Pero el amor desmedido que profeso por San Andrés, no me impide reconocer, su abandono, franco deterioro y visible tugurización, como tampoco, la conducta desapacible, altanera y agresiva de muchos de sus habitantes y gobernantes ante cualquier sugerencia, queja, crítica o reclamo que formulen turistas o visitantes, como si el problema fuera de los forasteros y no de sus lugareños, y es que en San Andrés, la pasión vence a la razón, la grosería a la educación, la confrontación a la solución y, la improvisación a la planificación.

La grave situación que hoy padece San Andrés, aflige, sobrecoge y preocupa; la que no es del todo ancestral ni coyuntural, y sí, estructural y provocada, y puede constituir una oportunidad para resolver de manera definitiva muchos de los problemas que la asolan.

Pero, para superar la crisis, se requiere valor, decisión y, sobre todo, capacidad de gestión y no de tanta interlocución, de manera que sean los hechos y no los anuncios los que rediman la isla de su avanzado estado de pauperización, y evite, que se convierta en paraíso de estafadores y en guarida de delincuentes.

A su progresivo deterioro se suman, factores coyunturales que también explican, la ostensible disminución de turistas, como son, la creciente inseguridad; el aumento del IVA en los tiquetes aéreos; el nuevo impuesto a la gasolina; el desmesurado precio de la tarjeta de ingreso; el descomunal costo de los servicios públicos; la basura, el desaseo, el abandono y falta de mantenimiento de la infraestructura; el estado de obsolescencia del aeropuerto; y, los abusivos precios de muchos hoteles, restaurantes y comercios, en los que sus dueños se acostumbraron a ganarse la vida fácil expoliando a los turistas.

También se suma a este desolador panorama, la corrupción rampante de la clase política local que, mediante contratos, prebendas o componendas, fleta la conciencia de los votantes, al igual que, la de sus desvergonzados gobernantes, en su gran mayoría raizales y algunos de ellos investigados y condenados por abusos e indelicadezas, así como la proverbial negligencia de los funcionarios de las agencias del Estado nombrados en la Isla, los que nada hacen por resolver el origen de los problemas y tan solo se limitan a hacer anuncios mediáticos para supuestamente abatir sus efectos y consecuencias, y con ello mantener sus puestos.

Los isleños están en mora de estructurar y materializar un Plan Maestro de Reordenamiento Social, Territorial, Económico y Ambiental, que ponga fin al cúmulo de problemas que los agobian y que repelen el turismo y, peor aún, que hacen que nunca vuelva.

La Isla carece de un estatuto de inmigración y está sobrepoblada; su infraestructura sanitaria es precaria, insuficiente y contaminante; los servicios de salud son primarios y poco confiables; sus vías, andenes y parques destruidos, y, la red de comunicaciones sigue siendo deficiente e intermitente.

La Gobernación, la Cámara de Comercio, los hoteleros y los comerciantes, están en mora de diseñar e implementar una estrategia seria, permanente y sostenible, que permita restituir la seguridad en la isla, exigir la abolición y no la disminución del IVA a los tiquetes a aéreos, así como la reducción del impuesto a la gasolina y a bienes procedentes del exterior, al igual que, acciones inmediatas que pongan fin al caos aeroportuario que caracteriza la isla.

Para superar la crisis, se debe racionalizar el costo de la tarjeta de turismo; mejorar el aseo y la salubridad, y hacer mantenimiento a la infraestructura; exigir eficiencia, eficacia y competencia a los funcionarios públicos y a los contratistas oficiales; y, quizás, lo más importante, respetar los turistas, optimizar la calidad de los servicios que se les presta, disminuir los precios y acabar con los abusos a que son sometidos.

La exuberante belleza natural de San Andrés y su mar de siete colores, no merece la conducta indolente, abusiva y depredadora de muchos de sus moradores, y su futuro está condicionado a la adopción de medidas que resuelvan y no tan solo atenúen los graves problemas que la afean.

Si alguien quiere evidenciar de manera fácil la desidia de las autoridades de San Andrés, tan solo le bastará preguntar, cuántos años hace que está semidestruido y cerrado el espolón de la llamada Peatonal ubicado en frente del Hotel Tiuna, y desde cuándo fluyen aguas negras por sus andenes.

Deseo que la gestión que inicia Nicolás Gallardo como gobernador, sea exitosa y, más que eso, que tenga la preparación y capacidad para redimir a la isla de la grave situación social, urbana y de inseguridad en que la deja sumida el remedo de gobernador que padecieron los isleños los últimos cuatro años.

