocimiento de la realización de esta. Fuimos testigos junto con los demás asistentes de la solicitud de Montealegre para que se acudiera ante el señor Ex — Presidente Álvaro Uribe Vélez a fin de que no realizara la denuncia y entrega del material probatorio en su poder que daba cuenta de la entrada de 12 millones de dólares a la campaña Santos. Nuestra manifestación fue contundente en este punto frente a la imposibilidad de tal comportamiento de su parte y su negativa a establecer una aparente tregua electoral.
- Hoy en día existen decisiones judiciales de archivo y absolutorias de primera y segunda instancia en firme que dan cuenta de la inocencia del doctor Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga y de Luis Alfonso Hoyos en relación con los hechos antes mencionados del escándalo "Hacker" que no dejan paso a manifestaciones infundadas; sin embargo, no nos sorprende esta conducta del Ex — Fiscal General que perpetúa la persecución del pasado con las amenazas del presente.
JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA
ÓSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR
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4. “Gustavo Petro es un ladrón, un marxista, un terrorista”, dice congresista de EE.UU.
Se trata de María Elvira Salazar, republicana de origen cubano, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. por el distrito 27 congresional de Florida.
La congresista republicana se refirió con esos epítetos a Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, durante una sesión del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos, en la que estuvo Brian Nichols, subsecretario de Estado adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental.
Salazar cuestionó este martes la postura de la administración de Joe Biden frente a las elecciones presidenciales de Colombia el año entrante, específicamente sobre el candidato Petro.
En ese sentido, Salazar preguntó si la Casa Blanca considera a Petro como “una amenaza a la democracia de la región”.
“Ahora hablemos de Colombia”, le dijo Salazar a Nichols. “El principal asesor del presidente Biden, su nombre es Juan González, dijo que el señor Biden no tiene idea de quién es Gustavo Petro. Te voy a decir quién es: es un ladrón, un socialista, un marxista, un terrorista y está liderando las encuestas para presidente en Colombia”.
“¿Comparte mi opinión sobre Petro?”, le preguntó Salazar a Nichols.
“He servido como subjefe de misión en nuestra embajada en Bogotá; me he reunido con él”, respondió Nichols, y después intentó hablar sobre la idea que tenía de la democracia. “Sepa que la elección es una decisión para el pueblo de Colombia…”.
Pero fue interrumpido tajantemente por Salazar: “Te pregunto: ¿Qué piensa el Departamento de Estado sobre el señor Petro? ¿Cuál es su opinión sobre él?”.
“No voy a caracterizar a los candidatos en Colombia”, volvió a responder Nichols, sin despojarse de sus maneras muy diplomáticas. “Tenga en cuenta que es una decisión para el pueblo colombiano, y esperamos un proceso libre, justo y transparente”.
“Si tú quieres lo mejor para la gente de Colombia, no quieres un marxista en el poder, ¿verdad? Alguien que está socavando la democracia colombiana”, le dijo Salazar a Nichols.
Nichols guardó silencio, pero Salazar lo reconvino. “Te lo estoy preguntando”.
Nichols no se movió un ápice de la línea argumental que traía. “Esperamos que sea un proceso libre, justo y transparente en Colombia que refleje la voluntad de los colombianos. Tenemos una larga trayectoria…”.
Salazar lo volvió a interrumpir lanzándole un ladrillo: “Gracias”.
Ver la publicación en Twitter de @ElAmerican_
https://www.pulzo.com/, Bogotá, 17 de octubre de 2021.
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5. No podemos permitir que Fuerza Pública y terroristas sean juzgados con el mismo prisma: Duque
El Jefe de Estado consideró que la Justicia Penal Militar cuenta con una exigencia mayor, “para que su criterio objetivo y de apego a las mejores prácticas sea, también, un elemento donde el fuero de atracción natural sobre un acto del servicio no pueda ser vulnerado por razones políticas o por presión mediática”.
El Presidente Iván Duque pidió este miércoles no equiparar, utilizando “criterios sesgados”, las actuaciones de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía con el accionar criminal ligado al narcotráfico y el terrorismo, “como si se tratara de fuerzas equivalentes en una confrontación legítima”.
En el acto de instalación del Encuentro Internacional de Justicia Penal Militar y de Policía, el Jefe de Estado manifestó que “al no ser equiparables, al no tener fundamento de comparación, no podemos permitir que sean tratados y evaluados o, siquiera, juzgados bajo los mismos prismas”.
