Por Alfonso Monsalve Solórzano

El congreso, imponiendo sus mayorías gobiernistas, acaba de aprobarle a ADLE la Ley de Sometimiento a la Justicia, que pone la relación con los GAOS y su dejación de armas en términos judiciales, como debería ser, y no políticos, como lo hizo Petro, pensados para destruir nuestro estado de derecho. Ese es un gran triunfo del ejecutivo y los partidos que lo apoyan, y una muestra de que cuando hay coincidencia en los contenidos de una ley, la cooperación, de mutuo beneficio, entre uno y otros, es fluida.

Pero esto no es lo que ocurre con la Ley de Rescate, que contiene una parte destinada al adelgazamiento del estado; y, otra, una reforma tributaria que está en el centro del debate en Colombia. Frente a ella, hay serias diferencias. Ya el gobierno se reunió con las bancadas afines para defender su texto y obtener el apoyo a la misma; pero, estas, como el Centro Democrático, están presentando sus propias propuestas, todo con el fin de llegar a un acuerdo, si es posible, que incorpore lo mejor de cada una, para beneficio de Colombia.

Digo “si es posible” porque, distinto a la ley de Sometimiento, las diferencias son de fondo, y podría ocurrir que el ADLE y sus asesores y ministros se nieguen a concertar, o que lo hagan de mala manera, dejando abiertas heridas que difícilmente sanarían. Claro que la probabilidad de esa negativa es mínima teniendo en cuenta que la agenda del gobierno va a necesitar a futuro, sí o sí, del aval del congreso en asuntos como la reforma de la JEP, el estatuto antiterrorista, la ley de competitividad, el reordenamiento territorial y la ley que regule el cabildeo, entre otras. Pero nada está escrito…

El problema con la Ley de Rescate es que su discusión pone a prueba el talante del presidente y su círculo íntimo. Presentaron su proyecto sin acercamientos previos, y al conocerse, resulta que partidos de la coalición tienen serias objeciones al componente impositivo, que castiga severamente a los pobres y a la clase media, al subirles el IVA a alimentos esenciales y a las cotizaciones para la salud. Fue algo que señalé en mi artículo pasado.

Difícilmente partidos, como el Centro Democrático, cederán ante ese punto. Además, después de un análisis más profundo, ha habido posiciones que señalan que el recorte a la burocracia del estado no es suficiente y que no es cierto que el esfuerzo tributario recaiga sobre el adelgazamiento del estado y no en la carga contributiva de los ciudadanos.

De hecho, hay propuestas, como la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que muestra una alternativa más radical: pasar de 18 a 7 ministerios, ahorraría 3 billones de pesos. Acabar la duplicidad de funciones entre los niveles nacionales, departamentales y locales, ahorraría hasta 17 billones; acabar con el programa petrista de equipos básicos para la salud -que sólo sirvió para hacer política corrupta con compras non sanctas buscando comprar votos- y trasladarlos para nivelar la unidad de pago por capitación, UPC. Esta medida liberaría 8 billones de pesos que servirían para atender la crisis de la salud (https://www.elcolombiano.com/antioquia/rendon-propone-reducir-ministerios-de-la-espriella-rescate-fiscal-EC43056471). ¡Se trataría de un ahorro de 28 billones de pesos! Además, se ha hablado de vender activos de la nación, incluyendo parte de las acciones de Ecopetrol y de contener, de verdad, la evasión de impuestos y decenas de otras propuestas que permitirían cubrir el presupuesto sin condenar a los ciudadanos pobres y de clase media a bordear la ruina.

