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La Policía no permitirá bloqueo de vías durante “jornada de protestas”

Por Jenny Rocio angarita

@jennyr2207

La FM, Bogotá

https://www.lafm.com.co/colombia/policia-no-permitira-bloqueo-de-vias-durante-jornada-de-protestas

26 de agosto de 2021

Generar bloqueos es un delito que tiene una pena que oscila entre 24 a 48 meses de prisión, además de multas de entre 13 a 55 salarios mínimos legales mensuales.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Carlos Rodríguez, informó que están activados todos los protocolos para evitar que en la jornada nacional de protestas que se realizará este jueves, se registren bloqueos de vías que impidan la movilidad. El oficial aseguró que no se permitirá que las vías sean cerradas, e indicó que para ello cuentan con 90 kits de desbloqueo que serán utilizados en caso de que se registren obstrucciones en la movilidad.

En general informó que se espera que se realicen 100 manifestaciones de protesta, entre ellas  55 concentraciones, 30 marchas, 12 movilizaciones y tres asambleas, en 26 departamentos del país.  Las protestas se realizarán específicamente en los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima, Caldas, Santander y Antioquia.  "Hasta el momento todo permanece en calma en el territorio nacional, todas las capacidades institucionales de la fuerza pública están articuladas para atender, proteger y acompañar la manifestación  pública y pacífica pero ante cualquier hecho que se presente y que  viole el código penal, inmediatamente procederemos a intervenir", sostuvo en diálogo con RCN Radio.

Agregó que "desde anoche se cuentan con los dispositivos activados en la ciudad de Bogotá, especialmente en las terminales y en los lugares donde parquean los vehículos de los articulados (Transmilenio)  con nuestras fuerzas militares. También en los portales ya está nuestro personal de la Policía".  Explicó que los 90 kits de desbloqueo se componen de personal de mecánicos, grúas, máquinas y hasta sierras, para alguna situación que se relacione con árboles.

Recordó que generar bloqueos es un delito y que tiene una pena que oscila entre 24 a 48 meses de prisión, además de multas de entre 13 a 55 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv).  "Por ningún motivo vamos a permitir el cierre de las vías... reiteramos que la fuerza pública y el Gobierno Nacional estamos para garantizar la protesta pacífica, pero ante situaciones de afectación a la vida, a los bienes llámese bienes públicos o particulares, inmediatamente procederemos a intervenir, a judicializar y a capturar", concluyó.

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Ley del Montes: ¡Ni un paro más...!

Por Oscar Montes

El Heraldo, Barranquilla

https://www.elheraldo.co/politica/ley-del-montes-ni-un-paro-mas-843777

22 de agosto de 2021

El país no resiste otra parálisis. La economía y la salud serían –una vez más– las grandes damnificadas.

En mayo pasado los miembros del Comité Nacional del Paro (CNP) se pronunciaron sobre los efectos de la huelga, que para ese momento –un mes después de iniciada– había dejado pérdidas multimillonarias, 18 personas muertas, decenas de empresas quebradas y miles de desempleados en todo el país. “El paro nacional ha logrado un momento de cambio y no se puede desperdiciar. Atrás quedó la idea de una ciudadanía inmóvil y ajena o distante de la situación social, económica y política, la de ahora es una ciudadanía activa, preocupada y dispuesta a hacer escuchar su voz y sus necesidades”, dijeron los voceros del Comité Nacional del Paro.

A comienzos de junio –cuando millones de colombianos se encontraban desesperados y pagaban las consecuencias del Paro Nacional– se conocieron las declaraciones de Nelson Alarcón, uno de los voceros del sindicato de maestros afiliados a Fecode, quien en una intervención ante varios manifestantes expresó las verdaderas motivaciones de la parálisis nacional. “Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto es de largo aliento. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá y derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en el 2022”, declaró Alarcón a los manifestantes.

En ese momento toda Colombia padecía las consecuencias de la parálisis nacional, cuyos efectos vinieron a sumarse a los de la pandemia del coronavirus, que también había dejado cientos de empresas quebradas y miles de familias enlutadas. El panorama nacional era, pues, desolador.

