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1. Uribe regresó a la tarima: así fue su discurso ante jóvenes del Centro Democrático
A días de que se conozca quién será el candidato oficial del uribismo, el expresidente se subió a la tarima en medio de la Convención Nacional de Juventudes del Centro Democrático de Antioquia.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez regresó a una tarima para brindar un corto discurso a los jóvenes miembros del partido Centro Democrático en Antioquia y en medio del ambiente preelectoral que se respira en el país.
Después de renunciar al Senado y de afrontar un proceso judicial por presunta manipulación de testigos que lo tuvo preso en su casa, el político parece estar listo para volver al ruedo electoral, pero eso sí solo acompañando a los candidatos de su partido, ya que no será candidato.
Ante varios jóvenes, congresistas y precandidatos presidenciales del Centro Democrático, el exmandatario habló de varios temas que para él son cruciales en los retos que tendrán si quieren salir victoriosos en el 2022.
“Piensen en los problemas de la juventud colombiana, de la juventud del planeta para esas preguntas. Quiero indicarles una cosa, hoy me hice la suposición de que ustedes son unos periodistas muy radicales contra mí y que yo tenía que venir preparado. Quiero rendirles un homenaje comprendemos las angustias de ustedes, de sus familias”, le dijo Uribe a los participantes del evento.
Y agregó: “entiendo en el corazón como padre y como abuelo las ansiedades de la juventud, la preocupación por el futuro del planeta. Yo tengo 69 años el promedio de edad de esta reunión es de 20 años, les hablo con inmenso cariño. Tal vez la evolución de la vida va llevando a que el cariño por la patria supera con creces cualquier interés político”.
Uribe también dictó lo que se puede venir después de que el Centro Democrático elija en los próximos días quién será el candidato oficial del uribismo. “Que los cuatro candidatos que queden sean los jefes de debate de quién quede como candidato. Y cualquier decisión en materia de coaliciones, que sea una coalición del partido como un todo”, dijo el expresidente.
Los precandidatos del uribismo son: Paloma Valencia, senadora de la República; Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda; Alirio Barrera, exgobernador del Casanare; Rafael Nieto Loaiza, exviceministro del Interior y de Justicia; y María Fernanda Cabal, actual senadora. Todos estuvieron en esta reunión donde Uribe regresó a la tarima donde les dejó un mensaje.
“El partido, es el partido de la seguridad, el partido que piensa que sin una empresa privada en permanente expansión y mejoramiento no hay recursos para pagar la política social, el partido que considera que el avance de la política social es el gran legitimador de la democracia y de la empresa privada, el partido de la austeridad y de la eficiencia”, indicó Uribe en su discurso.
En los meses que se vienen, es muy probable que Uribe siga en tarimas acompañando al que será el próximo candidato presidencial de su partido.
La directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, anunció que el Centro Nacional de Consultoría y Yanhaas serán las firmas encargadas para aplicar 4.200 encuestas, con el fin de obtener el nombre del próximo candidato del uribismo a la Presidencia de la República.
“Hoy, 10 de noviembre, salen a campo los encuestadores cumpliendo un elemento del acuerdo que lograron por consenso los precandidatos del partido Centro Democrático. El día 20 terminan las encuestas y el día 22 tendremos los resultados de esa persona que salió como candidato para ser presidente de la República. El día 27 tendremos convención nacional para validar el mecanismo para proclamar a dicho candidato”, comentó la directora del partido.
Nubia Stella Martínez aseveró que durante este trabajo de campo se aplicarán dos encuestas diferentes: una a los integrantes del Centro Democrático y otra al público en general. “Hay dos grupos objetivos, los militantes y una encuesta abierta al público las cuales tienen ponderaciones diferentes, la de los militantes vale el 25 por ciento y la abierta al pública con preguntas filtro vale el 75 por ciento”, expresó la directora.
https://www.infobae.com/, Bogotá, 13 de noviembre de 2021.
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2. EL CENTRO DEMOCRÁTICO PONE A LOS JÓVENES EN EL CENTRO
Este Sábado 13 de noviembre Se llevó a cabo la de Jóvenes en Medellín, un evento liderado por el Presidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, en el que participaron más de mil jóvenes de todo el país para presentar a Nueva Generación del Centro y ratificar a los Cinco de las juventudes de la colectividad.
Durante Su intervención, el presidente Uribe destacó el trabajo de Su partido y animó a la Nueva Generación a construir ideas que busquen reimaginar a Colombia para que Se fortalezca la participación ciudadana V Se brinden nuevas oportunidades bajo las tres E: Educación, Empleo y Emprendimiento.
También, Se refirió al tema de seguridad planteando trabajar por el institucional y prevención situacional para controlar delitos específicos. En materia de política ambiental pidió aprovechar los recursos naturales no renovables, haciendo uso de las mejores para asegurar la protección del medio ambiente en Colombia.
En el evento también hicieron parte los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, quienes abordaron temas de interés nacional en un debate marcado por la tolerancia, el respeto y las propuestas Sólidas para un mejor país.
Con el lanzamiento de la Nueva Generación del Centro queremos reafirmar nuestro compromiso profundo con la patria y la convicción de que el país debe avanzar la senda de la democracia, la confianza inversionista, la cohesión social, el diálogo popular y el liderazgo de las juventudes.
Queremos fortalecer el rol que cumplen nuestros jóvenes de la sociedad, a través del apoyo a los procesos, prácticas organizativas y plataformas juveniles; para que logren posicionarse como interlocutores con las instituciones y se vinculen activamente en las agendas territoriales y Por eso, este S de diciembre seremos la nueva generación que escribirá el futuro de Colombia. Asi que los invitamos a participar activamente apoyando a nuestros candidatos jóvenes, Su confianza en ellos.
El Centro Democrático demuestra de nuevo que sus banderas e ideales están más vivos que nunca y que cuenta con el apoyo de la generación que quiere renovar la política.
iPorque juntos queremos reimaginar el futuro de Colombia!
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3. Carta abierta al Presidente de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo Ocampo
Carta abierta al Presidente de la Corte Constitucional
Antonio José Lizarazo Ocampo
Su decisión, señor Presidente, es el acta de defunción de los principios del sistema acusatorio, que los juristas, incluidos los abogados no aceptan. La decisión de la Corte Constitucional emitida el pasado 10 de noviembre que consideró que la indagación que rindió el presidente Uribe ante la Corte Suprema de Justicia en esa etapa pre-jurisdiccional equivalía a una imputación de cargos es jurídicamente equivocada y resulta éticamente inaceptable, contraria a la dignidad y la integridad humanas y justificadamente condenable, va en contravía de los principios de oralidad, igualdad procesal de las partes, contradicción, presunción de inocencia y legalidad que operan como normas rectoras del procedimiento y constituyen elementos imprescindibles de interpretación”, y además es contraria a la Constitución o a la legislación vigente y afectaría a las disposiciones convencionales internacionales pertinentes. El Tribunal erró al declarar la inadmisibilidad de la tutela, interpretó erróneamente la jurisprudencia al “hacer una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación” y vulneró su derecho a una tutela judicial efectiva, como si no existiera controversia o debate en la normatividad legal y la jurisprudencia constitucional (italiana) en materia de actuaciones judiciales y formulación de la acusación entre dos sistemas distintos de procedimientos penales incompatibles entre sí. Además, mediante un fallo de ese tipo se eludiría el principio de inmutabilidad del juez que tiene como objetivo asegurar la identidad entre la persona que delibera la sentencia y la persona ante quien se recabó la prueba, no garantizada por la mera lectura del acto procesal y, por lo tanto, el intérprete rompería con el canon hermenéutico general consistente en interpretar las disposiciones reglamentarias según el significado más directo perceptible en referencia a la necesidad fundamental de mantener una relación directa entre el juez y la prueba, que tiende a reforzar la autonomía conceptual de los principios que ha inspirado el modelo acusatorio del procedimiento penal, cuya observancia está razonablemente salvaguardada por la nulidad absoluta, máxima sanción procesal ”(Tribunal Constitucional italiano, nº 205 de 26/05/2010). La regla de reexamen del declarante, ante solicitud de parte, constituye uno de los perfiles del derecho a la prueba, instrumento necesario del derecho de acción y defensa y, a la vez, uno de los aspectos esenciales del modelo procesal acusatorio. Este Tribunal ya ha señalado que, tras el cambio en la composición del panel original de los jueces o panel judicial, el proceso retrocede a la fase de investigaciones previas al juicio e investigaciones preliminares a la audiencia (que antecede a la nueva declaración de apertura de la audiencia, y por lo tanto, sin perjuicio de la ‘impracticabilidad de cuestiones preliminares no planteadas anteriormente).