Superar tan honda crisis, no es fácil. Se requiere un gobernante íntegro, con formación, preparación, capacidad y valor. Un gobernante que vuelva a gobernar y haga sentir gobernada la isla. Un gobernante que demuestre conocimientos y transmita respeto, autoridad y señorío. Un gobernante que redima el orden y el civismo y, sea capaz de construir compromiso y consenso ciudadano. Alguien decidido a rescatar la esperanza ausente y el orgullo perdido, y, dispuesto a retomar el mando y reorientar el rumbo.

Recuperar la gobernabilidad de San Andrés y devolverla al sendero del orden y progreso exige, vigorosas acciones de contención y choque que pongan freno a la corrupción, la descomposición y la anarquía, y más que eso, visionarias políticas de prospección y de planeación coherente, posible y sostenible, que destierren el facilismo y la improvisación que entronizaron las últimas administraciones.

La isla necesita restituir la confianza en su administración; restablecer el respeto por las autoridades; recuperar la seguridad; ordenar las finanzas; aumentar el recaudo fiscal; disminuir el gasto; acrecentar la inversión; reparar y mantener la malla vial; y, ejecutar urgentes obras de infraestructura.

El nuevo gobernador, debe, atacar el origen de los problemas y no sólo atenuar sus efectos; privilegiar la educación; desterrar la corrupción; restituir el orden urbano; atraer inversión nacional y extranjera, e, incluir y asimilar a miles de residentes que no tiene arraigo ni sentido de pertenencia.

La problemática social, urbana y de seguridad de San Andrés, supera la imaginación de sus habitantes y desafía la inteligencia creativa de cualquier gobernante. Es evidente que la mirada del lugareño no advierte lo que observa la del forastero.

Nicolás Gallardo, debe exigir pulcritud, responsabilidad, diligencia y eficacia a los miembros de su gabinete, así como a todos los funcionarios de la administración, de manera que se obtengan resultados tangibles y medibles, y que, en su gobierno, se destierre la vanidad y la costumbre burocrática de salir a los medios a hacer anuncios vacíos de contenido.

Ojalá que Gallardo, haga de la cordura, la racionalidad y la sostenibilidad el fundamento de la recuperación integral de la isla; se asesore bien; materialice sus anuncios; haga realidad sus promesas; y, logre concitar el interés y la participación de todos los isleños en favor del civismo, el orden, la seguridad y la paz que otrora caracterizó a San Andrés.

No dejo de soñar con una Isla de San Andrés segura, limpia y ordenada, en la que reine una cultura turística fundamentada en respeto, amabilidad, honorabilidad y competencia.

Qué Dios bendiga a San Andrés, y ojalá que, bajo el timón del nuevo Gobernador, sus mejores días estén por venir.

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

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(2) Negociación para volver a violentar el Estatuto de Roma

Rafael Rodríguez-Jaraba*

La democracia no es perfecta, es perfectible, y, a pesar de sus debilidades,

es la mejor expresión posible de libertad, igualdad y orden. Su vigencia se

legitima, con la voluntad y el querer mayoritario de los ciudadanos en favor

de un Estado que sea respetuoso de los derechos fundamentales, de la

crítica, el disenso y de la oposición constructiva y civilizada.

El deber más sagrado de un Estado, es proteger la vida y la libertad de sus

ciudadanos, debiendo reprimir con fortaleza a las minorías criminales que

buscan imponer la anarquía y el caos.

Secuestrar ciudadanos con fines extorsivos y someterlos a torturas y tratos

crueles y degradantes no merece perdón alguno. Quienes atentan contra la

vida y la libertad, sea cual fuere la causa o motivo, conspiran contra la

sociedad y deben ser legalmente reducidos y justamente procesados por

autoridad de la ley.

Proteger la democracia es responsabilidad de la sociedad y no solo del

Estado, de ahí la necesidad que la nación entera mantenga una postura

firme y decidida en defensa de ella.

El ELN ha demostrado hasta la saciedad, su condición de banda

narcoterrorista, carente de principios, ideas e ideales. Si alguna vez el ELN

tuvo una razón que justificara su mesiánica paranoia, hoy solo cuenta con un

botín manchado de sangre inocente y con la condena de una sociedad que lo

repudia y aborrece. Con su accionar criminal ha demostrado que tan solo son

una banda de delincuentes disfrazados de verde.

Por injusta, cruel y abominable que sea la condición de civiles secuestrados,

el Gobierno no puede quebrantar el Estado de Derecho, renunciar a la

legalidad, sacrificar la justicia y plegarse a un nuevo chantaje bajo el señuelo

de alcanzar una nueva paz.