En el Club Naval Santa Cruz de Castillogrande, en Cartagena, donde se desarrolló el encuentro, el Mandatario expresó que “enfrentar la criminalidad irregular, dentro de todo el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, pone una exigencia aún mayor en la Justicia Penal Militar, para que su criterio objetivo y de apego a las mejores prácticas sea, también, un elemento donde el fuero de atracción natural sobre un acto del servicio no pueda ser vulnerado por razones políticas o por presión mediática”.
En su intervención en el panel de apertura, el Presidente Duque enfatizó que en Colombia “hemos tenido que enfrentar a carteles de la droga y a grupos terroristas, que son narcoterroristas, que apelan a la mayor brutalidad posible, que son totalmente irregulares, que se mimetizan en la población, que ponen en riesgo a la población, que reclutan niños, etcétera, etcétera, y tienen que ser confrontados con la legalidad, la Constitución y la ley en la mano”.
“Quiero ser muy claro con lo siguiente: en una democracia y en un Estado de Derecho no existe legitimidad para ninguna forma de violencia. No existe legitimidad ni para asesinar ni para secuestrar ni para intimidar ni para reclutar”, agregó.
Igualmente, destacó que “hemos tenido una Fuerza Pública que se distingue porque a cualquier abuso del uso del uniforme, a cualquier abuso del honor militar o a cualquier conducta que sea censurable dentro de la competencia de la Justicia Penal Militar o que sea remitible a la justicia ordinaria, hemos tenido una Fuerza que, incuestionablemente, cumple con su deber”.
(Fin/gaj/fca)
https://idm.presidencia.gov.co/, Cartagena, 17 de noviembre de 2021.
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6. En los dos últimos años hemos dado pasos fundamentales para la evolución de la Justicia Penal Militar y Policial: Presidente Duque
El Jefe de Estado propuso que se debata en la OEA la expedición de una Carta Interamericana de Justicia Penal Militar para el hemisferio.
Hizo seis recomendaciones para consolidar el trabajo de la Justicia Penal Militar y Policial.
También habló de los retos que el Estado colombiano debe enfrentar para afianzar esta jurisdicción.
En video: Encuentro Internacional de Justicia Penal Militar y Policial ‘Una mirada a los Sistemas Procesales’
La evolución de la Justicia Penal Militar y Policial en Colombia ha sido evidente durante los dos últimos años, con el establecimiento de unos derroteros soportados en los objetivos trazados por el Gobierno Nacional.
Así lo expuso el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante el Encuentro Internacional de Justicia Penal Militar y Policial, ‘Una mirada a los sistemas procesales’, que se lleva a cabo en la Ciudad Heroica.
“Esa evolución de estos dos últimos años la quiero destacar, porque creo que, adicionalmente, el decreto 1768 de diciembre de 2020 y los decretos 312, 313 y 314 del último año, le muestran a Colombia que lo que se propuso en la campaña presidencial y lo que se prometió, se cumplió”, puntualizó.
Consideró que solo hasta los últimos 10 años este tema ha logrado mayor desarrollo y que las acciones adoptadas durante el actual mandato superan los vacíos que la Justicia Penal Militar y Policial han tenido desde la Constitución de 1991.
“Yo diría que el primer gran fracaso fue no haber asumido una consolidación institucional vigorosa, soportada por la transparencia en sus decisiones y que tuviera también un elemento de incuestionabilidad”, afirmó.
Dijo que también a esta jurisdicción se le asignó poco presupuesto y se dejó como una especie de apéndice o acápite dentro del Comando General y dentro del Ministerio de la Defensa.
Logros del Gobierno
Frente a estos desafíos, el Presidente Duque mencionó los logros del Gobierno en el desarrollo de la Justicia Penal Militar y Policial.
Citó que, por ejemplo, se ratificó el compromiso de la Fuerza Pública, Militar y de Policía con la defensa, la protección, el tutelaje de los Derechos Humanos y, a su vez, se fortaleció la Justicia Penal Militar para darles todas las garantías “a quienes están prestando, con el uniforme de la patria, una función que los distingue por encima de cualquier otro ciudadano, empezando por el monopolio de las armas en nuestro país, que solamente puede exceptuarse por razones y motivaciones de carácter taxativo”.
Aseguró que, con orgullo, “Colombia ha transformado una Dirección en una Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar”, con organización institucional administrativa, financiera y logística, para que “quien defiende la Constitución y la Ley tenga la certeza de que será evaluado en su comportamiento de actos del servicio a la luz y bajo el prisma de quien conoce las circunstancias operacionales”.