De manera más específica, pasaré ahora a otorgar la debida atención a la cuestión, y poner en claro las profundas diferencias existentes entre la indagatoria en el procedimiento inquisitivo de justicia penal y la imputación en el nuevo procedimiento penale acusatorio o adversativo que aparecen como dos realidades opuestas e incompatibles entre sí.
En nuestra opinión la indagatoria en el procedimiento inquisitivo de justicia penal, escriturado y secreto y la imputación en el nuevo procedimiento penal acusatorio o adversativo que regula el sistema penal de Partes (actus trium personarum) no son equivalentes; y esto porque, todavía hoy, las funciones de investigación y de actuaciones judiciales difieren por sus características propias, por la protección constitucional de los derechos y libertades a las que se responden, por las disposiciones legislativas y la jurisprudencia y por los efectos que producen sobre los derechos fundamentales y las garantías de procedimiento durante las investigaciones. Por ejemplo, mientras la diligencia indagatoria en los autos anteriores al juicio para obtener pruebas (heredado de la tradición inquisitoria) constituye una fase preparatoria a la celebración del juicio y las decisiones del juez de instrucción – que goza de un poder discrecional – supone una valoración de la prueba, incompatibles con la dialéctica, los derechos y garantías en materia de investigaciones propia del sistema acusatorio, la imputación o la apertura del juicio oral por parte del Fiscal (siguiendo la tradición acusatoria), en la perspectiva razonable de obtener una condena, se refiere al ejercicio de la acción penal; la decisión de acusar y enviar a juicio ante los órganos jurisdiccionales competentes los autores de las infracciones penales. De hecho, aquí todas las investigaciones preliminares se caracterizan por su finalidad investigativa, no es la fase procesal destinada a la asunción y evaluación de la prueba para la decisión del juez, sino una etapa destinada a la realización de diligencias investigativas encaminadas al ejercicio de la acción penal. Tangencialmente, la acción penal despliega una función de impulso de la dinámica procesal y signa el pasaje de la fase procedimental a la etapa de juicio. La formulación de la imputación instaura una distinción formal entre jurisdicción de garantía y jurisdicción de comprobación, procedimiento (para la acción) y proceso (para el juicio), investigaciones y pruebas, asimismo entre el derecho fundamental de defensa y el derecho a un procedimiento contradictorio. Es justamente por esa razón que la imputación debe contener una representación del hecho suficientemente delineado respecto a los connotados de verificación sobre el hecho realmente atribuido. Es decir, que el pronóstico de condena sea tal que debilite la presunción de no culpabilidad invocada en su dimensión de regla de comportamiento. Estas diferencias, por otra parte, viene claramente ilustradas por las tareas de control y garantía que le corresponden en el modelo acusatorio al juez de la etapa pre-jurisdiccional que es llamado a evaluar en el interés de la economía procesal y, en línea con el mayor rigor de los paradigmas de la cultura de la jurisdicción y de la utilidad de la investigación -en términos de sus propios objetivos -, que sea fiable y completa para que la pretensión punitiva no se revele inútil e incluso dañina para el acusado o cuyo resultado absolutorio sea únicamente adeudable a la carencia de las investigaciones (ejercicio aparente de la acción penal), y de que hay motivos suficientes para pasar al plenario. Esto no solo tiene que ver con las exigencias objetivas de filtro – de la acusaciones temerarias y sin fundamento – y del control de la acusación – garantía y eficacia de las actividades previas – sino también, muy particularmente, para asegurarse de no recargar la siguiente etapa del juicio de una serie de diligencias improcedentes o de otros procedimientos, y de ciertos otros factores que pueden afectar negativamente el desarrollo y ejercicio de la función jurisdiccional del juez a quo. Esto sin olvidar que el nuevo procedimiento penal acusatorio que regula el sistema penal de Partes (actus trium personarum) se fundó a partir de la idea de un proceso penal sin “Instrucción” por la aparente contradicción o incompatibilidad entre estructura inquisitiva y secreta y derechos de la persona justiciable reconocidos en la Constitución. En efecto, el nuevo sistema de justicia penal (siguiendo la tradición acusatoria) ha sido proyectado para exaltar el valor jurisdiccional del proceso en función garantista (con la recuperación de la centralidad que caracteriza el papel del juez y la acentuación de las connotaciones de tercería típicas de un proceso de partes) en contraposición con el sistema inquisitivo que tendía a acentuar el carácter meramente instrumental de la intervención jurisdiccional con respecto a la consecución de los objetivos de la acusación pública. En general se ha creado una base jurídica radicalmente nueva que reglamenta la efectividad de la garantía de la jurisdicción con arreglo a las normas internacionales relativas a las debidas garantías procesales, como un nuevo frente del proceso penal. A diferencia del antiguo modelo inquisitivo de justicia, se observa, por tanto, una neta distinción entre jueces y partes, jurisdicción (fase procesal) y acción (fase investigativa), incluso entre prueba y juicio (la diferenciación entre el contradictorio para la prueba y el contradictorio sobre la prueba) y por ende una nueva relación entre el juez y la prueba en la estructura del proceso (dialéctica probatoria). Se elimina la fase de instrucción por su propia naturaleza propedéutica al proceso, y se sustituye con la fase de las investigaciones preliminares por su propia naturaleza propedéutica – previa y preparatoria – al ejercicio de la acción penal. De hecho, la tradicional fase de instrucción predispuesta a la adquisición de pruebas suficientes para un veredicto y encaminadas a la sucesiva fase de juicio, ha sido reemplazada por la fase de las investigaciones preliminares.
La nueva reforma altera el ordenamiento procesal preexistente, el desmantelamiento de un modelo, la ruptura con el pasado, un marco normativo que crea las condiciones necesarias para instaurar una nueva relación simétrica entre la instrucción penal y el principio contradictorio. Se persigue así el doble fin de reducir el valor probatorio de la primera y conceder más espacio a la actividad probatoria en el segundo. Es, además, un intento para simplificar la fase sumarial formal y poner al centro del nuevo sistema un verdadero debate oral, publico, contradictorio y continuo, en el que todos puedan tomar postura. Vista bajo esta óptica, la instrucción cede el paso a la investigación, prodrómica y supeditada al ejercicio de la acción penal. Todo ello, además, conlleva a una transformación de la enfática y omnicomprensiva reminiscencia de relación entre pruebas y comprobación de la verdad para ser sustituido por la presencia en nuestro ordenamiento del principio de oportunidad técnica en el ejercicio de la acción penal (a la comprobación de los hechos, a la identificación de sus autores, etc.). De la neta distinción entre acción penal y jurisdicción se deriva también la distinción entre fase investigativa anterior al juicio y etapa procesal y, por lo tanto, entre el papel del fiscal y el papel del Juez. Así queda plasmado como constitutivo fundamental en la esencia del proceso, el límite o el confín dentro del cual la parte pública será llamada a ejercer su actividad o sus funciones específicas, antes o por fuera de un proceso, de la confrontación dialéctica y de la intervención del órgano jurisdiccional. La distinción de jure y de facto señala la ruta para identificar prioridades y así delinear claramente dos culturas jurídicas y dos concepciones ideales de proceso penal. Con una fórmula de amplia aproximación se podría decir que una de las innovaciones más destacadas del nuevo modelo procesal penal consiste en haber reemplazado “la instrucción que prepara el proceso” por “la investigación que prepara la acción”. No es casualidad que en el léxico del nuevo código la palabra “juicio” o proceso sólo indique la fase que sigue al ejercicio de la acción penal, mientras que la expresión “procedimiento” adquiere un significado más amplio, que incluye también la fase de instrucción preliminar. La “acusatoriedad” en el nuevo modelo significa la efectividad de la tutela de los derechos (expresión de la jurisdicción) y el derecho de acción (que debe respetar el canon de audiatur et altera parte). La autoridad central competente para iniciar la acción penal es un juez, quien evalúa los resultados de las investigaciones, mientras que en el antiguo código dominaba el “proceso” en su totalidad, desde la denominada fase preliminar hasta el propio juicio en la sala de audiencias, gestionando la fase de investigación con enormes poderes hasta la decisión de remitir o no a la persona a la que había investigado, acusado y sometido a juicio. El juez de instrucción, dentro de su espacio, ostentaba amplios poderes de oficio, circunscritos sólo por el límite genérico de la determinación de la verdad, referencia enfática y omnicomprensiva hacia la cual no debe orientarse el juicio judicial sino la recopilación (secreta) de prueba en contra del acusado.