Pero mientras la inmensa mayoría de los colombianos padecían en carne propia los efectos del llamado Paro Nacional, sus promotores –azuzados por políticos opositores al Gobierno– se mantenían firmes en las calles, unos de forma pacífica y otros valiéndose de actos violentos contra los sistemas de transporte masivos de las principales ciudades del país. Los vándalos también atentaron contra miembros de la Fuerza Pública, locales comerciales y sucursales bancarias.

Comité del Paro convoca nuevas marchas para el 26 de agosto

A la postre, las cifras que arrojó el Paro Nacional resultaron demoledoras: 11 billones de pesos en pérdidas, 18 civiles muertos y 1.108 civiles heridos, 1.326 policías heridos y dos muertos. Entre el 28 de abril y el 9 de junio se registraron 6.663 concentraciones en todo el país, 2.391 marchas, 3.340 bloqueos y 663 movilizaciones, según cifras que entregó el Gobierno Nacional. Durante el paro también fueron afectados e inutilizados 446 locales comerciales, 457 sucursales bancarias y 1.251 vehículos de transporte público. Pero lo peor es que este panorama devastador tanto para la ciudadanía como para la economía nacional se puede repetir. Así pretenden una vez más quienes promovieron y fomentaron el paro nacional que empezó el pasado 28 de abril y que terminó sin pena ni gloria a mediados de junio, cuando la inmensa mayoría de los colombianos hastiada por el caos y desesperada por las funestas consecuencias económicas de la parálisis, decidió retirarle su solidaridad, apoyo y respaldo. La nueva fecha es este 26 de agosto, con una jornada posterior que se llevaría a cabo el 28, para conmemorar un aniversario del paro del 28 de abril.

Solo sectores opositores radicales y algunos políticos en campaña por la Presidencia de la República o el Congreso, mantuvieron y mantienen su respaldo a un paro nacional que resultó tanto o más funesto para los colombianos que la misma pandemia. Apoyar una nueva parálisis –como pretenden los integrantes del CNP, cuyas motivaciones políticas y electorales quedaron en evidencia con las declaraciones de Nelson Alarcón de Fecode– es una insensatez, mucho más cuando buena parte de las exigencias fueron atendidas por el Gobierno Nacional, entre ellas el retiro de la Reforma Tributaria y la renuncia del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La “engavetada” que sufrió la reforma a la Salud, también fue cobrada por el CNP como un triunfo del paro.

En el plano político, el paro terminó por pasarle cuenta de cobro a quienes no solo lo respaldaron, sino que tampoco supieron desmarcarse a tiempo de quienes causaron enorme daño a los colombianos. Es el caso del candidato presidencial Gustavo Petro y del senador Gustavo Bolívar. Igual sucedió con aquellos alcaldes que no supieron controlar los desmanes de los violentos y dejaron sus ciudades a merced de los vándalos, como sucedió con los de Cali, Medellín y Bogotá. Todos ellos perdieron respaldo popular, como lo han mostrado las encuestas que se han realizado desde que comenzó el paro nacional, el pasado 28 de abril.

Gustavo Petro, uno de los grandes damnificados del Paro Nacional

En abril pasado, Gustavo Petro –candidato presidencial de Colombia Humana y cabeza visible del llamado Pacto Histórico– tenía un respaldo de 38,3 por ciento, según la encuesta de Invamer. En ese momento su candidatura mostraba una tendencia creciente y su figura había logrado ganarse un espacio en sectores menos radicales de la centro-derecha nacional. Pero la más reciente encuesta de Invamer muestra una pérdida de 8 puntos en la intención de voto del senador y ex alcalde de Bogotá. De acuerdo con el sondeo de agosto, el respaldo de Petro es del 30,2 por ciento. Es decir, si bien es cierto que sigue siendo el candidato favorito en las encuestas, también es claro que esa pérdida de 8 puntos frenó en seco una tendencia positiva que venía en alza. Sin duda alguna, esa pérdida de respaldo de Petro entre abril y agosto tiene que ver con su estrecha relación con el paro nacional y con quienes lo promovieron.

