Es decir, las que sí merecían el “aborto” eran las siguientes realidades, que nos tienen a los colombianos sufriendo desgracias que no merecemos: 

• El terrorismo, que nació en 1964 y desde ese entonces ha subsistido debido a la incompetencia estatal que, por falta de planes y acciones procedentes, le ha permitido emplear para sus fines todos los tipos de criminalidad y de violencia existentes. El Estado ha debido abortarlo desde sus comienzos. 
• El narcotráfico, que lamentable y penosamente tiene a Colombia, desde 1970, como el país No. 1 en el mundo en producción y expansión de narcóticos y estupefacientes de toda clase, siendo además un enorme contexto de violencia intolerable. Esto porque el Estado no ha sabido abortar esta desgracia. 
• La corrupción, que desde sus primeras manifestaciones en los desarrollos públicos estatales ha debido abortarse para evitar el robo permanente de los dineros y bienes oficiales. Hay que tener en cuenta que lo que se viene haciendo para combatir esta perversión no ha dado resultados. Se necesitan acciones más preventivas que represivas.
• La polarización que, si no se aborta ya, va a acabar con nuestra democracia y nos va a imponer el comunismo.
• La incuria oficial, que consiste en el poco cuidado y en la negligencia de los funcionarios públicos para resolver los graves problemas que tiene el país. Esta incuria debe abortarse para que los colombianos tengamos, día y noche, seguridad y bienestar.

Otro aborto que hubiera sido favorable en ese momento al país, era el de la Corte Constitucional, que nació en 1991 como “hija” de la Constitución Política de ese año.