En el modelo inquisitivo todo el conjunto del acervo probatorio descansa en los predominantes poderes del juez de instrucción (retraimiento del derecho a la defensa y de los derechos del acusado, poquedad de los espacios de publicidad y oralidad, y menosprecio del principio de presunción de no culpabilidad); en el modelo acusatorio la búsqueda de la prueba se deja a la iniciativa de las partes y, el debate es la fase del proceso destinada a una valoración o revaloración de los resultados de la fase precedente junto a las pruebas adquiridas u obtenidas en ese proceso. Todo ello sin olvidar que el nuevo sistema penal se fundamenta sobre el reconocimiento del derecho del acusado a defenderse probando. En tal sentido, cabe recordar que en el nuevo sistema acusatorio la “Prueba” transitó de un concepto aritmético que la animaba en el viejo proceso inquisitivo (procesos cognoscitivos, dotados de una escueta utilidad heurística, conformidad con los paradigmas legales) a una compleja comparación de tipo relativista ex ante (conocimientos judiciales: reglas y metodología) y modalidad de la formación (sujetos legitimados a intervenir), conjuntamente a la calidad de la justicia penal y el carácter jurisdiccional del procedimiento. Por otra parte, con el significado del término “órgano” jurisdiccional para las investigaciones preliminares o juez de control se ha querido marcar una diferencia del fiscal como órgano encargado de las investigaciones, y, al mismo tiempo, mantener una distancia del juez de instrucción en el que la función juzgadora y la función requirente, eran de función mixta y le otorgaba poderes coercitivos amplísimos. Así pues, antes del ejercicio de la acción penal y en el curso de la fase pre trial, el juez tutela los derechos fundamentales de la persona (los derechos del indagado y de la persona ofendida por el crimen). El juez ejercita una función de garantía de la libertad personal y de control de legitimidad de la actividad de la acusación.
El modelo acusatorio responde a la conciencia adquirida cada vez más notoria sobre la relevancia de la esfera jurídica de los derechos fundamentales del individuo y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El proceso penal no es más entendido como comprobación jurisdiccional del hecho ilícito o como instrumento necesario para restablecer el orden violado, sino más bien el derecho a la comprobación judicial sobre el hecho en sintonía con los valores constitucionales esenciales (ius libertatis) y los principios y salvaguardias procesales, constitutivas del concepto de Estado de derecho y el ejercicio garantista de la jurisdicción (thema probandum y thema decidendum), indispensables en un sistema oral, público, contradictorio y continuo (actus trium personarum).
No obstante lo anteriormente expuesto, el procedimiento penal acusatorio, muy triunfante en la Carta Constitucional con el apoyo sostenido de la comunidad internacional, está realmente enfermo, moribundo y agonizante, no ha conseguido romper la resistencia de los magistrados, vinculados con el antiguo régimen inquisitorial. Cualquier intento de reconciliar los dos modelos penales opuestos se ve casi inevitablemente socavado por el régimen inquisitorial, tropezaría con toda una maraña inextricable de normas, de deseos, de reglas, de procedimientos, de esencial, de secundario. De hecho, mientras el modelo inquisitorial del cual es imposible escapar sino a través de una global reforma, el modelo acusatorio es una herramienta a un tiempo delicada, muy compleja y valiosa, cada vez más propensa a degenerar si sufre alguna contaminación con reglas o principios que le son ajenos culturalmente: es suficiente eliminar o simplemente debilitar la barrera que impide que las averiguaciones preliminares ingresen al juicio y el acusatorio se convierte en un procedimiento inquisitivo, escriturado y secreto. El resultado ha sido la conversión de la investigación preliminar en una gigantesca instrucción sumarial, como las condiciones de la prisión preventiva; una experiencia en algunos aspectos peor que el mismo modelo de corte inquisitivo, porque para formar la prueba, destinada a ser adquirida en el juicio no es un juez que mantendría al menos una apariencia de imparcialidad, sino el fiscal o magistrado. Desafortunadamente, el código de 2004 no fue aceptado por una gran parte del poder judicial; y, cuando una ley no reúne el favor de la autoridad judicial que está llamada a interpretarla y aplicarla, las posibilidades de que acabe en quiebra son muy altas. La realidad es que desde hace algún tiempo asistimos a una grotesca inversión de la relación fisiológica entre la legislación aplicable y la jurisdicción. El derecho vivo o viviente, expresado por la jurisprudencia de las diferentes cortes y tribunales, que debe ajustarse a la normativa vigente, elaborada por el legislador, se ha ido desprendiendo progresivamente de él y se ha hecho autónomo; al punto que cada vez más es la ley actual a perseguir y ratificar los enfoques innovadores del derecho jurisprudencial. Por tanto, el proceso acusatorio no ha sido protegido de cualquier ataque, como de interpretaciones jurisprudenciales ‘creativas’ o de instrumentos heterogéneos de sutil reducción de garantías que atenúa el derecho a la prueba en el juicio apenas compatible con el derecho de la prueba y la carga procesal. Pero no se debe olvidar que, con pleno respeto del principio acusatorio, es necesario preservar la autonomía del juicio, evitando que la acusación del imputado pueda convertirse, a ojos de los jueces a cargo de la decisión, en una especie de convicción anticipada; en consecuencia, la fase preliminar del juicio no debe resultar en una apreciación del fondo sino en una simple resolución de la acusación. Francesco Carnelutti (citado por Ferrua) observó esto, hace sesenta años, denunciando la enfermedad del proceso penal italiano, en el que “el proceso se reduce [pasa] a una especie de control del juicio pronunciado tras la fase preliminar”.
Conclusión
En conclusión la diligencia indagatoria solicitada por el magistrado de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en los autos anteriores al juicio (heredado de la tradición inquisitoria) y la imputación de cargos o la apertura del juicio oral (siguiendo la tradición acusatoria) en el ejercicio de la accion penal no son equivalentes; tampoco la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia equivale a la formulación de imputación de cargos en la justicia ordinaria. Las medidas de esta índole no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos, derechos o principios fundamentales que la propia Carta reafirma. La creencia constituye errores, el derecho nunca yerra, sin embargo, la Corte constitucional ha dado el golpe de gracia definitivo al sistema y a la difunta Constitución, que se opone al uso de la justicia por la fuerza, al imperio del hombre sobre el hombre o al imperio de la ley del más fuerte, el resultado es el sufrimiento.
Agradeciéndole la atención que pueda prestar a esta carta le ruego, Señor Presidente, acepte la expresión de mi mayor consideración.
https://www.panoramical.eu/, 13 de noviembre de 2021.
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4. Consejero de Seguridad cuestiona apoyo de Petro a Primera Línea
Las labores conjuntas de investigación para determinar las responsabilidades de los señalados de agresión tardaron más de seis meses.
A través de sus redes sociales el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro cuestionó el hecho de que un juez allá enviado a varios jóvenes de la denominada Primera Línea a la cárcel, luego que se encontraran evidencias de su participación en ataques al comercio, al transporte y a la Fuerza Pública en la localidad de Engativá en medio de manifestaciones del pasado mes de mayo.
“Por qué van a la cárcel los jóvenes que protestan y quienes les disparan de civil van es a reuniones políticas? ¿Por qué van a la cárcel los hijos del pueblo por protestar y en cambio los que se roban los dineros para educarlos van es a los ministerios? ¿Justicia?”, dice el trino del Senador.
Ante esto, el Consejero Presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín también respondió y cuestionó a Petro, “Senador, quienes protestan ejercen un derecho sagrado. En cambio, violentos que matan, atacan personas, destruyen bienes públicos y privados, confinan comunidades, son delincuentes puros.
La Constitución ordena garantizar los derechos, al igual que perseguir al delincuente.”, dijo el Consejero en su cuenta de Twitter. Por ahora, tres de los 10 capturados en las últimas horas recibieron casa por cárcel por tener arraigo laboral y familiar.
https://www.wradio.com.co/, Bogotá, 12 de noviembre de 2021.
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5. Audio comprometería a Quintero con campañas para el Congreso
Una nueva polémica envuelve al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por lo que sería su presunta participación en una campaña política de cara a las elecciones legislativas de 2022, situación que está prohibida pues servidores públicos en actividad –como el mandatario local– no pueden intervenir en proselitismo.
De acuerdo con una investigación de Vorágine y Cuestión Pública, el médico antioqueño Misael Alberto Cadavid, aspirante a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, se habría reunido con el alcalde Daniel Quintero, quien estaría dispuesto a ayudar su campaña.
En un audio conocido por ambos medios, Cadavid, quien ha hecho su carrera política de la mano de Luis Pérez (tuvo varios cargos durante su periodo como gobernador), asegura que su fórmula para el Senado sería el exministro de las Tecnologías de la información y la Comunicación, TIC, David Luna, quien a su vez fue jefe de Quintero en ese ministerio cuando ejerció de viceministro de Economía Digital entre julio de 2016 y diciembre de 2017.
"Ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía (sic)”, le dice Cadavid al destinatario del audio, cuya identidad fue protegida en la publicación.
El 23 de octubre, el programa radial Despierta Antioquia había anunciado que David Luna, "amigo íntimo de Daniel Quintero" estaría en la ciudad la semana siguiente para reunirse con el médico y así lograr una alianza que los lleve a ambos al Congreso por Cambio Radical, pues el exministro sería la cabeza de lista de este partido para el Senado, según han informado varios medios de comunicación.
Días después el mismo Cadavid confirmó a través de sus redes sociales que sería la dupla de Luna en Antioquia.
“Hacer fórmula con Luna es una alianza de confianza y respaldo a varias décadas de trabajo social. Luna, Senado. Misael, Cámara”, trinó el pasado 5 de noviembre. Sin embargo, el pasado jueves borró el mensaje.
Lo ayudarían con "carguitos" en la Alcaldía
Además de revelar que sostendría un encuentro con Luna y Quintero, el médico Cadavid también dijo en el audio a su destinatario que le compartiera su hoja de vida, pues desde la Alcaldía de Medellín le aseguraron que lo iban a ayudar con unos "carguitos".
“¿Por qué no le envías tu hojita de vida a (se omite el nombre), porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si conseguimos algo bueno para ti. Entonces llama a (se omite el nombre), habla con ella, y le envías la hoja de vida a ella, que ella es la encargada la otra semana de llevarlas (sic)”, agregó el médico.
Estos señalamientos dejarían ver cómo Quintero, en su rol de alcalde, estaría participando en política, acción que está prohibida para los servidores públicos y que se considera como una falta disciplinaria e incluso penal.
“Los servidores públicos tienen prohibido intervenir en política, utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos políticos y movimientos políticos y en las controversias, así como para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos de la misma naturaleza (...) Es una prohibición que tienen los funcionarios por el cargo que ejercen, que puede catalogarse como una falta disciplinaria o penal", se explica en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, Uriel, del Ministerio del Interior.
Pese a confirmar, en varios medios de comunicación locales que sería la fórmula de Luna en Antioquia para el Congreso, tras ser consultado por Vorágine y Cuestión Pública, el médico, sí confirmó su encuentro con Luna en Medellín, pero negó haber acordado que él sería su fórmula para el Congreso.
Además, negó que en ese encuentro hubiese estado el alcalde Quintero y aseguró que el audio al que tuvieron acceso estos dos medios estaba "editado" y "descontextualizado".
"Yo apoyé al doctor Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín y somos amigos, pero últimamente yo no me he reunido con él. Estoy esperando saludarlo, por supuesto, es mi gran amigo (...) Yo soy médico, estoy haciendo mi campaña con el gremio de la salud, con los bomberos de Antioquia (...) pero no tengo absolutamente ningún apoyo de la Alcaldía de Medellín ni de nadie", dijo.
Del mismo modo, al ser preguntado por el envío de hojas de vida a un funcionaria de la Alcaldía, este afirmó que "cualquier persona puede mandar hojas de vida a la Alcaldía de Medellín".
"Es que de hecho ellos tienen un portal para uno mandar las hojas de vida. O sea, es que dónde está el delito", agregó.
Lo que dijo Luna
David Luna rspondió que no conoce el audio en el que Misael Cadavid asegura que tendrán el apoyo de Quintero en las elecciones legislativas.
También aseguró que hasta el momento no tenía ninguna fórmula en Antioquia, ni en ningún otro departamento porque, incluso, todavía no ha decidido si se lanzará al Senado. Así mismo, negó haber tenido algún encuentro con el alcalde de Medellín.
No obstante sí confirmó sus encuentros con Misael Cadavid y Luis Pérez, aspirante a la Presidencia por firmas.
A continuación reproducimos la versión completa de la respuesta a un cuestionario que EL COLOMBIANO remitió a Misael Cadavid para conocer su versión de lo ocurrido.
1. ¿Cuál es su versión sobre los señalamientos que lo acusan de haberse reunido recientemente con el alcalde de Medellín y tener influencia para que, presuntamente, allegados suyos sean vinculados laboralmente al municipio?
“En primera instancia el señor Daniel Quintero tiene la investidura constitucional de alcalde de la ciudad de Medellín, así que “acusar” a una persona por una supuesta reunión que jamás existió con él, pero sí con los señores David Luna y Luis Pérez es un despropósito, ya que él ni yo somos delincuentes.
Es absurdo emitir el concepto de “acusar” a cualquier ciudadano por el solo hecho de hablar o ser amigo de un alcalde, que ha mostrado coherencia con lo que propuso en campaña. El odio no se puede tomar los corazones de las personas pues enceguece el buen raciocinio”.
2. En el artículo publicado en el portal Vorágine usted menciona que el audio que estructura el mismo está editado. Ampliar cuáles indicios o elementos del mismo lo llevan a pensar que el audio fue manipulado
“Es evidente que hay una descontextualización y edición del audio lo que se evidencia con los pitos y pausas del mismo. Un audio que es el resultado final de una imprudencia e intransigencia de alguna persona molesta es absolutamente sesgado.
Quiero dejar claro que al señor Daniel Quintero ni le he pedido y mucho menos me ha ofrecido ningún tipo de ayuda. Durante toda mi vida la vocación de servicio ha sido una impronta y siempre he sido feliz ayudando a la gente en aspectos médicos, sociales, culturales, deportivos y de emprendimiento Al parecer en esta sociedad enfermiza ser buena persona y servir con pasión a la gente te hace sospechoso.
La historia ha sido el mejor juez en mi vida profesional y pública. Es una bellaquería que siempre aparecen los ataques cuando un importante sector de la sociedad postule mi nombre a algún cargo de elección popular, al parecer hay miedos de algunos que un hombre emanado de las clases populares, con humildad y gran sensibilidad social pueda ascender a los espacios de poder, eso no le gusta a la clase política tradicional y a algunos sectores económicos.
Ganarse la admiración, el cariño y el respeto de un importante sector de la comunidad es el resultado de haber trabajado arduamente por ellos. Gracias a mi esfuerzo académico logré posicionar mi nombre como un buen médico, más humano que científico y en ese orden de ideas mis pacientes han sido desde personas sencillas de los barrios populares hasta empresarios, intelectuales, alcaldes, gobernadores, ministros y hasta periodistas. A todos los he atendido respetando la dignidad humana. Esto lo traigo a colación para desvirtuar de una vez por todas las afirmaciones de que he sido médico de familiares de personas al margen de la ley, cosa más absurda y alejada de la realidad , pero que si me hubiera tocado hacer, lo hubiera hecho con el mayor compromiso ético y científico de atender a cualquier persona sin distingo alguno como lo demanda el juramento hipocrático. Nunca he visto el primer médico solicitándole el pasado judicial a un paciente. Así que le pido a la prensa no hacer amarillismo con intereses oscuros y traer refritos de hace 10 años que no dejaron de ser una conspiración mediática para la época con el propósito de afectar las campañas a la Alcaldía, al Concejo y a la Asamblea. Prueba de ello es la retractación pública que realizó el señor Juan Felipe Palau, secretario de gobierno de la época, pidiendo excusas públicas y haciendo un resarcimiento económico con 10 millones de pesos representando en mercados que fueron entregados a las personas más pobres de Manrique en un acto de desagravio”.
3. ¿Es correcta la información mencionada en la nota en la que se menciona que usted aspiraría a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical en fórmula con David Luna?
“Como precandidato a la Cámara estoy explorando propuestas programáticas con precandidatos al Senado, en ese orden de ideas he tenido acercamientos con 3 precandidatos entre ellos David Luna, del cual no me queda sino decir que es un hombre con una gran trayectoria pública y política y que perfectamente compagina con mis principios e idearios de soñar con un país más justo y equitativo. Tanto él cómo yo estamos en una etapa de acercamientos y planeación de una posible aspiración dentro de Cambio Radical sin nada confirmado , pues una candidatura en firme se consolida con la solicitud de aval al partido la cual no hemos realizado hasta el día de hoy”.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 13 de noviembre de 2021.
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6. Gobernadores y alcaldes defienden reforma a Ley de Garantías
TRAS CONOCERSE la decisión del Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá que ordenó al Presidente y los representantes legales de las entidades del orden nacional y del sector descentralizado, abstener la modificación realizada al parágrafo 38 de la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005), norma que fue incluida en el Presupuesto General de la Nación (PGN), se han generado varias reacciones en la clase política del país. Mientras que para algunos era esencial para la reactivación económica, otros advirtieron que podrían cambiarse las reglas de juego para las próximas campañas electorales.
