Los avances en la materia han sido pocos y las dificultades inmensas. Y es que la caracterización que hacen del tema diversos sectores como el progresismo de la dictadura judicial de la Corte Constitucional, los amigos de las extintas Farc, sus socios políticos, expresidentes de la República y una gran parte de la prensa y la academia no han hecho cosa distinta que satanizar el procedimiento, atacar al ministro de Defensa, a la Policía  antinarcóticos y poco o nada han replicado sobre la cadena delictiva y de muerte que dirigen las disidencias Farc y sus aliados desde Venezuela y Cuba, el ELN y cantidad de estructuras criminales que giran en torno al lucrativo negocio.

En plata blanca, las trabas al gobierno radican en que está pendiente la expedición de la licencia ambiental, el concepto del ministerio de salud y el fallo de tres acciones de tutela. Es probable que el Presidente Duque, su ministro de Defensa y los Policías de la patria, tengan toda la intención de iniciar las aspersiones aéreas y en ese propósito lleven muchos años, pero lo que no se nos puede ocultar u obviar es que en este país la justicia pareciera estar del lado de los malos, de aquellos que se lucran del negocio del narcotráfico, de la violencia y que hacen proselitismo político  con su financiación, terminando por atacar nuestra democracia, las instituciones y la libertad de la mayoría de colombianos de bien.

Mientras la Corte Constitucional sigue con la venda en sus ojos y poniendo palos en la rueda a Duque, el gobierno de Joe Biden a través del departamento de Estado, ya certificó la lucha contra las drogas en Colombia y dejó abierto su apoyo para la reanudación de la aspersión aérea como una de las estrategias para reducir la expansión de cultivos de uso ilícito. Eso se traduce en millones de dólares y logística para fumigar.

Es bueno recordarles, sobre todo a los académicos de prestigiosas universidades bogotanas, que la carta que enviaron a Biden para que se desligue de la política de lucha contra las drogas que viene implementando EE.UU. hace más de 40 años en Colombia, simplemente no va a cambiar de enfoque y que la implementación de la paz de Santos, en el fondo, en nada interesa a los Estados Unidos en materia de lucha contra el  narcotráfico, ya que es un pacto permisivo y alcahuete de tan feroz problema mundial.

Después de la sorpresiva y cobarde retirada en Afganistán, lo que menos le conviene a Biden es seguir mostrando debilidad política exterior y ceder ante el narcotráfico en Colombia, al que llamaron paz.

Para este gobierno que tiene ya el sol a sus espaldas, es una cuestión de honor la reactivación de la aspersión aérea porque fue una promesa de campaña, así todas las actuaciones del programa de aspersión sean demandadas, principalmente, por los amigos disimulados del narcotráfico; también por las comunidades étnicas de las zonas cocaleras; por ciudadanos interesados en los temas de salud y medio ambiente; por errores en el proceso administrativo; por organizaciones no gubernamentales que buscan protagonismo y prensa en el ámbito jurídico internacional; por los políticos progres en campaña electoral; por los precursores del proceso de Paz de la Habana y sus lacayos serviles. Quien quita que hasta los cabecillas del ELN asilados cómodamente en Cuba, o las disidencias Farc apostadas debajo del ala protectora del dictador Maduro, resulten entutelando o demandando al Estado por graves violaciones a sus derechos fundamentales con motivo de las aspersiones. Es que aquí lo insólito e indignante sucede a diario.

En el plano de la erradicación manual forzada, ésta se aumentó, pero con un costo lamentable para los erradicadores, presos de balas asesinas de las disidencias.

Por esto, lo importante y que hasta ahora solo ha sido una promesa del presidente, es que la aspersión aérea arranque, así no se soporte en un programa robusto y de gran escala, más por las trabas de las autoridades judiciales y la falta de tiempo del actual gobierno para ahondar en el tema.

Al “paro armado” que convocan los violentos para obligar a las comunidades a marchar y oponerse a la aspersión no hay que temer, puesto que el concepto de alta inconformidad social acumulada por años en las regiones, es un componente más del chantaje al que los dueños del negocio acuden para que no se aplique el mecanismo. Es imaginable que tras la aspersión aérea viene la presencia del estado en todos los flancos socioeconómicos. La otra discusión que queda abierta es la de cómo quedaría definida la variante costo - beneficio entre afectar la producción de coca fumigando o si se generarán condiciones aún más adversas para la intervención estatal, luego de la aspersión. Es un tema que tiene mucha tela para cortar.

El otro debate que genera este tema es el de las posiciones ideológicas porque en una posición están los que apoyan la puesta en marcha de todos los mecanismos que ataquen de frente el fenómeno mundial de las drogas, mientras que en otra están aquellos que consideran que es mejor empezar a legalizarlas y que atacar su producción y comercialización es una perdedera de tiempo y de dinero. Mis ideas se encasillan en que la autoridad y el orden no se doblegan ante el delito, por esto es menester acudir a todos los mecanismos idóneos para minimizar el fenómeno. Cuando comprendamos que estos procesos de aspersión aérea tienen una verdadera evaluación de impacto en el largo plazo y que no todo es mediático sino intermitente, entenderemos su importancia a nivel de resultados en la lucha contra las drogas ilícitas. Mientras menos droga se produzca, menor van a ser las ganancias de aquellos que se nutren de ellas y financian a otros para que hagan política en sus nombres y enfrenten al Estado con su poderío económico.

La peor tragedia que podría sufrir Colombia es que en 2022 gane la presidencia alguien que avale el narcotráfico y se nutra de él.