El presidente Gustavo Petro entregó, el 2 de agosto de 2023, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la terna para escoger el nuevo fiscal general. Las candidatas son mujeres: Ángela María Buitrago Ruiz, Amparo Cerón Ojeda y Amelia Pérez Parra. Para reemplazar al actual fiscal general Francisco Barbosa, la CSJ deberá escoger a una de ellas para ese importante cargo. “Son tres personas con alta experiencia en el sector jurídico” dijo Cable Noticias, de Bogotá.
La terna fue presentada siete meses antes de que Francisco Barbosa llegara al fin de su mandato. Es la primera vez que en Colombia tres mujeres son propuestas para ocupar ese cargo judicial.
En su carta, Petro agregó un punto: le solicitó a la CSJ que designe un fiscal-ad hoc “para que no haya dudas respecto a la transparencia” en cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucran a miembros de su familia, en particular a su hijo Nicolas Petro y a su hermano Juan Fernando Petro, envueltos ambos en investigaciones penales por malversación de fondos de la campaña electoral de Gustavo Petro en 2021 y 2022.
El presidente Petro aseguró enseguida en Twitter, sin explicar nada, que las tres juristas “tienen un común denominador: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia”. Como es su costumbre, Gustavo Petro no indicó en qué momento esas tres personas habían arriesgaron sus vidas ni de qué “genocidio” él habla, ni cuándo ni cómo ese “genocidio” había sido “desatado en Colombia”.
El 2 de septiembre siguiente, el presidente Petro insultó a la CSJ, a la Fiscalía General y al fiscal Francisco Barbosa. En un discurso en Bucaramanga sugirió que la elección de fiscal general había sido siempre una “cooptación política y criminal” ligada al “paramilitarismo”. Petro señaló: “Mis investigaciones hechas en el pasado sobre el papel del paramilitarismo dentro del Estado nos mostró (sic) cómo esas agrupaciones veían con privilegio cómo cooptar las instancias judiciales, específicamente las de la investigación, es decir, la Fiscalía.” “¿A quién podría yo hacer apresar si el Fiscal es mi amigo?” ironizó Petro. Advirtió que reformará el sistema actual de designación del fiscal general para “separar el aparato estatal y el investigador (sic) para prevenir este tipo de cooptación por parte de las estructuras criminales.” Y agregó: “La justicia tiene que estar libre del poder político”. El presidente Petro descubrió el agua tibia: el constitucionalismo colombiano siempre hizo esa separación.
Para saber si Petro dice la verdad y no hará nombrar a una amiga para poder manipular la justicia y apresar a sus adversarios (hace unas semanas dijo que el fiscal general es un subordinado de él, alguien que debe estar dispuesto a acatar sus órdenes) y si aspira a que la CSJ escoja una fiscal general independiente, competente e imparcial que respete los derechos humanos y el debido proceso vale la pena examinar la trayectoria profesional de la primera candidata de la terna que él presentó a la CSJ.
¿Quién es Angela María Buitrago?
Ángela María Buitrago es una abogada que en 2005 fue nombrada fiscal cuarta delegada en la Corte Suprema de Justicia por el fiscal general Mario Iguarán. Este le pidió que investigara, 20 años después, las supuestas “desapariciones forzadas del Palacio de Justicia”. En esa calidad ella emprendió la instrucción del proceso y ordenó, en julio de 2007, sin disponer de prueba alguna, la detención del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Fue el comienzo de una serie de violaciones del debido proceso. Lo acusó de haber cometido un delito que no existía en la ley colombiana en 1985: el “secuestro agravado” creado en 1990. La “prueba” que Buitrago dijo tener era un falso testimonio de un expolicía, Ricardo Gámez Mazuera, contra las fuerzas militares. Examinado por la Procuraduría General, ese testimonio resultó carecer de fundamento. En lugar de abrir investigación contra Gámez, la fiscal Buitrago mantuvo la orden de detención del coronel Plazas. Esa detención, basada en esa y otras falsas pruebas que a la postre se derrumbaron --pues hasta la misma juez María Estela Jara Gutiérrez rechazó algunas de ellas--, la fiscal Buitrago mantuvo en prisión al coronel Plazas durante ocho años y medio. Esa aberrante y larga detención, salpicada de torturas psicológicas, se convirtió en la vergüenza mayor del poder judicial colombiano de los últimos años.