Cabe recordar que el fallo considera que el Congreso incurrió en una violación al debido proceso por desconocimiento del principio de reserva, por lo que consideró este hecho para darle la razón al ciudadano colombiano Miguel Ángel Bravo Gutiérrez, quien interpuso una acción de tutela contra el legislativo.
No obstante, el presidente Iván Duque indicó que las observaciones de un togado frente a un orden nacional, incurriría en una violación a la Constitución Política, por lo que expidió el decreto que permitirá que las entidades del orden nacional y organismos territoriales puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
“Un juez de la República no le puede decir a un Presidente qué debe o no objetar, porque eso sería violar la Constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con este artículo, obviamente se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”, expresó el mandatario en diálogo con un medio nacional.
Frente a esta situación, EL NUEVO SIGLO dialogó con los directivos de las Federaciones de Municipios, Departamentos, Concejos, y exploró la percepción de mandatarios locales y departamentales, para conocer si esta decisión judicial podría afectar el proceso de reactivación en sus territorios, así como el desarrollo de estos convenios entre Gobierno y entidades del orden nacional.
Respaldo a la legislatura
Inicialmente, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, expresó que esta aprobación por la legislatura ayudará a que las ciudades y regiones puedan superar el impacto social y económico que derivó la pandemia del covid-19, por lo que prorrogar esta decisión afectará el desarrollo de las ciudades.
“Son muchísimos los recursos que se paralizarían y que los necesita el país para hacer toda la inversión social en infraestructura que está pendiente, máxime cuando los alcaldes estuvieron paralizados año y medio prácticamente por la pandemia. Entonces, paralizar ocho meses o un año más, la posibilidad de hacer convenios entre el Gobierno nacional y los municipios y departamentos era un sinsentido, por eso el Congreso lo entendió y lo aprobó”, señaló Toro.
Adicionalmente, rechazó la manera en la que algunas personas usan la figura de la tutela para tumbar la norma presidencial. “Si hay quienes sostienen que se necesitaba que se tramitara bajo una forma u otra, pues tienen la Corte Constitucional para que lo decida, pero recurrir a una tutela es muy descabellado porque, incluso con las normas que en Colombia regulan el uso de la tutela, establecen cuándo es procedente y cuándo no es procedente. En este caso, no es procedente porque dice la ley que se aplica cuando son actos de carácter general”, afirmó.
También, señaló que el actuar de la jueza frente al caso llevó a que no hiciera el análisis detenidamente, por lo que advirtió que “van a haber muchas impugnaciones y, en ese sentido, ella tendrá que pronunciarse nuevamente porque no consideramos que se hayan tenido en cuenta todos los elementos que se deben de tener para tomar una determinación de esa índole”.
Nada de restricciones a los territorios
De otro lado, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejos (Fenacon), Edgar Alberto Polo, indicó que este parágrafo de la Ley de Garantías no tiene mayor efecto para ejecutar la contratación de convenios administrativos, por lo que podrán seguir dando cumplimiento a los planes de desarrollo en los territorios.
“La ley de Garantías sí permite que algunas modalidades contractuales se puedan utilizar para llevar a cabo toda la gestión de la administración. Si recibiéramos toda la contratación, efectivamente sí estaríamos afectando el desarrollo de nuestros municipios, estaríamos frenando la aplicación de las diferentes políticas públicas, las diferentes ejecuciones presupuestales. Pero la ley de garantías no restringe absolutamente la contratación”, aseguró.
El directivo dijo que el actuar del juzgado de Bogotá buscaba “la forma de que la celebración de convenios no se puedan hacer, con el fin de evitar que, a través de estas administraciones, a través de convenios, quieren una modalidad más usual”.
Asimismo, sostuvo que la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, liderada por la Contraloría y la Fiscalía, evidenció que la celebración de convenios es la mayor modalidad de fuga de los recursos, por lo que la jueza quiso, por esa vía, poder reactivar ese inciso de la Ley de Garantías.
Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, señaló que, aunque respalda la sanción del presupuesto por parte del presidente Duque, esperarán hasta las últimas circunstancias para saber la decisión que emitirá la Corte Constitucional.
“Aplaudimos que el Presidente haya sancionado la Ley del Presupuesto General de la Nación, ya que va a priorizar la asignación de recursos a los territorios. Sin embargo, vamos a estar pendientes del desenlace que conlleve esta orden judicial”, dijo el funcionario a este diario.
Opinión de los mandatarios
De otro lado, los administradores departamentales y locales también expresaron sus percepciones sobre esta situación. Para el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, tras la sanción del PGN 2022 por parte el Gobierno nacional, la decisión judicial no prosperará con éxito.
“Lo que el juez hizo fue una recomendación, mas no una determinación que debe cumplir el mandatario. Tiene razón el Presidente y estamos de acuerdo con que se sancione el presupuesto para el beneficio de los departamentos”, indicó.
Mientras que, para el alcalde de Neiva (Huila), Gorky Muñoz, este falló provocará un gran retraso en las ejecuciones de los proyectos que contribuirán a la generación de empleos y el mantenimiento de otros sectores que fueron afectados con la crisis económica del año pasado.
“Aunque somos respetuosos de nuestro sistema judicial, y de las decisiones que los jueces de la República toman, debemos decir que no poder celebrar convenios administrativos e interadministrativos, por ejemplo con el Gobierno nacional, afectaría el cumplimiento de metas de nuestro Plan de Desarrollo y el inicio de obras importantes para la ciudad, lo que de paso podría afectar la dinámica económica que la obra pública viene generando en el municipio. Esperamos que muy pronto se pueda resolver este tema, en beneficio de todos”, puntualizó.
https://www.elnuevosiglo.com.co/, Bogotá, 14 de noviembre de 2021.
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7. La reconstrucción de Providencia y Santa Catalina: lo que hay son resultados
Desde el momento de la emergencia por el paso del huracán Iota, hace un año, se ha garantizado el suministro de agua potable, recolección y disposición final de escombros y desechos y el restablecimiento de las telecomunicaciones.
Los avances son evidentes en acciones ambientales, reconstrucción del comercio y del turismo; inclusión social, educación, deporte, transporte; construcción de un nuevo muelle y adecuación de cinco refugios en toda Providencia.
Han sido reparadas y reconstruidas 962 casas, de las 1.787 viviendas afectadas por el huracán de categoría cinco. El avance es del 54%.
Las viviendas intervenidas –en un proceso de concertación con la comunidad raizal– son seguras y resisten vientos de 240 kilómetros por hora.
El ciento por ciento de los servicios de medicina están garantizados en Providencia. Se trabaja en el traslado del hospital de campaña a una estructura fija, en la reconstrucción del hospital local y la edificación de uno nuevo, de nivel 2 de atención.
La resiliencia de los providencianos se confirma todos los días desde que soportaron el embate del huracán Iota, en noviembre de 2020, recibiendo el apoyo y compromiso del Gobierno nacional que ha estado siempre presente en la tarea de reconstruir la isla.
Y es que los avances en este año de la emergencia climática son innegables en cuanto al suministro permanente de agua, de servicios médicos, de remoción y destinación final de escombros, de reparación y reconstrucción de viviendas; de recuperación del comercio y del turismo; de las vías, aeropuerto y construcción de refugios contra huracanes y de un verdadero puerto, entre otras más.
Además, el compromiso se traduce en hechos en cuanto al desarrollo de programas ambientales, vinculación de la comunidad con el cuidado de las reservas vegetales y la recuperación de la vida académica con la reconstrucción de las instituciones educativas y la presencialidad del ciento por ciento de los alumnos en las aulas.
A continuación, se presenta el balance de los avances positivos y de los retos en la reconstrucción total del archipiélago, tarea encabezada por la gerente designada para esta labor y directora de Prosperidad Social, Susana Correa, y los ministerios y entidades que participan en este proceso:
VIVIENDA
La meta es la intervención de 1.787 casas en Providencia y Santa Catalina. De este número, 877 casas se reparan y 910 casas se construyen desde cero. Este martes 16 de noviembre se completa la entrega de 337 casas nuevas y 625 reparadas, para un total de 962, lo que representa un 54% de avance, es decir, más de la mitad del total. Además, se han instalado 790 cubiertas de casas, con un avance del 90 por ciento.
En esta tarea la concertación y el diálogo social con la comunidad han sido el eje principal del proceso de construcción de viviendas. Las casas que se entregan son seguras y resisten vientos de 240 kilómetros por hora.