Se quiera o no admitir, intentar un acuerdo con el ELN, es una nueva celada

a la institucionalidad, que no garantiza la consecución de la paz, como

tampoco, la vida ni el regreso de los secuestrados, y mucho menos, la

abolición de esta práctica abominable. En cambio, sí complace la urgente

necesidad que tiene el narcoterrorismo y la delincuencia de oxigenar su

accionar y fortalecer su poderío.

Colombia no debe olvidar las masacres de las Farc con cilindros bombas; los

pueblos arrasados; los ajusticiamientos públicos; el boleteo extorsivo; los

aviones secuestrados; los falsos retenes; las pescas milagrosas; los miles de

policías y soldados asesinados o mutilados; los centenares de huérfanos y

viudas; los secuestros de La María y del Kilómetro 18; la voladura del edificio

de la Policía en Cali; el atentado al Palacio de Justicia de Cali; y, el asesinato

de consejeros, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Tampoco la nación debe olvidar, el atentado del ELN con carro bomba contra

la Escuela de Cadetes de Policía en Bogotá que dejó 23 muertos, las

permanentes voladuras de oleoductos y las decenas de asesinatos que ha

perpetrado contra civiles, militares y policías.

No sigamos cediendo terreno al narcotráfico y la violencia. No aceptemos la

dictadura del secuestro. No mostremos más indolencia y debilidad. No

igualemos la decencia con la delincuencia. Restablezcamos la autoridad sin

violentar la ley. Hagamos valer el orden constitucional y la voluntad de las

mayorías, y exijamos el regreso incondicional de los secuestrados. No

hagamos que la vida de tantos inocentes se haya sacrificado en vano. No

juguemos a la amnesia y al chantaje.

La sentida necesidad de alcanzar la paz, no nos debe inducir a la ingenuidad

y menos, a renunciar al ideario de principios y valores en que se funda la

democracia. Cualquier esfuerzo por lograr la paz es loable, pero su

consecución no puede servir para violar la ley, premiar criminales y burlar

inocentes.

Alcanzar la paz bajo la intimidación del malhechor, que obtiene capacidad

para negociarla, prometiendo suspender sus fechorías a cambio de exigir

caras prebendas, constituye una rendición velada del Estado, una

claudicación de la ley y un premio a la felonía.

En la Colombia exacerbada de hoy, el único diálogo posible con criminales

debe estar condicionado a la libertad inmediata de secuestrados; al cese de

actos terroristas, extorciones, secuestros y narcotráfico; y, a la inmovilización,

entrega de armas y sometimiento incondicional a la justicia por los delitos de

lesa humanidad cometidos, los que por ser imprescriptibles no son

negociables.

Cualquier negociación que ofrezca privilegios económicos, dádivas políticas

o exenciones penales, constituye un quebrantamiento de la legalidad y un

manifiesto desacato al Estatuto de Roma, tratado universal, de imperativo

cumplimiento para Colombia.

Que no se olvide que, el Estatuto de Roma que administra la Corte Penal

Internacional, no admite ni permite, que los delitos de lesa humanidad sean

objeto de amnistía, perdón, condonación, absolución u olvido.

Difícil, muy difícil será, que la actual Corte Constitucional, acepte que

mediante el espurio Fast Track de nuevo se violente la Constitución Nacional

y, se perdone, premie y gratifique el terrorismo y la criminalidad.

A menos que Petro pretenda derogar el Estatuto de Roma y la jurisdicción de

la Corte Penal Internacional, podrán los negociadores nombrados por el

remedo de gobierno que preside, premiar la villanía, hacer concesiones

económicas y conferir status político a los criminales del ELN.

Sería prudente preguntar a los gobiernos de los países garantes y

acompañantes en el proceso de sometimiento del Gobierno al ELN, si están

de acuerdo en que, se quebrante el Estatuto de Roma y que los delitos de

lesa humanidad prescriban. Es predecible que sus respuestas serían

inmediatas y negativas, en contraste a como fueron sus precipitadas

aceptaciones a cohonestar con un nuevo proceso orientado a premiar el

crimen.

Es claro que el margen de maniobra de los negociadores del Gobierno es

reducido, lo que permite concluir, que tienen muy poco para negociar y el

ELN muchas penas por pagar.

Los hechos y el derecho dan razones; el deseo tan solo ilusiones. Por eso no

debemos razonar con el deseo ni alimentar una esperanza antes fallida que,

bajo el asedio terrorista, nos hizo soñar con una paz que tan solo entronizó la

impunidad, y acrecentó la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico.

Colombia exige una Paz justa y permanente, y su consecución solamente

puede partir del sometimiento incondicional de la criminalidad.

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico.

Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho.

Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de

Jurisprudencia.