Alfonso Monsalve Solórzano
A medida que se acercan las elecciones y se le acaba el tiempo al petrocepedismo, un doble fenómeno caracteriza la campaña electoral: la violencia exacerbada y el desborde de la corrupción del gobierno.
La primera, a su vez tiene un doble componente: la amenaza y la puesta en marcha de planes de atentado contra candidatos de la oposición y sus cuadros, de un lado y frente a las cuales, es muy diciente, nada han dicho Petro ni Cepeda. Y del otro, el recurso al terrorismo creciente, desatado por los grupos armados organizados narcotraficantes, beneficiados por la política de la paz total petrista y que respalda Cepeda sobre el territorio nacional; terrorismo este que ya alcanza zonas tan sensibles como Cali, el sur del Valle y el norte del Cauca. El objetivo de esta estrategia es impedir que la oposición realice su proselitismo y, a la vez, generar miedo entre los electores atrapados en el férreo control de esas organizaciones, para obligarlos a votar por el candidato oficial del gobierno.
La violencia ligada al oficialismo tenderá a aumentar a medida que pasan estos días cruciales, a lo largo y ancho del país y que afecta -como ya he dicho repetidamente en esta columna- no solo a la periferia sino al centro, como resultado de la alianza entre los GAOs y las bandas que controlan zonas enteras de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etc. La coacción, las amenazas, los intentos efectivos de atentados y los actos terroristas serán el pan de cada día ante la mirada impotente y/o cómplice de un gobierno que se beneficia objetivamente de esas acciones.
La segunda, es la corrupción. Y de nuevo, aquí, hay un doble componente: de una parte, la que busca llenar las arcas del estado con dineros privados para financiar los últimos tramos de la campaña, con el objetivo de, literalmente tener una billonada para comprar conciencias y votos.
Estamos asomándonos a una maniobra nunca antes vista en la historia electoral de Colombia. No le ha bastado al petrocepedismo la infinita cantidad de dinero que ha entregado a organizaciones afines y a centenas de miles de individuos mediante contratos de todo tipo, especialmente, de prestación de servicios, para asegurar su lealtad y su voto, sino que ahora, a un mes de la primera vuelta electoral, van por los dineros de los ahorradores de los fondos de pensiones privados, argumentando que dichos ahorradores ya decidieron pasarse a Colpensiones, en el marco de la puerta abierta a tal posibilidad en la ley de Reforma Pensional, que todavía no está vigente porque está en revisión de la Corte Constitucional. Tienen urgencia de gastarse ese dinero. Y la explicación es sencilla: Este, “que debería estar guardado para los trabajadores que se pensionarán en cinco o diez años podría estarse usando hoy mismo para pagar las mesadas de quienes ya están jubilados. Esta práctica liberaría espacio fiscal para el Gobierno, permitiéndole redireccionar el dinero que antes destinaba al pago de pensiones hacia otros rubros del presupuesto en plena época electoral, lo que en la práctica se traduce en mayor gasto público” (El Colombiano, consultado el 25.04.2026).
La otra corrupción de la que hablo es la del saqueo desvergonzado y desenfrenado de los recursos públicos por parte de los funcionarios del gobierno para su propio enriquecimiento. Las pugnas internas por apropiarse de esos dineros han soltado todo dique de contención y, en medio del fuego amigo, se exponen unos a otros, tal como lo evidencia la acusación de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y antigua mano derecha de Petro, contra Carlos Carrillo, director actual de la UNGRAD y otros. Petro ha guardado silencio y Cepeda ha comentado la situación de manera irrelevante.
Igualmente, quieren tapar el saqueo de los recursos de la salud e intentar inculpar a los privados en su intento por apoderarse completamente del sistema para politizarlo y despojarlo. Ya Quintero es Superintendente de Salud. El mayor acusado de corrupción de la historia de Medellín está a cargo de supervisar las EPS y ya las amenazó. E Iván Ospina es el interventor de Nueva EPS. ¿Qué tal? La política estatista más el saqueo es igual a la destrucción de ese sistema. Qué ecuación tan nefasta. Y, en este mundo de Ripley, nada raro es que requieran una cantidad importante del dinero que tomará Petro de las pensiones, para financiar la parte que le interese de la crisis de la salud y aparecer como los salvadores de la salud del “pueblo”.
Esta clase de corrupción ha estado presente en el petrocepedismo desde el momento mismo en que el actual presidente inició su campaña, y luego fue el corazón, junto con la paz total, de toda la práctica política de este gobierno. No es de extrañar. La historia ha enseñado que no hay nadie más corrupto que un marxista -ahora esa gente se hace llamar “progresista”, en el colmo del descaro- empoderado.
Así las cosas, a la oposición le corresponde enfrentar la violencia con prudencia, pero con entereza y eso, a buena hora, están haciendo los candidatos de la oposición; además, ya la comunidad internacional está respondiendo positivamente al llamado que se hace para vigilar el proceso.
Es importante recalcar que no se puede renunciar a hacer campaña; y, en ella, no se puede renunciar a la comunicación con la gente. Los debates en medios de comunicación con Cepeda son definitorios. No puede haber condiciones sobre temas como propone este, porque la gente tiene derecho a saber quién es y qué hereda Cepeda. La gente tiene derecho a saber por qué verdaderamente Cepeda apoya la paz total, que solo favorece al narcoterrorismo, y qué hará con el crecimiento de la narcosiembra y el narcotráfico; tiene derecho a saber su posición frente a las narcoguerrillas en las fronteras y sobre la protección del gobierno bolivariano a esos GAOs; tiene derecho a saber sobre la corrupción heredada; sobre cómo resolverá la crisis humanitaria del sistema de salud, su posición el sistema de avalúo catastral multipropósito, etc. Por eso es importante garantizar en los debates, si se dan, que los temas cubran todos los aspectos del espectro político, tanto del pasado reciente como del futuro en el período presidencial. Y si Cepeda no cede en este punto, debe quedar claro que la responsabilidad es de él. Y le quedaría muy difícil justificar su renuncia a debatir. Él es quien pierde más, si se niega a estas confrontaciones.
Y es importante insistir en que Sergio Fajardo y Claudia López participen. La intención de Cepeda es señalar a Valencia y de la Espriella de extrema derecha, abriendo una puerta, a los dos primeros mencionados, para la segunda vuelta, y la participación de ellos permitiría saber cuál es su verdadera posición frente al candidato del Pacto. Pero, en última instancia, en caso de que Cepeda mantenga su posición de no debatir con estos dos personajes, hay que preguntarse si esa pretensión excusa la confrontación con él en los medios, porque es importante para el país oír los argumentos que Valencia, de la Espriella y Cepeda. Yo creo que no deberían rechazar este debate y debe quedar clarísimo que la ausencia de Fajardo y López, en caso de que Cepeda los siga vetando, es responsabilidad exclusiva de él. Pero esta posición debe ir acompañada con soluciones a este impasse, proponiendo un debate adicional con Valencia, de la Espriella, Fajardo y López.