AGUA POTABLE
La información indica que en la actualidad se están comprando 380 mil litros de agua potable, que se suministra a través de la red y por carrotanques. También, se están entregando cerca de 100 mil litros diarios de agua desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del sector de Agua Dulce, y 50 mil más desde la PTAT de Los Rotarios. En total se están entregando 530.000 litros diarios del vital líquido.
En cuanto al dragado del Embalse de Fresh Water, que busca mejorar la capacidad y calidad de esta fuente abastecedora de agua, se han retirado 56 mil metros cúbicos de sedimentos, con un 75% de avance en este trabajo.
SALUD
El Ministerio de Salud confirmó que se ha garantizado el ciento por ciento de la prestación de servicios de salud en el hospital de campaña que se edificó luego del paso del huracán.
Del mismo modo se confirmó que se adelantan obras de adecuación del llamado SPA y allí será trasladado el hospital de campaña. Las tareas tardarán 30 días en promedio, a partir de la entrega del inmueble por parte de Fontur.
También, hay avances en cuanto al proyecto de construcción de un hospital de nivel dos, en el sector de Pueblo Viejo. Esta iniciativa se encuentra en estudios y diseños por parte de la Universidad Nacional de Colombia, con recursos por $40.000 mil millones provenientes de recursos de la Nación.
La Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra adelantando la contratación de los ajustes a los diseños con la Universidad Nacional, en virtud de las nuevas cargas de viento que dejó el paso del huracán Iota.
Ahora, se trabaja además en el proceso de recuperación del Hospital Local de Providencia se encuentra en fase de estudios y diseños, con un avance del 32 por ciento. Ya se efectuaron los levantamientos topográficos y el estudio de suelos. Se está ejecutando el anteproyecto arquitectónico, con acompañamiento de Ministerio de Salud y Protección Social.
Este hospital será construido con recursos privados, donde se destacan las donaciones de Cementos Argos por $4.300 millones; de Coomeva, por $ 800 millones para la dotación y $3.500 millones, provenientes de las donaciones de países como Corea y Japón, que están en el Fondo de Gestión del Riesgo y Desastres, manejado por la UNGRD. La demolición será en enero de 2022 y la obra se entregará en marzo del mismo año.
GESTIÓN DEL RIESGO
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha ofrecido hasta 910 subsidios de arriendo, por tres meses. Cada subsidio tiene un monto de $800 mil mensuales. Se han proyectado 203 subsidios de arriendo, por valor total de $487 millones 200 mil pesos.
Tareas fundamentales en la gestión del riesgo también lo constituyen la destinación de 540 carpas a la comunidad como alternativa temporal; la entrega de materiales y herramientas para cubierta y autoconstrucción a Findeter, Armada y Policía Nacional, por un valor total de $39.625 millones.
Y la adecuación de cinco refugios contra huracanes en Providencia. Los mismos son el Refugio de la Iglesia Católica del centro de Providencia (al 100 por ciento y dotado con kits básicos para huracanes) y el Refugio de la Iglesia Católica de Casa Baja, con el mismo avance y dotación.
También, están los refugios de Casa de Música (62 % de avance); Refugio de la Iglesia Bautista de Sur Oeste (87% de avance) y el refugio de Santa Catalina, que está por iniciar.
LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS
Se reportó que, a la fecha, 25.721 toneladas de escombros fueron removidas. 2.183 toneladas de escombros y basuras fueron sacadas de la isla, y 577 toneladas de chatarra compactadas en cubos salieron en barcaza.
INCLUSIÓN SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO
Fueron culminadas las obras de reconstrucción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Bottom House y Little Angels.
En cuanto al programa Mi Negocio Raizal, el departamento de Prosperidad Social identificó 632 unidades productivas para apoyar a beneficiarios, con una inversión superior a $3.000 millones. A la fecha, se ha entregado capitalización a 214 beneficiarios: a 121 de manera total y a 92 de forma parcial.
Con el programa Emprendimiento Colectivo se apoya a 28 organizaciones en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con una inversión cercana a los $2.000 millones. 11 de estas organizaciones están en Providencia y Santa Catalina y 17 en San Andrés.
COMERCIO Y TURISMO
La reactivación del comercio se logra mediante la capitalización de 208 unidades de negocio identificadas. De este número, 154 están capitalizadas con equipos, inventarios y maquinaria al 100 por ciento.
Un total de 54 establecimientos de comercio están para reparación de infraestructura: 5 de ellos iniciaron obras el pasado 7 de octubre. En diciembre próximo se entregarán los primeros 11. A partir de esa fecha, se harán entregas mensuales con cifras similares.
En cuanto a la reconstrucción de establecimientos de turismo, de 152 establecimientos, 28 que tuvieron afectación leve ya están terminados al ciento por ciento. Un total de 48 con afectación media y 76 con afectación alta presentan un 45 por ciento de avance.
ENERGÍA
En materia energética, cerca de 2.600 usuarios están conectados a la red. Los demás se conectarán en la medida que se den las condiciones para ello. Cabe resaltar que hay usuarios con conexión temporal, dependiendo de las condiciones de infraestructura.
DEFENSA
La presencia de las autoridades en la isla se traduce con 680 integrantes del Ejército, la Policía y la Armada Nacional. Sobre las tareas, el Ejército ha adelantado 272 demoliciones; 43 excavaciones de zapatas para viviendas nuevas; 2.079 toneladas de material de construcción descargadas; 1.320 toneladas de material de construcción trasegadas; 38 actividades de limpieza y 35 reparaciones provisionales de cubiertas.
Ahora, otras de las tareas son las ambientales. El Ejército ha adelantado 34 jornadas en este campo; construyó 2 viveros; la siembra de 130 ejemplares forestales y 600 mangles. También, 12 capacitaciones realizadas, 80 habitantes capacitados, 20 patios productivos con asistencia técnica, 16 toneladas de residuos de posconsumo extraídas de la isla, 1 hectárea de mangle podado y 11 canales de drenaje intervenidos.
La Campaña 'Clean Islands' es una acción del Ejército y la Policía Nacional presenta que a la fecha registra 17.801 toneladas intervenidas. La Armada Nacional ha entregado 128 casas y 11 mantiene en ejecución.
AGRICULTURA
El Gobierno Nacional ha entregado equipos y elementos al sector pesquero artesanal de Providencia, por valor de $3.736 millones. Entre estos elementos se cuentan 153 motores y 58 lanchas.
AMBIENTE
El programa de Pago por Servicios Ambientales es fundamental para vincular a la comunidad con la protección del medio ambiente. Hasta el momento ha beneficiado a 320 familias, las cuales suscribieron acuerdos voluntarios de conservación, con una inversión total de $2.830 millones. A la fecha se han realizado 10 pagos a las familias beneficiadas.
También, se adelanta la construcción de viveros, en convenio con el Ejército Nacional. A finales de este mes de noviembre se inicia la construcción de 4 viveros tecnificados (2 en San Andrés y 2 en Providencia), con capacidad para 10 mil plántulas y una inversión de $830 millones.
Actualmente se cuenta con un vivero ya implementado en la sede de la Corporación Coralina en Providencia; con 2 viveros adicionales construidos por Parques Nacionales y un vivero satélite de manglar.
La recuperación del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon termina en diciembre próximo y presenta un avance del 55%.
Además, para el programa de “Un Millón de Corales por Colombia”, se suscribió un convenio entre el Fondo Colombia en Paz (FCP) y Conservación Internacional, mediante el cual el Ministerio de Ambiente, a través del FCP, aporta $6.000 millones, con una duración de 18 meses (de septiembre de 2021 a marzo de 2023).
En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha estimado sembrar aproximadamente el 60% de los corales del territorio nacional, cerca de 600 mil fragmentos, 330 mil de ellos en Providencia.
Otro logro fue la suscripción del convenio entre MinAmbiente, Ideam, Instituto Humboldt e Invemar, con una inversión total de $1.640 millones, para actualizar los mapas de coberturas de ecosistemas tanto emergidos como sumergidos, y que permitirá detallar las características de las zonas de humedal y bordes de acantilado.
La expedición ya se inició con un componente en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y actualmente se desarrolla la segunda fase de campo en los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño.
DEPORTE
A la fecha, la cancha múltiple de Junín presenta un avance del 69%. Las de Punta Rocosa y Casa Baja están en ejecución. En San Felipe, Santa Catalina y La Montaña comienzan en noviembre. Todas deben concluir en marzo de 2022.
La recuperación del Coliseo de Casa Baja presenta un avance del 9% y se terminará en abril de 2022, ya que se requiere reforzamiento estructural. Las obras del Estadio de Béisbol de Pueblo Viejo comienzan en noviembre de este año y terminarán en marzo de 2022.