El apoyo de Petro a la huelga terminó siendo interpretado por potenciales votantes como una especie de complicidad con quienes causaron graves daños a la economía nacional y vieron afectadas sus vidas y sus empleos. La opinión pública terminó cobrándole al candidato de la Colombia Humana su cercanía con quienes lideraron el paro nacional y fueron voceros del Comité Nacional del Paro. Si bien es cierto que sigue punteando en las encuestas, perder 8 puntos en la intención de voto en apenas tres meses es una cifra descomunal para un candidato que aspira ganar en primera vuelta.

Inconformidad ciudadana con alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali

Así como el Paro Nacional le pasó cuenta de cobro a Gustavo Petro también lo hizo con los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali, quienes se desplomaron en las encuestas. En el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por ejemplo, su imagen favorable está en el 43,4 por ciento, mientras que su favorabilidad es del 28,2 por ciento. Es evidente que tanto López en Bogotá, como Jorge Iván Ospina en Cali y Daniel Quintero en Medellín terminaron afectados por el manejo que les dieron a las manifestaciones realizadas durante las jornadas de protesta del Paro Nacional. El caos que vivieron esas ciudades y que padecieron sus habitantes comprometió seriamente la imagen de sus gobernantes y minó su gobernabilidad.

El rechazo de la inmensa mayoría de la población se refleja en los altos niveles de desaprobación que hoy tienen sus gobernantes. Quienes residen en Bogotá, Medellín y Cali –muchos de los cuales podrían estar de acuerdo con las exigencias de los promotores del paro y de quienes participaron del mismo– rechazan de forma contundente las vías de hecho, como los bloqueos y los atentados contra la Fuerza Pública y los establecimientos comerciales y bancarios. Una cosa es la protesta pacífica y otra muy distinta el vandalismo. O peor: el terrorismo. Punto. Los niveles de desaprobación de los alcaldes así lo indican.

¿Quién responde por las miles de vida que se perderían por cuenta del covid-19?

La convocatoria a un nuevo Paro Nacional llega en momentos en que la economía empieza a mostrar leves signos de recuperación y la tormenta desatada por la pandemia del coronavirus empieza a amainar. En efecto, el crecimiento de la economía proyectada para el segundo semestre del año está por encima del 7 por ciento, cifra muy alentadora, si se tiene en cuenta lo devastador que resultó para la economía el “matrimonio funesto de pandemia con Paro Nacional”. Pero ese crecimiento proyectado se iría al traste con un nuevo Paro Nacional, que sería la estocada final para miles de pequeños y medianos empresarios, así como para miles de familia.

Un nuevo Paro Nacional sería una demostración de insensatez y de indolencia por parte de sus organizadores. Quienes lograron sobrevivir a la arremetida del Paro Nacional de abril, no resistirán una nueva parálisis por las graves consecuencias que ella tendría. ¿Quién garantiza que después de haber superado un tercer pico de contagios de covid-19, no volverían a colapsar las Unidades de Cuidados Intensivos de clínicas y hospitales por cuenta de las aglomeraciones propias de las jornadas de protesta y manifestaciones en las principales ciudades del país? ¿Quién responderá por las miles de vidas que se perderían?

La agenda electoral de los promotores le quita legitimidad al Paro Nacional

El paro convocado para el próximo 26 de agosto –que tendría una segunda jornada el 28– es inconveniente desde todo punto de vista. Tanto el Gobierno nacional como los promotores de la huelga deben retomar las conversaciones y seguir avanzando en la construcción de consensos que eviten una nueva parálisis generalizada. Para ello es necesario que quienes tienen afanes electoreros, como quedó en evidencia con las declaraciones de Nelson Alarcón de Fecode, las dejen a un lado y se concentren en las causas reales que llevaron a millones de jóvenes a las calles del país. Sus legítimas aspiraciones no pueden ser utilizadas y manipuladas por quienes tienen una agenda electoral que apunta a aniquilar en las urnas a un partido político.

Ese comportamiento perverso le hace daño tanto al Paro Nacional, como al sistema democrático, pues desvirtúa las aspiraciones legítimas de millones de colombianos y evidencia la mezquindad de quienes pretenden disfrazar sus aspiraciones individuales con los reclamos colectivos. El Gobierno, por su parte, deberá hacer grandes esfuerzos para escuchar a los jóvenes del país, que son quienes padecen las consecuencias de iniciativas y medidas gubernamentales que solo contribuyen a aumentar la pobreza y acrecientan la brecha social.