El coronel Plazas fue uno de los altos militares que lucharon, el 6 y 7 de noviembre de 1985, contra la organización terrorista M-19 luego de que ésta irrumpiera y se apoderara violentamente del Palacio de Justicia de Bogotá, ese 6 de noviembre. Los asaltantes del M-19 convirtieron en rehenes a los magistrados, funcionarios y empleados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. En ese brutal asalto, 40 magistrados y empleados de esas dos entidades perdieron la vida y otros 18 fueron heridos. Doce miembros de la fuerza pública murieron y 31 fueron heridos. El coronel Plazas y los combatientes del Ejército y de la Policía lograron rescatar a 244 personas del Palacio. Por orden de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín, los asaltantes destruyeron mediante el incendio del cuarto piso del edificio los archivos judiciales del Palacio de Justicia. El 16 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia absolvió, en casación, al coronel Alfonso Plazas Vega y ordenó su libertad inmediata.
En 2010, el fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago pidió la renuncia a Ángela María Buitrago y a otros fiscales. El fiscal general explicó que Buitrago había sido ineficiente por haber abandonado muchos de los expedientes a su cargo. “Cincuenta y ocho de las 137 investigaciones que tenía su despacho están desde 2008 sin actuación de ninguna clase” explicó el fiscal Mendoza. “Ese despacho necesitaba una perspectiva diferente”, agregó. Buitrago replicó que su destitución había sido pedida por “algún sector político o militar”. Gustavo Petro se convirtió entonces en uno de los más vehementes críticos de esa destitución. Según él, la exfiscal Buitrago había demostrado “la responsabilidad de los militares en la quema del Palacio de Justicia”.
La fiscal Buitrago también exigió la detención de otros militares que lucharon contra la ocupación, toma y asesinato de rehenes por el M-19 en el Palacio de Justicia. Ella fue subsecretaria de la comisión del Código Penal Tipo para Iberoamérica. Es miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. En 2012 intentó hacerse al cargo de Personera de Bogotá, pero solo obtuvo el voto de un concejal, Juan Carlos Flórez.
En 2015, la exfiscal Buitrago fue enviada a México como consultora y miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un organismo paralelo de cinco personas patrocinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para integrarse a la investigación del caso Iguala (la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014). Esa misión terminó mal. Hubo señalamientos contra Ángela Buitrago y Claudia Paz y las relaciones de la comisión con el gobierno se deterioraron. Buitrago afirmó que los archivos militares eran vedados para los fiscales mexicanos y para la comisión y que “en la investigación de la guerra sucia no hay posibilidades de entrar a los archivos militares mexicanos excepto los que ya están en el Archivo General de la Nación”. El gobierno mexicano dio entonces por terminada la labor de esa comisión el 30 de abril de 2016, aunque la CIDH alegó que los objetivos de la misión (ubicar a los jóvenes desaparecidos) “permanecen incumplidos”.
Denuncias contra la Fiscal Ángela María Buitrago
1.- El 16 de junio de 2009, la fiscal Ángela María Buitrago fue denunciada penalmente por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por haber aceptado como prueba el falso testimonio de un supuesto suboficial del ejército en retiro que dijo llamarse Edgar Villarreal cuando, en realidad, esa persona no existe. El impostor utilizó un nombre falso pero consonante y afín de un suboficial, el cabo primero en retiro Edgar Villamizar Espinel, que ni la juez María Estela Jara, ni la fiscal Angela María Buitrago, habían convocado para que testimoniara en el proceso del coronel Plazas. La declaración del supuesto suboficial Villarreal fue entregada intempestivamente, el 1 de agosto de 2007, a la fiscal Buitrago en un potrero de la Escuela de Caballería de Bogotá y sin la presencia del defensor del coronel Plazas. De hecho, el tal Villarreal nunca se presentó al despacho de la fiscal ni se presentó al proceso.
En ese “testimonio”, el falso suboficial acusó al coronel Plazas de haber cometido espantosos crímenes contra algunas personas rescatadas del Palacio de Justicia en la noche del 6 de noviembre de 1985, y de haber ordenado a las 07:00 del 7 de noviembre de 1985 “colgar a esos hp”. Evidentemente, todo era falso, empezando porque las personas que fueron “torturadas” el 6 de noviembre por la noche solo “salieron vivas” el día 7 de noviembre por la tarde. Es decir, el coronel Plazas las habría hecho “torturar” cuando aún no habían sido rescatadas.
