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Daniel Mera Villamizar

37 billones de pesos al año en transferencias monetarias no condicionadas, propone el populismo. Competir contra esa oferta, un reto.

En marzo de este año, 51 congresistas de varios partidos firmaron un proyecto de ley (402/21 en Senado) para crear el "programa Renta Básica como política permanente de Estado en su condición de derecho de ciudadanía". Previsiblemente, el tema volverá con fuerza en la campaña presidencial.

Se trata de una propuesta de "Renta Básica Ampliamente Focalizada" que en el primer año "permitiría a 7,46 millones de hogares, cerca de 30 millones de colombianos(as), vivir con un mínimo de dignidad". Cada hogar recibiría mensualmente entre $320.000 (1 persona) y $480.000 (5 o más personas), "más de 2.62 veces la transferencia actual bajo los programas sociales vigentes". El costo total del primer año sería de $37,4 billones.

Firmaron senadores y representantes de Alianza Verde, Partido Liberal, Polo Democrático, Partido de la U, Coalición Decentes, Cambio Radical, partido MAIS, Colombia Humana, Colombia Justa Libres y partido Comunes (antes Farc). No quiere decir que todos estos partidos como instituciones quedaron comprometidos con la propuesta, pero sí que reflejaron una tendencia.

Esa propuesta de Renta Básica fusiona o subsume (elimina) "Familias en Acción", "Jóvenes en Acción", "Adulto Mayor" e "Ingreso Solidario" para dejar una sola "política de transferencias monetarias incondicionales".  Es decir, convierte transferencias condicionadas (a comportamientos) en no condicionadas.

Entre los precandidatos presidenciales que suscribieron el proyecto de ley se destacan los del Pacto Histórico (Petro, Roy Barreras, Alexander López), de Alianza Verde (Antonio Sanguino, Jorge E. Londoño, Iván Marulanda, Sandra Ortiz), de Coalición de la Esperanza (Jorge Robledo) y del centro (Rodrigo Lara). La cantidad de senadores que apoyó esta iniciativa la vuelve más significativa.

Para conseguir $23 billones anuales faltantes en la financiación de la Renta Básica, el proyecto de ley propone medidas como emitir títulos del gobierno que adquiera el Banco de la República, reducir el costo del servicio de la deuda pública externa e interna y un reordenamiento social del gasto público, que sonarán muy bien en la plaza pública y las redes.

¿Cómo competir con esa oferta de transferencias al bolsillo del pueblo que se pagarán "de algún modo" si hay "voluntad política"? Ahí se juega buena parte de la suerte del país.

Incluso un precandidato tímidamente populista, Alejandro Gaviria, puso en su ideario el tema para cuando le pregunten: "Un programa unificado que garantice un ingreso mínimo a familias pobres y vulnerables debe ser una prioridad en el diseño de la política social. En el corto plazo, un plan social de emergencia es prioritario". ¿Unificado? Será lindo oír esa explicación.

Lo que nos lleva a la cuestión de fondo: "que esa clara diferencia de principios y alternativas en el eje de la seguridad física no se ve en el eje de la seguridad económica y social. No es solamente que por competencia política la centro-derecha también haga propuestas populares o populistas, sino que está confluyendo con la centro-izquierda en lo cultural y lo ideológico sobre el nuevo eje (social)", citando mi columna "Covid-19 e ideología: caso Ingreso Mínimo Vital" (25/mayo/2020).

La pandemia puede hacer que el tema principal de la campaña presidencial sea el aseguramiento o bienestar económico y social de la población, y no la seguridad física, pese al deterioro de esta.

Dados los ideales dominantes, socialistas si se quiere, el reto es construir y vender una sólida y coherente visión alternativa para los mismos problemas (no solo desigualdad y pobreza), con otras soluciones, alineadas con la filosofía liberal, que no es lo mismo que "neoliberal".

Las transferencias "no condicionadas" sirven de "partidor de aguas". Si el país tuviera $23 billones adicionales cada año para ese fin, lo podría cumplir poniendo a trabajar o a hacer algo comunitario a la mayoría de los beneficiarios, y no simplemente girarles por "no trabajo" y engañoso bienestar.

Así, de un lado, los partidarios de transferencias condicionadas; del otro, los partidarios de transferencias no condicionadas.  Eso elevaría y esclarecería el debate.

@DanielMeraV

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