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Dudas sobre la constitucionalidad del nuevo código electoral impulsado por Duque

Por Santiago José Castro

La Gaceta, Madrid

https://gaceta.es/actualidad/la-mision-de-observacion-electoral-pide-revisar-el-nuevo-codigo-electoral-de-duque-para-garantizar-la-transparencia-de-las-elecciones-en-colombia-20210825-0800/

25 de agosto de 2021

Ese código adoptó modalidades de voto discutibles, como voto electrónico mixto y el voto anticipado, fuera del  voto manual. La misión de observación electoral pide la revisión de ese código.

La Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia ha pedido a la Corte Constitucional agilizar la revisión que debe hacer del nuevo código electoral, aprobado en sesiones extraordinarias del Congreso de la República en diciembre de 2020 y cuando faltan apenas siete meses para las elecciones parlamentarias y nueve para la elección presidencial. Es urgente tener claridad sobre la constitucionalidad de cada uno de los artículos de la nueva ley, pero, sobre todo, de aquellos asuntos que entrarán a regir para la próxima jornada electoral de marzo, escenario que suele definir la coalición mayoritaria y orienta a la opinión pública hacia la elección del nuevo jefe del estado, cuya primera vuelta será en el mes de mayo.

Uno de los temas álgidos tiene que ver con la publicidad y las encuestas, pues el código establece un nuevo marco que incluye acceso a medios públicos de comunicación, requisitos para el registro de empresas encuestadoras ante el Consejo Nacional Electoral, al igual que la obligación de registrar ante este organismo los contratos que se celebren para realizar sondeos de opinión. El Gobierno de Duque ha insistido en que el nuevo código electoral es un paso en la dirección correcta y no solo ofrece más garantías y transparencia, sino que, además, moderniza los procedimientos y aumenta la capacidad tecnológica y técnica para la realización de todos los procesos electorales. «Colombia no puede tirar la toalla frente a la necesidad imperiosa de tener un código electoral moderno, articulado con esta transición tecnológica, que sea garantista, que tenga los elementos que lo concilien con estos pasos como la nueva cedulación en materia tecnológica”, afirmaba Duque en noviembre del año pasado.

Uno de los puntos que sigue generando polémica es el camino que parece trazarse hacia el voto electrónico remoto, que fue rechazado, pues existen muchas dudas sobre la seguridad de la información y la posibilidad de manipular los sistemas y alterar el resultado de una elección. De hecho, las modalidades de voto aprobadas fueron voto manual, voto electrónico mixto y voto anticipado, pero en todas esas modalidades el elector debe estar presente e identificarse. Se le expedirá una constancia de su voto, que deberá depositar en una urna, a modo de comprobante en caso de posibles impugnaciones del resultado. Algo que agilizaría la obtención del resultado, pero que puede también ser víctima de ataques cibernéticos, especialmente en un país que aún debe avanzar en ciberseguridad y políticas contra el cibercrimen.

Hay esperanza en relación a la posibilidad que ha quedado consagrada de que las campañas políticas puedan hacer ejercicios de “crowdfunding” y así lograr los recursos que se requieren para financiar de manera mucho más transparente las candidaturas. La reglamentación de estas plataformas ha sido un dolor de cabeza en Colombia y permitirlo para que nuevas facciones y movimientos políticos puedan tener opciones es un gran avance, especialmente en un país donde el control real a la financiación de la política es un reto. En últimas, nadie sabe quién o cómo se financian las candidaturas, más allá de lo que diga la ley y de los largos debates que hace el CNE, para demostrar que es el máximo tribunal en lo electoral, aunque es claro que el máximo tribunal en la materia es, y seguirá siendo, el Consejo de Estado, pues es el que conoce de las acciones de nulidad en lo electoral.

El nuevo código electoral exige también, entre otras cosas, que todas las listas de candidatos tengan paridad de género y que los partidos deban garantizar la participación de la población LGTBIQ, la población con discapacidad y los jóvenes, entre otros. Por encima de toda doctrina está lo que la actual coyuntura exige del ejercicio de la política y lo que se asume la opinión pública demanda. ¿Cómo harán los partidos cristianos para vivir una cosa en la Iglesia, pero tener que hacer otra en el partido? Aquí no se trata de inclusión, mucho menos de igualdad o respeto, se trata de imponer una única forma de entender la democracia, que se impone desde el Congreso y el Gobierno, siempre prestos a aprobar todo aquello que suene moderno e incluyente, desconociendo por completo que el sistema político es mucho más complejo que el marco legal en el que aparenta desenvolverse.

