Sin lugar a dudas, la urgencia del momento es salvar el actual sistema de salud de las pretensiones autoritarias del gobierno Petro, que por puro capricho ideológico quiere devolvernos al modelo estatal, anacrónico y fracasado de hace más de 30 años. Su hostilidad hacia las EPS es tal que busca asfixiarlas para provocar una crisis fatal en el sistema de salud y así ambientar su reforma estatizante en el Congreso.
Confiamos en que la sensatez de los partidos políticos democráticos en el Congreso y de los magistrados de las altas cortes van a librar a los colombianos del holocausto de enfermedad y muerte que significaría el salto al vacío hacia un sistema estatal de salud, burocrático, ineficiente, despilfarrador, corrupto y clientelista, como el que padecimos en los tenebrosos tiempos del Instituto de los Seguros Sociales (ISS).
Nuestro actual sistema de salud hay que defenderlo y preservarlo, pues es motivo de orgullo nacional. De hecho, es reconocido como uno de los diez mejores del mundo. Sin embargo, hay que seguir mejorándolo y, sobre todo, fortalecerlo, para garantizar su estabilidad a largo plazo. Para ello hay que aceptar que existe un problema estructural, que se puede remediar, pero hay que empezar por reconocerlo.
El tema es estrictamente financiero. Muchos usuarios, muchos servicios y poca plata. En efecto, la cobertura de población es prácticamente universal, y el plan de beneficios cubre cerca del 90 % de los procedimientos e intervenciones médicas, y de las medicinas. Toda la atención, para todo el mundo. Esto se financia con recursos públicos que se gestionan a través de las EPS, para lo cual el Estado les gira 1.200 dólares al año por afiliado, es lo que se llama Unidad de Pago por Capitación (UPC). Pues bien, para esta misma cobertura de servicios (o menos) los países de Europa gastan 4.000 dólares por persona, y en Norteamérica destinan 10.000 dólares.
Esta es la razón de fondo por la cual decenas de EPS se han quebrado en las últimas décadas, además de problemas de corrupción en unas pocas. Las que han logrado sobrevivir lo deben a su excelente servicio, su músculo financiero y al acertado manejo de sus reservas. Pero el hecho duro es que los servicios de salud que prestan las EPS, en casi todos los casos y en casi todos los años, tienen unos costos que superan los ingresos recibidos por UPC. Los años de la cuarentena por el covid, durante los cuales por el encierro de la gente se redujeron drásticamente los servicios médicos, fueron excepcionales y en ellos las EPS obtuvieron ganancias.
Algunos hechos han profundizado el problema financiero del sistema de salud. Como la salud ha sido elevada constitucionalmente al rango de un derecho fundamental, las decenas de miles de tutelas que reclaman acceso a muchos procedimientos médicos han sido resueltas favorablemente para los pacientes, con lo cual la bolsa de servicios se ha venido ampliando. De otra parte, la odiosa diferencia de oferta de servicios para los afiliados al régimen subsidiado y al régimen contributivo ha desaparecido en la práctica, ganando el sistema en equidad, pero ahondando el desequilibrio financiero. Hay que recordar que el 60 % de la población no paga nada por los servicios que recibe, porque no tienen con qué. Y sume dos millones de inmigrantes venezolanos. Para agravarlo todo, la devaluación y el aumento de la inflación han aumentado mucho los costos de los servicios.
Así las cosas, en teoría solo habría tres salidas a este problema financiero derivado de una muy baja Unidad de Pago por Capitación: o se aumenta el presupuesto estatal de la salud, o se incrementan las cuotas del régimen contributivo, o se reduce el plan de beneficios. Las dos últimas son políticamente inviables e indeseables; solo queda un acuerdo nacional para incrementar significativamente el presupuesto estatal para la salud pública. ¿A costa de qué? ¿Aboliendo, por ejemplo, el subsidio por no matar? Ahí está servido el debate político.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 31 de agosto de 2023.
