Por José Alvear Sanín

La situación fiscal es insostenible y el gobierno tiene razón en dar prioridad al

saneamiento fiscal, pero con la reforma tributaria implícita en la Ley de Rescate se

expone a provocar el rechazo airado de las mayorías y hasta el estallido social …

Es verdad que ante un hueco fiscal que nadie sabe si es de 60, 80 u 100 billones de

pesos, las medidas son tan onerosas como urgentes, porque, si “la bomba de tiempo”

que dejó Petro no se desactiva antes de que estalle, el default es inevitable y las

consecuencias económicas y políticas, aterradoras.

Desde luego, el nuevo esfuerzo tributario que se exige a un cuerpo exhausto de

contribuyentes aparece como la fórmula, tremenda pero necesaria e inevitable, para

conjurar la peor crisis económica, fiscal y financiera de la historia nacional, pero el

riesgo que con esa fórmula corre un gobierno que en buena parte fue elegido bajo la

promesa de no aumentar la carga tributaria, injusta, asfixiante y abusiva, es muy

preocupante.

Si el gobierno de Abelardo de la Espriella fracasa, el futuro de Colombia queda en

entredicho y la izquierda falaz, corrupta y totalitaria, puede repotenciarse

electoralmente, con previsibles y horrorosas consecuencias.

Con razón se preguntará: ¿Cómo sanear la situación, sin los nuevos y gigantescos

recursos tributarios que la crisis exige?

Claramente sé que la solución no tributaria de la crisis parece imposible; y sin

embargo hay un recurso tan apreciable como olvidado, las reservas del Banco de la

República, actualmente del orden de 67.000 millones de dólares.

No ignoro que el Banco de la República, afortunadamente, es autónomo, pero esas

reservas, que ha administrado muy bien, no son de esa entidad, sino que pertenecen a

la nación colombiana, que requiere hoy con máxima urgencia de 20 o 25.000 millones

de dólares para dejar atrás la herencia maldita de Petro.

Tampoco desconozco las dificultades técnicas y jurídicas para poder disponer de esos

recursos, pero es mi deber recordar que en crisis agudas, bajo Belisario Betancur y

luego, en el gobierno de Andrés Pastrana, fueron superadas con la utilización de

partes de las reservas del Emisor. En la segunda de esas ocasiones, el impecable

empleo de las reservas se ejecutó con la dirección de ese gran ministro de Hacienda

que fue Juan Camilo Restrepo Salazar.

Una operación como la que propongo exige rigor técnico, para evitar la monetización

de equivalente suma en pesos, de manera que únicamente debe conducir al prepago

de deuda pública ruinosa, para disminuir en gran medida el costo astronómico que

exige la actual y aplastante deuda pública, cuyo servicio, si no se toman medidas

urgentes, puede alcanzar los 140 billones de pesos, el año entrante. Reduciendo esa

erogación siquiera a la mitad, nos podríamos acercar al equilibrio fiscal con mucha

mayor rapidez que con otra exacción tributaria de incierto resultado.

Así como en momentos de crisis familiar hay que vender el carro, rebajar gastos,

apretarse el cinturón y mudarse a una vivienda modesta, el Estado tiene que enfrentar

los hechos, y ninguna de sus dependencias puede negarse a participar en los

sacrificios que exige la situación.