La corte constitucional se tomará su tiempo y quién sabe cuándo estarán claras las reglas del juego para las contiendas electorales. Sin embargo, las campañas ya empezaron, el dinero ya fluye, los gobernantes locales ya reciben a senadores y representantes y los contratistas del estado ya firmaron los cheques. En Colombia la ley puede o no existir, la política se impone con sus propias reglas y no hay ley que la limite. En 2022 unos y otros verán ríos de dinero y clientelismo, sin color político. Lamentablemente eso es lo que define el futuro de Colombia.

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Iván Duque da “parte de tranquilidad” sobre la llegada de afganos a Colombia

La Hora de la Verdad, Bogotá

http://www.lahoradelaverdad.com.co/ivan-duque-da-parte-de-tranquilidad-sobre-la-llegada-de-refugiados-afganos-a-colombia/

25 de agosto de 2021

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien se encuentra en una visita de Estado en Corea del Sur, dio un “parte de tranquilidad” sobre la llegada de refugiados afganos a Colombia en los próximos días. El jefe de Estado aseguró que Estados Unidos hace un análisis detallado de los perfiles de las personas, de tal manera que se garantice que estas personas no son infiltradas del régimen talibán o de redes de terrorismo internacional. El mandatario de los colombianos recordó que se trata de un apoyo temporal a los Estados Unidos y que la idea es que regularicen su situación ante el país norteamericano para que puedan hacer su tránsito sin inconvenientes.

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Un refugiado afgano fue condenado a diez meses de detención poco después de llegar a Francia

Radio Europa 1, Paris

La Lettre Patriote, Paris

Con Afp

https://lalettrepatriote.com/un-refugie-afghan-a-peine-arrive-en-france-deja-condamne-a-dix-mois-de-prison-avec-sursis/

https://www.europe1.fr/societe/lun-des-afghans-sous-surveillance-en-france-a-ete-condamne-a-dix-mois-de-prison-avec-sursis-4063538/

26 de agosto de 2021

¡Baten los records de velocidad! Uno de los afganos bajo vigilancia en Francia fue condenado a una pena de prisión condicional de diez meses. El afgano fue juzgado en comparecencia inmediata este miércoles.

Entre los cinco afganos bajo vigilancia en Francia, uno de ellos, sospechoso de tener vínculos con los talibanes, fue condenado el miércoles por la noche a diez meses de prisión sin encarcelación. Forma parte del séquito de "un afgano que ayudó a evacuar a los franceses y a personas que trabajaron para Francia durante la evacuación de la embajada", declaró el vocero del gobierno francés, Gabriel Attal.

El afgano, 30 años, detenido tras salir de la zona de vigilancia que se le impuso a su llegada de Kabul fue condenado a diez meses de prisión en suspenso el miércoles,  dijo la fiscalía de Paris a varios medios, entre ellos Europa 1. Detenido el lunes, este hombre es cercano a otro afgano que habría tenido un vínculo con los talibanes.

La abogada del refugiado dijo que, según el traductor de éste, su cliente “no había comprendido las condiciones” que habían fijado las autoridades francesas y que el afgano quería ir a “comprar unos medicamentos”. Falso, respondió alguien que acompañaba al afgano al momento de ingresar a un almacén. Dijo que el detenido quería expresamente ir a Paris para comprar cartas SIM.  El afgano niega todo vínculo con los talibanes y dice que quiere instalarse en Francia con su familia.

Puesto bajo vigilancia

Después de su llegada a Francia, se le notificó al refugiado, junto con otros cuatro afganos,  una "medida individual de control administrativo y vigilancia" (Micas), una medida prevista en las leyes antiterroristas  francesas. Fue puesto bajo vigilancia policial después de salir "por unos minutos" del perímetro que la DGSI, un servicio secreto francés, “le había pedido que respetara", según el ministro del Interior, Gerald Darmanin. Gabriel Attal dijo que ese afgano, principal individuo bajo vigilancia, "habría tenido un vínculo con los talibanes, pero que falta definir en qué momento tuvo esos vínculos”, agregó.

