Por Andrés Felipe Arias
Un algoritmo abierto y descentralizado ya identifica dónde es más eficiente auditar. Se llama Cuestor y en su primer decil acierta el doble que las contralorías.
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Santa Rita del Cauce, domingo 28 de diciembre de 2025, 4:40 de la tarde.
En la alcaldía solo funciona un ventilador, el de la Secretaría de Hacienda, y apunta hacia la impresora. Afuera, en el parque, la banda municipal ensaya para el Año Viejo y el bombo se cuela por la ventana cada tanto. Ovidio Barragán, secretario de Hacienda desde hace 2 años, tiene la camisa remangada y una pila de carpetas amarillas a la izquierda del teclado.
—¿Cuántas faltan? —pregunta sin levantar la vista.
—14 —contesta Yesenia, la contratista que le ayuda con el SECOP—. La del mantenimiento del polideportivo, las 3 de logística de las fiestas, la de la consultoría del plan de movilidad y 9 de apoyo a la gestión.
—¿Y la contraloría departamental?
—Auditó el año pasado. Les tocó la vigencia 2022.
Ovidio se recuesta. La apropiación que no quede comprometida antes del 31 se pierde para esta vigencia, y la próxima visita de la contraloría, si llega, revisará estos contratos dentro de 3 años.
—Súbalos todos hoy. Mañana es lunes y el martes ya nadie contesta.
Yesenia carga el primero: contratación directa, prestación de servicios de apoyo a la gestión. A las 6:15, cuando la banda se calla, el sistema muestra 14 contratos publicados en una tarde de domingo.
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Bogotá, martes 13 de octubre de 2026, 7:10 de la mañana.
Esther Molano fue profesora de matemáticas en Santa Rita durante 31 años y desde que se pensionó vive con su hija en Bogotá. Desayuna en la misma panadería de Teusaquillo y lee las noticias del pueblo en un grupo de WhatsApp de exalumnos. Esa mañana alguien mandó un enlace sin comentario.
Lo abre. Es un tablero sobrio, color piedra, con un buscador arriba. Escribe «Santa Rita del Cauce» y aparece un sello rojo con el número 71. Debajo hay una espiral con el valor contratado mes a mes, una vuelta por año, y cada vuelta se abulta en diciembre.
Esther se pone las gafas de leer y amplía la pantalla con los dedos. En diciembre de 2025 el municipio firmó en 4 días casi tanto valor como en todo el primer semestre, y el domingo 28 publicó 14 contratos en una sola tarde. El 80% fue a dedo, el 40% del valor quedó en 3 proveedores, y 2 de ellos tienen el mismo representante legal. Ella lo vio desde un celular, sin pagar un peso, antes de que la contraloría llegara.
Colombia sostiene 64 contralorías territoriales que, según un estudio de la ANDI de 2018, cuestan $290.000 millones al año y recuperan $12 por cada $1.000 invertidos. Mientras tanto, Cuestor, un observatorio abierto, lee los 5.643.434 contratos del SECOP II, le pone a 2.183 entidades un índice de opacidad de 0 a 100 y señala dónde se concentran los hallazgos con incidencia penal que los auditores encuentran años después.
Con esa evidencia sobre la mesa, el control fiscal admite un rediseño completo a través de dicha plataforma: control fiscal descentralizado o DeFiCo por sus siglas en inglés (Decentralized Fiscal Control). Con ello, la vigilancia la ejerce cualquier ciudadano con datos abiertos, y la investigación, imputación y cobro pueden quedar en un cuerpo técnico nacional magro y pequeño.
El ahorro en burocracia de los entes de control fiscal sería mayúsculo: $290.000 millones al año solo en las contralorías territoriales. Más importante aún, el ciudadano recupera soberanía tal como sucede con todas las tecnologías descentralizadas: bitcoin (valor), DeFi (finanzas), DAOs (organizaciones autónomas descentralizadas), DeSci (ciencia), entre otras.
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* ARIAS FINANCIAL ACADEMY <andresfelipearias@substack.com> 1 nov 2026