Por Luís Alonso Colmenares Rodríguez

Ya el país conoce el proyecto de ley del Gobierno para ordenar las finanzas

públicas. No voy a repetir lo que ya se ha dicho, sino hacer algo más útil:

proponer cómo mejorarlo, y el Congreso es el lugar natural para esa

discusión.

Empiezo con mis coincidencias con el Gobierno: el ajuste es necesario. Un

país que destina uno de cada tres pesos de sus impuestos al pago de

intereses no puede seguir igual. El problema no es si hay que ajustar, sino

quién lo paga. Tal como está redactado, el peso del rescate cae sobre la clase

media que trabaja, cotiza y declara: el técnico, la enfermera, el docente, el

ingeniero, el contratista independiente y el pensionado, entre otros. Esa

clase media no evade porque le descuentan en la nómina. Por eso no puede

ser la primera en pagar.

Con el ánimo de construir, sugiero cinco cambios.

Primero, que el Estado se apriete desde arriba. Se tiene que ajustar el

Estado. No se le puede pedir un sacrificio al ciudadano mientras la cúpula del

Estado conserva intactos sus privilegios. Propongo congelar, en términos

reales, las remuneraciones más altas de todas las ramas del poder y de los

órganos autónomos durante cuatro años. Que suban solo con la inflación.

Eliminar las primas especiales que inflan los salarios de la cúpula y recortar el

gasto administrativo de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Rama

Judicial, así como eliminar la burocracia inútil, los viáticos, los vehículos, los

esquemas de seguridad y los eventos. Hay que proteger al juez, al fiscal y al

investigador que hacen el trabajo. Los presupuestos de las altas cortes

deberían crecer en función de resultados medibles y publicados. El ajuste

ganará autoridad moral.

Segundo, no castigar el empleo formal. Volver a cobrar aportes al SENA, al

ICBF y a la salud sobre buena parte de la nómina encarece justamente el

empleo calificado y formal que el país necesita. Si se hace por escalones,

puede ocurrir que a un trabajador le suban el sueldo y termine recibiendo

menos; que la exoneración llegue hasta cuatro salarios mínimos y por encima

de esa cifra se pague solo sobre la parte que exceda. Por la misma razón, no

debería bajarse el umbral desde el que se empieza a pagar impuesto de

renta, porque vuelve contribuyentes a los trabajadores que apenas están

saliendo adelante.

Tercero, justicia para el independiente. Quien trabaja por cuenta propia

paga más por su salud que un asalariado con el mismo ingreso, porque cotiza

por cada fuente de ingreso, aunque reciba el mismo servicio que cualquier

afiliado. Propongo mantener su tarifa actual y fijar un tope razonable a la

base sobre la que cotiza, sumando todas sus fuentes. Quien cotiza como

empleado o pensionado debe pagar una tarifa reducida por lo que gana

como independiente.

Cuarto, respeto por el pensionado. Quien cotizó durante veinte o más años y

hoy vive de una mesada modesta no debería seguir pagando hasta el 12 %

para su salud. Eliminar esa cotización de un solo golpe es costoso, y la Corte

Constitucional ya ha exigido que estas decisiones tengan fuente de

financiación. Por eso propongo un alivio gradual empezando con las mesadas

de hasta cuatro salarios mínimos y avanzar a medida que la deuda pública

baje.

Quinto, Propongo tres fuentes para pagar el ajuste de otra manera.

La primera: que la reducción del impuesto de renta a las empresas espere hasta

que la deuda baje a niveles prudentes, porque no es razonable aliviar al

capital mientras se le exige más al trabajo.

La segunda: avanzar gradualmente en el precio del diésel, con compensación para el transporte público y de carga, porque ese subsidio cuesta billones y no beneficia a los más pobres.

La tercera: revisar con rigor las exenciones tributarias que nadie evalúa.

Con estas fuentes, el ajuste puede ser del mismo tamaño y estar mejor

repartido. Las cifras exactas debe calcularlas el MinHacienda, y que se

concentre en el debate para que no le suceda lo mismo que al presupuesto.

Le pido al Gobierno apertura, y al Congreso, que haga su trabajo: estudiar,

debatir y concertar sin afanes ni pupitrazos. Un país no se rescata con la

billetera de la clase media sino con un acuerdo en el que cada uno pone

según lo que tiene, empezando por quienes están en la cima del Estado.

*– Veedor Ciudadano