La Procuraduría General y la defensa del coronel Plazas pudieron establecer que el verdadero suboficial Villamizar no había participado en los hechos del Palacio de Justicia pues se encontraba en la Brigada Séptima de Villavicencio y que ésta no envió refuerzos, ni por tierra ni por helicóptero, a los militares que luchaban en el Palacio de Justicia de Bogotá contra los asaltantes el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Los delitos cometidos por la fiscal Ángela María Buitrago en la diligencia donde recepcionó como legítima la declaración del impostor Villarreal/Villamizar, totalmente inventada, fueron falsedad ideológica en documento público, prevaricato y fraude procesal.
2.- El 26 de junio de 2009, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega presentó una nueva denuncia penal contra la fiscal Ángela María Buitrago: ella había decidido acusarlo de ser el responsable de la desaparición forzada de Norma Constanza Esguerra, quien había sido proveedora de pasteles de la cafetería del Palacio de Justicia. El coronel Luis Alfonso Plazas no conocía ni sabía nada de la existencia de esa señora. Aunque la madre de Norma Constanza había reconocido el cadáver que le presentó la Fiscalía como el de su hija y a pesar de las otras pruebas que confirmaban esa identificación, Cilia Mercy Méndez de Trujillo, una amiga del magistrado Pedro Elías Serrano Abadía, asesinado por los asaltantes del M-19, insistió: el cadáver en cuestión era del citado magistrado.
El médico legista que hizo la necropsia no aceptó que ese cuerpo fuera del magistrado porque vio que éste tenía el “útero no preñado, carbonizado”. Por lo tanto, era el cadáver de una mujer. No obstante, la viceministra de justicia del momento, Nazly Lozano, ordenó arbitrariamente al Instituto de Medicina Legal de Bogotá entregar el cadáver a la señora Cilia Mercy Méndez de Trujillo. En esas condiciones, ese cuerpo fue enterrado en un cementerio de Cali bajo el nombre del citado magistrado difunto. La Fiscal Buitrago apoyó ese grave error para poder acusar al coronel Plazas de la desaparición forzada de Norma Constanza Esguerra, aunque los documentos que utilizaron para cometer esa barbaridad eran espurios. El coronel Plazas denunció de nuevo a la fiscal Buitrago por falsedad ideológica en documento público, prevaricato y fraude procesal.
3.- La primera denuncia contra la fiscal Buitrago fue archivada el 21 de septiembre de 2009, por orden del Consejo Superior de la Judicatura con ponencia de la magistrada Julia Emma Garzón.
4.- El 23 de mayo de 2011, el suboficial (r.) Edgar Villamizar, mencionado en este resumen en el punto 1, logró que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, lo recibiera y escuchara su testimonio en su despacho en forma secreta. Allí el verdadero Edgar Villamizar declaró que todo lo que la fiscal Buitrago estaba diciendo contra el coronel Plazas Vega, tanto en el proceso como en los medios de comunicación, era falso. Afirmó que la declaración sobre personas “torturadas” el día 6 por la noche era falsa y la orden de “colgar” a otras personas nunca fue pronunciada por el coronel Plazas. Como el procurador general le mostró el documento de la fiscal Buitrago el cabo (r.) Villamizar respondió: “Esa no es mi firma, yo no conozco al coronel Plazas Vega personalmente, sé de él sólo por los medios de comunicación”. Y reiteró: “Yo no estuve en los hechos del Palacio de justicia y mal podría declarar sobre algo que solo ví por la televisión”. Villamizar concluyó que su nombre había sido utilizado por alguien para poder confeccionar una prueba contra el acusado.
En vista de lo anterior, el Procurador General ordenó a la Fiscalía General reabrir el proceso contra Ángela María Buitrago quien en ese momento ya no era fiscal pues en septiembre de 2010 su superior jerárquico, el fiscal general Guillermo Mendoza Diago, la retiró del cargo por negligencia en la atención de sus obligaciones al tener abandonados decenas de procesos.
5.- Un “testimonio” de perfil similar al lanzado temerariamente por Edgar Villareal fue hecho por Tirso Sáenz Acero, un ex cabo del Ejército detenido y condenado por haber cometido varios delitos. El testimonio de Sáenz fue desechado por María Estela Jara, la juez del proceso del coronel Plazas, y por la Procuraduría General. Tirso Sáenz dijo haber estado en los hechos del palacio de justicia, el 6 de noviembre de 1985. En realidad, él se encontraba en esos días preso en los calabozos de la Escuela de Caballería. Al terminar esa detención Tirso Sáenz fue retirado del servicio activo por mala conducta (por robo de dinero durante un allanamiento ordenado por un juez penal militar). Desde la cárcel de Cómbita, en carta manuscrita, Tirso Sáenz Acero amenazó a la juez Jara. Escribió que revelaría que él había testimoniado contra el coronel Plazas a cambio de dinero, de una reducción de pena y de un traslado a una cárcel de Bogotá, pacto que había realizado con dos miembros del CTI. Temiendo que ese escándalo llegase a la prensa, la juez trasladó el preso a una cárcel de Bogotá y terminó por desechar su testimonio para evitarse un proceso penal.
