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Rafael Rodríguez-Jaraba*

El conocimiento proviene de la información, y, la sabiduría, de la prudencia, y ésta, con frecuencia se vale del silencio para moderar la pasión, contener la emoción y controlar los impulsos, y, con ello, darle oportunidad a la ponderación para que armonice las ideas con los sentimientos, de manera que la reacción ante hechos adversos, preguntas o situaciones difíciles, se fundamente en lo que se piensa y no solo en lo que se siente.

A la anterior técnica, que antes llamábamos “pensar antes de hablar”, hoy se le llama “Regla del Silencio Incómodo”, desarrollada por Justin Bariso, autor del best seller “EQ Aplicado, Guía para la Inteligencia Emocional en el Mundo Real”, la que, para la sicología, más que inteligencia emocional, es cociente emocional, y disputa su importancia con el tradicional IQ o Coeficiente Intelectual de las personas.

No son pocos los líderes y dirigentes que apelan a esta técnica desde tiempos idos, para apaciguar sus impulsos y evaluar de manera apacible sus manifestaciones, la cual, básicamente consiste en guardar silencio durante algunos prolongados segundos, antes de responder una pregunta o afrontar una situación difícil, provocadora o incómoda, en lugar de hacerlo de manera inmediata o sistemática, lo que permite, analizar sosegadamente lo que se va a decir, estructurar y fundamentar la respuesta, y, evaluar previamente las consecuencias de lo que se dirá, aparte de concitar mayor atención en quien escucha.

Si bien la “Regla del Silencio Incómodo”, arroja formidables resultados, su uso y aplicación solo se limita, a situaciones súbitas, intempestivas, impredecibles e imprevisibles, no a hechos o circunstancias permanentes o reiteradas, cuyos efectos se conocen o sus alcances se pueden advertir con facilidad.

Por eso, no es comprensible, que algunos empresarios invoquen erradamente la observancia de esta regla, para justificar su hermetismo y permanente mutismo ante hechos o acontecimientos conocidos que alteran y afectan el entorno económico y social en el que interactúan, como son, los que hoy estamos afrontando en Colombia.

Si bien lo dirigentes gremiales del país han tenido una actitud prudente, fundamentada, firme y valerosa frente a los despropósitos y desvaríos del Gobierno que padecemos, es evidente que los empresarios en general, se han mostrado indiferentes y silentes ante ellos, como si no los afectara directamente.

Si bien es cierto, y, como de manera rampante y provocadora Milton Friedman lo dijo, “los empresarios están para producir y vender bienes y servicios, y obtener ganancias”, también es cierto, que la Responsabilidad Social Empresarial y la observancia y aplicación de los Principios de Gobierno Corporativo, los obliga, a contribuir al mantenimiento de la democracia, a no aislarse de la realidad del mercado, como tampoco, a ignorar o ser indiferentes ante las vicisitudes que enfrentan quienes participan en él, así como la población en general en materia de salud, trabajo, educación, bienestar e impuestos.

Al parecer, algunos empresarios olvidan, que la Responsabilidad Social Empresarial y los Principios de Gobierno Corporativo son inherentes al entorno de sus empresas, y que se manifiestan, mediante la forma ética, eficiente y sostenible de hacer negocios, sin perder de vista su impacto en la sociedad y la afectación que sus operaciones causan en la comunidad y el medio ambiente.

Por eso no se entiende, que ante las serias amenazas que se ciernen sobre los derechos a la iniciativa privada, la libertad de empresa, la libre asociación, la seguridad legal y la estabilidad jurídica del régimen tributario, la mayoría de los empresarios se mantengan apáticos o desentendidos.

Al momento de escribir estas letras, son ya catorce (14) las demandas de inconstitucionalidad radicadas en la Corte Constitucional, dada la absoluta ilegalidad y por ende, improcedencia de la mayoría de los artículos contenidos en la reforma tributaria recientemente aprobada de manera irregular y sin el menor asomo de estudio y análisis en el Congreso de la República, y que, de no ser declarados inexequibles, comprometerán seria e irremediable la sostenibilidad de muchas empresas y causarán la pérdida de miles de empleos.

La oposición al Gobierno y su Congreso, no debe ser política, ideológica ni partidista, debe ser cívica y respetuosa, y fundamentada en la defensa de la libertad y la democracia, y, los empresarios no pueden ser indiferentes a ella, y menos, complacientes y tolerantes ante tantos despropósitos o mantenerse al margen de ellos.

Nunca antes como ahora, la democracia se había visto tan seriamente comprometida y la libertad de empresa tan amenazada. Sin democracia no hay libertad de empresa, progreso y desarrollo.

No es momento de callar.

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

 
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