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Biden frena caso Álex Saab y evalúa reapertura de vuelos a Venezuela

Por Oriana Rivas

Panam Post, Miami

https://panampost.com/oriana-rivas/2021/08/25/biden-caso-alex-saab-vuelos-venezuela/

25 de agosto de 2021

El "diálogo" en México comienza a darle frutos al régimen: la Fiscalía federal de Miami pidió una prórroga de 30 días para "revisar historiales" del presunto testaferro de Maduro preso en Cabo Verde. A esto se suma que EEUU está evaluando autorizar la reapertura de vuelos a Venezuela

“Yo creo que vamos bien”, con esa frase el dictador venezolano Nicolás Maduro anunciaba a inicios de agosto que ya había un documento redactado para definir el diálogo entre el chavismo y la oposición. Era una sentencia declarada. A partir del 13 de agosto, con ambos bandos sentados frente a frente, estaba asegurada la desaparición del gobierno interino de Juan Guaidó. Y lo que ha ocurrido en días posteriores podría demostrar que el «diálogo» está rindiendo frutos. Pero como era de esperarse, solo para el régimen.

Una de las señales es que Estado Unidos solicitó una prórroga de 30 días para supuestamente contrarrestar los argumentos presentados por la defensa de Álex Saab, empresario colombiano y presunto testaferro de Maduro. En vilo se encuentra la decisión de extradición que se espera sea emitida por Tribunal Supremo de Cabo Verde. En la moción presentada por la Fiscalía Federal de Miami, las autoridades estadounidenses argumentaron que la prórroga es necesaria debido a que el caso de Álex Saab está siendo llevado por nuevos fiscales, reseñó El Nuevo Herald. El motivo sería que las nuevas personas asignadas “requieren de tiempo adicional para revisar los historiales, examinar los argumentos de hechos y legales presentados por Saab y desarrollar los argumentos para responder a sus alegatos”.

Las contradicciones que dejan al «bebé» de Nirvana como un aprovechador

Casualmente, la defensa del colombiano ha intentado una y otra vez invalidar el proceso sin tener resultados a favor de un hombre acusado por haber lavado unos 350 millones de dólares en el sistema bancario estadounidense. Los esfuerzos propagandísticos que hizo el régimen de Nicolás Maduro tampoco funcionaron. Cuando se esperaba la decisión definitiva para dar luz verde a la extradición de Álex Saab surge esta moción, que de ser aprobada, extenderá el tiempo para la decisión final, estimada en tal caso para las primeras semanas de octubre. Estados Unidos había sido claro antes de que iniciaran las conversaciones en México. Desde el Departamento de Estado aseguraron que el país estaba dispuesto a revisar su política de sanciones a Venezuela de darse «avances significativos» en el diálogo.

Posible reapertura de vuelos directos

A lo anterior se suma que el gobierno de Joe Biden estaría considerando autorizar la reapertura de vuelos directos al país caribeño. Una decisión contraria a las políticas de la Administración anterior. Permitir dichos viajes se traduce en una flexibilización que abre la puerta a la normalización de relaciones con el régimen. Adicionalmente, la Administración Biden ha tenido otras concesiones desde que se instaló en la Casa Blanca. No solo se trata de habilitar viajes desde Venezuela hacia EE. UU., sino también de levantar la sanción que prohíbe a las compañías estadounidenses realizar vuelos a Venezuela, detalló el portal Hispano Post. Los participantes de estas conversaciones serían, naturalmente, funcionarios del gobierno de Biden, asesores venezolanos que viven en Venezuela «y funcionarios muy puntuales de la Administración de Nicolás Maduro».

A mediados de julio, la Casa Blanca también anunció que iba a permitir algunas exportaciones y reexportaciones de gas licuado de petróleo (GLP) a Venezuela. El GLP es usado en los hogares para cocinar y como combustible para generar energía eléctrica. De modo que el alivio de sanciones se convirtió en característica del gobierno de Biden en solo siete meses de mandato, lo cual apunta a una mayor flexibilización a media que avanzan las negociaciones entre el régimen y la oposición en México.

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