Ahora, las obras contratadas directamente por la Alcaldía de Providencia y UNGRD, como el Estadio de Softball de La Montaña, inicia trabajos este mes y termina en marzo de 2022.
EDUCACIÓN
Las clases en Providencia están al 100% en presencialidad desde mediados del mes de julio de 2021. Para ello se recuperó infraestructura, como con la construcción de 37 aulas temporales que serán definitivas.
En los colegios Bomboná y Bomboná Boyacá se presenta un avance del 20%. Su terminación está prevista para marzo de 2022.
La fecha prevista para la institución Junín, en cuanto a aulas de primaria, es junio de 2022.
Sobre la construcción de la sede de Preescolar de la Institución Educativa Junín (donación de Claro), su avance es del 100% en cuanto a la obra negra y del 20% respecto a la obra gris. Se estima termine en diciembre de 2021.
Las otras aulas de Junín Simón Bolívar están ocupadas por el Colegio María Inmaculada, que seguirá estando presente en la Isla.
INTERIOR
Para las actividades de reconstrucción (Palacio Municipal, sedes A y B) hay un 100% en la ejecución de estudios y diseños. La Sede A presenta un avance del 14,6% y se espera culminar en marzo de 2022. La Sede B registra un avance del 34,1% y termina en diciembre de 2021.
Las obras del Comando de la Policía de Providencia presentan un avance del 18,7% y terminan en marzo de 2022.
La reconstrucción de la infraestructura de la Estación de Bomberos de Providencia registra un 42,9% de avance, y termina en diciembre de 2021.
TRANSPORTE
En cuanto al Aeropuerto de Providencia, se concluyó la construcción de la plataforma y de la zona segura. Actualmente se adelanta el diseño de la demarcación horizontal, con el fin de unificar la señalización de la plataforma antigua y la ampliación de la nueva plataforma.
De igual manera, se habilitó el cuartel del servicio de extinción de incendios, cuarto de plantas eléctricas y bombas. Y se reconstruyó la zona de recepción y embarque de pasajeros. La terminal firma el acta de inicio de obras esta semana.
A través del INVÍAS, se realizó el mantenimiento de 14 kilómetros de la Avenida Circunvalar en Providencia, con la intervención de tres sitios críticos, incluyendo la pasarela peatonal. Se adelantó las señalización horizontal y vertical en esta avenida.
Además, se lleva el 85% de avance en la construcción del nuevo Puente de los Enamorados, que conecta a la isla con Santa Catalina. Terminará en diciembre de 2021.
Avance importante es el dragado del canal de acceso al muelle existente, con la extracción de 280.260 metros cúbicos de sedimentos, registrando un 95% de avance. El 5% restante se debe a un hallazgo arqueológico.
Uno de los objetivos de la intervención es la construcción de un nuevo muelle con las características y condiciones que permitan una operación real. Su avance a la fecha es de 50%. Ya está la totalidad del pilotaje ejecutado y en proceso de construcción está el primer módulo de la plataforma en concreto. Termina en diciembre de 2021.
TIC
El restablecimiento de las comunicaciones tiene un avance del 84 por ciento.
Desde el inicio de operación, el 18 de febrero de 2021, las 21 zonas digitales han estado funcionando de manera correcta y cumpliendo con los indicadores de velocidad y disponibilidad establecidos contractualmente.
Se amplió el tiempo de gratuidad de servicio de las zonas digitales ya instaladas anteriormente en Providencia, garantizando mayor cantidad de puntos con internet gratuito las 24 horas.
Hay 5 Zonas Wifi que han estado funcionando de manera correcta y cumpliendo con los indicadores de velocidad y disponibilidad establecidos contractualmente.
(Fin/fc/cfac)
https://idm.presidencia.gov.co/, Isla de Providencia, 14 de noviembre de 2021.
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8. ‘El Gobierno se puso las pilas, uno tiene que saber agradecer’: Flor Calden
La resiliencia del pueblo de Providencia y Santa Catalina contó con “ayuda divina” para no morir ante el paso del huracán de categoría cinco hace un año. Luego del desastre, las islas reverdecen y sus habitantes cuentan con el apoyo irrestricto del Gobierno Nacional. Así lo reconocen Mercedes Watson, Johana Taylor y Flor Calden.
Santa Catalina vivieron la noche de mayor temor en sus vidas.
La depresión tropical Iota se transformó rápidamente en huracán, enfilando contra el archipiélago indivisible de San Andrés, ganando mayor velocidad en sus vientos y aumentando su categoría destructiva.
La constante información y alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), prepararon a las islas para el impacto de Iota. Sin embargo, cada ráfaga, árbol caído, poste de energía cortado, techo despedazado, muro caído, autos y lanchas por los aires, configuraron para los isleños un verdadero infierno.
“El más horrible. Yo creo que esto nunca me pasó en la vida. Estoy segura de que era el demonio, ese huracán, porque jamás esto nos había pasado en Providencia”, declara Mercedes Watson de León, una mujer mayor, quien nos contó que ha soportado dos huracanes más, pero ninguno como Iota. Su casa sufrió serios daños y el techo fue arrancado de cuajo, afectando muros y ventanales.
Agrega que algo no estaba bien en ese fenómeno y lo consideró como de otro mundo. “Se oía como si alguien estuviese pidiendo auxilio, unos gritos de más, como si además silbaran muy duro”.
Para Johana Taylor Calden, quien estaba en San Andrés durante el paso del huracán, el miedo se apoderó de ella y de todos sus vecinos, con quienes buscó regresar de urgencia a la isla. Al día siguiente, se embarcaron en una lancha y, al aproximarse a las costas que conocían de toda su vida, enmudecieron y no pudieron articular palabra.
“Entramos por Punta Rocosa, en la zona de la montaña, que fue la más afectada. La verdad quedé impactada, tratando de entender cómo había gente viva después del paso del huracán”, dijo.
El renacer
Johana es clara al decir que el apoyo del Gobierno nacional ha sido importante para enfrentar la emergencia. De un momento a otro, los más de 6 mil habitantes de Providencia quedaron prácticamente en el aire, sin agua, techo, comida, ropa. Iota se llevó todo.
Horas después del impacto, comenzó a arribar la ayuda e iniciaron las tareas de remoción de escombros, una labor titánica. “Barcos y lanchas volaron y quedaron en el centro de la isla”, recuerda.
Con el paso de las semanas y luego de la atención de la emergencia propiamente dicha, el Gobierno, en concurso de las autoridades departamentales y locales, diseñó el Plan de Reconstrucción de la isla, siempre con la mente y el corazón puestos en la recuperación de lo básico, y de la calidad de vida.
“La verdad, sí. Al llegar, me di cuenta de que había arribado la ayuda, como los kits de emergencia, el agua, los alimentos. Y desde siempre, se hicieron los esfuerzos para restablecer la energía eléctrica. Realmente creímos que iban a pasar muchos meses para poder reconectarla, pero en menos de ocho semanas fue reparada en casi toda la isla”, agrega.
Con una sonrisa, afirma que ese fue justamente el servicio público que más extrañó. “El agua es fundamental y las telecomunicaciones y celulares también, porque nos permiten estar conectados con las familias, pero no hay nada como dormir con abanico (ventilador), te digo la verdad”.
Entre tanto, Flor Calden recuerda cómo ella y los providencianos se sintieron invadidos por esa sensación de derrota, de desesperanza, de soledad, durante las primeras horas del embate de Iota.
Dice creer que iban a estar solos y que restablecer esos mínimos dignos vitales, como tener agua, un techo, un servicio sanitario, tomaría muchos meses.
Pero, con su dulce voz y su acento –mezcla del castellano y del creole de sus ancestros (dialecto de las islas que mezcla inglés y modismos de otras lenguas)–, es firme al expresar que se sintió reconfortada al ver al Presidente Duque, al equipo de Gobierno, a la maquinaria, a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas, de los organismos de socorro, quienes comenzaron de inmediato el plan de reconstrucción, y quienes no se han detenido un solo día en la reparación y la reconstrucción total de 962 casas intervenidas hasta el momento.
“La gente trabajó con mucha diligencia y uno tiene que decir eso porque fue verdad. A quienes no les conectaron la energía fue porque sus casas estaban en muy malas condiciones, o en el suelo. El Gobierno se puso las pilas; ellos ayudaron con el agua y las ayudas siempre han llegado. Uno tiene que saber agradecer”, anota.
Flor envía un mensaje a los colombianos para que entiendan que superar un desastre de esta magnitud no se hace de la noche a la mañana y que hay que tener paciencia y confianza.
