Pero, para superarse la crisis, se requiere valor, decisión y, sobre todo, capacidad de gestión y no de tanta interlocución, de manera que sean los hechos y no los anuncios los que rediman a la isla de su avanzado estado de pauperización y evite, que se convierta en paraíso de estafadores y en guarida de delincuentes y criminales.

Desde hace más de 35 años voy a San Andrés por lo menos dos veces al año y seguiré haciéndolo, porque me encanta y quiero entrañablemente la isla, e, inclusive, he dado batallas por ella, las que ahora no viene al caso rememorar, como tampoco, su defensa ante la espuria decisión de la Corte Internacional de Justicia proferida el año 2012, la que, violando su propio reglamento, mutiló y desmembró el archipiélago; violentó el Derecho Internacional; afectó derechos de terceros países; desconoció la autodeterminación de varias naciones; incurrió en incongruencia al conceder más y distinto de lo pretendido; creó una absurda jurisprudencia en materia de delimitación de aguas territoriales marítimas; y, terminó provocando un litigio mayor al que pretendió resolver.

(Ver https://losirreverentes.com/2022/11/10-anos-de-un-insolito-fallo/)

Pero el amor desmedido que profeso por San Andrés, no me impide reconocer, su desgobierno, abandono, franco deterioro y visible tugurización, como tampoco, la conducta desapacible, altanera y agresiva de muchos de sus habitantes y gobernantes ante cualquier sugerencia, queja, crítica o reclamo que formulen turistas o visitantes, como si el problema fuera de los forasteros y no de sus lugareños. En San Andrés la pasión vence a la razón, la grosería a la educación, la confrontación a la solución y la improvisación a la planificación.

A su progresivo deterioro se suman, factores coyunturales que también explican, la ostensible disminución de turistas, como son, la creciente inseguridad; el aumento del IVA de 5 a 19% en los tiquetes aéreos; el nuevo impuesto a la gasolina; el desmesurado precio de la tarjeta de ingreso a la isla; la devaluación del peso frente al dólar como consecuencia de las torpes e irresponsables declaraciones y anuncios del actual presidente y de sus ministros de Transporte, Minas y Trabajo; el descomunal costo de los servicios públicos; la basura, el desaseo, el deterioro y la ausencia de mantenimiento de la infraestructura; el estado de ruina del aeropuerto aunado a la ineptitud del actual director de la Aeronáutica Civil; y, los abusivos precios de muchos hoteles, restaurantes y comercios, en los que sus dueños se acostumbraron a ganarse la vida fácil expoliando a los turistas.

También suma a este desolador panorama, la corrupción rampante de la clase política local, que con contratos, prebendas o componendas fleta la conciencia de los votantes, al igual que la de sus desvergonzados gobernantes, en su gran mayoría raizales y algunos de ellos investigados y condenados por indelicadezas y abusos, sumado a la negligencia insuperable de los funcionarios de las agencias del Estado nombrados en la Isla, los que nada hacen por resolver el origen de los problemas y tan solo se limitan a hacer anuncios mediáticos para supuestamente abatir sus efectos y consecuencias, y con ello mantener sus puestos.

No en vano muchos turistas comentan que, en términos relativos y hasta absolutos, resulta más seguro, barato y placentero ir a Cancún, Punta Cana o Playa Bávaro que a San Andrés, dada la tranquilidad y seguridad de esos lugares, los altos estándares de servicio, lujo y mantenimiento de sus hoteles, restaurantes y comercios, la competencia de sus precios, al igual que la calidad de su infraestructura turística, urbana y aeroportuaria.

Con evasión y descalificación no se enfrentan, afrontan ni resuelven los problemas; al contrario, para resolverlos hay que reconocerlos, asumirlos y revertirlos en oportunidades, y eso es lo que deben hacer las autoridades y los dirigentes cívicos y empresariales de la Isla.

Los isleños están en mora de estructurar y materializar un Plan Maestro de Reordenamiento Social, Territorial, Económico y Ambiental, que ponga fin al cúmulo de problemas que los agobian y que repelen el turismo y, peor aún, hacen que nunca vuelva.

La Isla carece de un estatuto de inmigración y está sobrepoblada; su infraestructura sanitaria es precaria, insuficiente y contaminante; los servicios de salud son primarios y poco confiables; sus vías, andenes y parques destruidos, y, la red de comunicaciones es deficiente e intermitente.

La Gobernación, la Cámara de Comercio, los hoteleros y los comerciantes, también están tardíos, en diseñar e implementar una estrategia seria, permanente y sostenible, que permita restituir la seguridad en la isla, exigir la abolición y no la disminución del IVA a los tiquetes a aéreos, así como la reducción del impuesto a la gasolina y al consumo sobre bienes procedentes del exterior, al igual, que acciones inmediatas que empiecen a poner fin al caos aeroportuario que sufre la isla.

Para superar la crisis, se debe racionalizar el costo de la tarjeta de turismo; mejorar el aseo y la salubridad, y hacer mantenimiento a la infraestructura; exigir eficiencia, eficacia y competencia a los funcionarios públicos y a los contratistas oficiales; y, quizás, lo más urgente e importante, respetar los turistas, optimizar la calidad de los servicios que se les presta, abaratar los precios y erradicar los abusos a los que son sometidos.

La exuberante belleza natural de San Andrés y su mar de siete colores, no merece la conducta indolente, negligente, abusiva y depredadora de muchos de sus moradores, y su futuro estará condicionado a la adopción de medidas inmediatas que resuelvan y no tan solo atenúen los graves problemas que la afean.

Si alguien quiere evidenciar de manera fácil la desidia de las autoridades de San Andrés, tan solo le bastará preguntar, cuántos años hace que está semidestruido y cerrado el espolón de la llamada Calle Peatonal en frente del Hotel Tiuna.

No dejo de soñar con una Isla de San Andrés, Segura, Linda, Limpia y Pulcra, en la que reine una cultura turística fundamentada en orden, respeto, cortesía, amabilidad y transparencia.

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.