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Juan Gómez Martínez 

Vuelve y juega Hidroituango. El sindicato de profesionales de EPM sacó un comunicado sobre las sanciones y el posible cambio de contratistas en la obra para la generación eléctrica en Ituango. Ellos, que sí saben del tema, que tienen los estudios profesionales y conocimientos para opinar, que llevan años en la empresa y saben cómo funcionan las cosas, los contratos y las necesidades nacionales de energía en el futuro, muestran su preocupación por la posición de la Contraloría General de la República, que pide el cambio de contratistas y sanciones a los actuales y a numerosas personas que de alguna manera participaron en este contrato.

Entre otras cosas, la Contraloría pide sanciones por la demora en la obra, por el no cumplimiento de la generación eléctrica para evitar un apagón futuro en Colombia. Por unos hechos catastróficos debidos a la naturaleza.

El cambio de contratistas significaría la parálisis de la obra por un tiempo impredecible, el retiro de los miles de trabajadores con experiencia, el reemplazo de ellos por otros que llegarán sin ningún conocimiento, la importación o negociación de la maquinaria para continuar con los trabajos ya casi terminados, en fin, será un tiempo perdido que indudablemente atrasará la generación y Colombia entrará en un apagón como el de 1992 o uno mucho peor.

Hablando de responsabilidades, ¿quién será el responsable del apagón?, ¿quién, entonces, pagará las multas multibillonarias por ese incumplimiento? ¿Los responsables serán quienes ordenaron el cambio de contratistas? ¿Se aplicará la sentencia evangélica: con la vara que mides serás medido?

Colombia necesita la generación de esta central en 2022. De no ser así, entraremos en un apagón con grandes perjuicios para los habitantes, para la industria, para las exportaciones, para la educación, para la atención médica, en fin, sería un apagón catastrófico. ¿De quién sería la responsabilidad?

Las medidas anunciadas traerían peores consecuencias que el taponamiento del túnel tres para el desvío del caudal del río Cauca. Un hecho voluntario que produciría parálisis sería imperdonable y significaría una pérdida peor que la que ya sufrimos.

Los antioqueños tenemos que defender nuestras empresas hasta con los dientes. Son unas empresas hechas por nosotros, la Nación no ha puesto un solo peso en la historia de EPM, por lo que hasta Juanpa —como le gusta que le digamos— dijo que ese era un problema de nosotros, de los antioqueños. Es que la Nación, en lugar de ayudar, ha hecho todo lo posible por acabar con una entidad pública que es ejemplo para el país.

Debo confesarlo, es que yo no entiendo a los entes de control. Hacen cosas que pueden perjudicar, como esta que comentamos, y no pasa nada. En lugar de ayudar, de buscar soluciones para que Colombia no se quede a oscuras, buscan la manera de agravar las cosas, de acabar con las empresas públicas que sí funcionan, de igualar por lo bajo a todas las empresas de servicios públicos. Los antioqueños nos tenemos que unir en defensa de las mejores empresas de Colombia, aunque no les guste a muchos.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 07 de octubre de 2021.

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