“No todos los seres humanos nacemos así, con fortaleza mental y espiritual. Hay que tener paciencia y saber esperar. Es el tiempo de Dios, y gracias a Dios por el Gobierno nacional, porque brinda una ayuda muy buena”, resalta.
Hoy, Mercedes, Johana y Flor reconocen que vivieron días muy difíciles, pero resaltan el apoyo del país y del gobierno para superar esos momentos desesperantes de haber quedado en el aire –de un momento a otro–, y poco tiempo después, contar con el restablecimiento de lo básico para vivir.
Ellas tres, como los habitantes de todo el archipiélago, representan la resiliencia, la fortaleza en la fe, en la vida y en la Divina Providencia, la misma que fue capaz de derrotar al demonio convertido en huracán.
(Fin/cfac/fca)
https://idm.presidencia.gov.co/, Isla de Providencia, 14 de noviembre de 2021.
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9. En Operación Emporio fueron capturados 18 integrantes del ‘Clan del Golfo’
Las capturas se lograron luego de un trabajo interinstitucional y coordinado que abarco dos semanas de seguimiento, inteligencia y análisis financiero.
En desarrollo de la Operación Emporio, dirigida contra las redes del contrabando en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Bolívar, Sucre, Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca, fueron capturados 18 presuntos integrantes del ‘Clan del Golfo’.
Los detenidos deben responder por los delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando, cohecho, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y contrabando.
Gracias a las investigaciones, las autoridades lograron establecer una alianza criminal entre alias ‘Chiquito Malo’, cabecilla de la organización ‘Clan del Golfo’; alias ‘Arévalo’, señalado por las autoridades por narcotráfico, y alias ‘Mañe’, capo de una red dedicada al contrabando.
Las autoridades lograron identificar que alias ‘Mañe’ y su estructura brindaban el apoyo logístico para el transporte de contrabando desde Panamá a Colombia, y la mercancía la recibía alias ‘Arévalo’, como pago por los cargamentos de cocaína que llegaban a varios países de Centroamérica.
La red podía transportar hasta 7 toneladas de mercancía de contrabando en un solo envío, producto del pago de estupefacientes propiedad del ‘Clan del Golfo’, desde Colón (Panamá) hacia puertos clandestinos en la Costa Caribe.
La principal ruta empleada por esta organización para el transporte de contrabando hacia Colombia comenzaba por vía marítima en Panamá. Luego hacía conexión con la Costa Caribe a bordo de lanchas rápidas o en barcos. Posteriormente, la mercancía se trasladaba en furgones hacia el interior del país.
Otra de las modalidades delictivas consistía en el pago de altas sumas de dinero a funcionarios aduaneros en los puertos y a otros funcionarios públicos para facilitar la salida y movimiento de la mercancía de contrabando.
En el operativo participaron la Policía Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Fiscalía General de la Nación, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Las 18 capturas se lograron luego de un trabajo interinstitucional y coordinado que abarcó dos semanas en labores de seguimiento e inteligencia y análisis financiero de las autoridades colombianas y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
(Con información de la Policía Fiscal y Aduanera)
(Fin/pm/cfac/gta)
https://idm.presidencia.gov.co/, Bogotá, 13 de noviembre de 2021.
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10. Una mala historia que no puede repetirse
La toma a la ciudad de Cali del pasado 28 abril por parte de la minga indígena del CRIC – Consejo Regional Indígena del Cauca – parece que no dejó enseñanzas al alcalde, Jorge Iván Ospina, quien en una actitud negligente les entregó el manejo de la ciudad renunciando a sus deberes como autoridad constitucional. Vimos a estas personas hacer retenes ilegales, restringir la libre circulación, portar todo tipo de armas, incluso drogas, infringir normas de tránsito, generando caos en la ciudad.
Ahora, a raíz del comunicado dirigido al Gobierno Nacional por parte de los habitantes de la comuna 22 de Cali exigiendo la protección a sus derechos amparados en la Constitución ante el anuncio de la llegada a la ciudad de la minga el próximo 10 de diciembre, la respuesta intimidante del consejero mayor del CRIC, Hermes Pete, no deja de ser preocupante.
Ya nada sorprende del Alcalde de Cali al señalar de racistas a quienes exigimos como ciudadanos a la primera autoridad de la ciudad cumplir la Constitución y las funciones para las que fue elegido. No señor Alcalde, no puede usted atizar la controversia acudiendo a discursos de un supuesto odio racial por preocuparnos por la defensa de las instituciones, los derechos humanos de todos y exigir el cumplimiento de sus deberes. Por las venas de los colombianos circula sangre indígena, de la que nos sentimos orgullosos. La discriminación la hace usted al priorizar los derechos de un sector por encima de los derechos de los demás ciudadanos.
Los colombianos sentimos respeto por los más dos millones de indígenas que hay en nuestro país. Todos sentimos admiración por los Tayrona de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Wayú en la Guajira, los Witotos en la Amazonía, y hacia las demás comunidades indígenas.
El CRIC, entidad pública de carácter especial que recibe más de $35 mil millones anuales de nuestros impuestos por transferencias del Gobierno, cuya destinación no conocemos los colombianos pues no presentan informes ante los entes de control, no representa a la totalidad de los cabildos indígenas del país, y sin embargo se han tomado la vocería, y en diversas ocasiones han desestimado a los grupos que no están de acuerdo con sus acciones. Los colombianos tenemos el derecho a saber el origen de los recursos para la financiación de la logística de las movilizaciones y sus aliados políticos. ¿Lo hacen con recursos públicos?
Las comunidades indígenas tienen 28.9 millones de hectáreas en sus resguardos, es decir el 25.3% del territorio nacional y en el departamento del Cauca son dueños de 1.3 millones de hectáreas, de las 2.9 millones que tiene el departamento. Estas tierras tienen condiciones distintas a las de cualquier otro terreno, puesto que no pueden incluirse en los planes de desarrollo agropecuario de las regiones, ni pagan impuestos, al igual que cualquier colombiano reconocido como indígena.
Hay cientos de denuncias de comunidades indígenas del Cauca sobre presiones para hacer parte del CRIC; existen testimonios sobre discriminación e intimidación a quienes se han negado, bloqueando los recursos económicos del Estado para el desarrollo de sus comunidades, y en algunos casos, obligándolos a la siembra de cultivos ilícitos, hechos que deben ser investigados de fondo.
Cali aún no termina de recuperarse de los daños y perjuicios del paro anterior, y no podemos permitir que comience a agonizar por la inacción o complicidad de los que buscan llegar al poder promoviendo el odio entre hermanos, que somos todos de la misma patria.
https://www.centrodemocratico.com/, Bogotá, 14 de noviembre de 2021.
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11. “Los caficultores de Colombia tenemos palabra, respetamos los contratos de venta a futuro” Alejandro Corrales
Los senadores Alejandro Corrales y Jorge Robledo citaron un Debate de Control Político en la Comisión V de Senado para hablar de los precios del café, la situación del sector y las ventas de café a futuro, una discusión vital para el país y para sus 540.000 familias caficultoras.
El Senador Corrales, cafetero de tercera generación, destacó que “la situación hoy es buena para los caficultores porque se está teniendo un precio de venta superior a los costos de producción”. Situación ocasionada por las heladas y sequias en Brasil.
Señaló que el incumplimiento de los contratos de ventas de café a futuro que han tenido una minoría de los caficultores en comparación a las 541.000 familias caficultoras ha generado dificultades a los comercializadores: cooperativas y agencias y a los exportadores porque han perdido liquidez.
De igual manera, el Senador Corrales señaló que la solución real es que aparezca el café físico, que se lleguen a acuerdos de plazos de entregas entre los productores y los comercializadores y éstas a su vez con las exportadoras para cumplir con los contratos en la bolsa de Nueva York.
Por otro lado, aseguró que la venta de café a futuro, es una buena herramienta para que el caficultor posea liquidez y pueda apalancar créditos que promuevan el desarrollo de su actividad. Hay que hacerle ajustes, pero hay que protegerla porque es la forma de asegurar unos precios futuros que sean buenos para el caficultor.
Por otro lado, destacó la necesidad de rodear la institucionalidad, las cooperativas, la Federación Nacional de Cafeteros y la garantía de compra como lo más preciado que tienen los cafeteros.
Por último, le solicitó al Gobierno Nacional que genere liquidez tanto para los exportadores como para los comercializadores de café por medio de líneas de crédito y acceso a recursos que garanticen la compra de cosecha de café y que permitan el tiempo para que aparezca el café y se solucione el problema coyuntural que está viviendo el sector.
https://www.centrodemocratico.com/, Bogotá, 11 de noviembre de 2021.
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