Resaltó la creación del Consejo Directivo de la Justicia Penal Militar, que está encabezado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, entendiendo la separación de poderes y la colaboración armónica entre los mismos.
Además, se incluyó el proceso oral, penal, acusatorio, “a partir del cual se tiene la posibilidad de confrontar sobre la evidencia, pero también con la celeridad del caso, los comportamientos y, de esa manera, consolidar certidumbres de carácter jurídico”.
Seis recomendaciones para avanzar
El Presidente Duque Márquez presentó seis recomendaciones para consolidar la evolución de la Justicia Penal Militar y Policial en el país. Son ellas:
-El talento hay que buscarlo y no esperar a que llegue a la Justicia Penal Militar.
-La tecnología. “Con el lanzamiento de los expedientes electrónicos, con mecanismos de descongestión, con las herramientas de precedentes y con la posibilidad de tener en la inteligencia artificial un mecanismo para sistematizar conductas similares y entender cómo fueron investigadas y sancionadas esas conductas”.
-El tercer elemento es la transparencia en la lucha contra la corrupción y la apertura y manejo de la discrecionalidad. Recordó al teórico Robert Klitgaard, un experto en este tema, y quien solía usar la siguiente ecuación: “Corrupción C es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia”.
-Objetividad. “Esto es muy importante porque quienes históricamente han tratado de cuestionar la justicia penal militar, han dicho que siempre está capturada por una especie de sentimiento de solidaridad de cuerpo. Y la mejor manera de derrotar semejante argumento, pueril y anodino, es que la objetividad empieza por lo siguiente: quien porta el uniforme, quien defiende la Constitución y la ley, quien está amparado por el uso legítimo de las armas, y de protocolos operacionales, tiene un más alto nivel de exigencia en la sociedad sobre su conducta (…) Y sobre esa misma base, es muy importante que las circunstancias de tiempo, modo y acción operacional lleven a que no se debilite el criterio de selección y atracción objetiva de los distintos actos.
-Incuestionabilidad. El acto de servicio del cual se deriva una conducta obliga a que, dentro de los mismos márgenes, se pueda establecer si ese acto de servicio responde a los estándares éticos, a los estándares morales, a los protocolos administrativos, a la cadena de mando, etc. A partir de lo cual también se establecen las sanciones.
-Cooperación. El Presidente hizo un llamado a la cooperación del estamento, apelando a la enorme responsabilidad que tienen los integrantes de la Justicia Penal Militar y Policial “de investigar el comportamiento de quienes están todos los días diferenciándose por proteger la Constitución y la ley”.
Llamado a consolidar una Carta Interamericana
El Presidente Duque propuso debatir en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) la expedición de una Carta Interamericana sobre Justicia Penal Militar y Policial para todo el hemisferio, donde se tengan claros los principios, fundamentos, el actuar y los objetivos de mediano y largo plazo.
Destacó, además, que la Fuerza Pública de Colombia ha evolucionado todos los días y es la única del hemisferio -aparte de Estados Unidos- en estar presente en las herramientas de cooperación de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN).
Resaltó el cierre que hizo el Fiscal General de la Corte Penal Internacional del examen preliminar sobre Colombia, después de 17 años, al reconocer que en las instancias de investigación donde se adelantan pesquisas, donde se hace valoración probatoria, donde hay sanciones -incluyendo también las evoluciones de la transicionalidad, justicia y paz, y ahora la expectativa que hay frente a la justicia especial-, “hay un respeto a un país que hace cumplir sus normas y que, comparativamente con otros países, que han tenido que enfrentar situaciones similares, Colombia está a la vanguardia en términos de sanción, en términos de colaboración armónica entre todas las instancias judiciales”.
Los retos de la JPMP
El Mandatario mencionó los retos de la Justicia Penal Militar y Policial para el país, comenzando con la descongestión de este sistema.
El segundo reto es el de generar confianza, mostrándole a la ciudadanía que la Justicia Penal Militar no es una especie de espacio encriptado donde solamente se habla y se exponen las decisiones al estamento policial y castrense.
Otro reto es el de fortalecer la acción, el ir adelante, tener la iniciativa y ser lo suficientemente rigurosos. “En depurar constantemente y mostrarle a la ciudadanía, en una pedagogía permanente, qué es un acto del servicio, porque solamente a partir de esos elementos podremos lograr de los ciudadanos, no solamente un mayor reconocimiento, sino también vencer las noticias falsas que muchas veces se han tejido históricamente sobre los fundamentos de la Justicia Penal Militar y Policial”, concluyó.