Es de esperar que ADLE muestre su talante conciliador con los socios políticos, que por lo demás, no están pidiendo prebendas personales ni partidistas. Si no…el futuro será obscuro, con una oposición que aprovechará cualquier resquicio para empoderarse y reencaucharse en las elecciones regionales y locales del año entrante, mientras el presidente puede perder respaldos masivos de gente desencantada que cree que es una burla prometer no subir impuestos, para ganar las elecciones, para después aumentarlos, con la disculpa de que lo que encontraron fue peor que lo que imaginaron. Sobre todo, si los delegados de De la Espriella, por orden de este, se levantaron de la mesa en las reuniones de empalme con el gobierno de Petro, el 7 y 8 de julio. Si el Pacto Histórico se fortalece, por este tipo de empecinamientos, tendrá grandes, demás de triunfar en las regionales y locales, probabilidades de ganar de nuevo la presidencia en el 2030, lo que sería fatal para el país.

Pero hay una razón adicional para no convertir la ley de Rescate en un pulso entre ADLE y los partidos de gobierno:

La estrategia en política exterior del gobierno, basada en la alianza incondicional con el presidente Trump, jefe del partido republicano, y congresistas de ese partido a quienes apoyó públicamente, como la representante María Elvira Salazar, terminará afectándose, por el varapalo que acaba de recibir aquel en las elecciones de midterm por parte de los demócratas, quienes, como todo mundo sabe, se apoderaron del control del senado y de la cámara de representantes de Estados Unidos. De hecho, incluso antes de las elecciones del 3 de noviembre en USA, el congresista demócrata Gregory Meeks, protestó por ese apoyo, tildándolo de intervención de un líder extranjero en la política norteamericana y advirtió que esa actitud podría afectar las relaciones de Colombia con USA, basadas en el bipartidismo.

Posibles condicionamientos a los recursos que, eventualmente, entregue el gobierno norteamericano de fondos aprobados por el congreso, pueden dificultar la política de seguridad adoptada actualmente por el estado colombiano. Asuntos como recursos para la fumigación aérea, pueden ser cuestionados o negados, por sólo citar un ejemplo. Eso, mientras Trump esté en la presidencia. Pero los demócratas podrían ganar los comicios presidenciales el 7 de noviembre del 2028, cuando a ADLE le falten todavía 21 meses de mandato, lo que cambiaría radicalmente la política de USA con asuntos como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

ADLE es consciente de esas dificultades; de hecho, inmediatamente intentó un control de daños, buscando hablar con líderes demócratas, pero el resultado de ese esfuerzo es incierto y depende en gran medida de mostrar que cuenta con el apoyo, en Colombia, de una coalición fuertemente unida en torno a la política de seguridad y contra el terrorismo, puesta en práctica por el estado colombiano, compuesta por las fuerzas que lo apoyan en el congreso, pero que hacen presencia en todo el país, y que abarcan matices ideológicos, muchos de ellos con buenas relaciones con los demócratas en USA. La existencia de una coalición tal es definitiva para ganar en el 2030.

Como quien dice, la relación entre ADLE y, digámoslo sin tapujos, su fuerza política naciente, con los partidos y grupos que apoyan la actual política de seguridad, es estratégica. El presidente tiene que cuidarla, y la manera como gestione la discusión sobre la Ley de Rescate es un indicador de cómo actuará en el futuro.

POSTSCRIPTUM

La vida sexual de Petro y su adicción a las drogas, fuertemente imbricadas en su caso, durante su presidencia, no fue un asunto privado, sino público. Sus excesos afectaron decisiones públicas; presuntamente usó su poder para someter mujeres a sus deseos sexuales, a punta de pagarles con el dinero público; convirtió una perversión en algo moralmente admisible entre sus servidores, volvió cómplices de su conducta, a su entorno y a su partido, quienes callaron sus abusos por temor o acomodamiento; presuntamente persiguió a los que se atrevieron a denunciarlo. Hizo de la institución de la presidencia de la república en una cloaca. Ojalá que por fin se pueda hacer justicia y la doble moral de sus conmilitones, que se niegan a defender los derechos de las mujeres agredidas y de la sociedad humilladas, quede al descubierto. Un país, con memoria jamás olvidará este oprobio.