6.- Nadie entiende por qué la juez Jara no hizo lo mismo, como era su deber, tras la farsa grotesca protagonizada por Edgar Villareal. Dos otros falsos testigos de cargo, Ricardo Gómez Mazuera y René Guarín, hicieron parte de la sofisticada estructura de trampas judiciales montadas durante la instrucción del proceso, estructura que fue destruida por el fallo propuesto por el magistrado Hermens Darío Lara Acuña que absolvió al coronel Luis Plazas Vega el 16 de diciembre de 2015. Con esa decisión, la Corte Suprema de Justicia quebró la sentencia condenatoria de segunda instancia y absolvió, en casación, al coronel Plazas Vega de los cargos que le habían sido imputados por la pretendida desaparición forzada de dos personas y ordenó su libertad inmediata. La Procuraduría General también había pedido una decisión judicial en ese sentido.
7.- La reapertura de la investigación contra Ángela María Buitrago, resumida en los puntos 1 y 4 de este texto, fue encomendada a su mejor amiga, lo cual obligó al abogado defensor del coronel Plazas a recusar la investigadora y a pedir el cambio de la funcionaria. Lo que siguió fue una demora injustificada del proceso.
8.- En el año 2018, ya estando libre el coronel Plazas Vega, le hicieron unas audiencias de preclusión a Ángela María Buitrago que terminaron en eso: en una declaración de preclusión (una decisión de caducidad o extinción del proceso) que la benefició. La privación ilegal de libertad del coronel Plazas durante ocho años y seis meses, la utilización contra él de artificios, testimonios falsos y pruebas fabricadas no fue sancionada. La muerte de algunas personas, entre ellas el cabo Edgar Villamizar quien falleció de un infarto un tiempo después de haber vivido en gran tensión emocional, pues temía ser asesinado antes de poder declarar ante el Procurador General, tampoco fue tenido en cuenta por la autoridad judicial. Todo ello ocurrió durante el mandato presidencial de Juan Manuel Santos. Alejandro Ordóñez Maldonado, el Procurador General que había recibido la versión personal y verdadera del cabo Edgar Villamizar, había terminado su mandato.
9.- El proceso penal contra Ángela María Buitrago por haber declarado la “desaparición forzada” de Norma Constanza Esguerra y haber atribuido esa desaparición al coronel Plazas Vega quedó en el aire. El derecho de petición del coronel Plazas no fue respondido por la autoridad judicial. No obstante, el coronel Plazas y sus abogados se enteraron por los medios de comunicación que el cadáver del magistrado Pedro Elías Serrano Abadía había sido exhumado en 2015 en el cementerio Metropolitano de Cali, y que, gracias a las pruebas de ADN, los legistas establecieron que ese cuerpo pertenecía efectivamente a Norma Constanza Esguerra, quien nunca había estado desaparecida. Ese proceso sigue abierto.
10.- Durante cinco años la juez y la fiscal Buitrago insistieron en que varias personas que se encontraban dentro del Palacio de Justicia durante el ataque terrorista del M-19 fueron “rescatadas vivas” por el ejército y desaparecidas enseguida. Sin embargo, en enero del 2012, el Tribunal Superior de Bogotá estableció que no había prueba alguna de que nueve de las 11 personas por las cuales acusaban al coronel Plazas Vega, hubieran salido con vida del Palacio de Justicia.
Y no se equivocó el Tribunal, porque entre los años 2015 y 2019 las autoridades descubrieron que las personas llamadas “desaparecidas” habían muerto durante el asalto y sus cuerpos habían sido enterrados equivocadamente en los sepulcros de otras personas. Esas personas habían muerto en los trágicos hechos del Palacio de Justicia y nunca estuvieron desaparecidas. Los errores de Medicina Legal se explican pues fueron cometidos al momento de identificar los cadáveres calcinados por el incendio desatado por el M-19 para destruir los archivos judiciales por orden de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín.
* Colombian News. París. 4 de septiembre de 2023. Boletín digital dirigido por Eduardo Mackenzie.