(Fin/cfac/fca)
https://idm.presidencia.gov.co/, Cartagena, 17 de noviembre de 2021.
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7. Gobierno Nacional radicó proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana
La iniciativa fue radicada, con mensaje de urgencia, por el Ministro del Interior, Daniel Palacios en el Senado de la Republica.
El titular de la Cartera del Interior aseguró que es la intención del Gobierno Nacional endurecer las sanciones en materia de penas para hurtos, lesiones personales, el daño a bien ajeno, homicidio, fortaleciendo las medidas de aseguramiento en el Código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas, entre otras medidas.
“Este proyecto traerá las sanciones de reincidencia para quien haya sido condenado a un delito agravado en los 5 años anteriores, o para quien haya hecho ese delito con el porte o el uso de un arma blanca, de igual forma el homicidio cuando se haya cometido a un miembro de la Fuerza Pública tendrá la mayor sanción posible en el Código Penal”, reiteró.
El Gobierno Nacional, con el liderazgo del Ministerio del Interior, radicó este miércoles en el Senado de la República, con mensaje de urgencia, el proyecto de ley de seguridad y convivencia, que busca el endurecimiento de sanciones y penas establecidas en el Código Penal y de Procedimiento Penal, y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como el hurto y la violencia contra miembros de la Fuerza Pública, entre otros.
“La instrucción del Presidente de la República, Iván Duque, fue trabajar en un proyecto de ley que pudiese afrontar las situaciones de seguridad ciudadana que hoy tienen los colombianos. Este es un proyecto articulado entre los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, alcaldes y gobernadores, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República”, destacó el Ministro del Interior, Daniel Palacios.
El titular de la Cartera del Interior aseguró que es la intención del Gobierno Nacional endurecer las sanciones en materia de penas para hurtos, lesiones personales, el daño a bien ajeno, homicidio, fortaleciendo las medidas de aseguramiento en el Código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas, entre otras medidas.
“Este proyecto traerá las sanciones de reincidencia para quien haya sido condenado a un delito agravado en los 5 años anteriores, o para quien haya hecho ese delito con el porte o el uso de un arma blanca, de igual forma el homicidio cuando se haya cometido a un miembro de la Fuerza Pública tendrá la mayor sanción posible en el Código Penal”, reiteró el Ministro Daniel Palacios.
De hecho, Palacios explicó que la pena que recibirá el ciudadano que asesine a un miembro de la Fuerza Pública será de 58,3 años de prisión.
De igual manera, las lesiones personales en contra de un miembro de la Fuerza Pública no será delito excarcelable, y tendrá sanciones que oscilan entre 4 a 17 años de prisión.
Otro elemento importante que destacó el Ministro es que los daños a bien ajeno, al transporte público, a infraestructura de justicia tampoco serán excarcelables y tendrán penas entre 4 y 12 años de prisión.
De la misma manera, se establecen penas al porte de arma blanca. “El que porte elemento punzante, cortante o cortopunzante en medio de transporte público masivo, o durante evento masivo o escenario abierto al público, incurrirá en prisión de 24 meses a 36 meses, salvo que su tenencia esté relacionada con la práctica de una actividad, profesión u oficio lícitos”.
Por su parte, el Ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que “solo en Bogotá, en el último mes y medio, en el marco del plan de intervención de la Policía Nacional para la contención del homicidio, alrededor de 7.033 personas fueron capturadas, 6.133 en flagrancia y 9.387 por orden judicial. De las más de 6 mil personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad 5.000, es decir, el 86 por ciento, es por esto por lo que este proyecto de ley busca generar soluciones estructurales a estos problemas”.
Manifestó, además, que con esta iniciativa se está fortaleciendo todo el espectro de la seguridad ciudadana facilitando el desarme, desmantelamiento y judicialización a los criminales.
Puntos clave del proyecto de ley
En la propuesta gubernamental se establece que “se presume como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”, así como la que se ejerce “para rechazar, incluso utilizando fuerza letal, al extraño que indebidamente y mediante violencia intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”.
En lo que se refiere a circunstancias de mayor punibilidad se determina que “cuando el procesado, dentro de los 60 meses anteriores a la comisión de la conducta punible, haya sido condenado mediante sentencia en firme por delito doloso”.
Además, “cuando para la realización de la conducta punible se hubiere utilizado arma blanca” entendida como elemento punzante, cortante o cortopunzante.
