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Armando Barona Mesa

Iván Cepeda Castro es un personaje curioso, mejor diría sui generis. Mamerto sí, pero camuflado en el Polo Democrático. Los comunistas siempre se camuflan. Su padre y su madre fueron miembros del partido comunista y él desde pequeño entró a la Juco -juventud comunista que sigue existiendo- y viajó por el mundo soviético de entonces, donde estudió en varios países todo lo relativo a la doctrina y praxis del partido y digamos que se especializó en intrigas y conspiraciones que con gran eficacia ha venido manejando desde la mayor parte de las ONG de derechos humanos.

Sacó una fortuna por sentencias de tribunales internacionales como indemnización por la muerte de su padre y con ese dinero glamuroso maneja dichas organizaciones en beneficio de su propia causa. Ah y como si fuera poco, nunca se ha peinado, buscando una apariencia de intelectual.

Intrigante y ladino. Andaba con cámaras filmadoras buscando presos para comprometerlos en declaraciones contra el presidente Uribe, a quien escogió como su objetivo principal para destruirlo. Y fue él quien, con una Corte amiga y predispuesta, logró hacerle dictar una detención preventiva. Allí fue cuando el mamertismo y los idiotas útiles se envalentonaron más y han tratado de arrinconar a quien piensa que ningún ciudadano de bien va en busca de testigos para comprometer su testimonio. Al último, de apellido Monsalve, después de hundir al señor expresidente, le hizo dar en el gobierno de Santos trato privilegiado, hasta con gimnasio propio como a Pablo Escobar en la Catedral. Y dizque por "razones humanitarias", le entregaron de manos de una de esas ONG que maneja a su arbitrio el inefable Cepeda, unos auxilios físicos en billete.

También se supo, con pruebas plenas, que a la mujer del tal Monsalve, de nombre Deyanira Gómez, a quien ahora han colocado de víctima, !Vaya!, !Vaya!, en actitud insólita e increíble, le regalaron una finca cafetera en el Quindío que vale muchos millones de los cuales goza, aunque se encuentra en el exilio dorado en Europa, y sin que nada les haya pasado por el omnímodo poder de una Sala Penal de la Suprema que lo favorece a él y a sus paniaguados.

A Uribe, conforme los procedimientos legales, la Fiscalía que es la competente, le ha pedido una preclusión. Pero llevan meses y aseguran que pasarán años, sin que se pueda resolver de fondo porque los abogados, entre ellos el exfiscal Montealegre, aquel que entregó unas sumas enormes a una rubia de sus ansiedades de apellido Tocarruncho, quien se hacía llamar Natalia Sprinnger y ni siquiera era abogada, por "altos estudios" para mejorar la justicia colombiana. Ah, estas cosas son atropellos que los ciudadanos de bien tenemos que soportar casi que, en silencio, si no existieran estos medios de las redes sociales.

Y no hablemos de los otros togados como el del propio Cepeda, especializados en dilatar el proceso, no obstante que la ética del abogado prohíbe esas prácticas.

Cepeda, con acogida desproporcionada en los grandes medios de comunicación, inunda el país lanzando la acusación contra el ministro de Defensa de haber asesinado a unos jóvenes adolescentes. Y anuncia que se va a la ONU -tiene buen billete- a acusar al igual que en las redes sociales para proclamar que ha habido un genocidio. !Infame! Sabe él que los grupos subversivos, entre ellos el ELN que hace un año asaltó la escuela de Policía y mató a más de veinte muchachos llenos de ilusiones que eran cadetes, siempre están reclutando jóvenes.

Esos archicriminales subversivos y narcotraficantes durante su larga existencia han reclutado menores a la fuerza, con el poder de sus armas malditas, para que sean la carne de cañón y aprendan a matar y a poner bombas y a declarar motu proprio la guerra a nuestra patria colombiana.

El señor Cepeda no puede desconocer estos reclutamientos. Pero "sentando" una doctrina arbitraria de su propio caletre, afirma que el Estado no podía emprender nada contra aquellos jóvenes, como si la muerte que sobrevino en el Chocó a aquel bandido del ELN apodado Fabián no fuera el resultado de una acción obligatoria del ejército nacional, en salvaguarda de la integridad y del imperio de la ley, por órdenes expresas de la Constitución, Artículo 217.

No, Cepeda no puede tratar de engrupir a este país cuando fácilmente es comprensible que el gobierno, en ejercicio de su deber, establece recompensas para quien de informaciones sobre el lugar donde acampan los bandidos que han declarado por sí y ante sí la guerra. Donde se descubran esos campamentos o centros de acción de los malvados, el gobierno debe responder con la fuerza de las armas y prevenir con ello la turbación del orden público y la pérdida de vidas inocentes frente a la probada insensatez de los enemigos.

Hay que pensar en lo que significan los campos sembrados de minas y los soldaditos y oficiales que quedan mutilados de por vida por la acción terrorista de estos enemigos gratuitos.

El ejército investiga la información que ha recibido y con base en ella planea el ataque defensivo. Y no sabe ni puede imaginarse, que allí, en ese momento haya unos jóvenes iniciados a la fuerza. No se puede calcular esta posibilidad incierta. El crimen, sin duda alguna, es el de los terroristas que reclutan contra el derecho internacional humanitario a tales menores exponiéndolos a los peligros propios de quien está levantado en armas contra un pueblo sufrido y democrático. Basta pues de alharaca, señor Cepeda.

Publicado en Columnistas Nacionales

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