De la misma manera, se refiere al uso de armas, para lo cual considera que “el que utilice arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; arma blanca para amenazar o intimidar a otro, incurrirá en prisión de 48 a 72 meses de prisión, siempre que la conducta no esté sancionada con pena mayor”.
Para el hurto se plantean penas efectivas así:
“La pena será de prisión de 32 meses a 48 meses cuando la cuantía sea inferior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, y “la pena será de prisión de 48 meses a 108 meses cuando la cuantía sea igual o superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Con respecto a la agravación de la pena, el proyecto plantea que “la pena será de 48 meses a 144 meses de prisión cuando se afecte la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte público masivo, instalaciones militares o de policía”.
Otro de los cambios que se propone, tiene que ver con la instigación a delinquir, para el cual se establece:
“Si la conducta se realiza para cometer delitos de hurto calificado o agravado, daño en bien ajeno simple o agravado o cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII del Libro Segundo del Código Penal, la pena será de 48 a 72 meses de prisión”.
“Si la conducta se realiza para cometer cualquiera de las conductas de genocidio, homicidio agravado, desaparición forzada de personas, secuestro, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población, desplazamiento forzado, homicidio o con fines terroristas, o violencia contra servidor público, la pena será de 120 a 240 meses de prisión y multa de 800 a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
Otros elementos de agravación punitiva son:
Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.
Ejecutar la conducta valiéndose de su cargo como servidor público.
Emplear en la ejecución de la conducta punible armas convencionales, armas de fuego, armas de fuego hechizas o artesanales, armas, elementos y dispositivos menos letales, y medios de cuyo uso pueda resultar peligro común.
Ejecutar la conducta punible valiéndose de inimputables, niños, niñas o adolescentes.
En materia de reincidencia, el proyecto establece que “además de los criterios previstos en el presente artículo, las autoridades judiciales deberán tener en cuenta, al momento de realizar la valoración autónoma del peligro para la comunidad, si el imputado cuenta con registro de capturas que hayan sido consecuencia de una orden de autoridad competente o en todo caso objeto de legalización ante un juez de control de garantías, se le haya impuesto medida restrictiva o no restrictiva de la libertad, suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico”.
Y agrega: “Corresponde a los fiscales priorizar la procedencia de la solicitud de medida de aseguramiento en los casos señalados en el presente numeral”.
El proyecto de ley busca, además, modificar los artículos 310 (peligro para la comunidad) y 312 (no comparecencia) de la Ley 906 de 2004, con el fin de agravar nuevos comportamientos en contra de la convivencia y seguridad ciudadana, como el uso de armas de fuego, armas hechizas y armas menos letales y la resistencia a los procedimientos de captura.
(Con información de los ministerios del Interior y Defensa)
(Fin/for)
https://idm.presidencia.gov.co/, Bogotá, 17 de noviembre de 2021.
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8. Después de Chile, Colombia es el país con mayor crecimiento de la economía de la región
Según el Dane, la economía colombiana creció 13.2 % en el tercer semestre del año.
La economía colombiana creció en el tercer trimestre un 5,7 % comparado con el anterior. Además incrementó un 13,2 % respecto a julio-septiembre de 2020. Por lo cual, se situó por detrás de Chile, como la economía de la región con mayor crecimiento.
"Estamos viendo un crecimiento intertrimestral entre el tercer trimestre y el segundo trimestre de 2021 del 5,7 %, frente a la contracción que habíamos observado en el segundo trimestre de 2021", explicó este martes en la presentación de resultados económicos el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo.
La economía colombiana venía de un trimestre de contracción del -2,8 %, motivado sobre todo por las restricciones del tercer pico de la pandemia y por las manifestaciones del paro nacional que afectaron a la economía entre abril y junio.
"Registramos con enorme complacencia y una gran dosis de optimismo el reciente resultado de la tasa de crecimiento de la economía colombiana en el tercer trimestre", valoró el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.
CRECIMIENTO ANUAL Y PROYECTADO
El ministro resaltó que "los primeros nueve meses del año muestran una tasa de crecimiento con respecto al año pasado de doble dígito, una cifra histórica, 10 %", y añadió que además el crecimiento viene acompañado de creación de empleo: "88 % del empleo perdido en la pandemia se ha recuperado".
Este crecimiento en 2021,"compensa esa contracción de los primeros nueve meses de 2020, del -8,1 %", estimó Oviedo.
"Recordar que en el año 2020 habíamos observado una contracción del PIB del -6,8 % que ha venido acompañada de unos crecimientos anuales para el primer trimestre del 1 %, para el segundo trimestre del 17,6 % y para el segundo trimestre de 2021 del 13,2 %", resaltó.
Ese último dato que señala Oviedo, que sale de compararlo con el tercer trimestre de 2020, hace que Colombia figure "como la segunda economía de la región con una mayor dinámica de crecimiento con un 13,2 %, después del de Chile del mes de agosto que fue del 19,1 %".
"Cuando nos comparamos con otros países de la OCDE, del mundo, Colombia tiene una tasa de crecimiento más del doble en este trimestre con respecto a los otros países y también más del doble comparando el último trimestre con el inmediatamente anterior", añadió el ministro Restrepo.
Además, este crecimiento supera los niveles prepandémicos, cuando la economía crecía al 3 %.
Aseveró además que "esta es una demostración de que Colombia es hoy ejemplo de reactivación económica frente al mundo, demostrando de qué somos capaces los colombianos cuando nos enfrentamos a momentos de adversidad".
El presidente de Colombia, Iván Duque, elevó a principios de noviembre las expectativas de crecimiento económico del país por encima del 8,5 %, respecto al 7 % que estaba proyectado en octubre.
SECTORES CLAVE
El crecimiento del tercer trimestre se ha visto impulsado sobre todo por el sector del comercio, la reparación de vehículos, el transporte y el almacenamiento, el alojamiento y los servicios de comidas que se expandieron el 15,6 %, sobre todo en el mes de septiembre que tuvo "una importante corrección del ritmo de reactivación económica".
Al crecimiento también aportó la industria manufacturera, que creció el 13,2 %, y las actividades profesionales, científicas y técnicas y servicios administrativos (+5,3 %).
"No solo los sectores que ya estaban reaccionando como comercio, hotelería, administración pública y sector financiero, crecieron de manera importante, sino que se vio especialmente en septiembre una muy buena reactivación de sectores como la construcción y de la minería, especialmente en el carbón ayudada por los altos precios internacionales del carbón", valoró el economista principal del banco Scotiabank, Sergio Olarte.
El director del DANE señaló que entre agosto y septiembre se produjo "un cambio de tendencia muy importante en la construcción", donde se ve un crecimiento en las edificaciones, sobre todo en barrios medios y bajos, pero un decrecimiento en el sector de obras civiles.
Igualmente se ve "una ralentización del ritmo de crecimiento" en el sector agropecuario, asociado a la disminución de la producción de algunos tipos de cafés, que ha hecho que el crecimiento en este sector sea negativo (-1,1 %) entre los dos trimestres.
https://www.lafm.com.co/, Bogotá, 16 de noviembre de 2021.
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9. Joe Biden prohibió el ingreso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a Estados Unidos
Estados Unidos ya había impuesto sanciones a varios altos cargos nicaragüenses en respuesta a la "farsa electoral".
El presidente Joe Biden prohibió este martes el ingreso a Estados Unidos del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, de su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, así como de una amplia gama de ministros y funcionarios.
"La represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan exigen que Estados Unidos actúe", afirma Biden en una proclama.
En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados.
"He tomado la decisión de que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso" al país de "miembros del gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, incluida su esposa y vicepresidente Rosario Murillo y todos aquellos vinculados a actos que atentan contra las instituciones democráticas del país", agregó Biden.
La larga lista de personas no gratas incluye a legisladores, alcaldes y miembros de su gabinete a los que acusa de haber "violado los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos", así como serie de altos funcionarios de la policía, seguridad, organismos gubernamentales, servicios penitenciarios, del poder judicial y del Ministerio del Interior.
Además, figuran otras personas que contribuyeron a los hechos denunciados por Washington. Las esposas e hijos de los sancionados también tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense.
El lunes, Estados Unidos ya había impuesto sanciones a varios altos cargos nicaragüenses en respuesta a la "farsa electoral" y como "mensaje inequívoco" para Ortega y Murillo.
El departamento del Tesoro anunció sanciones contra el Ministerio Público y nueve altos cargos del gobierno, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, y varios alcaldes, a los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018.
Biden ya había ordenado sanciones financieras contra funcionarios y prohibido el ingreso al país de más de un centenar de legislativos, fiscales y jueces nicaragüenses y sus familiares.
En 2019 el gobierno del expresidente Donald Trump ya había impuesto sanciones a altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Murillo, tres de los hijos de Ortega y la policía por actos de corrupción y violación de derechos humanos.
https://www.lafm.com.co/, Bogotá, 16 de noviembre de 2021.
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